CARTA ABIERTA
VENDEDORES INFORMALES DE COLOMBIA
Dirigida a vendedores informales, medios de comunicación, organismos de Derechos Humanos, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, OIT, Centrales Obreras, Congreso de Colombia, etc.
“Me arrebatáis la vida, cuando me arrebatáis los medios que me permitían vivir”
Shakespeare
Cordial saludo.
Exponemos en este documento todo lo referente a la situación de nosotros los vendedores informales y porque rechazamos el Plan de Desalojo llamado por la alcaldía de Cali “Política Pública de Regulación y Organización de Ventas Informales en el Espacio Público del Municipio de Santiago de Cali”, acuerdo 0424 de 2017.
Citamos inicialmente apartes de la intervención presentada por la Concejal Patricia Molina frente a dicho acuerdo en el Concejo de nuestra ciudad el día 2 de agosto del 2018, “A los vendedores del transporte (MIO) les han vulnerado sus derechos constitucionales en contravía de los múltiples pronunciamientos de la corte constitucional, cuando le hacen firmar a un vendedor informal que se esta rebuscando la vida y que además es responsabilidad del gobierno garantizar el derecho al trabajo y que también es responsabilidad del estado la generación de empleo para mejorar condiciones, para mejorar calidad de vida y vemos en Cali un altísimo nivel de desempleo 13% y además el 52% de trabajo cuenta propia que también son desempleados, el desempleo real seria del 65% según datos del DANE en una de las ciudades mas peligrosas del mundo, por su inequidad de las más inequitativas también, entonces que hace la gente se deja morir de hambre? No, les toca salir a rebuscarse con ventas, en específico se les hizo firmar en este acuerdo, con violación de sus derechos cuando le dicen, lo dejo vender por solo seis meses y además le obligan a perder el Sisbén (sistema nacional de salud subsidiado para los pobres) este persona pertenece a sectores vulnerables porque no tienen suficientes ingresos y por este motivo han estado con protección del estado en salud y además le obligan a firmar que después de los seis meses se tendrá que ir, no renovándole su supuesto “permiso” temporal y además le obligan a firmar una sentencia de renuncia a la posibilidad de demandar por sus derechos por lo cual no puede demandar al gobierno municipal y pierde sus derechos que le dio la corte constitucional, el derecho al mínimo vital a la subsistencia esto es una violación terrible en la ciudad de Cali y además le juega sucio a los vendedores desde la Genesis de este acuerdo en sus objetivos específicos lateral 4 donde muestra la mala fe en contra de los derechos de los vendedores ¿ no sería el derecho a un colombiano que las reglas que rigen este acuerdo se hagan antes de ser aprobados y no después? Le dicen van a comprobar si el vendedor pertenece o no al régimen subsidiado para que cumplan con los requisitos que dirá la administración cuales son ¿nadie sabe cuáles son esos requisitos? primero hacen la caracterización de los vendedores sesgada donde dirán quienes cumplen con esos requisitos para ejercer como vendedor informal ¿pero ¿cuáles son esos requisitos? Nadie lo sabe, estos requisitos son los primeros que deberían tener y no primero recibir la información de los mismos vendedores en la encuesta (caracterización) este acuerdo es sucio no hay ninguna garantía para los vendedores les toca a la brava firmar esta caracterización porque si no quedarían fuera porque obviamente quedarían excluidos de la política pública. Esto es una medida coercitiva porque no socializaron el plan”.
¿Esta caracterización quien la diseño? En el cuestionario que obligan a responder esta toda una serie de preguntas, por ejemplo, si usted (el vendedor- vendedora) es trabajadora sexual?, explíquenme esto? Igualmente no se permiten grabar el procedimiento de caracterización para que no haya pruebas con las cuales el vendedor pueda defenderse, son por lo tanto medidas arbitrarias pues los vendedores tienen que firmar sentencia de muerte como vendedor informal (así lleve 30 años como vendedor en la calle) al perder todos sus derechos y a quedar desempleados con la promesa de ser “escogido” para hacer unos cursitos de uñas, panadería, pega de ladrillo, pero esto no sirve de nada porque no le facilitan crédito ni trabajo en una empresa ¿de que le sirve esto a los vendedores? Todo es un sofisma de distracción para lograr su desalojo.
El señor Andrés Villamizar Secretario de Seguridad y Justicia de Cali dice que en los humildes vendedores hay mafias, pero si el sabe quiénes son porque no ordena su judicialización?, este acuerdo es represivo para los vendedores porque permite que en las calles si pueden quedar las grandes empresas que puedan pagar grandes sumas de dinero, (aprovechamiento económico), entonces la dependencia del espacio público se convertirá en una caja registradora.
