#Colombia: Guardia Indígena de Cauca gana premio internacional por la defensa de los DD.HH

 

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ACTUALIDAD

EFE

La Guardia Indígena del Cauca fue galardonada con el premio Front Line Defenders (FLD) para las Américas 2020, por su labor de resistencia en zonas convulsas del conflicto armado y su defensa por los Derechos Humanos de la población.

La organización irlandesa FLD anunció este jueves el reconocimiento con el que honra al movimiento étnico por la protección de las comunidades indígenas y de sus derechos, territorios y medioambiente, así como por su modelo de protección colectiva no violenta, informaron movimientos sociales colombianos.

“La Guardia Indígena del Cauca ha sido nombrada como Ganadora Regional de las Américas 2020 del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo", informó FLD sobre la distinción, otorgada desde 2005 en Dublín y que este año será entregada en una ceremonia virtual el 9 de diciembre.

Para el director ejecutivo de FLD, Andrew Anderson, “la Guardia representa un modelo único de protección colectiva en uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los Derechos Humanos. A lo largo de los años del conflicto armado, la Guardia ofreció una defensa pacífica y sin armas de su comunidad, sus tradiciones, su cultura, su forma de vida y la madre naturaleza".

Defensores en riesgo

La Guardia del Cauca es un colectivo organizado que desde 2001 defiende los territorios de las comunidades nativas de forma pacífica y no armada.

La mayoría de sus integrantes pertenecen al pueblo Nasa, el más grande y organizado de Colombia, y han capacitado a otras comunidades del país para defender sus territorios de las amenazas latentes de grupos armados y bandas criminales vinculadas a actividades ilegales como el narcotráfico.

“Sus comunidades han sido escenario de múltiples violencias derivadas de la presencia de actores armados, las economías del narcotráfico y la explotación multinacional. Entre sus múltiples actividades, la Guardia adelanta con sus comunidades acciones de protección colectiva, da charlas de sensibilización y paz", subrayó FLD.

Según Anderson, a pesar del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno colombiano y la ahora extinta guerrilla de las Farc en 2016, “las personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, incluida la Guardia, siguen enfrentando ataques letales y un riesgo extremo. Este premio reconoce el extraordinario coraje de todo el colectivo de la Guardia".

Amenazados por la pandemia

FLD reconoce el trabajo de los defensores de Derechos Humanos en el mundo, principalmente en comunidades marginadas y estigmatizadas, que “corren un mayor riesgo durante la crisis de la Covid-19" y “están enfrentando ataques físicos, arrestos y denuncias penales por ayudar a sus comunidades a sobrevivir a la pandemia".

Además de la Guardia Indígena del Cauca, el jurado del Premio, compuesto por parlamentarios irlandeses, galardonó este año a la feminista mauritana Mekfoula Mint Brahim, por África; a Juwairiya Mohideen, defensora de los Derechos Humanos en Sri Lanka, por la región Asia Pacífico; y a la activista armenia por los derechos de las mujeres Lara Aharonian (Europa y Asia Central).

La quinta ganadora, por la región de Oriente Medio y el Norte de África, fue una defensora de Derechos Humanos de Irak cuyo nombre la organización mantiene en reserva por razones de seguridad.

https://www.radionacional.co/actualidad/guardia-indigena-de-cauca-gana-premio-internacional-por-la-defensa-de-los-ddhh

