“Los indígenas recorremos los territorios para proteger nuestra Madre Tierra. Informamos a la comunidad los impactos de la minería a cielo abierto que varias empresas quieren realizar en la zona con apoyo de los grupos armados. Denunciamos las amenazas que llegan a nuestras casas a través de panfletos diciéndonos que debemos abandonar las tierras que por siglos han sido nuestras”.
Comunero del resguardo Cerro Tijeras del norte del Cauca.
Muchos territorios de Colombia están ocupados por megaproyectos mineros que ponen en riesgo la vida de las personas que ahí habitan. Es lo que viene sucediendo con cientos de habitantes de la zona norte del Cauca. A ellos, les quitan sus derechos para luego entregárselos como limosnas. Les quitan sus riquezas y les devuelven las migajas que les sobran a las empresas que se llenan los bolsillos con los recursos que pertenecen a todos los colombianos. Esto produce, como no, que millones de personas de todo el país, empobrecidas por el sistema, engrosen las filas del desempleo o entreguen su trabajo por salarios de miseria.
Esto no es nada nuevo, viene sucediendo desde mucho tiempo atrás en países como Australia, Chile y Perú. En estos lugares, mientras crecen las ganancias de las multinacionales que extraen los recursos, la calidad de vida de los habitantes de esos territorios cae de forma alarmante. Además, se presenta la pérdida de la soberanía alimentaria de esas regiones y se ven afectados la cultura y los saberes ancestrales de los pueblos originarios. Sumado a esto, la contaminación del agua y de los suelos, producto de los procesos de extracción, acorta cada vez más la vida del planeta.
En Colombia, los datos oficiales del gobierno afirman que en el año 2000 las exportaciones mineras constituían el 38% del total de las exportaciones del país, que en el año 2009 alcanzaron el 51% y se calcula que en los próximos 10 años ascenderán al 57%. Además, entre los años 2000 y 2009, la participación del sector minero en la inversión extranjera directa se incrementó en 22 puntos (del 21 al 43%) y se calcula que entre 2008 y 2015 el sector podrá recibir una inversión extranjera de 62.000 millones de dólares.
Lo anterior se traduce en un escenario desesperanzador. El territorio colombiano entregado al capital transnacional con el único propósito de alimentar, aún más, los bolsillos de quienes por tanto tiempo han saqueado los recursos del planeta.
No suficiente con esto, la privatización avanza con leyes que van en contra de la salud, de la educación y de la inversión social, para priorizar la modernización de la seguridad democrática. Esa supuesta seguridad que permite que continúen las amenazas contra organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes que buscan las garantías de los derechos de la sociedad Colombiana, tal como ha sucedido en los últimos días.
Como respuesta a esta situación, muchas organizaciones que sufren dentro de los territorios, buscan la unidad, la capacitación y la formación de conciencia en sus comunidades para resistir la ocupación integral que se cierne sobre sus territorios. Para eso es necesario entender el modelo que nos está matando y no permitir que avance sobre nuestras comunidades. Promover la conciencia necesaria para detener la gran minería, las leyes del despojo, el proyecto de muerte integral y la falta de solidaridad que tenemos entre pueblos. No es un proyecto sólo de unos pocos, debe ser la tarea y el compromiso de todos los que creemos aún en la defensa de la dignidad y de la vida.
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