Termina el año 2009 con la preocupación de las organizaciones colombianas e internacionales de derechos humanos por la crisis en el país en este campo, que se expresa en la mayor degradación del conflicto, el auge del paramilitarismo, extendido a casi todo el territorio nacional, las ejecuciones extrajudiciales (llamadas falsos positivos) el exterminio de sindicalistas, militantes de izquierda y activistas populares, el desplazamiento, la penalización de la lucha social y de la oposición, la práctica de las torturas y otras violaciones de los derechos humanos, incrementadas en el país a partir de la vigencia, hace siete años, de la “seguridad democrática”.
La crisis de la “seguridad democrática” es la crisis de los derechos humanos. La delegación británica que estuvo hace pocos días en Colombia, alertó desde Londres sobre la terrible situación que constató en el terreno y sobre la cual no hubo respuestas concretas de los funcionarios gubernamentales. De manera especial, la delegación reveló la existencia en La Macarena (Meta) de una fosa común en la que pueden haber dos mil cadáveres de personas víctimas del conflicto.
El cinismo del Gobierno Nacional, que niega la existencia del conflicto y de los paramilitares, a la vez que intensifica la guerra contra todo el pueblo, es el factor que más influye en la crisis humanitaria. Hace pocos días se conoció que hay más de siete mil desparecidos durante los siete años del gobierno uribista y casi 50 mil en los últimos veinte años, la mayoría atribuidos a los paramilitares y a miembros de las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia del Estado.
El cinismo del Gobierno Nacional, que niega la existencia del conflicto y de los paramilitares, a la vez que intensifica la guerra contra todo el pueblo, es el factor que más influye en la crisis humanitaria. Hace pocos días se conoció que hay más de siete mil desparecidos durante los siete años del gobierno uribista y casi 50 mil en los últimos veinte años, la mayoría atribuidos a los paramilitares y a miembros de las Fuerzas Militares y los organismos de inteligencia del Estado.
El país no sale del asombró con las revelaciones de las actividades ilegales del DAS, subestimadas por las actuales directivas. En los últimos días se conocieron manuales para intimidar, amenazar y hostilizar a los periodistas y miembros de la oposición. Estos procedimientos, en algunos países calificados de anacrónicos, en la Colombia de Uribe Vélez son el pan de cada día y parte de la campaña contra los opositores, calificados de terroristas y enemigos del Gobierno. Es el reflejo de una dictadura que busca apuntalarse con el referendo reeleccionista.
No hay respeto por los derechos humanos, “debido a que el largo conflicto tiene un alto nivel de degradación, cuya peor expresión es el paramilitarismo, presente en el territorio nacional de la mano de miembros de la Fuerza Pública y de los “parapolíticos” y caciques regionales del uribismo y las fuerzas políticas tradicionales. Pero también, porque la “seguridad democrática”, política gubernamental contrainsurgente, está dirigida contra el pueblo colombiano y la lucha popular y de masas.
Los informes de Organizaciones No Gubernamentales, de las Naciones Unidas y de su cuerpo de relatores, registran con preocupación que los derechos humanos están afectados por la represión oficial y la arrogancia de quienes detentan el poder, dice el mensaje de Gloria Inés Ramírez y Carlos Lozano con ocasión del Día Universal de los Derechos Humanos.
El Gobierno Nacional está en manos del sector más descompuesto y ultraderechista de la clase dominante, arrodillado al imperio de Estados Unidos y al militarismo, que se apoya en la violencia, la corrupción y en la guerra para mantenerse en el poder. Uribe Vélez pregona el “estado de opinión”, según él por encima del Estado Social de Derecho. Lo cual refleja su menosprecio por la democracia y las libertades fundamentales.
El uribismo ha sido fatal para el país. En la actualidad existe más desigualdad, mayor poder del gran capital, mientras están en remate Ecopetrol y las empresas de energía, en la mira de las transnacionales y de los intereses imperialistas. En Colombia aumenta el proceso de acumulación y concentración del capital, para exclusivo beneficio de la plutocracia que recibe dádivas y subsidios del Estado. Y toda esta política, unida a la entrega de la soberanía nacional, es la que busca reelegirse con el referendo, aprobado con todo tipo de fraudes, ventajas y marrullerías por los agentes del Gobierno.
Carlos A. Lozano Guillén
15 de diciembre de 2009
