RECOPILACION Y ANALISIS DE SENTENCIA T- 090 DE 2020

 Sentencia T-090/20 - Protección especial de las personas que se dedican a las ventas ambulantes debido a su situación de vulnerabilidad

 

Primera revisión

 

Por Javier López-

Presidente UGTI Valle

 La Corte Constitucional mediante Sentencia  T- 090 de 2020 resuelve en sala de revision accion de tutela interpuesta por vendedora informal de Medellin  que le habia sido negado previamente por dos juzgados regionales.

En resumen esta compañera habia sido reubicada temporalmente por la alcaldia de la ciudad en mencion debido a obras que se ejecutan en el sector donde la trabajadora informal laboraba cotidianamente solo que al solicitar su reconocimiento como vendedora regular esta le fue negada aduciendo que no cumplia con la resolucion que reglamenta la ocupacion regular  de los vendedores.

Entre los criterios expuestos por la alcaldia se exponen entre otros  que debe superar los criterios de vulnerabilidad, legalidad y permanencia minima  asi como residir en la ciudad.

 

Dentro del proceso de revision  se decreto  la recopilacion de pruebas  tendientes a complementar  la informacion. La compañera entrego a la Corte informacion sobre sus ingresos  como poblacion vulnerable que no son superiores a $500.000 mensuales.

En la decision adoptada por la Corte es importante resaltar:

 

–       Reconocimiento constitucional   al derecho al trabajo y  la libertad de escogencia de porfesion y oficio, 

articulos 25 y 26 de la Constitucion Politica.

–       La Corte expreso  que “el sector informal es aquel  en el que no opera  una relacion  salarial  ni se garantiza la estabilidad  laboral” y que “atendiendo  las condiciones de vulnerabilidad  en la que se encuentran la mayoria de los vendedores  informales  ha determinado que se requiere mayor porteccion del estado de acuerdo con la cláusula de igualdad material contenida en el artículo 13, la cual impone al Estado promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados. Por ello han sido considerados sujetos de especial protección”.

–       La protección de los derechos de los trabajadores informales no se limita a su reubicación en otro lugar donde pueda ser nuevamente objeto de desalojo, por el contrario, el Estado asume la cargar de localizarlo en un sitio que le permita el desarrollo de su actividad en similares condiciones.

–       En conclusión, el deber del Estado de velar por el espacio pùblico no es justificación para que afecte de forma desproporcionada o abusiva los derechos de los vendedores informales, quienes son sujetos de especial protección constitucional dadas las circunstancias de debilidad o desprotección en las que se encuentran ante los conflictos que puedan presentarse.

–       La Constitución Política consagra en el artículo 29 el derecho al debido proceso, estableciendo que su aplicación tendrá lugar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esta prerrogativa está orientada a garantizar que la función pública se encauce en la materialización de los fines del Estado, entre ellos, velar por la efectividad de los principios, derechos y deberes y la vigencia de un orden justo

Conforme la jurisprudencia constitucional, la accionante es un sujeto de especial protección dadas las circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentran los vendedores informales.

Es oportuno precisar que si bien la accionante no citó el derecho al debido proceso como derecho violado la sala constitucional si encontró trasgresión por parte de la alcaldía de Medellín.

La determinación de la administración también transgredió el derecho fundamental al trabajo de la compañera, lo cual afectó su mínimo vital, teniendo en cuenta que los ingresos que permiten su subsistencia se derivan del producto de las ventas informales que a diario lleva cabo. En relación con la transgresión al mínimo vital, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la protección de la legislación comercial en el ámbito del derecho privado, aplicable a las empresas y comerciantes, se extiende “de manera análoga a los vendedores informales, pues estos también ‘desarrollan clientelas, acreditan sus servicios y productos y establecen dinámicas comerciales equivalentes a las de las empresas que atienden al público’”

 

Conclusión

Es importante resaltar  de acuerdo a lo expuesto en esta sentencia que la  Corte Constitucional mantiene  en esta sentencia la misma línea o posición con respecto al respeto de los derechos económicos, sociales de los vendedores informales  lo cual es muy   importante ya que   bajo el pretexto de recuperación del espacio público no se pueden trasgredir los derechos de los Trabajadores que allí laboran.

