#Colombia: nuevamente civiles armados disparan contra los manifestantes acompañados de la policía .- (en videos)

Agente del CTI, Cuerpo técnico de investigación de la fiscalía que asesino a un joven e hirió a otro, lamentablemente también fue muerto por algunas personas cuando intentaba huir

 

#Colombia: Guardia Indígena de Cauca gana premio internacional por la defensa de los DD.HH

 

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ACTUALIDAD

EFE

La Guardia Indígena del Cauca fue galardonada con el premio Front Line Defenders (FLD) para las Américas 2020, por su labor de resistencia en zonas convulsas del conflicto armado y su defensa por los Derechos Humanos de la población.

La organización irlandesa FLD anunció este jueves el reconocimiento con el que honra al movimiento étnico por la protección de las comunidades indígenas y de sus derechos, territorios y medioambiente, así como por su modelo de protección colectiva no violenta, informaron movimientos sociales colombianos.

“La Guardia Indígena del Cauca ha sido nombrada como Ganadora Regional de las Américas 2020 del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo", informó FLD sobre la distinción, otorgada desde 2005 en Dublín y que este año será entregada en una ceremonia virtual el 9 de diciembre.

Para el director ejecutivo de FLD, Andrew Anderson, “la Guardia representa un modelo único de protección colectiva en uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los Derechos Humanos. A lo largo de los años del conflicto armado, la Guardia ofreció una defensa pacífica y sin armas de su comunidad, sus tradiciones, su cultura, su forma de vida y la madre naturaleza".

Defensores en riesgo

La Guardia del Cauca es un colectivo organizado que desde 2001 defiende los territorios de las comunidades nativas de forma pacífica y no armada.

La mayoría de sus integrantes pertenecen al pueblo Nasa, el más grande y organizado de Colombia, y han capacitado a otras comunidades del país para defender sus territorios de las amenazas latentes de grupos armados y bandas criminales vinculadas a actividades ilegales como el narcotráfico.

“Sus comunidades han sido escenario de múltiples violencias derivadas de la presencia de actores armados, las economías del narcotráfico y la explotación multinacional. Entre sus múltiples actividades, la Guardia adelanta con sus comunidades acciones de protección colectiva, da charlas de sensibilización y paz", subrayó FLD.

Según Anderson, a pesar del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Farc en 2016, “las personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, incluida la Guardia, siguen enfrentando ataques letales y un riesgo extremo. Este premio reconoce el extraordinario coraje de todo el colectivo de la Guardia".

Amenazados por la pandemia

FLD reconoce el trabajo de los defensores de Derechos Humanos en el mundo, principalmente en comunidades marginadas y estigmatizadas, que “corren un mayor riesgo durante la crisis de la Covid-19" y “están enfrentando ataques físicos, arrestos y denuncias penales por ayudar a sus comunidades a sobrevivir a la pandemia".

Además de la Guardia Indígena del Cauca, el jurado del Premio, compuesto por parlamentarios irlandeses, galardonó este año a la feminista mauritana Mekfoula Mint Brahim, por África; a Juwairiya Mohideen, defensora de los Derechos Humanos en Sri Lanka, por la región Asia Pacífico; y a la activista armenia por los derechos de las mujeres Lara Aharonian (Europa y Asia Central).

La quinta ganadora, por la región de Oriente Medio y el Norte de África, fue una defensora de Derechos Humanos de Irak cuyo nombre la organización mantiene en reserva por razones de seguridad.

https://www.radionacional.co/actualidad/guardia-indigena-de-cauca-gana-premio-internacional-por-la-defensa-de-los-ddhh

La policía de #Colombia sofoca las protestas de forma violenta y mortal, según muestran videos

Un análisis de grabaciones de las recientes manifestaciones en Colombia muestra a oficiales que emplean la fuerza de manera indiscriminada y atroz.

CALI, Colombia— Al extenderse las protestas contra el gobierno en Colombia, el análisis de los videos de varios encuentros entre grupos de manifestantes y la policía muestran el modo en que los oficiales despliegan un uso indiscriminado de la fuerza contra civiles, lo que en algunos casos resulta letal.

Los incidentes de la violencia policial abarcan desde golpear con cachiporra a manifestantes que ya se encuentran en custodia hasta dispararle en la cabeza a un estudiante de 17 años que corría, con consecuencias fatales.

Al menos 44 personas han muerto desde el 28 de abril cuando inició un paro nacional por el descontento ante la disparidad económica, según la Defensoría del Pueblo, una organización gubernamental que investiga violaciones a los derechos humanos en Colombia. La policía indicó que dos oficiales han muerto en las protestas.

El Times entrevistó a testigos y víctimas en Cali, revisó cuidadosamente cientos de videos que circulan en redes sociales y que fueron enviados a nuestra línea confidencial para recibir información. La evidencia visual revela un patrón de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía nacional de Colombia, incluido su controversial cuerpo antidisturbios.

Cuando se le preguntó sobre los casos de abuso policial en una entrevista con el Times, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo: “Puede haber y ha habido actos de abuso de fuerza. ”.

Ataques a detenidos
En varios videos, puede verse a oficiales de policía que golpean y patean a personas que están en custodia y no parecen representar una amenaza.

