EN EEUU TIENES 8 VECES MÁS PROBABILIDADES DE MORIR A MANOS DE UN POLICÍA QUE DE UN TERRORISTA

ESTADOS UNIDOS HA PROMOVIDO UNA CULTURA DE PÁNICO ANTE UN POSIBLE ATAQUE TERRORISTA; SIN EMBARGO, EXISTEN MUCHAS COSAS MUCHO MÁS LETALES QUE ESTE IMPROBABLE ATAQUE.

POR: PIJAMASURF

El terrorismo en los últimos años se convirtió en una agenda política, particularmente en el gobierno de Bush, pero también continuado por Obama (ahora con el ciberterror) y en muchos otros países. Un interesante post publicado por Jim Harper en el sitio del Cato Institute hace referencia a una interesante reflexión: “el miedo al terrorismo nos hace estúpidos” y comparte una serie de datos que hace pensar que este temor es más bien ridículo.

Reportes estadísticos del National Safety Council, el National Center for Health Statistics y el Censo de Estados Unidos revelan datos que nos hacen cuestionar la cultura del pánico y la enorme cantidad de recursos que se distribuyen para supuestamente acabar con el terrorismo, una amenaza invisible y a fin de cuentas bastante poco letal en comparación con otros problemas que enfrenta el hombre moderno. Aquí algunas cifras, entre ellas, la escandalizante realidad de que es más probable que la misma policía sea la que determine la muerte de un ciudadano, que un terrorista:

-Tienes 17,600 veces más probabilidades de morir de un ataque al corazón, que de un ataque terrorista.

-Tienes 11 mil ves más probabilidades de morir en un accidente aéreo, que de un ataque terrorista que involucre un avión.

-Tienes 1,048 veces más probabilidades de morir en un accidente de auto, que en un ataque terrorista.

-Tienes 9 veces más probabilidades de morir de asfixia accidental en tu cama, que de un ataque terrorista.

-Tienes 8 veces más probabilidades de morir a manos de un policía, que de un terrorista.

-Tienes 6 veces más probabilidades de morir a consecuencia de un clima cálido, que de un ataque terrorista.

Las cifras anteriores nos hacen reflexionar sobre lo absurdo que es preocuparse pof sufrir un ataque terrorista y toda la ridícula maquinaria propagandística en torno a esta amenaza. 

http://pijamasurf.com/2013/12/tienes-8-veces-mas-probabilidades-de-...

COLOMBIA: MUJERES EN EL PEOR DE LOS MUNDOS

“LAS mujeres de Tumaco padecen la violencia desde antes de nacer. Son violadas siendo bebés, reclutadas como objetos sexuales y se prostituyen para comer. La tradicional mezcla de pobreza y violencia en las regiones se ensaña contra el género femenino.”

http://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-mujeres-tumaco/3615…

La enfermera lloraba. Ni siquiera ella, acostumbrada a la sangre y el dolor, pudo resistir la escena. En sus brazos yacía una mujer sin dientes, pues se los habían tumbado de un puñetazo. Su cuerpo ultrajado estaba cubierto de moretones. Pero esto no fue lo que le sacó las lágrimas. Se trataba 

de una niña de dos años. “Le partieron sus dientecitos de leche”, decía desconsolada. La enfermera debió mover cielo y tierra para que las autoridades actuaran. Y cuando dieron con el victimario, llegaron a una dura conclusión: no era la primera vez que la violaba.

SEMANA visitó Tumaco, llamada la Perla del Pacífico, que se ha convertido en sinónimo de pobreza y abandono. Las calles están devastadas, hay basura por doquier, los barrios de invasión se multiplican sin parar. La mitad carece de un servicio de acueducto, un poco más es pobre y uno de cada tres habitantes no sabe leer ni escribir. Se registran 200 homicidios cada año y han sido víctimas de las Farc, los Rastrojos, los Urabeños y del narcotráfico.

Además de la miseria, en este puerto nariñense la violencia de género se ha vuelto parte del paisaje. Las mujeres viven atemorizadas. Muchas sucumben al maltrato, las reclutan como objetos sexuales o las desplazan por negarse a serlo. De los 58.000 tumaqueños desplazados de la primera década del siglo XXI, más de la mitad fueron mujeres. “La violencia de género sigue invisible e impune”, dice Dora Vargas, de la Pastoral Social de la ciudad.