La libre asociación es un derecho constitucional, el poder agremiarse y asociarse y sindicalizarse y por lo tanto debe ser respetado y no puede un funcionario público señalar o estigmatizar a ninguna organización sindical.
Ya sabemos lo que les pasa a los vendedores de transporte público (MIO) y esto es una alerta para lo que viene para el resto de vendedores.
a continuación esto es lo que pensamos los vendedores de base frente al tema, compañeros del sindicato SINCO y ASOVAES, ustedes y el resto de vendedores saben que hemos venido dando la lucha contra la política pública de la alcaldía, hemos venido denunciado todo el plan del gobierno, de cómo engañaron a la mayoría de vendedores diciéndoles que tenían que firmar o sino los amenazaban en algunos casos con desalojarlos o los engañaron diciéndoles que era un censo (siempre hemos luchado por un censo que legalice para la alcaldía nuestra presencia allí, así a sido por mas de 30 años, SINCO gano la Tutela mediante Sentencia 023 que obliga al municipio a hacer el censo pero no lo han hecho) o les decían que era para ayudarnos, creándoles falsas expectativas.
Hemos planteando la necesidad de ser parte activa para ver si es posible que los demás compañeros comprendan la gravedad de nuestra situación y por ello nos sumamos a la marcha del 27 de agosto convoca por SINCO contra la alcaldía y contra los concejales, para rechazar los atropellos que hacen contra nosotros y nuestras familias que dependen de nuestros ingresos somos aproximadamente 2500 vendedores en el centro y 15 mil en todo Cali (en todo el país por lo menos 2 millónes) 15 mil familias que vamos hacer afectadas, solicitamos un pronunciamiento nacional e internacional.
A la alcaldía se le quiere enredar un poco la política pública por falta de plata (ya se la gastaron) están pidiendo cientos de millones para continuar el proceso de desalojo.
Este es el momento para nosotros salir a luchar en las calles ya que estamos unidos (ASOVAES también esta en la lucha) y podemos exigir estabilidad en nuestros puestos de trabajo, la marcha del 27 realizada en beneficio del gremio, de todos los vendedores y que no nos vaya a pasar lo del año 2000 año en el que fuimos brutalmente desalojados en esa oportunidad tres compañeros se suicidaron, otros enfermaron gravemente, recordamos con aprecio a la compañera Graciela a la cual el día del desalojo le dio un infarto y ahí murió era luchadora y activista del comité de la calle 15, este fue el peor año en nuestras vidas como vendedores.
Las personas ajenas a nuestro gremio no saben la angustia, el dolor, el sufrimiento humano de perder lo único que tenemos para sobrevivir en nuestro puestico y no saben la tristeza y humillación que tuvimos que pasar corriéndole literalmente a la policía que nos perseguían como si fuéramos ratas de alcantarilla. Nosotros vendíamos a escondidas artículos en las manos o en tablitas de 70 cm, a muchos compañeros nos cogieron y las mercancías no las devolvían en la mayoría de las ocasiones, ósea se la robaban y poco a poco volvimos a nuestros puestos y esos son los que estamos defendiendo en la actualidad.
Nosotros el comité de base estamos en primera línea para exigir estabilidad en nuestros puestos de trabajo en la medida pequeña de 1 metro por 1.30 cm para que quede espacios para el peatón y espacio para los almacenes de los comerciantes formales.
Hay mucha hambre, miseria y desempleo en Cali y que no nos vengan a decir que nos van a enseñar a pintar uñas o pegar ladrillos o arreglar una llanta y ya váyanse abandone su sitio de trabajo, entonces 10, 20 o 30 años vendiendo en el puesto para dar de comer a nuestras familias, ¿Qué nos van a dar a cambio? ¿Tres clases de arreglos de uñas? Queremos resistir, no nos vamos a dejar sacar con engaños, además son unos irrespetuosos preguntarles a las compañera y compañeros que si ejercen la prostitución?, esto es un irrespeto total contra el gremio que se han creído? No nos podemos dejar engañar como sucedió con los compañeros del transporte MIO cuando los pusieron a firmar y después que firmaron les dieron un chaleco y un carnet que no es un permiso para trabajar en el espacio público ni al interior de los buses y las estaciones solo temporal por solo seis meses, renunciando a sus derechos legales, ¿Por qué engañan a la gente así? ¿Por qué se aprovechan de la ignorancia de un sector vulnerable donde carecemos de estudio? Y lo peor de todo es que un funcionario de Personería Municipal ( Personero delegado Diego Rivas ) firma como garante este reglamento, consideramos que la Personería debió defender estas personas que no entendieron el documento de 15 páginas, ni METROCALI lo explico a fondo porque no le convenía hacerlo, por lo que la Personería como garante de los derechos humanos tenía que llamar la atención de los vendedores antes de que estos firmaran, debió igualmente consultar con demás organismos de derechos humanos, centrales obreras y a la Misma Personería, lamentablemente no fue así, no cumplió con su función de defender las personas de la tercera edad, las madres cabezas de familia, la población más vulnerable que quedo a expensas de METROCALI, igualmente debió ofrecer acompañamiento o pedir revisión del cuestionario ya que muchos de estos compañeros por su edad, falta de estudio o simple deseo de trabajar fueron manipuladas e inducidas al error en el momento de dar las respuestas de dicha caracterización.