El 1 de mayo, a tres días de iniciado el paro, la policía dispersó a un grupo de personas en la ciudad de Pereira, al occidente del país. El video muestra que los manifestantes huyen. Dos de ellos intentan esconderse, pero los oficiales los ubican rápidamente. El oficial también parece burlarse de los manifestantes al alzar el puño al aire y repetir una consigna popular en las protestas. Dicho agente luego golpea a uno de los manifestantes contra un escaparate que se rompe

Uso imprudente de las armas de fuego
El 3 de mayo, en Cali, la tercera ciudad más grande del país, un video muestra a cinco manifestantes que fueron detenidos por oficiales que parecen portar y apuntarles con armas de fuego. En el video, se puede ver a los oficiales empujando a los manifestantes al suelo y pateándolos, mientras se escuchan múltiples disparos. Una de las víctimas entrevistadas por el Times, que pidió mantener su anonimato por razones de seguridad, dijo que la policía disparó balas de verdad muy cerca de sus pies. El testimonio concuerda con lo que muestra el video.

La víctima dijo que nadie murió en el lugar de los hechos, pero que subieron a los detenidos a una furgoneta y los trasladaron a unas instalaciones de detención temporal. También dijo que la policía lo aporreó en la cabeza y que amenazó con quemarle el cuerpo y lanzarlo a un río cercano. Fue liberado horas después con un dedo fracturado y heridas profundas en la cabeza.

“Creí que me iban a matar”, dijo.

Uso de municiones menos letales a quemarropa
En un incidente sucedido el 30 de abril, la policía intentaba dispersar a los manifestantes que bloqueaban una de las principales vías de Cali. Un video registra el momento en que un oficial se acerca a un manifestante con un escudo. El policía patea a la persona y luego lanza lo que parece ser una lata de gas o algún otro tipo de munición “menos letal”, directamente a quemarropa. Desde una distancia corta, cualquier munición de este tipo puede causar daños serios o matar. Según reportes, ese mismo día otro manifestante murió al ser alcanzado por una lata de gas lacrimógeno, a pocos metros de distancia.

El oficial, vestido con un uniforme completamente negro, es integrante de una unidad antidisturbios usada para dispersar protestas llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Este cuerpo de seguridad solo está equipado con armas menos letales, como latas de gases lacrimógenos y perdigones de goma, pero en manifestaciones anteriores han sido señalados por implementar un uso excesivo de la fuerza. En 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia prohibió que la unidad emplee escopetas y dijo que representaba una “amenaza seria” por su “comportamiento impulsivo” y por ignorar sus propios lineamientos.

Disparar municiones menos letales contra paramédicos voluntarios
En otro caso sucedido el 18 de mayo en Bogotá, puede verse a oficiales del Esmad lanzando gas lacrimógeno contra los paramédicos voluntarios que asistían a un manifestante herido. El incidente ocurrió en un conocido lugar de protestas en el que el personal de auxilio está claramente identificado por su vestimenta blanca y los cascos que usan. Luego de dirigir una manguera de agua contra un grupo de paramédicos que intentaban brindar ayuda, un oficial del Esmad disparó un arma de menor letalidad que parece impactar a uno de los paramédicos que huyen.

Muerto por un balazo en la cabeza
Entre las decenas de personas que se han registrado como fallecidas desde finales de abril, el gobierno dijo que al menos 17 manifestantes habían muerto en conexión directa con las protestas y la respuesta policial.

Como pocos de estos casos han sido captados por las cámaras, es difícil establecer el papel exacto que juegan los oficiales en estas muertes. Pero el caso de Marcelo Agredo Inchima, un estudiante de secundaria de 17 años acaecido el 28 de abril, es más claro: un oficial de policía le disparó en la cabeza mientras corria

El Times ha sincronizado dos videos, que fueron verificados inicialmente por Cuestión Pública y que muestran cómo se desarrolló el incidente. Se ve que Agredo Inchima patea a un policía que está a bordo de una moto. Al huir y dejar de ser una amenaza, el oficial descarga al menos tres tiros, uno de los cuales alcanza a Agredo Inchima, quien se desploma. Otros oficiales también parecen alzar sus armas en dirección del manifestante.

Según el informe de la autopsia, realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, la bala que causó la muerte del adolescente lo impactó en la parte posterior de la cabeza. Las autoridades han acusado al oficial a quien Agredo Inchima pateó de homicidio agravado.

La policía colombiana ha abierto 157 investigaciones contra sus oficiales por presuntas faltas disciplinarias, entre ellas 11 por homicidio. Sin embargo, también ha intentado desestimar las denuncias contra ellos al decir que son atacados por las “noticias falsas” y destacar que dos oficiales de su fuerza murieron y otros 35 han recibido disparos de armas de fuego en las protestas.

https://www.nytimes.com/es/2021/05/27/espanol/protestas-colombia-videos.html

#Colombia Quienes incendiaron el palacio de justicia en Tuluá ( Valle)? Denuncian Indicios de policía infiltrada

"#Colombia Quienes incendiaron el palacio de justicia en Tuluá ( Valle)? Denuncian Indicios de policía infiltrada"

Enviamos este video a la @CIDH y a @MisionONUCol para que pregunten a @IvanDuque y su @mindefensa ¿por qué civiles armados infiltrados en protestas son acompañados por policías?