#Colombia : El latifundio y los problemas sociales

José Ramón Llanos

El problema agrario, sin lugar a dudas, constituye el elemento generador de los conflictos sociales del país a lo largo de la historia republicana. Dada la forma como el Gobierno ha afrontado el desarrollo del primer punto del Acuerdo Final de Paz, las dilaciones, las interpretaciones discutibles y las expresiones normativas como la ley que crea las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural (Zidres), hemos considerado necesario elaborar algunas reflexiones sobre esta cuestión.
El Acuerdo Final de Paz, a pesar de que considera que la solución de los problemas del sector rural es la base para lograr una “paz estable y duradera”, no vemos la voluntad del gobierno para afrontar las soluciones o acciones que conduzcan a resolver la alta concentración de la tierra y los problemas de exclusión y extrema pobreza del campo colombiano. El Gobierno está comprometido porque incluso caracterizó la problemática rural, la transformación del campo y su importancia para garantizar la paz, así: “Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.” Pero pasado más de un año de la firma del documento, no se ven las políticas adecuadas para “la transformación del campo”.
Los opositores a las reformas
En parte, las indecisiones para desarrollar la normativa que inicie la aplicación del contenido de los acuerdos pactados con la insurgencia, están determinados por el saboteo legislativo y las amenazas de los expropiadores de la tierra con el uso de la violencia paramilitar para evitar la restitución de las propiedades a los campesinos desplazados.
También está la influencia de los inversionistas rurales que pretenden apropiarse de baldíos o mantener los ya apropiados, para incrementar la explotación del campo. No desean que haya medianas y pequeñas unidades de producción campesina, sino expropiados campesinos, convertidos en asalariados explotados. Como se ve, la cuestión es de cobardía frente a los latifundistas y complacencia con los inversionistas rurales: azucareros, palmeros, ganaderos, etc.
Recordemos que ya desde los años veinte del siglo XX, los sectores progresistas, la academia y liberales como Jorge Eliécer Gaitán, habían identificado la tenencia de la tierra, el latifundio ocioso y su consecuente el minifundio improductivo, no solo como una cuestión injustificable, económicamente, factor de atraso, sino algo peor, causa de la violencia. Eso explica por qué desde esa época se introdujo en el lenguaje político-social y en las propuestas de los movimientos progresistas la concepción de reforma agraria.
A lo largo del siglo pasado es tal vez la propuesta más discutida, tanto entre los partidarios de la reforma, como entre sus opositores. Incluso a raíz de la Revolución Cubana, por el temor a que efectivamente la Sierra Maestra se extendiera por los Andes latinoamericanos, hasta los Estados Unidos, impusieron a los gobiernos continentales sumisos reformas agrarias de pacotilla.
Latifundio y rémora social
No es que las dilaciones, vueltas y revueltas del presidente Juan Manuel Santos, están justificadas porque la situación inequitativa e irracional del campo ha cambiado positivamente de súbito. Acudamos a los datos del reciente Censo Agropecuario Nacional, pero veamos no solo las cifras sobre tenencia de la tierra. Examinemos también las secuelas de ese reparto excluyente de la propiedad del suelo y de las consecuentes formas del gobierno local y la ausencia de la aplicación regional de algunas políticas nacionales positivas para corregir los entuertos del latifundismo y la omnipotente oposición de los barones de la tierra, quienes impiden a sangre y fuego, por ejemplo, la legal restitución de las tierras expropiadas.
Los datos del Censo Nacional Agropecuario
Los resultados del reciente Censo agropecuario 2016, muestran los datos de la concentración del suelo rural: propiedades de mil hectáreas o más son el 0,2 por ciento del total y concentran el 73.8 por ciento del total área rural. Las propiedades que tienen menos de 5 hectáreas, son un millón 669.287 unidades, poseen apenas el dos por ciento del área rural. Esta concentración de la tierra, no solo tiene consecuencias económicas, sino también condiciona el malestar social, el mal vivir.
Es absurdo, por ejemplo que en el siglo XXI haya en las zonas minifundistas un 16,1 por ciento de analfabetismo; un 94 por ciento de las zonas residenciales carezcan de alcantarillado; el 17,1 por ciento de las viviendas carezcan de electricidad el 57,5 de los habitantes de estas zonas usan agua impotable, con las consecuentes altas tasas de morbilidad producto de ese consumo de agua insana. Tan deplorable como la calidad de los servicios públicos, son la naturaleza y los materiales utilizados en la construcción de sus viviendas: solo el 49,1 por ciento de las viviendas censadas tienen paredes y pisos de materiales adecuadas, el resto tienen paredes y pisos como guaduas, madera burda, tablón, cartón, bahareque y vegetales, incluso un 3,1 por ciento, sus paredes son de latas, plásticos y algunas carecen de paredes.
Siendo esa la deplorable y dolorosa situación del campo colombiano y existiendo unas pautas y compromiso en el Acuerdo de La Habana para resolver ese problema, una vez más por encima de la solidaridad y las razones de humanidad, infortunadamente se imponen los interes clasistas del Gobierno nacional.
Fuente:

https://desarrolloinclusivo.com/2015/01/03/campo-colombiano/

#Colombia: Sí es posible el cambio de paradigma

Es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada.

Rubiel Vargas Quintero

El paradigma de una época imbuida en la violencia política, con la instauración de la violencia bipartidista como instrumento para la repartición del poder político por parte del bipartidismo con una ideología común: anticomunista, antisubversiva y la concepción del enemigo interno dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que redefinió el esquema “amigo-enemigo”.

El enemigo político es un enemigo público, no privado. Es un hostil, que puede amenazar la propia existencia. Según Karl Schmitt “el enemigo político es el enemigo real”, esto conduce a criminalizar al enemigo, y por lo tanto a su eliminación total. Esta perspectiva antagónica “enemigo – amigo” conlleva a la destrucción, al odio irracional, a generalizar una racionalidad criminal.

La aniquilación total del enemigo implica la propia desaparición de lo político, el exterminio de la oposición sin ningún criterio de reconocimiento de las causas del conflicto. El conflicto colombiano obedece a cuestiones políticas, económicas y sociales, determinadas por una concepción sobre el Estado, el poder, la apropiación excluyente de la riqueza, la concentración de la propiedad de la tierra, la falta de democracia, la persecución política y la exclusión social, entre otras.

El enemigo que se identificó primero se encontraba en las zonas agrarias y después se desplazó al sector urbano, que sirvió como argumento para la negación de una apertura democrática, de participación política y reafirmó la exclusión del otro frente a sus derechos reivindicatorios sociales y económicos.

La paz perpetua

En el pensamiento acerca del conflicto, la guerra y la paz, frente al conflicto armado en Colombia y su terminación, es crucial el opúsculo de Kant titulado “la paz perpetua”, que en la adaptación al contexto actual colombiano es la búsqueda de una negociación política que logre parar el conflicto armado y la degradación de la sociedad en el marco de una guerra prolongada. El filósofo propone un llamado a la razón para borrar por completo las causas existentes de una futura guerra posible, que es la razón quien toma las decisiones sobre una comunidad política que contraste el ánimo guerrerista de los hombres de estado.