Se debe respetar el debido proceso, el acatamiento  a la figura de la confianza legítima, el mínimo vital, la igualdad real y el derecho al trabajo, sumado a la libertad de escoger profesión u oficio  la cual viene a fortalecer los derechos legales de todos los trabajadores informales.

Sin embargo hay que recordar que las administraciones municipales y la Policía Nacional de forma adrede pretenden desconocer estas sentencias, pasando por encima de derechos constitucionales y legales que a todas luces los vendedores deben hacer respetar  recurriendo a  todas las acciones legales a las que como ciudadanos tienen derecho incluyendo como no la movilización y la manifestación pacífica acompañada de la denuncia  pública.

Qué son los estratos, el sistema “solidario” que terminó profundizando el clasismo y la desigualdad en #Colombia.

La desiguald clave para entender las protestas en Colombia.

El Paro Nacional es tema casi obligatorio en las conversaciones que se tienen por estos días en Colombia. Y, en ellas, es frecuente encontrar la lectura de una lucha de clases detrás del estallido social que inició hace un mes.

“La gente estrato seis se armó porque se les iban a meter a las casas”, me dijo una señora de 60 años, cuyo nombre pidió reservar, en una tradicional panadería en un sector pudiente de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia y epicentro de las protestas.

En Puerto Resistencia, el bastión de la protesta en Cali, también le escuché a “La mona”, una joven encapuchada vocera de la “Primera Línea”, hablar en estos términos: “Acá es donde realmente está la gente de bien, la de estrato bajo, la que ha sido vista como escoria por tanto tiempo y ahora despertó porque se cansó”.

Los estratos en Colombia son mucho más que una jerarquización socioeconómica: son una manera de identificar el perfil cultural, estético y, en estos días, político de una persona.

Lo que inició como un término burocrático en los años 80 hoy sirve para todo y, en el contexto de las protestas, establecer quién es lo que algunos colombianos consideran como la “gente de bien”.

Colombia es un país profundamente desigual, no solo en términos socioeconómicos —ocupa el segundo lugar de países menos equitativos en América Latina, según el Banco Mundial—, sino también en lo que se refiere al acceso a la propiedad, la educación y el empleo formal.

“La estratificación formalizó, desde el Estado, la desigualdad a través de un sistema de organización territorial que nos segrega como sociedad”, dice Gerardo Ardila, antropólogo y urbanista que ha estudiado el tema desde la academia y el sector público.

“Este es un país terriblemente racista, clasista, machista, excluyente, y los estratos profundizaron esa segregación que ahora está en la raíz de la violencia que vemos en las calles”, explica el profesor de la Universidad Nacional.

¿Qué son, entonces, los estratos en Colombia?

¿De dónde y para qué surgieron?
Creados en 1985, los estratos buscaron garantizar el acceso de todos los colombianos a los servicios básicos: agua, electricidad y gas.

La Constitución de 1991 declaró el acceso a los servicios básicos como un derecho fundamental.

Con eso, el Estado dividió a la sociedad colombiana en seis franjas para que los más ricos —5 y 6— pagaran por los servicios de los más pobres —1, 2 y 3

El estrato 4 sería el punto medio, que ni da ni recibe y muestra los precios del mercado.

Se creó, entonces, un sistema “solidario” que permitía en teoría redistribuir la riqueza ante la creciente desigualdad.

¿Cómo se establecen y por qué son únicos?
Colombia es el único país del mundo en clasificar a la sociedad a través de un criterio espacial.

Los estratos no se definen por la capacidad adquisitiva de una persona o el barrio donde vive, sino por la fachada del edificio, los materiales con que está construido y el estado de la calle de enfrente.

En la mayoría de países, en cambio, la clasificación social se hace a partir de las características económicas de cada individuo. Para lograrlo, hacen que todos los ciudadanos declaren su renta cada año, no importa cuán chica sea, para actualizar sus particularidades con frecuencia.

En Colombia, sin embargo, solo las personas de clase alta declaran renta.

¿Cuál es el problema?
En un diverso y desigual país donde, según la Encuesta Mundial de Valores, la desconfianza marca las relaciones sociales más que en cualquier otro país de la región, la estratificación se convirtió en un marcador de muchas otras cosas.

Los estratos son tenidos en cuenta para otorgar créditos bancarios, acceder a becas educativas o calificar la competitividad de una persona para un trabajo.