Un lugar como este es el peor de los mundos para una mujer. En menos de un año se han registrado 74 casos de abuso sexual, la mayoría contra menores de edad. En medio de esa mezcla de pobreza y violencia, las mujeres llevan la peor parte. En muchas casas, los adultos y los niños deben compartir pequeños cuartos, donde el abuso es frecuente. “Descubrimos que un padrastro abusó de sus cinco hijastras”, dice una delegada de Acnur.

La situación afecta a las más jóvenes, pues la pobreza lleva a muchas a vender sus cuerpos. “Lo que más nos duele es que muchas niñas entre los 6 y 10 años ofrecen sexo oral por hambre”, le dijo a SEMANA una dirigente comunal. 

“Apenas ven que su cuerpo se está formando le ponen el ojo y empiezan a acosarla, y si la niña no accede, le toca irse”, dice la líder de un barrio afectado. Así, hacer maletas y huir se ha convertido en el mejor camino, pues los criminales siempre terminan reclutando a las niñas que se quedan. Un dirigente local, que pidió el anonimato, añade: “A algunas las explotan prostituyéndolas y a otras las vinculan a la organización haciéndolas servir como campaneras o llevar droga”.

El apetito sexual de los jefes de las bandas criminales parece insaciable. Quienes conocen el mundo de esas organizaciones dicen que hay un código interno según el cual cada integrante puede escoger como trofeo a una adolescente. Después de abusar de ellas, las abandonan, embarazadas, en sus casas y salen a la caza de nuevas esclavas sexuales.

La situación en Tumaco representa lo que viven miles de mujeres en zonas del país, lejos de las urbes y en los epicentros del conflicto. El puerto es hoy una de las ciudades que la ONU eligió para un sistema de gestión de datos de violencia de género. El programa funciona en 17 países, y Colombia es el único de América Latina. 

No obstante, según el secretario de Gobierno, Hernán Cortés, la comunidad ha erigido un muro de desconfianza que impide la denuncia. Vaya paradoja: quienes más ayuda necesitan no la reciben. No porque no la quieran, sino porque ya no le creen a nadie.

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO, "SANTOS NOS PIDIO PEREDON, PERO....."

El Presidente nos pidió perdón

El pasado 10 de diciembre, en el contexto de una ceremonia en el Palacio de Nariño con miras al lanzamiento de la Propuesta Política Integral de Derechos Humanos, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pidió perdón a nuestra Comunidad de Paz en estos términos:

“Hace algunos años, desde la primera magistratura de la nación, se hicieron acusaciones injustas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en cabeza del propio Presidente, a retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación. Y lo hago con una firme convicción de demócrata, con todo el sentido de lo que significa esta retractación en términos de justicia moral por una comunidad que ha apostado por un presente y un futuro de paz. Nos retractamos como Estado y como Estado manifestamos el compromiso irrenunciable con el respeto y protección de los derechos humanos así como nuestro acatamiento a los órganos judiciales que velan por estos derechos. Reconozco en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos, que no obstante haber padecido el conflicto en carne propia ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país. No estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia y por el contrario consideramos que todo defensor de la paz y los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. POR ESO PEDIMOS PERDÓN. PIDO PERDÓN”.

Con este gesto, el Presidente quiso acatar, extemporáneamente, el mandato consignado por la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio de 2012 en el cual estableció, en su primer punto resolutivo, ordenar al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”.

Nuestra Comunidad de Paz valora positivamente los términos del gesto presidencial y considera que con él se cumple una parte de la Orden No. 1 del Auto 164/12 de la Corte Constitucional.

Si bien valoramos positivamente que, en términos claros que no dejan lugar a la duda o a la ambigüedad, el Presidente Santos reconozca la injusticia cometida y trate de resarcirla con palabras que invitan al país y al mundo a corregir una identidad estigmatizada durante 9 años que sirvió de base justificadora a más de dos millares de crímenes de lesa humanidad que han buscado destruirnos, también echamos de menos el cumplimiento de la segunda parte de la orden impartida por la Corte Constitucional, consistente en la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y establecer un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza.

