A Colombia, la desaparición forzada se le convirtió en tragedia: 60.630 personas han sido víctimas de este atroz delito entre 1970 y 2015, según un informe del
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En promedio, significa que cada 24 horas hubo tres desaparecidos.El dato muestra, además, que la desaparición forzada ha cobrado en Colombia, en un periodo de democracia continua, “más que las que ocasionaron sumadas las dictaduras del Cono Sur”, indica el estudio.
En términos absolutos, la cifra en Colombia, durante gobiernos democráticos, supera bastante los números que este delito dejó en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay juntas: 3.500 casos documentados en el primero, 10.000 en el segundo con una proyección de 30.000 casos y 192 en el último, según reportes oficiales.
Los datos fueron revelados por el más reciente informe del CNMH, un establecimiento público de orden nacional creado en 2011 para recoger toda la información relativa al conflicto armado colombiano.
Al lograr construir una cifra consolidada sobre la desaparición forzada, el reporte sienta un precedente sobre las dimensiones de un crimen que ha sido sostenido en el tiempo, pero que se ha ejecutado de distintas maneras a lo largo y ancho del territorio colombiano. Tanto así que ha estado presente en 1.010 municipios de los 1.115 que tiene Colombia.
La relatora e investigadora de este informe, Martha Nubia Bello, aclaró a CNN en Español que “llegamos a una cifra que avergüenza, que es indignante, pero que está incompleta. Muy seguramente ese número va a aumentar cuando en el país haya unas condiciones que den mayores garantías a las víctimas de denunciar y los procesos de búsqueda sean más dignos… además es un fenómeno tan largo en el tiempo que seguramente hay familiares de víctimas que ya murieron y no los encontraron”.
¿Por qué Colombia superó a las desapariciones en las dictaduras del Cono Sur?
A pesar de constituir el mismo delito, la desaparición forzada en Colombia guarda profundas diferencias con las que se ejecutaron en otros países. Empezando por las circunstancias políticas: en Argentina, Chile y Uruguay el crimen hacía parte del modus operandi de las dictaduras militares. Lo que permitió enfocar esfuerzos hacia un solo lugar para empezar a encontrar respuestas. Mientras que en Colombia se conjugan múltiples perpetradores, a razón del conflicto armado: desde las Fuerzas Armadas, pasando por los grupos paramilitares y bandas criminales, hasta las guerrillas. Pero el principal obstáculo es el silencio.
“Dada la naturaleza de la desaparición forzada, que tiene dos de sus principales atributos en el ocultamiento y la negación, aunado a la eficacia de los actores del conflicto armado para impedir la denuncia de las víctimas, no sorprende que a la hora de establecer los presuntos perpetradores el 51,4% de los casos tenga como autor desconocidos”, explicó el informe del CNMH.
Aún así, del porcentaje restante se ha podido establecer que el 46,1% de los casos corresponden a los grupos paramilitares, el 19,9% a las guerrillas, el 8,8% a los grupos criminales que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares, el 8% a agentes del Estado y el 15,9% a un grupo armado que no se identificó.
El Centro Nacional de Memoria Histórica pudo identificar que los actores armados, pese a las diferencias entre ellos mismos, han utilizado la desaparición forzada con tres propósitos:
- Castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales
- Generar terror y así ganar y ejercer control, debido al potencial simbólico de este delito.
- Ocultar crímenes, eliminando los cadáveres de las víctimas y borrando evidencias, para así dificultar que los delitos cometido sean juzgados o para manipular y tergiversar las cifras.
Un conflicto extenso
Las distintas motivaciones para las desapariciones en Colombia y el contexto del extenso conflicto armado, así como los periodos de violencia por el narcotráfico, explican que este flagelo lleve 45 años sucediendo en el país.
Es decir, las desapariciones en el Cono Sur están atadas a los periodos de las dictaduras: en Colombia no por la misma dinámica del conflicto armado interno. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero que la recurrencia del delito esté sostenida en el tiempo. Si bien para Argentina fue de 1976 a 1983, en Chile de 1973 a 1990 y en Uruguay de 1973 a 1985, en el caso colombiano no puede haber una fecha de corte.
En términos de tiempo, que Argentina tenga en apenas siete años 10.000 casos de desaparición documentados con otros 30.000 proyectados es una cifra elevada. Casi la mitad de lo que registra Colombia en 45 años. Sin embargo, si se mira en detalle entre 1996 y 2005, este país tuvo una escalada en el crimen con 32.249 casos.
Una nueva forma de violencia, Por otro lado, y en palabras de la investigadora Martha Nubia Bello, el conflicto armado también hace que “explicar el fenómeno sea muy complejo porque la desaparición se empieza a mezclar con otras modalidades de violencia y, al no responder a la forma clásica que ha tenido este crimen en otros países, es difícil establecer categorías”.
De hecho, el Centro de Memoria Histórica identificó que los niveles registrados para el delito de desaparición forzada no están al margen de los que se presentan para asesinatos selectivos, masacres y secuestros. Esto quiere decir que hay una motivación fuerte detrás de desaparecer personas: “distorsionar las dimensiones de la violencia”, concretamente. Ahora, a partir de 2004, la desaparición empieza a superar permanentemente los asesinatos selectivos. Una situación que, según la investigación del CNMH, era algo excepcional entre 1970 y 2000.
Desapariciones… en democracia
Y la diferencia que puede ser más marcada entre los casos de Colombia y del Cono Sur: estas cifras ocurrieron en medio de una democracia. De hecho, en el primer periodo analizado por el informe (1970-1981), el Centro Nacional de Memoria Histórica explicó que “el caso colombiano tuvo algunas particularidades que condujeron a que el influjo de la Doctrina de Seguridad Nacional tuviese desarrollos distintos a los de las dictaduras del Cono Sur, lo que llevó a que la desaparición forzada transitara de la marginalidad a la regularidad, pero sin adquirir visos de generalización ni de masividad como se registró en Chile y Argentina”.
(Eso, por supuesto, hasta que el conflicto armado se recrudeció unos años después. De ahí que Bello exponga que “nuestra democracia (en Colombia) ha sido una democracia precaria, una democracia con muchas limitaciones, pues no ha sido respetuosa de los derechos humanos”.
Y agregó: “eso está demostrado porque muchas desapariciones están en cabeza de los agentes estatales (2.368 para ser exactos). Además, así no hayan sido perpetradores del crimen, hay un cuestionamiento a toda la institucionalidad por su incapacidad de proteger a los ciudadanos”.
Mientras Colombia intenta caminar fuera un conflicto armado interno que lleva más de medio siglo, sus deudas con los desaparecidos siguen pendientes. La pregunta de las víctimas es: ¿por cuánto tiempo más?
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