De Polo Democrático Alternativo (Página Oficial), el El miércoles, 22 de agosto de 2012 a la(s) 21:42 ·
Que la persona encargada de la seguridad del Presidente admita haber tenido relaciones con paramilitares es algo que Álvaro Uribe debe explicar, pero no por twitter, sino ante la justicia”, sostuvo el senador por el Polo Democrático Alternativo Alexander López Maya.
Tras manifestar ante la plenaria del Senado de la República su preocupación ante el gravísimo hecho de que el General Santoyo haya aceptado nexos con grupos paramilitares, López Maya dijo que el expresidente tenía la potestad de saber quiénes eran sus servidores públicos.
Pero, adicionalmente dijo, existe un hecho aún más grave, quien firmó el Decreto 2635 de 2006 que ordena el reintegro provisional a la fuerza pública del General Santoyo, fue el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por lo que el senador del Polo indicó que “la responsabilidad no sólo recae sobre Uribe”.
“¿Qué más le hace falta conocer al país sobre el expresidente Uribe? Me da vergüenza como colombiano haber tenido como presidente a Álvaro Uribe”, enfatizó el congresista López Maya.
Constancia Pública
Igualmente, en la sesión del pasado 21 de agosto de la Cámara alta, el senador Alexander López dejó la siguiente constancia:
Las Confesiones del General Santoyo
Dejo constancia en esta plenaria del Senado de la República en torno a las declaraciones del ex General de la Policía Nacional Mauricio Santoyo que confirman de forma dramática y certera las peores denuncias que hiciéramos como Partido POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO en torno a los vínculos al más alto nivel del Gobierno del Presidente Uribe con sectores al margen de la ley. Tal como sucediera en el caso del ex director del DAS, el Dr. Jorge Noguera, tan solo fue cuestión de tiempo para que las investigaciones judiciales, no solamente aquellas realizadas por las autoridades en Colombia sino además aquellas efectuadas en otros países, confirmaran que altos funcionariosdel Presidente Uribe, estuvieron al servicio de los más peligrosos intereses criminales, al tiempo que fungían con altas responsabilidades de Estado.
En el caso del General Mauricio Santoyo, quien hiciera parte del más alto círculo presidencial en época de la administración Uribe, no solamente no fue derrotado en juicio, sino que por iniciativa propia, en búsqueda de beneficios y prebendas personales de tipo judicial, el alto oficial de la Policía Nacional confiesa ante las autoridades norteamericanas sus servicios prestados al crimen organizado en Colombia, mientras fungía como alto servidor y responsable de la Seguridad en Palacio de Nariño. Este es un hecho, que ni el Congreso de la República, ni la Policía Nacional, ni el propio Presidente Uribe pueden desestimar y coloca en tela de juicio, no solamente la idoneidad, la decencia y el decoro mínimo que deben asistir a las altas autoridades del Estado en ejercicio de sus funciones, sino que comprometen la presunción de legalidad y de legitimidad en torno a todo lo actuado en torno a la presencia y las actuaciones del General Santoyo en el Gobierno del Presidente Uribe. Lo cual deberá ser investigado hasta sus últimas consecuencias por las autoridades y tal como lo denunciamos en su oportunidad, por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para quien la confesión de parte de Mauricio Santoyo, tiene que ser un grave indicio en torno a una serie de hechos ocurridos durante este periodo, que son de competencia de la tutela del derecho penal internacional a cargo de la Corte.