¿En dónde están los defensores de los derechos humanos? que no advirtieron a los compañeros, por ejemplo, que no estaban en la obligación de aceptar dicha caracterización y menos podían ser presionado a que firmaran, hasta ahora lamentablemente ese no ha sido su papel ojalá se logre corregir esta situación y la Personería Municipal pueda intervenir y ayudar a nuestro gremio.
La discusión en el Concejo Municipal es porque la alcaldía pide que le aprueben con este acuerdo un cheque en blanco, ¿En dónde están los proyectos de inversión que favorezcan realmente a nuestro gremio? Ante quien rinde cuentas la Secretaria de Seguridad y Justicia y el alcalde Maurice Armitage por el presupuesto y los dineros invertidos en dicha caracterización? ¿Hasta ahora nadie sabe cuánto dinero se va a invertir y en qué?
Si permitimos que nos saquen vamos a quedar peor que en el 2000 cuando se produjo el desalojo de los compañeros de la Calles 13, 14, 15 y carrera 8 porque una vez desalojados nos pueden aplicar el Código de Policía con lo cual se podrían aplicar comparendos de $800 mil pesos y si es reincidente el decomiso de mercancías y hasta la judicialización de estos trabajadores ¿hasta dónde llegaran los atropellos? No vienen nunca estos funcionarios a preguntarle a las mujeres y personas de la tercer edad si ya almorzaron?, si han logrados vender algo?, si deben dinero a los bancos o los gota a gota? solo hay para nuestro gremio represión, como ocurrió con la compañera en Cúcuta que estaba vendiendo café y le pusieron una multa de $800 mil pesos o como en Bogotá que corren y lo cogen y le quitan la mercancía y le dicen pague una multa de $60 mil pesos para devolvérsela y la persona consigue prestado y paga y espera uno o dos meses y nada no le devuelven ósea que le roban dos veces lo que vende y la plata que paga esperando que le devuelvan la venta, por eso hace 20 días hubo una buena marcha de protesta que llego hasta la Corte Constitucional, ahora nos toca a nosotros unirnos y salir a protestar.
Con lo de la caracterización vemos otro problema, fueron a la calle y abordaron, por ejemplo, a 1500 vendedores en el centro de estos 800 cayeron en la trampa de engaños e hicieron la encuesta y la firmaron, 500 hicieron la encuesta, pero no la firmaron y 200 no quisimos hacer la encuesta y mucho menos firmarla. En la discusión del concejo hacen creer que todos estamos de acuerdo con su plan de desalojo lo cual es falso, por último, queremos rechazar que seamos investigados por empobrecimiento licito y al señor Concejal Carlos Pinilla Malo ponente e impulsador de la política pública, ¿quién lo investiga por su enriquecimiento? Este señor que ha sido elegido 4 o 5 veces al concejo, lleva como 20 años de Concejal ¿esto es democracia? Queda demostrado para nosotros los vendedores que la gran mayoría de concejales son enemigos del pueblo, por ultimo queremos recordar como hace 25 años éramos aproximadamente 1500 vendedores y ese año al parecer un organismo dio como 3.000 millones de pesos para los vendedores, nosotros estábamos felices nos decíamos nos van a dar mercados, ropa, zapatos pero no fue así, apareció un proyecto de la alcaldía donde la fundación Carvajal nos llamo para hacer unos cursos básicos de relaciones humanas. Fueron solo 88 vendedores y lo terminaron 50 y ya la plata se acabó, al parecer se esfumo, quien respondió por estos dineros?
Queremos rechazar los atropellos que se están dando a nivel nacional contra nuestro gremio y esperamos un pronunciamiento nacional e internacional de los defensores de los derechos humanos.