Informan que al parecer ellos iniciaron el incendio en el palacio de Tuluá.

Fuente: @FiscaliaCol investigue

http://t.co/LWxz6TFy0G

Tu voto:

Sindicatos de Estados Unidos respaldan el paro nacional en Colombia

En carta a la administración Biden, piden que se condene violencia contra manifestantes en el país.

SERGIO GOMEZ MASERI

Tres de los sindicatos más grandes de Estados Unidos unieron fuerzas este miércoles para pedir a la administración de Joe Biden que denuncie la violencia que, dicen, está utilizando el Estado colombiano para reprimir a los manifestantes que participan en el paro nacional

En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, el AFL-CIO, IBT y SEIU le dicen al funcionario que utilice "todos los mecanismos de políticas existentes disponibles para abordar esta crisis y lograr que Colombia cumpla con sus obligaciones internacionales laborales y de derechos humanos", y que apoye negociaciones para alcanzar compromisos claros y vinculantes.

"Durante muchos años, la policía nacional y el Esmad han utilizado una fuerza excesiva, incluso mortal, para hacer frente a las protestas pacíficas por justicia social y contra las políticas que afectan negativamente a la mayoría de los trabajadores en Colombia. La crisis actual ha vuelto a poner de relieve prácticas que Colombia ha utilizado durante mucho tiempo en respuesta a las protestas legales y pacíficas de los trabajadores, así como de activistas afrodescendientes e indígenas", dicen en la carta.

Los líderes sindicales le sugieren a Blinken, por ejemplo, que utilice la adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) para exigir que el país cumpla con los altos estándares de esta organización en materia de libertades de asociación, expresión y reunión.

Así mismo, le piden que solicite al gobierno de Colombia acepte la visita de verificación que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En la carta dicen compartir la posición de 55 congresistas del Partido Demócrata, que en días recientes envió otra misiva a Blinken en la que le piden suspender la ayuda para la Policía y la unidad antimotines colombiana y le urgen a que denuncie de manera pública los excesos que se estarían cometiendo.

"Reducir la represión violenta de la protesta social válida es algo que se necesita con urgencia, pero que no resolverá las causas fundamentales de las protestas de 2019 ni de las actuales. Instamos a la Administración Biden a ofrecer una orientación sólida y formas de asistencia que se centren en restaurar de inmediato el orden constitucional con la protección total de los derechos humanos y la democracia en el país y apoyar las negociaciones de buena fe para alcanzar compromisos claros y vinculantes sobre estos temas", sostienen en la carta que va firmada por Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, James Hoffa, de IBT, y Mary Kay Henry, en SEIU.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/estados-unidos-sindicatos-anuncia-su-respaldo-al-paro-nacional-en-colombia-591338

La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales

25 de mayo de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El Estado colombiano informó que, a la fecha, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7,801 no han presentado incidentes. Sin embargo, la Comisión resalta que en al menos 1,038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes.

La CIDH expresa su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación, desde el inicio de las protestas 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica, el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública, así como de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego. 

Además, la Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño. 

A su vez, la CIDH expresa su alarma por la denuncia de al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo. Igualmente, condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril.

Por otro lado, según información pública, se conoce la existencia de aproximadamente 979 civiles heridos en el contexto de las protestas, entre ellos por lo menos 33 con traumas oculares, los cuales se concentran mayoritariamente en Bogotá, Neiva, Cali, Yumbo, Medellín, Popayán, Pasto, y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca. De acuerdo a lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom. Asimismo, en Bogotá, en el contexto de las protestas del 22 mayo, según información preliminar, al menos 2 personas manifestantes habrían sido heridas, incluyendo reportes de lesión ocular por proyectil policial.

Según la información enviada por el Estado a la Comisión información que da cuenta de la apertura de 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias por parte de funcionarios de la Policía Nacional, dos de ellas por presuntos actos de violencia sexual.

La Comisión Interamericana rechaza que, durante las protestas, se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social y, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la Minga Indígena. En particular, la CIDH tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes.

En adición, la CIDH y su RELE han observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación. 

La Comisión Interamericana condena que, en determinadas circunstancias, presuntos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada, entre otros actos injustificables de vandalismo. Según información suministrada por el Estado, estos hechos darían cuenta de 108 acciones contra infraestructura pública y del gobierno, entre ellas: cámaras afectadas; semáforos destruidos; señales de tránsito; y 1136 vehículos de transporte público afectados. 

En este contexto, la CIDH manifiesta su extrema preocupación por el fallecimiento al menos 2 policías, 966 resultaron lesionados, y que 25 estaciones de policía, una instancia de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una sede de medicina legal han sido atacadas o vandalizadas. Además, tomó conocimiento de la muerte del patrullero Juan Sebastián Briñez , y las lesiones provocadas a por lo menos 2 agentes de policía el 22 de mayo, incluyendo graves quemaduras faciales por una bomba incendiaria que habría sido dirigida contra su unidad. Sobre este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.  

El Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar. 

Al respecto, la Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas. 

Asimismo, recuerda que toda restricción al derecho de reunión debe estar prevista en la ley, debe perseguir un objetivo legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. A su vez, la Comisión reitera lo indicado en su informe sobre Protesta y Derechos Humanos, en el sentido de que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica. 

En su Informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza. 

Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extienda en el tiempo y escale a punto de comprometer la garantía de otros derechos como el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, y a su vez atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión destaca la importancia de que las personas manifestantes permitan la circulación de insumos y provisiones esenciales. 

En este sentido, la Comisión condena categóricamente que en el contexto de las protestas se hayan presentado decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas, dificultando el traslado de pacientes. En particular, la CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura. En ese sentido, la Comisión llama al Estado a concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados. Particularmente, en el para la situación de Colombia hoy, el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como el aprovisionamiento y despliegue de a personal e insumos médicos

Frente a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, la CIDH condena el alto número de fallecidos y heridos, al tiempo que reitera la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, insta a las autoridades a investigar con debida diligencia todos los casos, a identificar y sancionar a los responsables, así como a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. En los casos de violencia sexual, la investigación deberá llevarse a cabo con debida diligencia reforzada y garantizando el enfoque de género. 

La Comisión Interamericana reitera que, siempre que haya se sospecha de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación automáticamente, sin dilación, de forma seria, imparcial y efectiva y orientada a la determinación de la verdad, ello debe incluir la conformación de unidades o comisiones especializadas que cuente con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos a la localización e identificación de las víctimas desaparecidas.

Asimismo, la Comisión recuerda que las y los periodistas cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en protestas sociales, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.

La Comisión observa que muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales. En ese sentido, reafirma que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los derechos humanos. La CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes, e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria, según los estándares internacionales.

Por último, la CIDH reitera la importancia de realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado.La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia

En #Colombia #URGENTE….jóvenes desaparecidos ….

 Graban a camión de policía en lo que podría ser lanzamiento de cadáveres al río Cauca en Cali, los más de 500 desaparecidos en el contexto de las protestas estarian apareciendo en ríos y calles..urge movilización internacional

#SOSColombiaNosEstanMatando #ParoNacional25M #SOSColombiaDDHH fuente: https://t.co/GXfo8yD6w6

Tambien en circulan imágenes de jóvenes al parecer detenidos por la policía y cuyos cuerpos son hallados muertos y con signos de tortura

En #Colombia #URGENTE

Entienden ahora la negativa del gobierno colombiano a permitir el ingreso de la comisión de derechos humanos …

Camisas blancas, corazones deshumanizados

Tomado  de internet
Autor desconocido

Cambian el color de la camisa para que no se note que tienen la misma filosofía de los facistas camisa negra, seguidores en su momento, de Musolini y de Hitler. Hablan de ser estigmatizados y le llaman vándalos a protestantes con piedras y escudos pero no llaman asesinos a quienes investidos por la ley, uniformados y con armas de fuego, asesinan a nuestros jóvenes. Dicen “no a la violencia” pero salen con armas y camionetas blancas a disparar a los manifestantes en las noches. Para estos camisa blanca, la vida del empobrecido no vale nada, por eso no hablan de los desaparecidos que ya aparecen en los ríos, pero les encanta resaltar los vidrios rotos. Asisten todos los días a misa y se autonombran “gente de bien” pero les importa más la economía y el comercio que la justicia y la vida. Puntuales asistentes a la iglesia, mienten, difaman, repiten injurias que no han confirmado ni tienen como confirmar. Quisieran vestirse de ángeles y envían mensajes de paz y armonía mientras azusan la maldad y el crimen contra quienes con errores o sin ellos luchan por un país mejor.
Camisas blancas, corazones deshumanizados.

#Colombia #Cali Informe desde los sitios de detención a posible fosas comunes y casas de pique

Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales.

Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.

Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas i.

Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.

También de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido “ajusticiados”.

Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín.

Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero.

Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública.

Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas.

Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial.

Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias.

Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida.

Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las “exhaustivas investigaciones” y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos.

Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y, adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación.

Este es el listado de personas dadas por desparecidas de acuerdo con los cotejos realizados por la Universidad del valle desde abril 28 a hoy:

Alejandro Castro

Alejandro Duque González

Alejandro Hoyos Salgado

Alexander Martínez

Andrés Arango

Andrés Felipe Gómez Rivadeneira

Angie Amaya

Antony Jaramillo

Antony López Brando Molina

Brando Stiven Blandón Pérez

Brayan Cavadias

Brayan Steven Rayo

Bryan Steven Mesa

Bryan Varela

Camila Jaramillo

Carlos Alberto Vásquez Usma

Carlos Andrés Benavides

Carlos Castillo

Carlos Mayorc

Claudia Ospina

Cristian Andrés Ocampo

Cristian Camilo Duque

Cristian Estiven Rentería Valencia

Cristian Zúñiga

Cristopher Rodriguez

Daniel Becerra

Daniel Steven Bonilla

Daniel Zuluaga García

Devi Alezander Ovalle Cabrera

Deivy Alexis Gómez

Devin Alegría Camacho

Deyvi Farley Orozco

Diana Cruz

Diana Marcela Betancour Rodriguez

Diana Ruiz Diego Botero

Eduardo Galeano

Edwin Santiago Martínez Garcés

Elberth Orozco

Esteban Rodríguez

Estiven Jaramillo

Estiven Marulanda

Fabier Londoño Medina

Felipe Arias Felipe Ruiz

Francisco Durán

Francisco Javier García

Héctor Valencia

Heilen Bravo

Isabella Martinez

Jesús David Lozano

Jhon Alexander Aguirre

Jhonatan Lenis

Joan Francisco Herrera

Joan Stiven Vélez

Job Alejandro Moreno

Johan Esteban Torres Urbano

Jorge Alexander Lozano Perez

Jose David Hurtado Moreno

Jose Esteban C Angulo

Juan Camilo Maiman

Juan Camilo Pérez

Juan Camilo Sánchez

Juan Carlos Gironza Hoyos

Juan Carlos Peña Meneses

Juan Diego Ulloa

Juan Esteban Alvarez

Juan Pablo Gutiérrez

Juan Pablo Guzman Rodríguez

Karol López

Kelvin Josué Plaza Castillo

Kevin Aguilar

Kevin Alexis Bedoya

Kevin Jiménez

Kevin Perea

Kevin Stiven Rodiguez Motavita

Leonardo Andrés Villegas Arana

Lizeth Arévalo

Lizeth Valencia

Luis Dayan Montes Betancourt

Luis Fernando Chávez

Luis Mario Maicol

Andrés Medina Ortiz

Manuela Ruiz Taborda

Marcela Valencia

Marco Andrés Arango

María Angélica Cano

María del Carmen Carabai Barrera

Mario Alberto Arcila Martínez

Marvin Santiago Trejos

Mauricio Cáceres

Michele Arteaga

Michell Torres

Miguel Angel Escobar

Miguel Ángel Henao

Miguel Bolaños

Mónica Mosquera

Nicolás Flórez

Nicolas Suarez

Oscar Eduardo Arroyo

Ramiro Parmenio

Robert Steven Londoño Ospina

Santiago Muñoz Quiroga

Santiago Cruz

Santiago Posada

Santiago Arce

Sebastián Arce

Sebastián Cortés

Sebastián Escobar

Sebastián Ospina

Sofia del Mar Gaviria

Steven Riveros

Valentina Campos

Valentina Marin Quintero

Valentina Ramirez Sánchez

Valeria Serna Vanessa Navia

Verónica Valencia

Víctor Manuel Agudelo

Wilson Loaiza

Mujer Afrodescendiente NN, Adolescente, 13 años

Persona detenida arbitrariamente en Meléndez, 08.05.21

Persona detenida arbitrariamente en Meléndez 08.05.21

23 de mayo de 2021

Equipo Jurídico y Humanitario 21 N

Corporación Justicia y Dignidad

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

El gas lagrimogeno..arma química

 El gas lacrimógeno, arma química, está prohibido en la guerra bajo la Convención de Armas Químicas desde 1997, no obstante se sigue utilizando por autoridades de policía como agente de control, sujeto a estrictos protocolos y ante graves alternaciones del orden público*.

En octubre del año pasado, en respuesta a una acción de tutela interpuesta por un ciudadano que consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la vida y a la salud y de quienes "hacen uso del derecho constitucional a reunirse y manifestarse públicamente y pacíficamente", el Juez quinto laboral de Bogotá ordenó al Gobierno suspender el uso de este y otros agentes químicos durante la pandemia, tras considerar que pueden ayudar a propagar el covid-19 o poner en mayor riesgo la salud de un posible contagiado"*.

A partir del análisis de estudios realizados por la Universidad de Valparaíso en Chile y los conceptos  a las facultades de medicina de las universidades de Antioquia, Nacional y Javeriana, además de la Fundación Neumológica Colombiana, el Juez concluyó: "Resultaría una combinación muy peligrosa el uso de estos gases en momentos de propagación del virus, bien sea porque su efecto en el cuerpo humano degrada las defensas antivirales de los pulmones y por tanto, el ciudadano quedaría en mayor riesgo, o bien porque la situación de los manifestantes asintomáticos, al ser objeto de esta sustancia, los llevaría indudablemente a propagar el virus en su entorno*. 

Además de esta valoración, la exposición a gas lacrimógeno causa irritación de los ojos, nariz, boca y pulmones, provocando estornudos, tos, llanto, dificultad para respirar, sensación de ahogo y opresión en el pecho, inflamación de la piel y ceguera temporal, desorientación, confusión e incluso furia intensa. En personas con enfermedades cardíacas aumenta el riesgo de padecer un ataque o empeorar su condición. Igual que desmejora la situación de quienes padecen enfermedades respiratorias como el EPOC y el asma. En los niños-as al ser más bajos de estatura, están expuestos a concentraciones más altas cerca del suelo, sus pulmones son más pequeños y sus respiraciones más frecuentes, por lo cual el riesgo sobre su salud y su vida es mayor, además del impacto traumático a nivel psicológico; personas mayores, mujeres gestantes también son vulnerables, si a ello le sumamos gases vencidos, las partículas que se liberan son más dañinas*.

La Corte Suprema de Justicia ordenó en septiembre de 2020 a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva. Conminó a que con la participación directa de la ciudadanía, órganos de control y mandatarios regionales y locales, se construyera un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores denominado: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, lo cual hoy es motivo de una nueva acción de tutela por desacato. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia (Art. 2, Constitución Política de Colombia)*.

Paso esencial para avanzar en el proceso de diálogo nacional es suspender el uso de armas con potencial de causar grave daño a la salud de las personas, máxime en tiempos de pandemia, e incluso llevarlas a la muerte.