Nuestra Comunidad lamenta profundamente que el despacho del Presidente no nos haya contactado en ningún momento, siquiera para avisarnos de su propósito de retractación, hecho del cual nos enteramos posteriormente por medios masivos de comunicación, ni para evaluar de manera real y concreta las dimensiones y efectos que en 9 años han cosechado las calumnias presidenciales. Desde que comenzó el mandato del Presidente Santos nuestra Comunidad ha radicado en su despacho 12 derechos de petición en los cuales ha puesto en su conocimiento los hechos de barbarie a que hemos sido y seguimos siendo sometidos por parte de sus subordinados, sin que jamás hayamos obtenido respuesta alguna de su parte, contentándose su despacho con remitir los documentos a nuestros mismos victimarios, los cuales de manera persistente y contumaz niegan y afirman desconocer lo que sufrimos en carne propia por parte de sus manos criminales.

Esperamos que el Señor Presidente decida conocer y evaluar en directo nuestra victimización y a tomar medidas que lleven, de manera eficaz, a detener el proceso sistemático de exterminio que militares y paramilitares en unidad de acción tratan de consumar contra nosotros. 

Nuestra experiencia de 16 años enterrando muertos; enfrentando montajes judiciales de la más alta y refinada perversidad; reparando sin ayuda alguna del Estado las destrucciones producidas por saqueos, incineración y destrucción de viviendas, cultivos y bienes elementales de subsistencia; atendiendo a torturados y amenazados, víctimas de bombardeos indiscriminados y de enfrentamientos bélicos realizados tozudamente en medio de la población civil contra todas las prescripciones de la Corte Constitucional; sorteando con diversas estrategias los envenenamientos de nuestras fuentes de agua, la violación de nuestras mujeres, jóvenes, niños y hasta de nuestros animales; los empadronamientos ilegales y las incursiones conjuntas de militares y paramilitares que sólo miran a sembrar terror, a impedir el ejercicio de los derechos civiles y políticos y a buscar un sojuzgamiento de los civiles a sus planes de control territorial conjunto militar/paramilitar en beneficio de empresas con fines inconfesables; protestando y denunciando la aterradora podredumbre de los poderes judicial y disciplinario en la zona, que pisotea toda norma legal y deja en impunidad absoluta todos los crímenes…  todo este sufrimiento nos impone con fuerza el interrogante de si es posible detener esta barbarie sin tomar una sola medida de corrección y de sanción sobre el personal militar y policial que ha controlado la zona durante al menos los últimos tres lustros, en estrecha coordinación con estructuras paramilitares terriblemente criminales. De allí que nos preguntemos con angustia: ¿será que las solas palabras de perdón van a detener el crimen sistemático de lesa humanidad, definido en el Estatuto de Roma como PERSECUCIÓN, sin que ello se proyecte en medidas reales y eficaces que esclarezcan, corrijan, sancionen y reparen?

Nuestra Comunidad sigue esperando al menos lo que la Corte Constitucional en su sabiduría definió como un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento.

También seguimos esperando el cumplimiento de las otras 4 órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el Auto 164/12, las cuales no fueron acatadas dentro de los términos establecidos por la Corte, quedando pendientes de nuevos plazos:

• el establecimiento de una Comisión de Evaluación de la Justicia;
• el establecimiento de un plan de prevención y protección colectivo de la vida, integridad, seguridad y libertad de la Comunidad de Paz, así como la adopción de un mecanismo de protección que no aumente el riesgo para sus miembros y acompañantes;
• el establecimiento de un procedimiento expedito y transparente para tramitar las quejas y solicitudes de la Comunidad de Paz, mientras se llega a resultados eficaces en la Comisión de Evaluación de la Justicia y se pueda establecer en la zona una Casa de Justicia;
• el establecimiento de un procedimiento de revisión y aplicación de los principios del derecho internacional humanitario que respete a la vez el deber constitucional de la fuerza pública y los derechos de la Comunidad de Paz, a la luz del mecanismo adoptado conjuntamente por la fuerza pública y comunidades de paz en 1998, que excluía la presencia de la fuerza pública en zonas humanitarias a no ser para conjurar problemas puntuales de orden público según concepto de las comunidades o de las casas de justicia.

