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miércoles, 17 de agosto de 2016

#Colombia: “Mi hijo murió por negligencia médica”




“Yo lo que pido es que se haga justicia, y que las denuncias sirvan para que ayuden a esos pobres muchachos. En la cárcel los están dejando morir, todos están contaminados y no hay una atención médica para ellos” Nayibe Galvis.


Carolina Tejada
Juan Camilo Becerra Galvis había llegado hace 33 meses a la cárcel La Picota de Bogotá a pagar una condena por porte ilegal de arma. A los 26 años de edad, a Juan Camilo no le habían reportado ninguna enfermedad grave. Pero hace un año, y ya estando en la cárcel, empezó a mostrar dolencias en su estómago. Eran los mismos síntomas que muchos presos mantenían.

Los presos sufren el abandono del Inpec

En algunas ocasiones, cuando su dolor era muy fuerte, lo enviaban a la enfermería, y el tratamiento que le daban era a base de dipirona y acetaminofén. A medida que pasaba el tiempo los dolores del joven eran más fuertes, al punto que sus compañeros de celda, al ver su estado, alcanzaron a hacer huelgas para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le brindara un tratamiento médico. Mientras tanto su madre también hacia lo posible por presionar y buscar ayuda. A Camilo le crecía la barriga, vomitaba lo que comía, y la respuesta que les daban en la cárcel, ante la exigencia de un tratamiento, era que “él no tenía nada, que su estómago crecía porque era muy tragón”.

Para los presos no hay tratamientos médicos

Hace cuatro meses la salud de Camilo empeoró. En medio de ruegos y desesperación fue trasladado hace un mes al Hospital de La Victoria, donde le aseguraron que lo iban a intervenir, que le harían unos exámenes, pero que había que esperar. El joven no solo mostraba señales de un cáncer en el estómago, sino que además estaba contagiado de tuberculosis. Juan Camilo murió en la madrugada del sábado, sin que su familia conociera a ciencia cierta los resultados de los exámenes.
VOZ dialogó con Nayibe Galvis, la madre de Camilo. En medio de su angustia la señora comenta que su hijo murió por negligencia, tanto del hospital como del Inpec. “A los ocho días de haber llegado al hospital, a mi hijo no le habían hecho exámenes. Supuestamente le iban a hacer un examen para mirar lo de los dolores, pero que no se lo podían hacer porque la radióloga estaba embarazada y no se podía exponer. Supuestamente mi hijo tenía tuberculosis. Yo les decía en ese momento: ¿cómo es que la radióloga no se podía exponer, pero mi hijo sí se podía morir por falta de atención médica?”, asegura la madre.
Igualmente comenta que, además de la ausencia de un tratamiento a tiempo, también recibieron malos tratos por parte de los médicos: le negaban la información sobre los supuestos exámenes y le impedían las visitas. “Yo corría detrás de las enfermeras o el médico para que me dieran la información. A los quince días le adelantaron unos exámenes pero que tenían que esperar a que la Secretaría de Salud respondiera para adelantar un tratamiento”.

Ninguna institución escuchó los reclamos

Durante este tiempo la familia buscó ayuda en la Defensoría del Pueblo y en Procuraduría. Sin embargo, lo único que supieron era que habían llamado por teléfono a preguntar al hospital por el estado y la atención médica que estaba recibiendo, y nunca más volvieron a tener información o ayuda por parte de estas entidades.
El sábado 6 de agosto, Nayibe se dirigió en las horas de la mañana al Inpec con el ánimo de pedir un permiso para que le dejaran ver a su hijo, pues durante todo el tiempo que estaba en el hospital, solo tenía autorización para visitarlo el fin de semana. Ese día el Inpec le concedió cinco días de visita. “Yo dije: Virgen Santa, gracias que me dieron esos días para visitar a mi bebé. Pero no: me habían dado los cinco días porque ya sabían que mi hijo había muerto”. Ella comenta que sin saber sobre la suerte de su hijo se dirigió al hospital, pero al llegar nadie le daba razón de Juan Camilo.
La celadora le decía que lo habían cambiado de cama, y las enfermeras le repetían que solo el médico podía dar razón de él. “Yo me ilusioné, pensé que lo habían operado. Yo dije: gracias a Dios me lo sacaron de ese cuarto aislado. Seguí rogando que me dieran información sobre él. Las enfermeras se miraban entre ellas hasta que una de ellas me dijo: “la verdad es que su hijo murió esta madrugada”. Yo les dije: ¿por que son tan inhumanos, por qué no me llamaron, por qué no me decían nada?”.