@IvanDuque @MinSaludCol @MinInterior @mindefensa @MisionONUCol @OPSOMS_Col @CIDH @ACNURamericas @OEA_oficial @Almagro_OEA2015 @mbachelet @ComisionEuropea @Coljuristas @ComisionadoPaz @alemEmbajador @Pontifex_es @PoliciaColombia @CorteConstituc1 @CorteSupremaJ @DefensoriaCol @PGN_COL @josegreghg @consejodeestado

https://twitter.com/saludpublicacol/status/1396216061494714371?s=20

#Colombia: LA HAZAÑA DE LOS MARGINADOS

Julio César Londoño
El Espectador, mayo 22 de 2021

El paro nos desbordó a todos: el Comité del Paro organizó una marcha de un día y ya vamos para un mes. Esperaban movilizar 500.000 personas y ahora hay millones en «pie de lucha»: ollas comunitarias, mamás de primera línea, carnavales públicos todos los días, mil performances, la filarmónica «arregla» el himno indígena, a Carlos Vives le corre la gota fría, hay debates a lo largo y ancho del país.

Zapateiro amenaza con poner orden en 24 horas o renunciar (48 horas después renunció a renunciar, y al orden), los vándalos incendian las ciudades, un helicóptero de la Policía abre fuego sobre Buga, los alcaldes, los gobernadores y la Policía hacen un frente común con la gente bien, que se porta muy mal y organiza safaris contra la minga indígena.

El presidente toma decisiones dignas de un sargento con carácter y ordena «desplegar toda la capacidad operacional de la Policía. ¡Ajúa!». En cambio Felipe, «primera línea» de la Loma de la Dignidad en Cali, lee el momento con agudeza y sensibilidad: «No es un paro, es un estallido. Por eso encuentra resonancia en el país y en el mundo, por eso ilumina. Y suena confuso porque es polifónico, todos tenemos algo qué gritar. Y duele, claro. Crecer duele».

Lo tragicómico: se cayeron dos reformas que no reformaban nada, un ministro que parecía empeñado en tumbar el gobierno y una canciller ornamental que fue reemplazada por la ornamental vicepresidente.

Lo bello: decenas de miles de jóvenes enfrentan con piedras y escudos de lata a un régimen cuyos métodos tienen escandalizado al mundo, ponen sobre la mesa los grandes temas de las políticas públicas y saltan, en cuestión de horas, de la marginalidad social a la primera línea de la historia del país.

Lo miserable: no hay lugar para ellos en la mesa de diálogo. Han puesto los muertos, los han violado, tienen reclamos justos y despiertan un gran fervor popular pero no tienen un lugar en la mesa. En realidad la mesa misma es una ofensa para una régimen policial.

La gran línea roja pasa por los bloqueos: el gobierno exige su levantamiento como condición cero de cualquier negociación. Pero los «primera línea» alegan que un desbloqueo total los dejará muy expuestos. En los bloqueos hay cámaras y acompañamiento ciudadano y un manifestante muerto en esas zonas genera mucho ruido. Pero si la «mano negra» lo alcanza luego en la soledad de su barrio, la Policía dirá que fue un ajuste de cuentas del microtráfico. Fin del comunicado.

La solución es levantar los bloqueos, continuar la protesta por otros canales y determinar puntos de concentración con veeduría internacional. Con excepción de la Arquidiócesis de Cali y la Gobernación del Cauca, los manifestantes desconfían de las autoridades nacionales (y les sobra razón).

Una hoja básica de ruta básica: 1. Garantías de no agresión policial a los puntos de resistencia y de no judicialización a los manifestantes. 2. Levantamiento de los bloqueos. 3. Veeduría internacional en los puntos de concentración de los manifestantes. 4. Mesas de diálogo entre los manifestantes para para determinar: a) problemas de resolución local, b) propuestas de trámite nacional, c) representantes de los jóvenes ante un comité ampliado del paro.

El otro camino (provocar a los manifestantes, responsabilizarlos del vandalismo, insistir en la teoría de la conspiración, atizar el racismo y los odios de clase, escalar la masacre, llenar de sangre las calles y abortar por enésima vez la protesta y los reclamos de la gente) solo servirá para abonar el próximo estallido social, que será, no lo duden, mucho más violento que este.

Fuente:/https://www.elespectador.com/opinion/la-hazana-de-los-marginados/

Colombia: en video se muestra cambio de placas de camioneta blanca desde donde presuntamente se disparo contra la minga indigena

 

#Colombia: LA POLICÍA DE #CALI ASESINÓ A ANGIE JOHANNA VALENCIA

Por Luis Alfonso Mena S.

La policía del régimen de Iván Duque perpetró en la noche del miércoles 19 de mayo de 2021 otro asesinato vil contra una ciudadana de Cali, en desarrollo de la violenta ofensiva desatada contra la población en los plantones del Paro Nacional.

La nueva víctima de las balas oficiales es Angie Johanna Valencia Ordóñez, quien se dirigía con un familiar a su lugar de residencia, en el sector de Calipso, en el oriente de Cali, y quien recibió tres impactos de arma de fuego.