En este marco, la paz es concebida como el fin de todas las hostilidades, es un imperativo moral que se impone por sí mismo ante la razón, bajo el imperativo categórico “no debe haber guerra”. Así, la razón condena la guerra como una situación infame de la humanidad y convierte la paz en un deber moral. Kant insiste: “Que un pueblo diga: no quiero que haya guerra entre nosotros; vamos a constituirnos en un Estado, es decir, a someternos todos a un poder supremo que legisle, gobierne y dirima en paz nuestras diferencias, es comprensible”. Que un pueblo diga esto, es una decisión política correcta en un estricto sentido ético.

La decisión que se asuma en el marco de los acuerdos de La Habana es una decisión ética, la disposición correcta que se tome es una práctica moral, es la única sabiduría práctica, según lo cual debemos obrar para la construcción de una sociedad éticamente viable. La prolongación de la guerra produce degradación en la sociedad que ha dejado más de 220.000 muertos, ocho millones de víctimas, seis millones 900 mil desplazados, 45 mil desaparecidos, el despojo de 4.2 millones de hectáreas a campesinos. Por fuera de las estadísticas se puede encontrar otro aspecto de la degradación de la sociedad, la ética social. Se necesita un nuevo sistema ético. Lo acordado en La Habana brinda la oportunidad histórica de salir de la barbarie que genera la guerra, de la muerte, masacres y nos permite reconstruir el país desde la democracia, la tolerancia, el respeto y la inclusión social.

Cambio de paradigma

El cambio de paradigma significa el cambio de la mentalidad o racionalidad criminal, de la racionalidad del odio y todo problema social que busca su resolución a través de la justicia de la venganza por uno más coherente. Probablemente el uso más común de un nuevo paradigma, implique el concepto de “cosmovisión de comunidades como conjunto de experiencias, de vivencias, de valores, su cultura en comunidad y su contexto histórico, formas de asumir el buen vivir, vida en armonía con la naturaleza, entendido como la plenitud de la vida en comunidad en relación con la naturaleza, es el bienestar en comunidad. El cambio de paradigma que marca un cambio que determina la forma organizativa de una sociedad y cómo interpreta su propia realidad.

Se sientan las bases para la trasformación del campo, que ha sido uno de los ejes fundamentales de los acuerdos de La Habana y se crean las bases de un bienestar y buen vivir para los campesinos, las relaciones campo-ciudad, y la erradicación de la pobreza.

Es la oportunidad para que el país propicie el surgimiento de unas nuevas élites políticas sin corrupción de la mafia política, un sistema político incluyente, la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, de movimientos sociales aislados, que han sido excluidos, el retorno a una política social y democrática que desarrolle políticamente lo correcto, el bien común.

El sistema se ha basado en un ordenamiento de exclusión social, que tiene como principio la negación de oportunidades. La construcción del tejido social entendido como aquello que pertenece a una comunidad, con rasgos identitarios, con una misma cultura, con una misma tradición, con principios de solidaridad, con respeto a lo diverso. Son algunas transformaciones que el país necesita para generar una nueva mentalidad ética para la convivencia en comunidad.

http://http://www.semanariovoz.com/2016/10/14/si-es-posible-el-cambio-de-paradigma

#Colombia: Es tiempo de vivir éticamente

"En la educación y en la formación colombiana se derogó el estudio de las ciencias humanas, implementándose el estudio de la ciencia y la técnica, descuidando inmensamente la ética".

Rubiel Vargas Quintero

De las mentiras del uribismo tales como: “al no haber cárcel para los exguerrilleros, se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición de la violencia. Que se está entregando el país a la guerrilla”.

“El gobierno ha aceptado que el secuestro y el narcoterrorismo queden impunes al considerarlos conexos al delito político. Es un proceso de intercambio de impunidades. El país va hacia el castro-chavismo”. Verdades a medias. El gran enemigo de la verdad son las mentiras planificadas, que fue la táctica utilizada por la propaganda fascista, (Joseph Goebbels), que comienza ganando adeptos en un sector de la sociedad colombiana que la acepta como verdades absolutas. Es una sociedad injusta que acepta esas injusticias.

Oportunidad

La ética se ha convertido en una oportunidad práctica para la sociedad colombiana. Es tiempo de una transición entre la actividad social alienada producto de unas necesidades y deseos que no corresponden con la realidad, que se desarrolló sobre unos principios éticos basados en el “fin justifica los medios”, buscando lo fácil antes que las dificultades, se centra en el individuo escrupuloso y el retorno a las virtudes y principios sociales para lograr el bien común, que se centra en la comunidad, que se han perdido por la prolongación de la guerra.

En la educación y en la formación colombiana se derogó el estudio de las ciencias humanas, implementándose el estudio de la ciencia y la técnica, descuidando inmensamente la ética. Esto ha permitido que la alteración de la realidad (chisme), el odio, la envidia, el facilismo hagan parte de la cultura que predomina en la sociedad colombiana. Es ahí donde se encuentra el caldo de cultivo de la extrema derecha para implementar su política del odio.