La búsqueda de justicia, para que no vuelva a pasar


“Yo lo que pido es que se haga justicia, y que las denuncias sirvan para que ayuden a esos pobres muchachos. En la cárcel los están dejando morir, todos están contaminados y no hay una atención médica, los tienen abandonados en medio del mugre y sin una alimentación sana”, afirma Nayibe.

https://www.semanariovoz.com/2016/08/12/mi-hijo-murio-por-negligencia-medica/

miércoles, 5 de agosto de 2015

La responsabilidad de Álvaro Uribe y del general Mario Montoya en el caso de los muertos que están desenterrando en La Escombrera

Las 2 Orillas  

Muchos de los cadáveres fueron asesinatos producto de la Operación Orión que dirigió el general Mario Montoya, quien, por órdenes del entonces presidente Uribe, realizó una cruenta retoma de la Comuna 13.

El 29 de mayo de 2002, con el pretexto de pacificar la comuna 13 de Medellín, una primera operación militar –la Operación Mariscal- reunió 900 hombres de la fuerza pública y se saldó con la muerte de nueve civiles (entre ellos cuatro niños), 37 heridos y 50 detenciones arbitrarias.
La intrusión, sin embargo, sólo duró unas horas: la población salió con banderas blancas y al mismo tiempo la presencia de la prensa y de organizaciones de defensa de los derechos humanos ejercieron tal presión que el ejército tuvo que detener su intervención.

Una de las primeras órdenes que dio Álvaro Uribe como presidente, fue «retomar» la Comuna 13 –una forma de inaugurar su dura política de «seguridad democrática»-. Tras una breve operación «Antorcha» (el 15 de agosto), la operación «Orión» lanzó sobre el barrio, el 16 de octubre, cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el batallón contraguerrillero del ejército, efectivos de la policía metropolitana y de la policía de Antioquia, con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad (la policía política, DAS). Más de 3.000 hombres lanzados en una operación de guerra total contra la población.

En efecto, aunque en las primeras horas las milicias combatieron,  la envergadura de la ofensiva las obligó a replegarse. Eso no impidió que los helicópteros continuasen acribillando los tejados de las casas, las tanquetas  siguieron disparando de forma indiscriminada empujando a las calles una avalancha de habitantes desesperados. Durante cinco días de «pacificación», vestidos de camuflaje, la cara cubierta con pasamontañas negros, los «informadores» -entre ellos un tal Carlos Pesebre que lo confesaría- guiaron a los agentes de la fuerza pública que registraron las casas. Al final de los registros, que se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, se contaron 355 detenciones arbitrarias a las que se añadieron, según el balance oficial, 39 civiles heridos, siete desaparecidos y tres policías muertos.

La primera fase de la operación duró hasta el 20 de octubre. La Comuna estaba completamente aislada. Nadie tenía autorización para salir o entrar, únicamente la versión de la fuerza pública se filtró a los medios, «se trata de una operación militar legítima que, al perseguir a los grupos ilegales, ha devuelto la paz a la Comuna».