Familiares de la víctima entrevistados por PERIODISMO LIBRE denunciaron que el homicidio ocurrió hacia las 10:30 de la noche cuando numerosos policías incursionaron en el sector de la Autopista Simón Bolívar, cerca al Almacén Éxito, disparando a diestra y siniestra.

Los familiares de Angie Johanna revelaron que la joven recibió un disparo en la cabeza, que los policías no dejaron que fuera auxiliada y que, por el contrario, fue rematada con otro tiro en el pecho y uno más en la cabeza.

Angie Johanna Valencia Ordóñez era madre de una niña de cinco años de edad, vivía con su señora madre y con su hermana y se encontraba desempleada debido al confinamiento por la pandemia de la covid-19.

En el sector de Calipso, donde se lleva a cabo un gran plantón de resistencia a la agresión del régimen de Duque en desarrollo del Paro Nacional, hay dolor y rabia por este nuevo vil y execrable crimen estatal.

Los familiares de la víctima, personas trabajadoras y solidarias con la lucha obrera, reclaman que este asesinato no quede en la impunidad y que los responsables del mismo sean sancionados penalmente.

Solo en Cali, el número de personas asesinadas en el marco de la brutal represión de la policía contra el Paro Nacional supera las 30.

En Yumbo, municipio al norte de Cali, fueron asesinadas el lunes 17 de mayo tres personas más, en otra noche de terror policial.

Mientras esto ocurre, el régimen se niega a reconocer las justas demandas de la población, de manera especial las de la juventud desempleada, desplazada y excluida, que se levanta firme y valerosa en los barrios populares contra el neoliberalismo y la violencia de las clases oligárquicas.

Cali, jueves 20 de mayo de 2021.

fuente: PERIODISMO LIBRE.

http://luisalfonsomenas.blogspot.com/2021/05/otra-noche-de-terror-del-regimen-de.html

Amnistía Internacional insiste en que EE. UU. suspenda suministro de armas a Colombia

 No solo serían armas de fuego y municiones, sino armamento considerado “menos letal” utilizado por los antidisturbios como gas lacrimógeno y proyectiles.

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La organización, con sede en Londres, consideró verificado que el gobierno de Iván Duque “está utilizando indebidamente armas y equipos de Estados Unidos para cometer violaciones de derechos humanos contra manifestantes“.

Por ello, AI instó al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a que “cese de inmediato el suministro, venta o transferencia directa o indirecta de material utilizado para la represión“.

AI no paró ahí y pidió a la administración de Joe Biden que tampoco provea a Colombia con vehículos blindados o tecnologías de vigilancia y que no le brinde capacitación o cualquier otro tipo de asistencia técnica o financiera.null

“El secretario Blinken tiene el poder de detener el miedo y el terror que están soportando los manifestantes colombianos, y debe hacerlo inmediatamente”, dijo en un comunicado el director de incidencia política de AI Estados Unidos, Philippe Nassif.

El funcionario de Amnistía consideró como “escandaloso” el papel jugado por Washington “en el fomento de los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia” y dijo que las autoridades colombianas han cometido violaciones de derechos humanos “con el apoyo de Estados Unidos”.

“El Gobierno de EE.UU. ha tenido una angustiante participación en los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual y otras torturas, y la horrenda represión de decenas de manifestaciones, en su mayoría pacíficas”, añadió.

Por ello, sostuvo que la suspensión del suministro de armas debe mantenerse hasta que las fuerzas de seguridad colombiana cumplan plenamente con el derecho internacional, se investiguen los abusos cometidos y los responsables rindan cuentas.

Fuente: https://www.pulzo.com/nacion/amnistia-internacional-pide-que-eeuu-deje-suministrar-armas-colombia-PP1052698

#Colombia, en democracia, acumula más desaparecidos que las dictaduras del Cono Sur

A Colombia, la desaparición forzada se le convirtió en tragedia: 60.630 personas han sido víctimas de este atroz delito entre 1970 y 2015, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En promedio, significa que cada 24 horas hubo tres desaparecidos.

El dato muestra, además, que la desaparición forzada ha cobrado en Colombia, en un periodo de democracia continua, “más que las que ocasionaron sumadas las dictaduras del Cono Sur”, indica el estudio.

En términos absolutos, la cifra en Colombia, durante gobiernos democráticos, supera bastante los números que este delito dejó en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay juntas: 3.500 casos documentados en el primero, 10.000 en el segundo con una proyección de 30.000 casos y 192 en el último, según reportes oficiales.

Los datos fueron revelados por el más reciente informe del CNMH, un establecimiento público de orden nacional creado en 2011 para recoger toda la información relativa al conflicto armado colombiano.

Al lograr construir una cifra consolidada sobre la desaparición forzada, el reporte sienta un precedente sobre las dimensiones de un crimen que ha sido sostenido en el tiempo, pero que se ha ejecutado de distintas maneras a lo largo y ancho del territorio colombiano. Tanto así que ha estado presente en 1.010 municipios de los 1.115 que tiene Colombia.

La relatora e investigadora de este informe, Martha Nubia Bello, aclaró a CNN en Español que “llegamos a una cifra que avergüenza, que es indignante, pero que está incompleta. Muy seguramente ese número va a aumentar cuando en el país haya unas condiciones que den mayores garantías a las víctimas de denunciar y los procesos de búsqueda sean más dignos… además es un fenómeno tan largo en el tiempo que seguramente hay familiares de víctimas que ya murieron y no los encontraron”.