Lamentamos profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio y violación de sus derechos fundamentales por parte de sus directos subordinados y que si no toma decisiones drásticas frente a ellos, continuará incurriendo en la responsabilidad de mando sobre perpetradores de crímenes de lesa humanidad, desatendiendo normas concretas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Ejemplo clarísimo de esto es su negativa a exigirle a su Ministro de Defensa el acatamiento de la Sentencia 1025/07, a pesar de nuestras ya numerosas peticiones de que imparta órdenes precisas para que dicha sentencia sea acatada. No entendemos cómo la contumacia del Ministro de Defensa en dicho desacato no ha llevado al Presidente a destituir a un funcionario que no respeta la Constitución y la Ley, pues le sigue tolerando el desacato, en flagrante violación de la Constitución Nacional.

Igual ejemplo de esto es su negativa a darle orden al Ejército de devolver al seno de su familia y comunidad al joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, desaparecido forzadamente el pasado 31 de agosto en la vereda La Hoz de San José de Apartadó  por un grupo de paramilitares que actúan en estrecha unidad de acción con tropas del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército, el mismo batallón que perpetró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005. El repugnante cinismo con que el Gobierno le responde a los organismos intergubernamentales que le exigen entregar al joven desaparecido, afirmando que lo están buscando en hospitales y terminales de transporte, mientras saben de sobra qué tropas conjuntas militares/paramilitares los sustrajeron a toda protección jurídica de sus derechos y lo sumergieron en una total indefinición existencial, es un caso más que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las palabras –incluyendo palabras sentidas de Perdón-  pueden servir de manto encubridor a la barbarie y legitimar a Estados que incluso han suscrito instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, borrando con los hechos lo que se suscribe con solemnidad en el foro de las naciones.

La persistencia inclemente de la PERSECUCIÓN, nos obliga a adicionar a esta constancia los últimos HECHOS que hemos sufrido:

• El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asentamiento. Nos vino inmediatamente a la mente el recuerdo de FRANCISCO PUERTAS, coordinador de esa Zona Humanitaria de nuestra Comunidad de Paz, asesinado el 14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá. Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con Vallas y banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se negó a reconocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humilde enramada protectora. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de terror contra los  pobladores.
• El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José de Apartadó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y policiales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares frente a los insurgentes, poniéndolos en alto riesgo.
• El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de nuestra Comunidad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anteriores había tenido el cargo de Defensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de realizar diligencias para lograr una indemnización administrativa por su familiar víctimizado, haciendo todo de manera irregular sin que nadie se enterara ni descubriera los ilegales procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gente, utilizando el  mecanismo del “chanchullo”. El funcionario era consciente de que nuestra Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que participan todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administrativa, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como exclusivas mercancías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho funcionario realiza una estrategia clandestina de burla y destrucción de nuestros principios éticos.
• En los últimos días hemos conocido respuestas que la Defensoría del Pueblo remite a comunidades y organizaciones de otros países que han reclamado la aparición con vida del joven Buenaventura Hoyos, desaparecido el 31 de agosto de este año por hordas conjuntas de militares y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales, clínicas, terminales de transporte y centros penitenciarios, como si éstas fueran medidas eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos captores están íntimamente coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrinación de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su rescate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de diversos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agentes estatales y paraestatateles que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no podemos sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues nos asiste la convicción de que la Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universales.

Mediante esta constancia nuestra Comunidad de Paz quiere dar a conocer a todas las comunidades y personas que en diversas partes del país y del mundo nos han ayudado a mantener en alto nuestros valores y principios con solidaridad moral insobornable, así como a numerosos medios de comunicación y organizaciones y sectores de la sociedad civil que nos han solicitado, nuestra reacción y análisis de la petición presidencial de perdón y de todo aquello que la contextúa en medio de nuestros sufrimientos. Ningún evento, por importante que sea, puede hacernos perder la perspectiva de la defensa de unos valores y principios que hemos construido en medio de aterradores sufrimientos, en medio de procesos de resistencia que cobraron la vida de varios centenares de nuestros hermanos y hermanas.