Una segunda fase podía comenzar: en la Comuna 13 sólo permanecían los efectivos del ejército, de la policía y los paramilitares del «Bloque Cacique Nutibara» que ocupaban totalmente el territorio, lo que no habían podido hacer hasta ese momento. Desde entonces en esa zona, presentada como un «laboratorio de paz», era  raro no encontrar cadáveres en las calles. Así fue, recurriendo a la práctica de las desapariciones forzosas, como los paracos establecieron su control social en la Comuna hasta finales de 2003. «Denunciamos eso desde el principio», recuerda la abogada Adriana Arboleda, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, «nadie nos creía, nadie nos escuchó. Nos acusaban de ser el brazo jurídico de la guerrilla».

Doce años después sabemos un poco más sobre lo que deberíamos llamar un crimen de Estado. Los supervivientes, los familiares de las víctimas e incluso los exparamilitares han afirmado que muchos desaparecidos fueron enterrados en un lugar llamado «La Escombrera». Un vertedero 50% público y 50% privado que se extiende por 15 hectáreas en la zona alta de la Comuna 13, en el límite del barrio El Salao y con el municipio San Cristóbal. «Como Corporación Jurídica», continúa Adriana Arboleda, «hemos registrado 92 desapariciones. Nunca hubo tantas en una zona urbana en tan poco tiempo. Pero la cifra real es mucho más espantosa…»

En diciembre de 2002, dos meses después de la operación «Orión», por iniciativa del Presidente Uribe se firmó el pacto de Ralito, primera etapa de la vuelta a la vida civil de los paramilitares que culminaría en julio de 2005 con la controvertida Ley Justicia y Paz que les garantizaba una impunidad casi total. El primer grupo desmovilizado, el 25 de noviembre de 2003, incluso antes de la aprobación de la ley, fue precisamente el «Bloque Cacique Nutibara» en cabeza de Don Berna. .

Convertido en la época en el principal narcotraficante de la capital antioqueña, donde controlaba también otras actividades delictivas como secuestros y extorsiones, «Don Berna» fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico. Allí afirmó que los cadáveres de 300 víctimas, repartidos en un centenar de fosas comunes, se hallaban en «La Escombrera». También precisó que la operación «Orión» fue planificada y coordinada conjuntamente por los paramilitares y los miembros de la IV Brigada que mandaba entonces el general Mario Montoya –nombrado después comandante en jefe del ejército colombiano por Uribe-. El general Montoya dimitió en noviembre de 2008, cuando estalló el escándalo de los «falsos positivos».

Desde 2010 todo sigue igual. Escandalizadas por semejante inmovilidad, las víctimas y las ONG exigen imperiosamente el cierre inmediato de «La Escombrera». En ese vertedero de basura, de un espesor de 70 metros, todos los días se vierten más desechos, entre ellos numerosos productos químicos que pueden modificar los resultados de las potenciales investigaciones futuras cuya posibilidad se aleja cada día un poco más…

En 2005 los paramilitares abandonaron la Comuna 13 en sus vehículos para desmovilizarse. Unos días después volvieron en los mismos vehículos, vestidos de civiles, para seguir controlando el barrio. Toda la ciudad ha vivido el mismo fenómeno –lo mismo que numerosas regiones del país donde ya actúan, con los mismos modos operativos que en el pasado, las «bandas criminales emergentes» (BACRIM)-. En el corazón de Medellín, en las calles peatonales, centros comerciales y espacios públicos, pululan guardias uniformados de compañías privadas de seguridad: la mayoría son paramilitares «reinsertados».

Cuando se extraditó a «Don Berna», en 2008, las compañías de transporte de algunos barrios organizaron un paro laboral inmovilizando sus autobuses –con el beneplácito de la alcaldía-. Y las violaciones de los derechos humanos continúan, «Ciertamente se puede observar que hubo una disminución de las agresiones entre 2004 y 2006: los paras querían legitimarse, demostrar que hacían bajar los índices de criminalidad», que volvieron a dispararse a partir de 2009. En parte también porque los lobos se devoran entre ellos.

