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miércoles, 17 de agosto de 2016

#Colombia: “Mi hijo murió por negligencia médica”




“Yo lo que pido es que se haga justicia, y que las denuncias sirvan para que ayuden a esos pobres muchachos. En la cárcel los están dejando morir, todos están contaminados y no hay una atención médica para ellos” Nayibe Galvis.


Carolina Tejada
Juan Camilo Becerra Galvis había llegado hace 33 meses a la cárcel La Picota de Bogotá a pagar una condena por porte ilegal de arma. A los 26 años de edad, a Juan Camilo no le habían reportado ninguna enfermedad grave. Pero hace un año, y ya estando en la cárcel, empezó a mostrar dolencias en su estómago. Eran los mismos síntomas que muchos presos mantenían.

Los presos sufren el abandono del Inpec

En algunas ocasiones, cuando su dolor era muy fuerte, lo enviaban a la enfermería, y el tratamiento que le daban era a base de dipirona y acetaminofén. A medida que pasaba el tiempo los dolores del joven eran más fuertes, al punto que sus compañeros de celda, al ver su estado, alcanzaron a hacer huelgas para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le brindara un tratamiento médico. Mientras tanto su madre también hacia lo posible por presionar y buscar ayuda. A Camilo le crecía la barriga, vomitaba lo que comía, y la respuesta que les daban en la cárcel, ante la exigencia de un tratamiento, era que “él no tenía nada, que su estómago crecía porque era muy tragón”.

Para los presos no hay tratamientos médicos

Hace cuatro meses la salud de Camilo empeoró. En medio de ruegos y desesperación fue trasladado hace un mes al Hospital de La Victoria, donde le aseguraron que lo iban a intervenir, que le harían unos exámenes, pero que había que esperar. El joven no solo mostraba señales de un cáncer en el estómago, sino que además estaba contagiado de tuberculosis. Juan Camilo murió en la madrugada del sábado, sin que su familia conociera a ciencia cierta los resultados de los exámenes.
VOZ dialogó con Nayibe Galvis, la madre de Camilo. En medio de su angustia la señora comenta que su hijo murió por negligencia, tanto del hospital como del Inpec. “A los ocho días de haber llegado al hospital, a mi hijo no le habían hecho exámenes. Supuestamente le iban a hacer un examen para mirar lo de los dolores, pero que no se lo podían hacer porque la radióloga estaba embarazada y no se podía exponer. Supuestamente mi hijo tenía tuberculosis. Yo les decía en ese momento: ¿cómo es que la radióloga no se podía exponer, pero mi hijo sí se podía morir por falta de atención médica?”, asegura la madre.
Igualmente comenta que, además de la ausencia de un tratamiento a tiempo, también recibieron malos tratos por parte de los médicos: le negaban la información sobre los supuestos exámenes y le impedían las visitas. “Yo corría detrás de las enfermeras o el médico para que me dieran la información. A los quince días le adelantaron unos exámenes pero que tenían que esperar a que la Secretaría de Salud respondiera para adelantar un tratamiento”.

Ninguna institución escuchó los reclamos

Durante este tiempo la familia buscó ayuda en la Defensoría del Pueblo y en Procuraduría. Sin embargo, lo único que supieron era que habían llamado por teléfono a preguntar al hospital por el estado y la atención médica que estaba recibiendo, y nunca más volvieron a tener información o ayuda por parte de estas entidades.
El sábado 6 de agosto, Nayibe se dirigió en las horas de la mañana al Inpec con el ánimo de pedir un permiso para que le dejaran ver a su hijo, pues durante todo el tiempo que estaba en el hospital, solo tenía autorización para visitarlo el fin de semana. Ese día el Inpec le concedió cinco días de visita. “Yo dije: Virgen Santa, gracias que me dieron esos días para visitar a mi bebé. Pero no: me habían dado los cinco días porque ya sabían que mi hijo había muerto”. Ella comenta que sin saber sobre la suerte de su hijo se dirigió al hospital, pero al llegar nadie le daba razón de Juan Camilo.
La celadora le decía que lo habían cambiado de cama, y las enfermeras le repetían que solo el médico podía dar razón de él. “Yo me ilusioné, pensé que lo habían operado. Yo dije: gracias a Dios me lo sacaron de ese cuarto aislado. Seguí rogando que me dieran información sobre él. Las enfermeras se miraban entre ellas hasta que una de ellas me dijo: “la verdad es que su hijo murió esta madrugada”. Yo les dije: ¿por que son tan inhumanos, por qué no me llamaron, por qué no me decían nada?”.

La búsqueda de justicia, para que no vuelva a pasar


“Yo lo que pido es que se haga justicia, y que las denuncias sirvan para que ayuden a esos pobres muchachos. En la cárcel los están dejando morir, todos están contaminados y no hay una atención médica, los tienen abandonados en medio del mugre y sin una alimentación sana”, afirma Nayibe.

https://www.semanariovoz.com/2016/08/12/mi-hijo-murio-por-negligencia-medica/

#Colombia: La Paz es sin el ESMAD


"Para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes".