Fraternalmente,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 16 de 2013

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org

www.cdpsanjose.org
cdpsanjose@gmail.com
Colombia

NOTA: EL TITULO DE ESTA ENTRADA ES de javier lopez 

imagenes tomadas de: https://www.google.com.co/search?q=FOTOS-IMAGENES+DE+COMUNIDAD+DE+P...

OTRAS FORMAS DE LA GUERRA IMPERIALISTA

Ruth Alba García 

Monsanto, empresa norteamericana que fue fundada en 1901 como empresa química, ha sido a lo largo de su crecimiento una de las más polémicas por productos como el Agente Naranja, los TCB, el glifosato, hormonas de crecimiento y las semillas transgénicas. El temible Agente Naranja fue parte de la guerra química de Estados Unidos contra Vietnam (1961-1971) con el pretexto de “privar a la guerrilla de la cubierta vegetal que le protegía”, contaminando a tres millones de personas, entre ellos sus mismos soldados, produciendo muertes, mutilaciones y alteraciones genéticas como cáncer, fetos siameses, macrocefalia, hidrocefalia y malformaciones óseas.

El PCB –policloruro de bifelino-, otro producto de esa empresa, fue muy utilizado en las décadas 60 y 70 del siglo pasado como recubrimiento de transformadores, interruptores y termostatos; hoy se considera uno de los 12 contaminantes más nocivos, responsable de enfermedades como el cáncer y epidemias de hepatitis; afirman científicos que todo el planeta está contaminado de PCB.

El glifosato, cuyo nombre comercial es Roundup, patentado por Monsanto, es un herbicida de amplio espectro y que va de la mano con los cultivos modificados genéticamente (transgénicos). El glifosato es altamente tóxico, produce anomalías celulares, daña la superficie del suelo y contamina el nivel freático (manto acuífero). En Colombia la fumigación extensiva con glifosato se hizo a través del Plan Colombia para “erradicar los cultivos de coca”. Solo en el año 2000, 1’311.662 personas fueron desplazadas a causa de las fumigaciones que van acompañadas de la militarización de las zonas, las investigaciones sobre las consecuencias para la salud y el medio ambiente son silenciadas.

¿Qué son los transgénicos?

Los transgénicos (OMG) son organismos modificados mediante ingeniería genética para producir características deseadas, como en los productos agrícolas para hacerlos “resistentes a las plagas” y vendidas las semillas con la falsa publicidad de no requerir herbicidas o abonos. Las primeras semillas modificadas “exitosamente” fueron de soya (1996) y hoy se extiende la práctica a semillas de maíz, algodón, canola y más.

Esas semillas son resistentes al glifosato, por tanto al fumigar los cultivos solo quedan en pie las plantas de ese origen, los cultivos nativos tradicionales son arrasados produciendo lo que se ha llamado “los desiertos verdes”. A la semilla natural se le altera el núcleo celular con un gen resistente al Roundup.

Hasta ahora la mayoría de los transgénicos se cultivan en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, pero vienen avanzando en Sudáfrica, Indonesia, China, Alemania, España (único de la UE), India, Paraguay, Honduras y Colombia. Algunos países los han prohibido. En América Latina el maíz transgénico entró de manera irregular por Paraguay (2000-2004) y en 2005 se legalizó; a Brasil en 2007 entraron 40 millones de semillas Roundup Ready (resistentes al Roundup) y se vienen extendiendo por el continente.

En la India Monsanto impuso sus semillas de algodón BT, cuatro veces más costosas que las nativas y que, contrariamente a lo que dice la publicidad, sí requieren de herbicidas y abonos producidos por la misma empresa. Monsanto, que controla la totalidad de los cultivos de algodón allí, ofrece préstamos para que adquieran sus costosas semillas transgénicas, los campesinos se ven cada vez más endeudados y obligados a adquirir nuevos préstamos y, como esas semillas no tienen los altos rendimientos que dice la publicidad, los campesinos deben adquirir paquetes tecnológicos más caros y dañinos para la biodiversidad.

Esto ha originado una ola de protestas campesinas duramente reprimidas, las deudas de los campesinos son impagables y la miseria creciente, lo que ha llevado a la escandalosa cifra de 280 suicidios en los seis primeros meses de este año.