Con «Don Berna» fuera del circuito su estructura mafiosa, la Oficina de Envigado, surgida en su origen de la red de sicarios creada por Pablo Escobar en la década de 1980, se disparó. Algunos miembros formaron un grupo nuevo llamados los Paisas. Desde 2011, otra banda, los Urabeños, les disputan los barrios ofreciendo a cada jefe de pandilla, para comprar su lealtad, 35 millones de pesos y un arsenal raramente inferior a seis fusiles de asalto. El jefe de los Urabeños, Carlos Pesebre, uno de los principales informadores del ejército en la operación «Orión» tenía varios combos, o bandas criminales, antes de caer preso en el 2013.

Aunque las dinámicas de esas estructuras paramilitares no son las mismas de hace doce años, una constante permanece: siguen amenazando abiertamente a las organizaciones comunitarias o culturales, a los comités de acción comunal, a los militantes y dirigentes sociales. ¿Con total impunidad? Quizá total no. Los combos han conseguido tanto poder que no respetan a la fuerza pública y no dudan en asesinar policías. En cambio el 8 de agosto de 2012 capturaron a Erickson Vargas Cardona, alias «Sebastián», último jefe conocido de la Oficina de Envigado. Es obvio que no se persigue a esos paramilitares como a los grupos guerrilleros. «Y hay que señalar que detrás de esos actores criminales están personas que tienen tanto poder –empresarios, políticos u hombres de negocios- que a pesar de las detenciones las estructuras no se desestabilizan».

En Medellín, en la Comuna 13, la situación aún es crítica. Lejos está de poder hablarse de la “pacificación” que el general Montoya le vendió al país y al presidente  Uribe como un resultado victorioso. Doce años después es de público conocimiento que en pleno centro de Medellin la operación Orión no fue nada distinto a una alianza entre  fuerza pública y los paramilitares de don Berna, con acuerdo ilegal que puede terminar mandando a la cárcel al otrora exitoso general Mario Montoya.

Las 2 Orillas, Bogotá.

lunes, 19 de mayo de 2014

ALVARO URIBE EN CAMPAÑA: ALARMA EN MAGANGUÉ POR PASQUINES DE PARAMILITARES




En Magangué, Bolívar, aparecieron pasquines del paramilitarismo que utilizan como fachada la imagen del inmolado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán pero que contienen amenazas contra campesinos y dirigentes cívicos de esta sufrida región.

Organizaciones cívicas, sindicales, agrarias y en general voceros de movimientos de defensa de Derechos Humanos exigieron un pronunciamiento  inmediato tanto del comando de policía de Magangué como de la Fiscalía regional. Los panfletos, sin firma responsable tienen un Logotipo donde está impreso el rostro de Gaitán, con un fondo de siluetas humanas para tratar de confundir y apropiarse de consignas populares, pero pese al disfraz el pueblo ya descubrió la mano asesina del paramilitarismo y se están adoptando medidas de seguridad personales y gremiales. Las hojas volantes del paramilitarismo fueron dejadas debajo de algunas fachadas de instituciones conocidas en la vida de esta urbe costeña que viene de largos padecimientos, como asesinatos selectivos y masacres de gentes humildes sacadas de sus tierras. Los panfletos del pretendido "gaitanismo" en Magangué coinciden con una arremetida feroz de terratenientes que han declarado de manera descarada una oposición a las leyes de recuperación de tierras robadas a sangre y fuego a los campesinos auténticos de Bolívar, Sucre y Córdoba.