Estos elementos los saben utilizar muy bien los enemigos de los acuerdos de La Habana. La identificación de la verdad es a partir del héroe, con el ideal falso de una conducta social. De la voluntad y de la razón. La sociedad está dotada de la capacidad de juzgar y razonar, es decir de distinguir lo verdadero de lo falso. Es una potencia de juzgar bien y distinguir lo falso de lo verdadero. Hay quienes se tragan esa verdad sin ningún ánimo mínimo de resistencia.

Las consignas de la paz con impunidad, hacen referencia al pensamiento en términos de venganza, son producto de un pensamiento que busca implementar el concepto de justicia de los vencedores, del sometimiento, del odio, del rencor de la retaliación, de una venganza con alto contenido destructivo en lugar de brindar posibilidades para democratizar el país.

Los perpetradores de la violencia política en Colombia, hoy se sienten víctimas y se sienten los buenos. Es una combinación de buenos y malos que hace parte de su condición humana, la justicia en relación con la cárcel para los malos. Retorno a las virtudes y las emociones morales. Reconciliación con realismo, el afán de la venganza es una ruptura con la realidad. El resentimiento y la venganza no tienen en sí mismos una potencia creadora, transformadora.

En todo conflicto existe algo constitutivo de lo ético, virtudes, buscar con el diálogo formas de tramitar los conflictos. En toda dificultad existen posibilidades de oportunidad de cambio, en todo conflicto coexiste una oportunidad potenciadora que se expresa en una sociedad preparada para la paz, para la democracia. La paz no es la abolición de los conflictos, es una potenciación de una sociedad más justa. Son aplicaciones éticas para convertirlo en una oportunidad.

La paz abre muchos escenarios en la democratización de la sociedad, buscar la ética del conflicto es un punto de partida para cambios y progresos de la sociedad. La ética del odio es un sustituto en la falsa conciencia. Apropiarnos de la ética, la ética se forma en la voluntad de dirigir la vida en función de unos principios democráticos. Voluntad de cambio, de trasformación, voluntad de mejorar la sociedad donde tramita sus conflictos de una manera más democrática.

La exigencia hacia la mayoría de edad parece comprensible de suyo en una democracia. En un breve ensayo de Kant, que lleva como título ¿Qué es la ilustración? Allí define él la minoría de edad en la medida en que afirma que de esta minoría es culpable el hombre mismo cuando las causas de ella no radican en una deficiencia del entendimiento sino de la decisión y el valor de servirse de él sin la dirección de otro. La democracia descansa en la formación de la voluntad de cada uno tal y como se resume en la institución de la elección representativa.

La democracia presupone la mayoría de edad, y esta radica en la autonomía que se manifiesta en servirse del entendimiento propio sin la dirección de otro. Es poder razonar, expresar e intercambiar libremente sus opiniones y objetivarlas en la sociedad. La autonomía no se conquista en relación con la autoridad, es un proceso largo y tedioso para lograr la separación, la disolución de esa autoridad.

http://www.semanariovoz.com/2016/09/02/es-tiempo-de-vivir-eticamente/

#Colombia: La Paz es sin el ESMAD

"Para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes".

Renata Cabrales

El Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que está presente en 19 ciudades del país y cuenta con 3.600 oficiales, tiene como misión el control de manifestaciones, disturbios y apoyo a desalojos, con el fin de restablecer el orden y la seguridad de los habitantes y no en vano su lema es “Dios y Patria, mantener el orden es nuestro deber”, pues ya sabemos que en un país laico como el nuestro, Dios está primero y lo que se haga en su nombre se justifica, aun cuando mantener el supuesto orden implique asesinar inocentes. Pero no importa, las lágrimas de los familiares de los incautos exterminados en medio de las manifestaciones es la principal causa de sensación del deber cumplido.

En una sociedad donde exista el derecho a la protesta y asimismo la libertad de expresión, sus habitantes podrían expresar sus inconformidades ante los gobiernos para despertar la conciencia de la sociedad en general por medio de cualquier tipo de manifestaciones en el espacio público, sin ningún tipo de restricción. En estos casos, el Esmad debe jugar un papel de garante de los derechos humanos de las personas involucradas en estos eventos y no, todo lo contrario, abusar de la fuerza para mitigar un supuesto caos ocasionado por la inconformidad de quienes exigen sus derechos.

No en vano quienes defienden los derechos humanos en el país denuncian los abusos, debido a su uso ilegítimo de la fuerza contra personas inocentes que legitiman su voz de protesta en medio de pacíficas manifestaciones, como el uso de armas de fuego no convencionales, como granadas dispersoras recargadas con objetos contundentes o filosos, con las cuales, se presume, han llegado a asesinar a manifestantes. En estos casos de represión contra el derecho la protesta, el Gobierno y la extrema derecha justifican la operación del cuerpo policial represor, poniendo en duda el concepto de democracia y en peligro el ideal de paz por el que lucha el país en este momento.

Cifras de abusos del Esmad

Por esta razón, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, al lado de la representante por el Partido Verde Ángela María Robledo, los representantes Víctor Correa por el Polo Democrático e Inti Asprilla por el Partido Verde, miembros de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, han hecho un debate en el Congreso de la República el pasado jueves 4 de agosto en presencia del coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, y miembros de la Defensoría del Pueblo, y han documentado los casos en los que se ha evidenciado irregularidad de las funciones por parte de integrantes del Esmad en el momento de vigilar manifestaciones sociales y estudiantiles, paros campesinos, así como desalojos de viviendas.