Resumen: creemos que el Código Nacional de Policía, ley 1801 del 2016 en su artículo 140 numeral 4 es una clara violación a las leyes y tratados internacionales referentes al derecho al trabajo y por ende el derecho a la vida. Este articulo lo consideramos muy represivo y no propio de un país de derecho que dice ser libre y democrático por eso lanzamos un SOS para que los organismos internacionales de derechos humanos lo rechacen pronunciándose ante la Alcaldía de Cali- Colombia
También creemos que es una terrible violación de nuestros derechos que a un vendedor informal que es una persona pobre y vulnerable se vea forzado a firmar y pagar el régimen contributivo de salud perdiendo con ello su condición de vulnerabilidad perdiendo además su programa de salud (Sisbén) – Régimen subsidiado
Creemos que la política publica de la ciudad de Cali viola terriblemente los derechos civiles y legales de los vendedores cuando los obliga a firmar para que pierdan sus derechos constitucionales para su defensa legal y con lo cual le hacen perder sus derechos que dio la Corte Constitucional en referencia a su trabajo único patrimonio para sobrevivir con su familia.
Creemos que la política publica es ilegal en el sentido que desde su creación no tiene definido cuales son los requisitos que debemos tener los vendedores para cumplir con esa ley, creando un vacío jurídico demandable, el problema es que no tenemos plata para pagar un abogado aun así decimos a no tener los requisitos esta ley es ilegal.
Tenemos varios compañeros que pueden atestiguar que en el procedimiento de la caracterización fueron engañados diciéndoles que era un censo o en algunos casos presionados o con constreñimiento por lo cual consideramos que dicha caracterización es ilegal y por lo tanto su resultado es falso y no valido.
Estamos seguros de que dicha caracterización al preguntarles a las vendedoras en su mayoría madres cabeza de hogar si ejercían la prostitución es una violación a la integridad de la persona a su honra y buena fe y rechazamos este proceder de la administración municipal.
Nosotros creemos como a quedado demostrado en este texto que el acuerdo 0424 del 2017 con el cual se crea la política pública, desde su creación e implementación va en contra de la ley (ya que la Corte Constitucional si tiene requisitos claros cuando expresa que los vendedores pueden ser reubicados pero en iguales o mejores condiciones en las que estaban) y comete errores graves en contra de los derechos humanos de los vendedores por lo tanto exigimos sea archivada y derogada lo más pronto posible.
El Código Nacional de Policía articulo 140 al cobrar exorbitantes sumas de dinero o dar cárcel a las personas pobres que trabajan en el espacio publico consideramos (podemos estar equivocados en este punto) que este articulo viola los derechos civiles de las personas a subsistir y viola normas y tratados internacionales de protección a las familias, ya que al ser pobre y no tener para pagar semejantes sumas de dinero la persona podría ser encarcelada poniendo en peligro su vida ya que las cárceles en Colombia tienen sobrecupos del 200% y en unas condiciones infrahumanas además pone en peligro a su familia y en especial a las niñas y niños los cuales serian los mas afectados.
Finalmente se configura en el país una política de “aprovechamiento económico” para entregarle el espacio público a grandes comerciantes ya que los vendedores ambulantes mas humildes no tendrán como pagar por ese espacio público el cual pretende ser entregado en contratos temporales como ocurre en la ciudad de Bucaramanga con costos que inicialmente van de los 100.000 pesos hasta los 850.000 pesos pero que en un futuro nadie puede garantizar que este valor no se incremente de manera tal que sea imposible que un trabajador informal de escasos recursos pueda competir con la chequera de un comerciante que cuenta con recursos económicos y el apoyo del gobierno, además los compañeros perderían la estabilidad en sus sitios de trabajo, su antigüedad y los derechos que la ley le otorga aproximadamente a 20.000 vendedores ambulantes en el área metropolitana de Bucaramanga, es falso que se quiera recuperar el espacio público, lo que pretenden es la privatización de este.
En nombre de 2 millones de familias que somos los vendedores en Colombia les queremos agradecer la atención a la presente anexamos, la ley 1801 del 2016 en su articulo 140 del texto código nacional de policía,
Muchas gracias.
Copia a la corte constitucional Colombia
Corte suprema de justicia Colombia
Procuraduría Colombia
Defensoría del pueblo, derechos humanos Colombia (Bogotá)
LAFIDH (la federación internacional de derechos humanos)
CEJIL (centro por la justica y el derecho internacional)
La comisión interamericana de derechos humanos
La corte interamericana de derechos humanos
Atentamente, comité de vendedores de Cali (Colombia)
Nombre, Albert Sanclemente
Teléfono de contacto 3182861392