Renata Cabrales
El Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que está presente en 19 ciudades del país y cuenta con 3.600 oficiales, tiene como misión el control de manifestaciones, disturbios y apoyo a desalojos, con el fin de restablecer el orden y la seguridad de los habitantes y no en vano su lema es “Dios y Patria, mantener el orden es nuestro deber”, pues ya sabemos que en un país laico como el nuestro, Dios está primero y lo que se haga en su nombre se justifica, aun cuando mantener el supuesto orden implique asesinar inocentes. Pero no importa, las lágrimas de los familiares de los incautos exterminados en medio de las manifestaciones es la principal causa de sensación del deber cumplido.
En una sociedad donde exista el derecho a la protesta y asimismo la libertad de expresión, sus habitantes podrían expresar sus inconformidades ante los gobiernos para despertar la conciencia de la sociedad en general por medio de cualquier tipo de manifestaciones en el espacio público, sin ningún tipo de restricción. En estos casos, el Esmad debe jugar un papel de garante de los derechos humanos de las personas involucradas en estos eventos y no, todo lo contrario, abusar de la fuerza para mitigar un supuesto caos ocasionado por la inconformidad de quienes exigen sus derechos.

No en vano quienes defienden los derechos humanos en el país denuncian los abusos, debido a su uso ilegítimo de la fuerza contra personas inocentes que legitiman su voz de protesta en medio de pacíficas manifestaciones, como el uso de armas de fuego no convencionales, como granadas dispersoras recargadas con objetos contundentes o filosos, con las cuales, se presume, han llegado a asesinar a manifestantes. En estos casos de represión contra el derecho la protesta, el Gobierno y la extrema derecha justifican la operación del cuerpo policial represor, poniendo en duda el concepto de democracia y en peligro el ideal de paz por el que lucha el país en este momento.

Cifras de abusos del Esmad

Por esta razón, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, al lado de la representante por el Partido Verde Ángela María Robledo, los representantes Víctor Correa por el Polo Democrático e Inti Asprilla por el Partido Verde, miembros de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, han hecho un debate en el Congreso de la República el pasado jueves 4 de agosto en presencia del coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, y miembros de la Defensoría del Pueblo, y han documentado los casos en los que se ha evidenciado irregularidad de las funciones por parte de integrantes del Esmad en el momento de vigilar manifestaciones sociales y estudiantiles, paros campesinos, así como desalojos de viviendas.
Según el representante Uribe, de acuerdo a las cifras presentadas, el objetivo es hacer un análisis detallado en los casos en que varias personas han perdido la vida.
Manifiesta entonces que en lo que va del 2016 se han denunciado 69 abusos por uso desproporcionado de armamento, uso excesivo de la fuerza y utilización de armas de fuego, y en esos eventos se reporta un total de 682 víctimas.
“Siete personas han sido asesinadas, otras 336 han sufrido lesiones personales y los homicidios fueron presuntamente cometidos por el Esmad en el contexto de manifestaciones y protestas como la cumbre agraria, el paro camionero y el sector más afectado, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, es el movimiento indígena que de un total de 69 casos de violaciones, 29 han ocurrido sobre esta población frente a los homicidios, que es sobre lo que hemos pedido información, tenemos cinco casos con seis personas muertas, presuntamente en acciones que responsabilizan al Esmad”.
Se recuerdan los casos ocurridos este año de Miguel Ángel Barbosa, asesinado el 21 de abril en Bogotá; Willinton Quibarecama, el 16 de mayo, miembro de la ONIC; Gersaín Cerón Marco Aurelio Díaz, 2 de junio en Santander de Quilichao; Luis Orlando Saís en Duitama a quien un gas lacrimógeno le dio directamente a la cabeza, causando, según Medicina Legal, trauma craneoencefálico severo debido al impacto del proyectil lacrimógeno.

Por su parte el representante Víctor Correa manifiesta que “he podido ver durante estos años que una fuerza que se entiende de contingencia frente a hechos que pueden perturbar el orden público se ha convertido en una fuerza de represión, de provocación, utilizada por los poderosos, por quienes sustentan los gobiernos para silenciar al opositor y a la inconformidad, para atacar la protesta social y, de alguna manera, vulnerar el orden democrático de nuestro país”.

La vida en Colombia debe ser sagrada

Según Ángela María Robledo, “durante la alcaldía de Mockus se logró preservar la vida sin usar la fuerza, bajo el lema ‘la vida en Colombia debe ser sagrada’ y es por eso que el Esmad debe convertirse en un cuerpo garante de los derechos humanos”.
Asimismo, según la representante, el Esmad se creó en una directiva temporal por el gobierno de Andrés Pastrana en febrero de 1999 en el marco del proyecto del Plan Colombia, de manera transitoria, pero “en Colombia todo lo que es transitorio, termina quedándose”. Se cuestiona Robledo, ante este panorama: “¿Cuál es el cambio que va a dar radicalmente el Esmad para enfrentar el posconflicto?”. Ya que, según ella, esta es una fuerza represora antisocial, pero sobre todo, antijóvenes, y se cuestiona finalmente cuánto le cuestan al Estado colombiano los 3.600 miembros de ese cuerpo represivo, cuya respuesta viene a ser la suma de 400 mil millones de pesos.
Inti Asprilla, por su parte, opina que “es necesario que se desmonte el Esmad, ya que entramos en la etapa del posconflicto y no tiene sentido que acabemos la guerra y ahora en la protesta social se cometan asesinatos como los que se están cometiendo”.
El coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, de manera fría y cínica, defendió la permanencia del Esmad, argumentando que este cuerpo policial es necesario para ofrecer la tranquilidad y seguridad de Colombia.
Vale la pena recordar que para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes.

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