El ejemplo de México

En México, que posee 150 variedades de maíz, se prohibió el ingreso de maíz transgénico, pero sectores campesinos e indígenas denuncian las mutaciones de algunas plantas, alteraciones trágicas que califican de “monstruos” que evidencian el ingreso irregular del “maíz industrial” (y que ahora se legaliza con el TLC con Estados Unidos). En Paraguay la mayoría de los propietarios de la tierra son extranjeros y sus cultivos transgénicos han producido la expulsión de campesinos de sus parcelas por cuanto no son compatibles con las especies naturales, impidiendo los cultivos de pancoger y contaminando las fuentes de agua.

Los cultivos transgénicos hacen desaparecer los convencionales, los alimentos y la miel; destruyen todo a su alrededor, arruinan la biodiversidad, traen pobreza, desplazamiento, enfermedades y muerte y ponen en riesgo la seguridad alimentaria. Monsanto es una transnacional que lo que no logra por la vía “legal”, como los TLC, lo logra contaminando subrepticiamente.

El 90% de los cultivos de soya en Estados Unidos son transgénicos, en general el 70% de los alimentos producidos allí lo son. Las vacas manipuladas con la hormona BST o del crecimiento bovino (también de Monsanto) sufren recurrentemente de mastitis lo que hace que la leche que producen esté contaminada con pus y antibióticos. Y esos son los productos agrícolas y la leche que nuestros gobiernos nos imponen con los TLC. Además los OGM entran masivamente en la cadena alimenticia a través de los piensos utilizados para alimentar a los animales y de los alimentos transformados como chocolates, margarinas, caldo Maggi o cereales Kellogg’s

Los OGM no están diseñados para resolver los problemas de hambre en el mundo sino para producir más ganancias a las corporaciones, Monsanto es dueña del 90% de las semillas transgénicas en el mundo y con el aval y la ayuda de gobiernos corruptos va haciendo desaparecer las semillas convencionales.

Este documento no es para que nos sintamos decaídos. Es para tener más elementos que reafirmen nuestro objetivo: luchar por una sociedad mejor, luchar contra el modelo neoliberal, luchar por el socialismo.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article12711

ERRADICAR EL ESNOBISMO PODRÍA SERVIR PARA ACOTAR LA GRIETA ENTRE CLASES SOCIALES

EL COMPORTAMIENTO DE LOS RICOS Y PODEROSOS CON AQUELLOS QUE TIENEN MENOS RECURSOS ES CASI SIEMPRE INDIFERENTE Y DESDEÑOSO. PRESTAR ATENCIÓN A ESTE ASUNTO E INTENTAR FOMENTAR LA EMPATÍA ES UNA OPCIÓN PARA REDUCIR LA BRECHA ENTRE CLASES.

Un prerrequisito de la empatía es simplemente poner atención a aquellos que sufren. Con esta pequeña adición a nuestro comportamiento nos daríamos cuenta de que en más de una manera “los otros” son como nosotros. Un reciente cuerpo de investigación muestra que las personas con más poder apenas ponen atención a personas con menos poder.

Este resultado ha sido observado, por ejemplo, con extraños en una sesión de cinco minutos a solas, donde la persona más poderosa muestra menos señales de poner atención, como asentir o reírse. Las personas con estatus más alto también son más proclives a mediante expresiones faciales, mostrar desdeño, y más proclives a acaparar la conversación e interrumpir o ignorar al hablante.

Los investigadores sugieren que llevar las micropolíticas de atención interpersonal para entender el poder social tiene implicaciones para las políticas públicas. Y esto hace mucho sentido si pensamos que en toda sociedad, el poder social es relativo. Cualquiera de nosotros puede tener un rango de poder mayor o menor en distintas circunstancias. Y aunque los más poderosos nos presten menos atención a nosotros de los que les prestamos a ellos, en otras situaciones nosotros mismos tenemos más estatus, y también prestamos menos atención a aquellos un escalón o dos más abajo.

