Aportes al documento para entregar al gobierno de Gustavo Petro.
Por Javier López Botero
Presidente UGTI Valle
Secretario general de Asovaes Cali
¿Qué es la privatizacion del espacio público?
Se considera como privatizacion del espacio público la entrega parcial de este a través del cobro para su uso por aprovechamiento económico mediante procesos de licitación pública o contratación directa a comerciantes e inversores que cuente con capacidad económica para pagar por el E.P. a precios que ningún vendedor informal ( ambulante, estacionario, semiestacionario o de otro tipo) lo puede hacer, con esto la mayoría de estos trabajadores informales pierden asi su única fuente de empleo ya que solo podrán trabajar en el E.P. quienes puedan pagar.
Según (Paisaje Trasversal) se entiende por privatización como el proceso mediante el cual se establecen las condiciones que restringen el acceso libre a un bien común. La sobreexplotación del espacio público para el beneficio de empresas establece un modelo urbano consumista y poco recomendable para la ciudadanía.[1]
Se requiere por lo tanto renunciar a cualquier política de privatización de espacio público (aprovechamiento económico) y por ende de desalojo total o parcial de los vendedores informales en Colombia.
Se debe reconocer que el alto nivel de desempleo, informalidad, crecimiento de la pobreza, no permiten aplicar políticas de privatización de espacio público y menos de desalojo de los vendedores.
Algunos acuerdos municipales como el 0424 de 2017 de Cali o la misma ley 1988 de 2019 conocida como ley empanada o mal llamada política pública de vendedores no buscan mejorar las condiciones economicas y sociales de los vendedores informales sino legitimar políticas neoliberales de privatizacion de espacio público.
Se emplean entonces algunos mecanismos o herramientas para saber la vulnerabilidad económica del vendedor informal a través de estudios socioeconómicos que determinan si este trabajador puede o no continuar en el espacio público incluyéndolos en procesos de reubicación temporal o formalización según el caso particular de cada vendedor, la herramienta para determinar la vulnerabilidad o no de este trabajador es la misma que se usa en las encuestas del SISBEN y es la entregada por Planeación Nacional, la “evaluación de vulnerabilidad” y que aplicada al conjunto de la poblacion lo que ha logrado es que muchas personas ya no sea consideradas vulnerables a pesar de serlo en su condicion económica y vean por ello reducida sus posibilidades de acceder a programas del gobierno en diversas áreas como salud o educación, ese mismo método aplicado a los vendedores informales permite a los gobiernos municipales decidir si un vendedor es o no vulnerable económicamente a pesar de serlo y si debe o no continuar en el espacio público o someterse a procesos de formalización o emprendimiento que como bien lo expresa la Corte Constitucional en su sentencia T 067 de 2017, “Una solución que radique simplemente en otorgar un cheque como préstamo para poner al vendedor reubicado a participar de un programa de emprendimiento, es una solución parcial, totalizante y que desconoce el derecho fundamental del que son titulares los vendedores informales para construir sus propios estándares de vida, el derecho constitucional de los trabajadores informales no consiste en que se les trasforme en trabajadores formales, sino en tener un trabajo decente que les permita vivir en condiciones dignas”.
Sumado a lo anterior hay que tener en cuenta que el 70 % de los emprendimientos o pymes fracasan en los 5 primeros años[2]
LOS VENDEDORES INFORMALES SI SOMOS UNA POBLACIÓN VULNERABLE ECONÓMICAMENTE O EN PELIGRO DE VULNERABILIDAD
Una población vulnerable o en peligro de vulnerabilidad es aquella que se encuentra en desventaja por su condición económica y social.
La Corte Constitucional ha señalado que por el solo hecho de que una persona esté en la venta informal sin un salario fijo, ni prestaciones sociales o seguridad social es ya una persona en condicion de vulnerabilidad económica.
La persecución que ha recibido los vendedores informales en distintas ciudades del país y el impedimento por medio de restricciones que ha limitado nuestros derechos otorgado por las diferentes sentencias de la Corte Constitucional como: la Sentencia C- 211 DE 2017, el Derecho al Mínimo Vital (Sentencia T678/17; Sentencia T716/17), confianza legítima, (T-067 de 2017), el Derecho al Trabajo consagrado por el Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia entre otros también prueba su condicion de vulnerabilidad y trato desigual frente a otros grupos económicos o de trabajadores.
En nuestra nación hemos sido testigos del incremento descomunal de los índices del desempleo y la falta de oportunidades para jóvenes sin experiencia laboral y personas adultas, que ven como forma de sobrevivir el llamado “rebusque” que permita solventar una de sus tantas necesidades básicas y fundamentales. Los índices preocupantes, donde la población trabajadora es del 60 % a nivel nacional evidencia que no somos una minoría, sino que somos casi la mitad de la población trabajadora que refleja las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad en materia laboral en nuestro país que por constitución deberíamos de ser protegidos por el estado, pero vemos los atropellos que cometen en nuestra contra.