“La política social del Estado también se colgó de los estratos”, dice Ardila.

Protestas en Colombia: “Es la primera vez que veo los estratos cinco y seis angustiados, y eso es bueno”, Maurice Armitage, exalcalde de Cali
Hace unas semanas, por ejemplo, el presidente, Iván Duque, anunció que “los estratos 1, 2 y 3 gozarán de matrículas cero” como parte de sus iniciativas para contrarrestar el Paro Nacional.

El problema, señala Ardila, es que una persona estrato 6 puede ser pobre porque se quedó sin trabajo o sin pensión, mientras que una persona rica puede ser estrato 1 porque su edificio entra en alguna de las incontables exenciones del sistema, como el patrimonio arquitectónico.

“El sistema terminó generando asimetrías mucho más fuertes, porque no recoge de manera exhaustiva las marcadas diferencias en la distribución del ingreso en Colombia”, dice Lina Buchely, filósofa, abogada y profesora del Instituto Colombiano de Estudios Superiores, en Cali.

El desplazamiento interno, los cambios demográficos y la urbanización, además, diversificaron zonas que hace medio siglo quizá eran más homogéneas.

“Un sistema de subsidios cruzados que en principio era solidario, progresivo, se fue convirtiendo en un sistema regresivo y en una suerte de estructura de castas”, dijo Roberto Lippi, coordinador por siete años de la sección colombiana de ONU Hábitat, un programa de urbanismo de las Naciones Unidas.

Además de su poder institucional, la estratificación pasó a tener un poder cultural: muchos colombianos empezaron a definir a las personas bajo el rótulo de estrato, convirtiendo la condición socioeconómica en una forma de identidad.

Decir con ironía que alguien es “estrato 8” es una manera de despreciarlo por rico, mientras que alguien “estrato 3” es supuestamente carente de categoría, de sofisticación, aunque no se diga que es “estrato 1” porque el fin del comentario es calificarlo de arribista, no de pobre.

“La sectorización generó un efecto simbólico de frontera que hizo que la pobreza fuera más cruel y la asimetría se empezara a vivir en carne propia”, dice Buchely.

Algunos sectores más altos no han entendido las protestas y muchos manifestantes acusan a los ricos por la desigualdad del país.

¿Por qué es relevante para entender ahora las protestas?

La segregación social oficializada por los estratos es evidente en todas las ciudades de Colombia, pero quizás en ningún lugar es tan claro como en el Valle del Cauca y en su capital, Cali, allí donde las protestas han sido más violentas y consistentes y donde los colombianos han visto choques abiertos entre manifestantes, algunos de ellos indígenas, y gente de clase alta.

La pobreza en Cali aumentó durante la pandemia el doble que en el resto del país, y el número de pobres creció más del triple que a nivel nacional, según datos oficiales. Cali es, además, la ciudad más violenta del país y la segunda con más población afro en América Latina después de Salvador de Bahía en Brasil.

En ese contexto, “acá tienes la sociedad más segregada y más racializada de un país ya marcado por el clasismo y el racismo”, dice Buchely.

“Acá hay un estilo apartheid con el que nos enfrentamos constantemente, en el que las clases altas emergentes —no los notables, sino aquellas que ascendieron rápidamente durante el boom del narcotráfico— muestran su riqueza no solo con sus carros, sus casas y sus armas, sino con la cantidad de gente, casi siempre afrodescendientes, que emplean para lavar, planchar, cocinar o conducir el carro”.

“Por otro lado, tienes a la gente que está en la primera línea de las protestas, aquella que antes llamábamos el lumpen, los que nos limpian el parabrisas, los “ñeros” que no veíamos nunca, los que viven del rebusque. Son gente que está tan mal que come mejor durante las protestas porque reciben el apoyo de los vecinos, que no le tienen miedo a la muerte porque su vida es una miseria”.

Durante estos días muchos han recordado la famosa foto en Hola, una revista de farándula, en la que una familia de mujeres blancas y emprendedoras posaba en su lujosa piscina de Cali con dos sirvientas afrodescendientes detrás sosteniendo bandejas de plata con las manos.

Esa segregación que sigue siendo oficializada por el Estado a través de los estratos es lo que, para muchos colombianos, está en el corazón de las actuales demandas del estallido.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57264176.amp