Según el representante Uribe, de acuerdo a las cifras presentadas, el objetivo es hacer un análisis detallado en los casos en que varias personas han perdido la vida.

Manifiesta entonces que en lo que va del 2016 se han denunciado 69 abusos por uso desproporcionado de armamento, uso excesivo de la fuerza y utilización de armas de fuego, y en esos eventos se reporta un total de 682 víctimas.

“Siete personas han sido asesinadas, otras 336 han sufrido lesiones personales y los homicidios fueron presuntamente cometidos por el Esmad en el contexto de manifestaciones y protestas como la cumbre agraria, el paro camionero y el sector más afectado, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, es el movimiento indígena que de un total de 69 casos de violaciones, 29 han ocurrido sobre esta población frente a los homicidios, que es sobre lo que hemos pedido información, tenemos cinco casos con seis personas muertas, presuntamente en acciones que responsabilizan al Esmad”.

Se recuerdan los casos ocurridos este año de Miguel Ángel Barbosa, asesinado el 21 de abril en Bogotá; Willinton Quibarecama, el 16 de mayo, miembro de la ONIC; Gersaín Cerón Marco Aurelio Díaz, 2 de junio en Santander de Quilichao; Luis Orlando Saís en Duitama a quien un gas lacrimógeno le dio directamente a la cabeza, causando, según Medicina Legal, trauma craneoencefálico severo debido al impacto del proyectil lacrimógeno.

Por su parte el representante Víctor Correa manifiesta que “he podido ver durante estos años que una fuerza que se entiende de contingencia frente a hechos que pueden perturbar el orden público se ha convertido en una fuerza de represión, de provocación, utilizada por los poderosos, por quienes sustentan los gobiernos para silenciar al opositor y a la inconformidad, para atacar la protesta social y, de alguna manera, vulnerar el orden democrático de nuestro país”.

La vida en Colombia debe ser sagrada

Según Ángela María Robledo, “durante la alcaldía de Mockus se logró preservar la vida sin usar la fuerza, bajo el lema ‘la vida en Colombia debe ser sagrada’ y es por eso que el Esmad debe convertirse en un cuerpo garante de los derechos humanos”.

Asimismo, según la representante, el Esmad se creó en una directiva temporal por el gobierno de Andrés Pastrana en febrero de 1999 en el marco del proyecto del Plan Colombia, de manera transitoria, pero “en Colombia todo lo que es transitorio, termina quedándose”. Se cuestiona Robledo, ante este panorama: “¿Cuál es el cambio que va a dar radicalmente el Esmad para enfrentar el posconflicto?”. Ya que, según ella, esta es una fuerza represora antisocial, pero sobre todo, antijóvenes, y se cuestiona finalmente cuánto le cuestan al Estado colombiano los 3.600 miembros de ese cuerpo represivo, cuya respuesta viene a ser la suma de 400 mil millones de pesos.

Inti Asprilla, por su parte, opina que “es necesario que se desmonte el Esmad, ya que entramos en la etapa del posconflicto y no tiene sentido que acabemos la guerra y ahora en la protesta social se cometan asesinatos como los que se están cometiendo”.

El coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, de manera fría y cínica, defendió la permanencia del Esmad, argumentando que este cuerpo policial es necesario para ofrecer la tranquilidad y seguridad de Colombia.

Vale la pena recordar que para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes.

Tomado de: https://www.semanariovoz.com/2016/08/12/la-paz-es-sin-esmad/

“Al Uribismo no le interesa la paz porque vive de la guerra” Aida Avella

La fórmula vicepresidencial de la alianza Polo Democrático y Unión Patriótica, Aida Avella, en diálogo con El Nuevo Liberal, propone hacer una Reforma Agraria que beneficie al sector rural colombiano y cuidar la riqueza que por diversos conceptos se produce en el país.

Aida Avella, candidata vicepresidencial por la alianza política Polo Democrático y Unión Patriótica. / Foto: Carlos Espinosa – El Nuevo Liberal.

Tras 17 años en el exilio en Europa, Aida Avella, regresó a Colombia el año pasado para retomar las banderas de la Unión Patriótica. A pesar de estar todo ese tiempo por fuera de su país natal, volvió a retomar las banderas del partido que la vio crecer y en el que también casi muere en 1996, cuando fue atacada con un misil por varios paramilitares.

Aunque a su llegada al país se presentó como candidata a la presidencia por su colectividad, hoy hace campaña como fórmula vicepresidencial de Clara López, luego que acordaran con el Polo Democrático unirse para las presidenciales, que tendrán su primera vuelta el próximo 25 de mayo.

Avella propone, impulsar el verdadero desarrollo del campo colombiano, proteger los recursos naturales nacionales y blindar los recursos públicos procedentes de grandes explotaciones internacionales.

La líder de izquierda, cree, además, que la paz es posible si todos los colombianos quieren construir un país distinto.

¿Por qué es tan importante el proceso de paz?