Sumado a lo anterior se nos niega ayudas económicas y una Renta Básica, así como la exclusión de muchos de nuestros compañeros y compañeras del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiados de Programas Sociales (SISBÉN).
los vendedores ambulantes cuentan con amplias sentencias de la corte Constitucional que reconocen su condición de vulnerabilidad, así como la confianza legítima del vendedor, igualmente el debido proceso, la igualdad real, el mínimo vital, reconocimiento de comunidades indígenas, afrodescendientes, madres cabezas de familia, tercer edad y población en condición de discapacidad.
¿Porque la ley 1988 de 2019 no es una verdadera política pública creada para diseñar programas en favor de los vendedores informales?
Existen muchas definiciones de lo que es una política pública, algunas de ellas: “son los proyectos/actividades que un estado diseña y gestiona, a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad”[3]. o “Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales”[4].
En ese orden de ideas una política pública de vendedores informales debe estar dirigida a la focalización de recursos y presentación de proyectos de este sector poblacional considerado como “vulnerable” tal es el caso de los ya mencionados como son madres cabeza de familia, tercera edad, personas en condicion de discapacidad, etc.
Por lo tanto, una política pública de vendedores informales no puede estar atravesada por procesos de privatizacion del espacio público ni de aprovechamiento económico como lamentablemente ocurre con la ley 1988 de 2019 esbozado este planteamiento en su artículo 2. Igualmente, esta ley construida en el gobierno saliente no contó con la participación real de los vendedores informales y de sus organizaciones sindicales.
Por lo tanto, consideramos necesario que el nuevo gobierno de Gustavo Petro aborde la construcción de verdaderas políticas públicas en favor de esta poblacion.
PROGRAMA DE GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO:
COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
PACTO CON LA ECONOMIA POPULAR
valoramos positivamente el “pacto con la economía popular” y resaltamos entre otros los siguientes puntos:
– cesará la persecución policial a los trabajadores informales.
Importante romper con la cadena de abusos policiales contra esta poblacion vulnerable, será una decisión política que legitima la accion del estado, la paz y la convivencia ciudadana
– La política pública será construida mediante procesos de concertación directa con las y los trabajadores de la economía popular.
Es precisamente aquí donde pedimos la no aplicación de la ley 1988 de 2019 y la construcción de verdaderas políticas públicas de vendedores, como punto de referencia pedimos tener en cuenta el acuerdo municipal de Medellín “política pública de venteros” del 2014.
– El sistema financiero público al lado de una banca cooperativa reemplazará el gota a gota
Compartimos totalmente este punto sin embargo es bueno aclarar que las cooperativas no deben usarse como un mecanismo de legitimidad de procesos de privatizacion de espacio público, falsa formalización o como lo pretende el actual gobierno de pérdida de derechos laborales, estabilidad laboral o perdida de independencia laboral o económica del vendedor frente a las cooperativas.
– GARANTIZAMOS el acceso a la pensión como derecho para todos los adultos mayores de la economía. Popular
Excelente propuesta con lo cual pueden contar con nuestra participación en la caracterizacion de la poblacion adulta mayor que pudiera incluirse en dicho proceso.
– crearemos un sistema nacional de riesgos laborales que responda a los diferentes oficios y niveles de riesgo asociados.
Efectivamente los vendedores informales (ambulantes, estacionarios, semiestacionarios) se encentran en absoluta desprotección frente a enfermedades propias de su ámbito laboral.
– Crearemos líneas especiales de microcrédito y crédito condonable
excelente
– la situación de los y las trabajadoras de la economía. popular será considerada en todos los programas estatales.
En programas de vivienda, salud, educación para los más jóvenes y otros.
Conclusión final y propuestas.
Por todo lo anteriormente expuesto es importante la instalación de mesas de trabajo en las cuales se pueda profundizar en las propuestas iniciales plasmadas en el Pacto con la economía popular.
Igualmente proponemos al gobierno entrante lo siguiente:
1- hacer efectivo el pacto con la economía popular y si es necesario fortalecerlo y ampliarlo en lo referente a los vendedores informales de Colombia (vendedores ambulantes, estacionarios y semiestacionarios y otros).
2- Solicitar la revisión y suspensión, no aplicación de la ley 1988 de 2019 y convocar a la construcción de verdaderas políticas públicas de vendedores informales en Colombia.
3- Suspender la aplicación de políticas neoliberales de privatizacion de espacio publica bajo la figura de aprovechamiento económico que afectan no solo a los vendedores informales sino también a la comunidad en general.
4- Mantener una comunicación permanente con los vendedores y sus organizaciones a través de una mesa ampliada de concertación o consultoría a través del ministerio del trabajo.
5- Las instalaciones de estas mesas de trabajo deben hacerse con las organizaciones de vendedores informales, asi como el ministerio del trabajo, Planeación Nacional, Prosperidad social y demás entidades del estado.
Anexo
Hemos advertido que los procesos de privatizacion del espacio público ya no afectan solamente a los vendedores informales que se ven despojados de su única fuente de ingreso, también a las comunidades de los barrios se le imponen este tipo de políticas que afectan la sana convivencia de la poblacion, perdida de sus sitios de encuentro y transito comunitario.