¿Por qué Colombia superó a las desapariciones en las dictaduras del Cono Sur?

A pesar de constituir el mismo delito, la desaparición forzada en Colombia guarda profundas diferencias con las que se ejecutaron en otros países. Empezando por las circunstancias políticas: en Argentina, Chile y Uruguay el crimen hacía parte del modus operandi de las dictaduras militares. Lo que permitió enfocar esfuerzos hacia un solo lugar para empezar a encontrar respuestas. Mientras que en Colombia se conjugan múltiples perpetradores, a razón del conflicto armado: desde las Fuerzas Armadas, pasando por los grupos paramilitares y bandas criminales, hasta las guerrillas. Pero el principal obstáculo es el silencio.

“Dada la naturaleza de la desaparición forzada, que tiene dos de sus principales atributos en el ocultamiento y la negación, aunado a la eficacia de los actores del conflicto armado para impedir la denuncia de las víctimas, no sorprende que a la hora de establecer los presuntos perpetradores el 51,4% de los casos tenga como autor desconocidos”, explicó el informe del CNMH.

Aún así, del porcentaje restante se ha podido establecer que el 46,1% de los casos corresponden a los grupos paramilitares, el 19,9% a las guerrillas, el 8,8% a los grupos criminales que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares, el 8% a agentes del Estado y el 15,9% a un grupo armado que no se identificó.

El Centro Nacional de Memoria Histórica pudo identificar que los actores armados, pese a las diferencias entre ellos mismos, han utilizado la desaparición forzada con tres propósitos:

1. Castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales
2. Generar terror y así ganar y ejercer control, debido al potencial simbólico de este delito.
3. Ocultar crímenes, eliminando los cadáveres de las víctimas y borrando evidencias, para así dificultar que los delitos cometido sean juzgados o para manipular y tergiversar las cifras.

Un conflicto extenso

Las distintas motivaciones para las desapariciones en Colombia y el contexto del extenso conflicto armado, así como los periodos de violencia por el narcotráfico, explican que este flagelo lleve 45 años sucediendo en el país.

Es decir, las desapariciones en el Cono Sur están atadas a los periodos de las dictaduras: en Colombia no por la misma dinámica del conflicto armado interno. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero que la recurrencia del delito esté sostenida en el tiempo. Si bien para Argentina fue de 1976 a 1983, en Chile de 1973 a 1990 y en Uruguay de 1973 a 1985, en el caso colombiano no puede haber una fecha de corte.

En términos de tiempo, que Argentina tenga en apenas siete años 10.000 casos de desaparición documentados con otros 30.000 proyectados es una cifra elevada. Casi la mitad de lo que registra Colombia en 45 años. Sin embargo, si se mira en detalle entre 1996 y 2005, este país tuvo una escalada en el crimen con 32.249 casos.

Una nueva forma de violencia, Por otro lado, y en palabras de la investigadora Martha Nubia Bello, el conflicto armado también hace que “explicar el fenómeno sea muy complejo porque la desaparición se empieza a mezclar con otras modalidades de violencia y, al no responder a la forma clásica que ha tenido este crimen en otros países, es difícil establecer categorías”.

De hecho, el Centro de Memoria Histórica identificó que los niveles registrados para el delito de desaparición forzada no están al margen de los que se presentan para asesinatos selectivos, masacres y secuestros. Esto quiere decir que hay una motivación fuerte detrás de desaparecer personas: “distorsionar las dimensiones de la violencia”, concretamente. Ahora, a partir de 2004, la desaparición empieza a superar permanentemente los asesinatos selectivos. Una situación que, según la investigación del CNMH, era algo excepcional entre 1970 y 2000.

Desapariciones… en democracia

Y la diferencia que puede ser más marcada entre los casos de Colombia y del Cono Sur: estas cifras ocurrieron en medio de una democracia. De hecho, en el primer periodo analizado por el informe (1970-1981), el Centro Nacional de Memoria Histórica explicó que “el caso colombiano tuvo algunas particularidades que condujeron a que el influjo de la Doctrina de Seguridad Nacional tuviese desarrollos distintos a los de las dictaduras del Cono Sur, lo que llevó a que la desaparición forzada transitara de la marginalidad a la regularidad, pero sin adquirir visos de generalización ni de masividad como se registró en Chile y Argentina”.

(Eso, por supuesto, hasta que el conflicto armado se recrudeció unos años después. De ahí que Bello exponga que “nuestra democracia (en Colombia) ha sido una democracia precaria, una democracia con muchas limitaciones, pues no ha sido respetuosa de los derechos humanos”.

Y agregó: “eso está demostrado porque muchas desapariciones están en cabeza de los agentes estatales (2.368 para ser exactos). Además, así no hayan sido perpetradores del crimen, hay un cuestionamiento a toda la institucionalidad por su incapacidad de proteger a los ciudadanos”.

Mientras Colombia intenta caminar fuera un conflicto armado interno que lleva más de medio siglo, sus deudas con los desaparecidos siguen pendientes. La pregunta de las víctimas es: ¿por cuánto tiempo más?

https://cnnespanol.cnn.com/2016/11/22/colombia-acumula-mas-desaparecidos-que-las-dictaduras-del-cono-sur/