Así, desafortunadamente, se manejan las sociedades. Los más poderosos son menos compasivos hacia los de menor estatus, y estos últimos son menos compasivos con los de aún menos estatus. En  cambio, cada uno de nosotros se enfoca en las personas que valoramos más. Según Dacher Keltner, profesora de la Universidad de Berkeley, mientras que los ricos contratan sirvientes, aquellos con pocos recursos son más propensos a valorar sus ventajas sociales: como al vecino que cuidará de tu hijo mientras regresan de trabajar. La diferencia económica termina siendo una diferencia de comportamiento, apunta Keltner. Las personas pobres están mejor sintonizadas con las relaciones interpersonales (con aquellos del mismo estrato y con los más poderosos) que los ricos, porque tienen que estarlo.

En la política, por supuesto, esto es un tema muy grave. Si se elige a un presidente de un estrato social alto que nunca ha tenido que preocuparse por las demás personas o por tener una buena relación con los otros, es muy probable que no empatice con asuntos como el seguro social, los impuestos sobre medicinas, las escuelas rurales, etc.

La brecha entre los ricos y todos los demás se ha expandido inmensamente desde la década de 1970. Esto, por supuesto, desencadena la apertura de otra grieta, causada por la inhabilidad de verse a uno mismo en los zapatos de una persona con menos ventajas. Reducir la grieta económica podría ser imposible sin también remendar la grieta de la empatía.

http://pijamasurf.com/2013/10/erradicar-el-esnobismo-podria-servir-para-acotar-la-grieta-entre-clases-sociales/

ASESINADO EL DIRIGENTE CAMPESINO SERGIO ULCUE PERDOMO VOCERO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES MC-97-10 DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH EN CALOTO CAUCA.

http://prensarural.org/spip/spip.php?article12656

Con profundo dolor informamos que el domingo 17 de noviembre de 2013, hacia las 13:00 horas fue cobardemente asesinado en el municipio de Caloto-Cauca el dirigente campesino SERGIO ULCUE PERDOMO, vocero ante el Gobierno Colombiano  de las Medidas Cautelares MC-97-10 que otorgó la CIDH a 179 familias campesinas de las Veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca a fin  de proteger sus vidas e integridad personal, en el marco del conflicto armado.

El crimen fue perpetrado por dos oscuros personajes vestidos de civil, quienes como pájaros de muerte ingresaron al albergue que el dirigente y su familia habían improvisado en la Vereda Marañón de Caloto Cauca, luego de haber sido desplazados forzadamente en noviembre de 2011 desde la vereda El Pedregal donde dejaron abandonada su tierra y años de trabajo (Ver anexo).

Los rastreros sicarios cumpliendo órdenes superiores profanaron la humilde morada y en medio de niños y ancianos cegaron la vida del líder campesino de varios impactos de bala quien se encontraba en absoluto estado de indefensión.

SERGIO ULCUE PERDOMO, fue un destacado dirigente campesino de las veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto Cauca, quien desde 2009 denunció los atropellos y los crímenes cometidos por el Ejército Nacional contra la población civil en el municipio de Caloto-Cauca, contribuyendo a la judicialización de más de 46 violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Fue gracias al trabajo de SERGIO ULCUE PERDOMO, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA otorgó Medidas Cautelares a 179 familias campesinas para proteger sus vidas e integridad en medio del conflicto armado y superar la impunidad. Irónicamente el escrito de solicitud de medidas cautelares a la CIDH la suscribió SERGIO el 20 de marzo de 2010 por la ejecución extrajudicial del campesino LIBER CUETIA RAMOS, a quien el Ejército no pudo presentar como guerrillero dada de baja en combate por la intervención oportuna de campesinos e indígenas enardecidos (Ver anexo) . El 28 de septiembre de 2012 la ejecución extrajudicial de NORBEY MARTINEZ  BONILLA, también beneficiario de las medidas cautelares, estremeció a la comunidad de Caloto, luego que el ejército Nacional lo presentara como un guerrillero que llevaba más de diez años en la insurgencia, cuando este contaba tan solo con 15 años de edad. Además, según experticia de la  Sijin de la Policía, el fúsil presuntamente portado por el menor, nunca fue disparado.(VerAnexo).