Porque es la primera vez que la insurgencia armada logra un acuerdo de dos puntos con el gobierno. Eso nunca antes había pasado, sí habían existido desmovilizaciones pero no un hecho del significado que hoy vemos, pues nunca se sentaban a hablar de los grandes problemas del país. Eso representa un avance de mucha importancia para Colombia, como así lo sería una tregua para negociar sin disparos de por medio. Hay que seguir ejemplos como los de Irlanda y Sudáfrica, países donde las partes en conflicto se sentaron a dialogar, llegaron a acuerdos y alcanzaron una estabilidad que benefició a toda la ciudadanía.

Y sí se firma la paz, ¿a qué podrían aspirar los colombianos con usted en la vicepresidencia?

Lo que queremos Clara y yo es administrar el postconflicto, lo cual sería ideal porque tenemos otras dimensiones y otras propuestas para la nación. Buscar otro modelo económico, cambiarlo para que podamos llegar a la solución de los problemas, que por ejemplo, permitieron la gestación de los grupos insurgentes.

¿Cuáles son esos problemas?

Un ejemplo sencillo es que los campesinos no existen, todos existen menos ellos, aún más cuando el anterior paro agrario, que ellos protagonizaron, fue tildado como inexistente. No tienen derecho a una pensión de jubilación, no hay créditos blandos y no hay subsidios, teniendo en cuenta que son ellos quienes sostienen la economía nacional. Las deudas sociales con el campo y su gente son enormes y por eso es hora de impulsarlos con iniciativas que realmente los beneficien.

¿Usted está diciendo que es hora de hacer realidad la Reforma Agraria?

Claro. Es vital llegar a cambios profundos. Es muy importante subsidiar el sector rural colombiano para generar otras posibilidades de desarrollo. Estados Unidos recientemente aumentó el subsidio a sus campesinos y por qué en Colombia no podemos hacerlo si nunca han tenido ayuda del Estado. Ellos que han sido desplazados de su tierra, asesinados y expulsados de sus lugares de origen.

¿Cómo gestar nuevas posibilidades para el campesinado nacional, sí las trasnacionales impactan fuertemente en el sector rural colombiano?

Rescatando los dineros públicos que van a parar a bolsillos privados y así mismo los billones que ha dejado de percibir el país debido a una mala aplicación del Estatuto Tributario y de la Ley de Regalías, normas que han sido generosas con las trasnacionales y esquivas en rescatar parte de la riqueza nacional que se ha ido al exterior. Son dineros que bien han podido destinarse para el sector salud y el campo. No es que estemos contra la inversión externa, lo que queremos es una inversión que respete a los campesinos, el medio ambiente y sus recursos naturales.

Esas propuestas no son bien vistas por colectividades como el Centro Democrático, que entre otras cosas, ha cuestionado fuertemente el proceso de paz…

Porque ellos viven de la guerra y han logrado obtener grandes fortunas con el conflicto armado. Hay procesos que todos conocemos producto de esa guerra, como las grandes matanzas en el Urabá, la apropiación ilegal de tierras y la complicidad en torno a ello. Nosotros pensamos que por eso es importante hacer reformas que permitan que los recursos lleguen a todos los colombianos y así evitar la continuidad del conflicto. Se trata de armonizar el país para que unos pocos no se sigan alimentando de la guerra.

A propósito de paz y guerra, el Cauca ha sido epicentro del conflicto armado colombiano, sus habitantes no han conocido un solo momento de tranquilidad…

Por eso hay que marchar hacia la pacificación de Colombia, sobre todo porque el Cauca ha sido una de las regiones más sacrificadas. Hay que hacer un país distinto que permita oportunidades para todos y no para los ricos. Los caucanos tienen mucho que enseñarle a Colombia porque han sido, buena parte, víctimas de un conflicto sin tregua. La paz es muy importante para este departamento porque le cambiará para siempre su cotidianidad.

tomado de:  http://www.elpueblo.com.co/elnuevoliberal/al-uribismo-le-interesa-la-paz-porque-vive-de-la-guerra/#ixzz31XZhWpmx

Amenazada de muerte líderesa de grupo de víctimas desaparecidas

Al teléfono de Leidy Amparo Guzmán Muñoz, familiar de desaparecidos en Argelia, Cauca, han llegado reiteradas amenaza de muerte por parte de grupos paramilitares, Leidy ha denunciado las estructuras paramilitares participes en la desaparición de sus familiares.

“Sabes. Piroba. Porque no te has largado te doy horas para que no seas la próxima victima. ja ja ja”, este es el mensaje de texto enviado desde el número celular 3114995018 a Leidy Amparo Guzmán Muñoz sobrina de los desaparecidos en noviembre de 2009 Over Herney Muñoz y Jesús Oleiver Álvarado, en el día de ayer.

La amenaza de muerte contra esta familiar de los desaparecidos ocurre semanas después que esta lideresa haya continuado exigiendo verdad y justicia. Tres años después del desplazamiento no existe una acción eficaz para sancionar a los responsables de las estructuras paramilitares responsables de este crimen de lesa humanidad.

Leidy fue amenazada cuando se dirigía a la sede de nuestra organización en Popayán para documentar con nuevos elementos el caso de sus familiares y el desplazamiento forzado del que ha sido víctima.