El caso de este reportaje corresponde al parque del perro en el tradicional barrio de san Fernando Cali:
Privatizacion de espacio público Parque del Perro: las nuevas irregularidades que se encontraron en la instalación de las polémicas materas
Una de las calzadas de la Cra.34 está separada de la otra con materas, esto con el objetivo de que sirva para delimitar la zona en la que ya no pasarán más vehículos, sino que solamente se usará para que caminen los visitantes del sector.
Aún no hay soluciones concretas para las problemáticas que aquejan a la comunidad aledaña al Parque del Perro y, debido a esto, la Personería Distrital instó nuevamente a la Administración Municipal para que haga seguimiento y brinde soluciones a las quejas presentadas por los moradores de San Fernando Viejo.
La Personería Distrital acaba de publicar otro informe en el que hace seguimiento a las inconformidades de los caleños, documento en el que, además, reveló posibles inconsistencias por parte de la Administración.
“Hay presuntas irregularidades en la implementación de la estrategia para la reactivación económica del Parque del Perro, que van desde el desconocimiento de los lineamientos normativos frente a las restricciones en la movilidad, como también en los procesos contractuales”, dijo Harold Cortés, personero de Cali.
Por ejemplo, el ente de control puntualizó en que el cierre de la Cra. 34 solo podía ser temporal y autorizada por las autoridades de Movilidad del Municipio, pero que esta “se llevó a cabo sin ningún sustento normativo y límite temporal”.
Además, se encontró una presunta irregularidad por parte del contratista encargado (Fundación Escuela Taller de Cali) de elaborar las materas que están separando la vía peatonalizada, debido a que el contrato informaba que debían ser construidas a base de plástico reciclado y no compradas.
De hecho, la Personería Distrital emitió una acción preventiva ante la Alcaldía, el 20 de enero de este año, pidiendo que se retiraran las mesas de los restaurantes y se habilitara el tránsito de la Cra. 34, pero no se obtuvo una respuesta clara por parte de la Administración.
“No se acataron los pronunciamientos de este órgano de control frente a la generación de acciones que mitigan los impactos que estamos viviendo hoy en día. Por eso, la entidad adelantará las indagaciones disciplinarias a las que haya lugar, y seguiremos haciendo control preventivo”, aseveró Cortés.
Por lo anterior, la Personería pidió a la Alcaldía, nuevamente, que se recupere la movilidad del sector y que se remita un informe que contenga las acciones realizadas.
¿Qué opinan los habitantes del sector?
Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (Dapm), sobre la carrera 34 se construirá un bulevar peatonal, proyecto en el que están trabajando. Sin embargo, los residentes del sector, en su mayoría, argumentan que esto los tomó por sorpresa, ya que no se les socializó la iniciativa.
“En general todos los residentes estamos con un no rotundo frente al desarrollo de ese proyecto lineal, porque lo único que ha ocasionado es trastornos a los habitantes del sector, solo basta con ver que esas materas ya funcionan es de ceniceros y basurero para los visitantes”, expresó una habitante del sector, quien prefirió que se reservara su identidad.
Asimismo, se creó una mesa técnica con alrededor de 20 representantes de la comunidad para velar por las peticiones de los habitantes de San Fernando Viejo y recoger firmas para insistir en que no se desarrolle el bulevar.
“El bulevar no es la solución, yo creo que se deberían de hacer andenes amplios donde la gente pueda caminar tranquila, así como los que hay alrededor del estadio, pero no cerrando por completo una vía”, propuso Catherine Dupriez, habitante del sector.
Cerca de nueve mil millones costará
el bulevar que se hará en la Cra.34 para peatonalizar este sector del Parque del Perro, según informó Planeación Municipal.
La Administración responde
El director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, desmintió versiones de la comunidad y dijo que “se ha socializado y compartido los diseños del proyecto, además la comunidad en términos generales ha estado de acuerdo con la implementación final”.
En ese mismo sentido el funcionario comentó que las materas son una solución temporal, ya que la idea es que las personas se acostumbren a que esa será una vía peatonal, pero que estas solo se quitarán en el momento en que se inicie con la construcción del bulevar.
Por otra parte, Barreras aclaró: “El convenio con la Fundación Escuela Taller ha sido auditado por la Contraloría de Cali y todos los cuestionamientos han sido resueltos. Ya hemos recuperado más de nueve toneladas de plástico para transformarlas en mobiliario (materas), pero no era posible tenerlas de madera plástica en el tiempo requerido y por eso se hizo esa compra”.
Por lo anterior, Barreras dijo que sí se harán materas de madera plástica, pero que eso no quiere decir que todas ellas tengan que ser del mismo material.
Más quejas
Catherine Dupriez, habitante del sector del Parque del Perro, denunció que “Aquí los robos de los espejos de carros son constantes y también llegan a meterse a los antejardines de las casas”.
Además, la mujer se mostró preocupada por la posible ampliación del horario de la rumba en la ciudad, ya que indicó que eso podría empeorar las problemáticas del sector.
https://calihoy.blogspot.com/2022/05/privatizacionespaciopublico.html