SERGIO ULCUE PERDOMO también fungía como vocero del Comité Interinstitucional para mitigar los efectos del conflicto armado en el Norte del Departamento del Cauca, creado por Sentencia del Consejo de Estado de 24 de septiembre de 2011. ( Ver Anexo)

JUDICIALIZACION PREVIO AL ASESINATO: “ya no hay nada más que hacer”

El día 9 de junio de 2013  SERGIO ULCUE PERDOMO fue capturado y judicializado por la Fiscalía Seccional de Puerto Tejada quien le imputaba el delito de Rebelión con base en cargos de presuntos desmovilizados de las Farc. El dirigente campesino estuvo cuatro meses privado de la libertad hasta que el proceso penal fue declarado nulo desde su etapa previa y posteriormente fue declarada la preclusión de la investigación a su favor.

El proceso de aniquilamiento de las personas y organizaciones que acceden a la Administración de Justicia y buscan Justicia en los organismos internacionales en forma organizada por graves violaciones a los Derechos Humanos, también se hizo extensivo a RAFAEL ULCUE PERDOMO, hermano de SERGIO, quien aún se encuentra injustamente privado de la libertad acusado de Rebelión desde hace 17 meses por solicitud de la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, MARTHA LILIANA REALPE CERON,  quien en una constante vulneración de los derechos fundamentales ha obstruido y vulnerado la defensa formal y material de ULCUE PERDOMO.

Por su parte, resulta inaceptable moral y jurídicamente que el Juez 19 Penal del Circuito de Cali, HELMER VELASCO CAICEDO, al resolver la solicitud de libertad de RAFAEL ULCUE PERDOMO, en la que se tomó más de 17 meses, haya manifestado que a pesar de que la realización de Audiencias de la Justicia Ordinaria Penal “no esté permitido” efectuarse en brigadas militares, tal como lo dictaminó el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa, rampantemente determinó que no evidenciaba ninguna violación de derechos fundamentales del imputado al habérsele celebrado audiencias constitucionales en la Tercera Brigada del Ejército, y ratificó sin sonrojarse que “No hay mejor protección para un defensor de derechos humanos que la cárcel”. No hay derecho. (Ver anexo)

El asesinato de SERGIO ULCUE PERDOMO se presenta precisamente a escasas tres semanas de haberse celebrado Reunión de Trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, en el marco del 149 Periodo de Sesiones, en la que se denunciaron  violaciones a los derechos humanos y  persecución militar y judicial de los voceros y peticionarios de la medida cautelar MC -97-10.

El asesinato de SERGIO ULCUE PERDOMO ocurre como consecuencia de la labor de denuncia efectuada por los campesinos y a la utilización del sistema interamericano de derechos humanos como último recurso de protección de sus derechos fundamentales ante la falta de garantías del Gobierno Colombiano.  Los sicarios al momento de asesinar a SERGIO ULCUE PERDOMO le manifestaron “ya no hay nada más que hacer”.

Exigencias:

Reubicación, atención humanitaria de urgencia y protección  inmediata para los niños, mujeres y ancianos que constituyen la familia de SERGIO ULCUE PERDOMO, quienes actualmente se encuentran desplazados a merced de los sicarios.

Que se brinde protección y las mínimas garantías judiciales al beneficiario de las medidas cautelares RAFAEL ULCUE PERDOMO, quien actualmente se encuentra injusta e ilegalmente privado de la libertad.

Que la investigación por la Ejecución Extrajudicial de SERGIO ULCUE PERDOMO, sea adelantada por una Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, ya que la Fiscalía Seccional de Caloto no cuenta con personal de policía judicial ni las herramientas técnicas para adelantar una investigación de esta naturaleza.

Que la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, Doctora  MARTHA LILIANA REALPE CERON, se abstenga de seguir estigmatizando y obstruyendo el libre ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos ejercida por la Corporación Justicia y Dignidad y sus integrantes.

Que la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, Doctora  MARTHA LILIANA REALPE CERON y el Comandante del Batallón de Infantería Terrestre No. 91, se abstengan de presentar denuncias penales infundadas contra los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, ya que estas acciones son el preámbulo al vil asesinato de los defensores de derechos humanos.

Exigimos se respete el derecho a vivir, a trabajar y a caminar por estas tierras que nos vio nacer. 

Hacemos responsables al Gobierno y al Estado Colombiano de lo que suceda con la vida, la dignidad y la libertad de los beneficiarios y peticionarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD

Cali, 18 de noviembre de 2013