No es la primera vez que Leidy es amenazada y hostigada. El pasado 26 de octubre recibió un mensaje de texto donde le advertían amenazantemente que se largara o se “moría”; el 7 de noviembre a las tres de la mañana constató que un hombre intentaba entrar a su residencia por la fuerza; el 15 de noviembre recibió otro mensaje de texto en el que le decían que “”dejara de ser sapa” y que agradeciera que estaba acompañada.

La Fiscalía 9 de la ciudad de Pasto, Unidad de desplazamiento y desaparición forzada, desde el mes de agosto del año 2011 inició la investigación por la desaparición forzada de Over Herney, Jesús Oleiver, y también de Elder Daza, Gerardo Hoyos, Armando Cerón y Henry Gaviria estos últimos desaparecidos en junio de 2008 en el corregimiento de san Juan de la Guadua municipio de Argelia Cauca.

Una primera diligencia de exhumación en el caserío Nuevo Horizonte en mayo de 2012 arrojo el reconocimiento de tres restos de campesinos, presumiblemente dos corresponden a los restos de Over Herney y Jesús Oleiver.

Leidy Amparo Guzmán, es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los hechos denunciados se encuentran en impunidad y sin ninguna respuesta del gobierno en materia de protección.

Bogotá, D.C. 27 de diciembre de 2012

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

http://bloguerosrevolucion.ning.com/profiles/blogs/amenazada-de-muerte-l-deresa-de-grupo-de-v-ctimas-desaparecidas

COLOMBIA: “QUE NO SE REPITA LA HISTORIA DE NEGOCIACIÓN SEGUIDA DE REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO”

Sergio Ferrari (especial para ARGENPRESS.info)http://www.argenpress.info/2012/10/colombia-que-no-se-repita-la-historia.html#.UItnYSbofdg.twitter
“El movimiento social no puede quedar fuera del proceso de paz” / “Se hace imprescindible un cese de hostilidades inmediato” / “Apostamos a una Ruta Social Común para la Paz”.

El movimiento social colombiano “viene dando pasos importantes hacia una mayor unidad”, lo que le permite percibir el proceso de paz con relativa seguridad. Sin embargo, es fundamental seguir limando las diferencias y comenzar a clarificar “quien van a asumir la vocería de dicho movimiento a la hora de la negociación”. Diagnóstico y perspectiva avanzadas durante una reciente visita europea por Marylén Serna Salinas, dirigente campesina del Cajibío (Cauca, sur-oeste colombiano), una de las responsables a nivel nacional del Congreso de los Pueblos. Espacio que reúne a numerosas iniciativas, organizaciones y plataformas sociales y que apuesta, junto con otros actores sociales, a participar activamente en la construcción “de una paz con justicia en Colombia”. Entrevista.



P: ¿Cómo percibe el movimiento social la actual coyuntura de diálogo para la paz?

R: Con algo de sorpresa, al principio, con una gran expectativa, ahora. Estamos generando las condiciones para una participación efectiva en el proceso de paz. Queremos afianzar un real movimiento por la paz que sea incluyente, en el que participen todos aquellos que han venido contribuyendo desde años y desde distintos escenarios y regiones a ese objetivo. Proponemos, también, consensuar y construir entre todos lo que denominamos como *agenda social*, es decir las propuestas y temáticas concretas, que expresan las reivindicaciones de los diferentes sectores sociales. Somos conscientes que es esencial definir la forma organizativa de la participación del movimiento social en el proceso de negociación. Porque no vamos a poder ser miles los que nos sentemos en una mesa. Nuestro dilema es cómo ser participativos, diversos, incluyentes y al mismo tiempo, asegurar aportes reales, concretos, sistematizados, consensuados, al proceso en marcha.

P: ¿Quién y cómo puede convocar al conjunto para que desde la sociedad civil, desde la base, se participe en el proceso de paz, dada la multiplicidad de actores sociales en la Colombia actual?

R: Es una pregunta clave. Es inimaginable que solo el Congreso de los Pueblos lo logre. Ni siquiera, me animaría a decir, solo el movimiento social articulado puede abogarse la representación de la sociedad colombiana en su conjunto. Hay que ir más allá. Conscientes de esta realidad, hemos convocado desde hace seis meses a la promoción de la Ruta Social Común para la Paz. A donde han ido confluyendo diferentes sectores y plataformas que coinciden en la necesidad de una salida política al conflicto armado. La Ruta se lanzó públicamente el pasado 8 de octubre en el marco de una movilización nacional convocada en la semana de la indignación. Soy optimista cuando veo que en los últimos dos años se ha ampliado el espacio de unidad popular, que ahora reconoce a esa Ruta Social Común para la Paz como una propuesta importante. Participan o la apoyan, entre otros, movimientos de víctimas, las organizaciones estudiantiles, algunos sectores de los trabajadores, Colombianos y Colombianas para la Paz, la Marcha Patriótica, la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, el Congreso de los Pueblos, la Coalición de Movimientos Sociales de Colombia. Y un sinnúmero de otras iniciativas...

La representación del movimiento social

P: ¿Cuál es el debate más complicado al interior de un espectro tan diverso?