domingo, 27 de octubre de 2013

PROHIBIDO OLVIDAR: Las fotos prohibidas de Álvaro Uribe Vélez en Córdoba

Las fotos prohibidas de Álvaro Uribe Vélez en Córdoba

Estas imágenes del expresidente departiendo y en campaña con amigos que terminaron condenados por Parapolítica, no fueron autorizadas para ser publicadas en el libro A las puertas del Ubérrimo.
Por: Gustavo Rugeles | octubre 08, 2013
Las fotos prohibidas de Álvaro Uribe Vélez en Córdoba
El periódico El Meridiano de Córdoba registró gráficamente muchas de las actividades sociales y políticas que realizó el expresidente Álvaro Uribe en su hacienda El Ubérrimo y en distintos escenarios del departamento de Córdoba durante su campaña política para las elecciones presidenciales del 2002. Estas fotos revelan la cercanía que tuvo el ex presidente y el apoyo que le dio a políticos que fueron elegidos para el Congreso de 2002 y terminaron condenados por sus vínculos con la Parapolítica. Igualmente muestra la relación con líderes regionales cordobeses que fueron nombrados en puestos claves del sector agropecuario, durante el arranque de su primer gobierno.
Uribe aparece también junto a familiares del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes han formado parte de la elite local de Montería.
Estas fotos forman parte del archivo de la Hemeroteca Nacional en la Biblioteca Luis Ángel Arango. El congresista Iván Cepeda tuvo acceso a ellas y quiso que formaran parte del su libro “A las puertas del Ubérrimo, publicado en 2008 para lo cual le solicitó permiso al propietario y dueño del periódico El Meridiano William Salleg, quien no autorizó su inclusión en el libro. Las fotos circulan hoy como documentos públicos en las redes sociales y en el bloghttp://www.alvarouriberrimo.blogspot.com/
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Róger Taboada fue el primer gerente de Finagro y salió del cargo en medio de un escándalo por autorizar un préstamo de $ 29.000 millones al narcotraficante Luis Enrique ‘Micky’ Ramírez.

El presidente Uribe con Miguel De la Espriella y Benito Osorio, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba detenido por concierto para delinquir, al haberse aliado con los 'paras' de Salvatore Mancuso para despojar a cientos de familias. Tiene otro proceso por lavado de activos.
El presidente Uribe con Miguel De la Espriella y Benito Osorio, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba detenido por concierto para delinquir, al haberse aliado con los ‘paras’ de Salvatore Mancuso para despojar a cientos de familias. Tiene otro proceso por lavado de activos.

Álvaro Uribe, siendo presidente, fue padrino de Mariana De La Espriella, hija del senador Miguel Alfonso De La Espriella quien igual que Claudio Sánchez, entonces rector de la Universidad de Córdoba, se encuentran detenidos por vínculos con grupos paramilitares.
Álvaro Uribe, siendo presidente, fue padrino de Mariana De La Espriella, hija del senador Miguel Alfonso De La Espriella quien igual que Claudio Sánchez, entonces rector de la Universidad de Córdoba, se encuentran detenidos por vínculos con grupos paramilitares.

El presidente Uribe condecoró, al entonces gobernador de Córdoba Jesús María López, condenado por firmar el pacto de Ralito y ser pieza clave en la expansión de las autodefensas en el departamento de Córdoba. Se comprobó que desvió al menos $ 200 millones de la salud del departamento para construir un hospital al que los 'paras' llevaban a sus heridos de guerra.
El presidente Uribe condecoró, al entonces gobernador de Córdoba Jesús María López, condenado por firmar el pacto de Ralito y ser pieza clave en la expansión de las autodefensas en el departamento de Córdoba. Se comprobó que desvió al menos $ 200 millones de la salud del departamento para construir un hospital al que los ‘paras’ llevaban a sus heridos de guerra.

Uribe candidato acompañó en la campaña para el senado a Eleonora Pineda y Miguel Alfonso De La Espriella quienes confesaron sus vínculos con los paramilitares para lograr los votos que les dieron el triunfo electoral. Aquí, en Tierra Alta, el mayor fortín de influencia de Salvatore Mancuso.

Uribe candidato acompañó en la campaña para el senado a Eleonora Pineda y Miguel Alfonso De La Espriella quienes confesaron sus vínculos con los paramilitares para lograr los votos que les dieron el triunfo electoral. Aquí, en Tierra Alta, el mayor fortín de influencia de Salvatore Mancuso.

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Delegación de dirigentes cordobeses que viajaron a Bogotá a acompañar a Salvatore Mancuso, durante su intervención en el Congreso de la República el 30 de julio de 2004.

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