R: Pienso que va a ser aquel en torno al concepto de la paz y de la participación. A nivel de agenda, todas nuestras organizaciones y escenarios han ido trabajando los contenidos. Y tenemos hoy una serie de insumos. No queremos inventar nada nuevo. Sino sistematizar mejor lo consensual. Intuyo que la dificultad más grande a lo interno del movimiento social será sobre la cuestión de la representatividad del mismo en el diálogo y la negociación. Porque somos muchos: hay organizaciones locales, plataformas, regiones enteras, pueblos indígenas, los afros…Y de la misma manera que no le queremos entregar nuestra vocería de movimientos sociales a las insurgencias ni al Estado, va a ser denso definir a quién le entregamos nuestra representación en el proceso de negociación de la paz… Y ahí vamos a poner a prueba los avances reales que hemos hecho hasta ahora en cuanto a la unidad.

P: Se trata de un movimiento social amplio. Pero por el momento, los que están montados en el tren de la negociación son un sector de la insurgencia y el Gobierno. ¿Cuál será la reacción de uno y otro cuando el movimiento social unificado exija participar también en ese proceso?

R: Pienso que va a haber una mayor dificultad con el Estado. De hecho, el Gobierno ya planteó que el método de participación de la sociedad civil será a través del Consejo Nacional de Paz, que es una figura institucional, no autónoma y supeditada al poder. En ese Consejo, el movimiento social tendría una participación reducida ya que hay otros sectores como los empresarios que van a estar también presentes. Esa propuesta oficial no es suficiente. Incluso, en la Ruta Social Común para la Paz está en discusión si participaríamos o no en ese espacio. Por lo tanto, vemos ya que esa va a ser una disputa que muy seguramente la vamos a poder dirimir solo con la movilización, como lo hicimos en la primera quincena de octubre. Para exigir la participación amplia, para ambientar la paz, para posicionar la necesidad de una agenda social. Con respecto a la posición de la insurgencia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siempre ha sido explícito en cuanto a la necesidad que la sociedad civil participe en un proceso de paz. Las FARC, especialmente en sus últimas intervenciones, también hablaron de esta necesidad.

El tren de la paz

P: El proceso de diálogo FARC-Gobierno ya está lanzado. ¿No hay un riesgo que los tiempos políticos de esa negociación no coincidan con los del movimiento social que todavía no participa en dicho proceso? Y que por lo tanto podría quedarse fuera de este tren en marcha…

R: Pensamos que la agenda definida para esta fase de negociación entre la insurgencia y el Estado no se puede cargar demasiado, porque sería reventarla. Para este momento de negociación es suficiente. Aunque es insuficiente para un proceso de paz más estratégico. Esta fase la acompañamos, la saludamos, y no reclamamos, en todo caso como Congreso de los Pueblos, ahora, nuestra participación. Queremos acelerar nuestra propia preparación en tanto movimiento social para estar en el tren en una próxima fase donde se debata la agenda social. Que integre temas estructurales como tierra-territorio; las políticas económicas; presencia de las multinacionales en el país; los derechos del pueblo -como educación, salud-; la justicia y reparación ligadas al debate sobre la impunidad…

P: Algunas organizaciones en Colombia insisten en que es necesario que se inicien a corto plazo los diálogos humanitarios regionales entre los actores armados, el Estado y las organizaciones sociales, para discutir temas muy concretos como la no incorporación de los niños y jóvenes a la guerra, el derecho humanitario etc. Dichos diálogos son todavía penalizados por las leyes. ¿Cuál es su visión?

R: Sería importante lograr un cese al fuego mientras avanza la negociación. Es esencial que el conjunto del pueblo entienda la dinámica y la necesidad de la paz, lo que no se va a lograr si continúa el conflicto en las comunidades, en el territorio.

P: ¿Cómo sintetizaría su mensaje a la comunidad civil internacional?

R: Que hay un resurgimiento del movimiento social y del deseo de la unidad. Ese movimiento apuesta hoy a un proceso de paz con justicia social. Y que es imperante el acompañamiento, la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional.

P: ¿Y el cese inmediato de hostilidades en los territorios?

R. Sí, también. Señalo tres conceptos importantes. Que participen de la negociación las dos insurgencias, para evitar que el proceso actual se quede cojo. Que haya un cese de hostilidades en los territorios. Y que nos aseguren garantías para la inclusión efectiva del movimiento social. Porque no podemos imaginar que nosotros participemos pero al mismo tiempo se nos amenace o persiga. Y eso es un llamado muy concreto al Gobierno. Que no se repitan otras experiencias que hemos vivido, donde la sociedad civil se batió por participar en la negociación y fue amenazada, estigmatizada, perseguida y asesinada.

P: ¿Qué es lo diferente hoy que le da al movimiento social confianza en que esta construcción actual de la paz pueda prosperar?

R: Que el movimiento social se está apropiando realmente de la construcción de la paz y la exige. Hemos ganado en unidad si bien hay mucho todavía para avanzar. Todo esto sin olvidar que la gente en Colombia está muy cansada de la guerra. Por lo que impera un marco favorable para construir la paz con justicia social.

Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER, ONG de cooperación solidaria presente en Colombia.