Tal como aconteciera con el caso de las desapariciones forzadas de ASFADES en Medellín, crisis de derechos humanos en el 2000; en la cual se denunció la suerte de los activistas de derechos humanos, Ángel Quintero y Claudia Monsalvequienes fueron objeto de desapariciones forzadas, luego de un seguimiento de organismos de seguridad a la organización ASFADES, en Medellín, en los cuales se interceptaron más de 3000 líneas telefónicas en la ciudad de Medellín. Por estos hechos fue sancionado el entonces Coronel Mauricio Alfonso Santoyo, Comandante del grupo Jaula, en Medellín por la Procuraduría General de la Nación. Este oficial sin embargo fue ascendido a General por el Senado de la época y nombrado sin vacilaciones como jefe de seguridad del presidente Uribe, en su primer periodo de Gobierno.El Gobernador de Antioquia, de la época, Alberto Builes igualmente fue cuestionado por sus vínculos con Guillermo Quintero, como su segundo renglón en una lista al Senado en el 2006, presuntamente apoyada por el comandante paramilitar conocido como Freddy Rendón, EL ALEMAN.
Este hecho que evidencia las más tenebrosas intenciones criminales para cometer graves violaciones de los derechos humanos desde los servicios de seguridad del Estado y una manifiesta voluntad política específica de la administración Uribe para encubrirlas, con el apoyo de su bancada en el Congreso de la República, no fue la única vez que se presentaran tan nefastos hechos de agresión y concierto agravado para delinquir en el caso que nos ocupa.
Tales elementos sistemáticos de conspiración criminal se tuvieron que haber presentado en los hechos denunciados de manera solitaria por nuestro partido, el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO y por quien suscribe esta constancia, a lo largo de la última década y que contaron con la presunta anuencia, complicidad, colaboración y abierta participación de altos funcionarios del gobierno del Presidente Uribe y que la justicia está en mora de develar, (sin perjuicio del derecho de defensa que les asiste a sus autores y a quienes corresponda procesar por estos hechos, al más alto nivel del Gobierno y de sus cómplices en las organizaciones y grupos armados al margen de la ley de la época).
Denuncias tales como;
El computador de Jorge 40 en el 2005;
- Tal como lo reseñan los medios de comunicación y las organizaciones de víctimas en la Costa caribe, se da un reagrupamiento de la operación paramilitar en la Costa Caribe y así lo certifican los más de 60 asesinatos de Jorge 40 En Barranquilla en el 2005, de un listado que llega a 50O, según lo denunciado en los hallazgos de la Fiscalía en el caso de Don Antonio, Edgar Fierro Flores, jefe militar del Bloque Norte.
- Según el testigo Rafael García, a comienzos del 2004, funcionarios adscritos a la Dirección General de Inteligencia del DAS, Tenían conocimiento sobre la existencia de “ listados de líderes sindicalistas, activistas de izquierda, profesores y estudiantes universitarios, los cuales eran entregados a grupos de autodefensas del Bloque Norte para que atentarán contra ellos”
El caso de Alfredo Correa de Andreís, el 17 de Septiembre de 2004
En la fecha anotada en la ciudad de Barranquilla fue asesinado el profesor Correa de Andreís. Su caso ha sido denunciado como una presunta ejecución extrajudicial, a manos de paramilitares y con la estrecha colaboración de funcionarios del DAS, según las denuncias del Testigo Rafael García, y declaración juramentada del paramilitar Jorge Palacio, “El Gato” ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos. En este caso se presentaron seguimientos de organismos de seguridad a la víctima, que conllevaron al operativo de su asesinato.
Caso Operación Dragón, Junio – Agosto 2004 –
- Seguimientos por parte de un oficial activo del Ejército Nacional, TC. Julián Villate Leal, mediante empresas fachadas a líderes de la oposición política y social de la región del Valle del Cauca, cuyo principal objetivo fue el Senador Alexander López
El caso deviene en investigaciones por Concierto para delinquir e intento de homicidio, tanto de orden penal como disciplinario en contra el Coronel Julián Leal y la SSPD Eva María Uribe, en el contexto de muy graves denuncias por el desarrollo de una conspiración criminal en contra del movimiento social, sindical y político. Se utilizaron en este caso, informes de inteligencia militar, que han sido aportados a las investigaciones.
La persecución ha continuado y en el año 2008
El Presidente de la República, exigió públicamente en Consejo Comunitario celebrado en el municipio de Florida, Valle del Cauca el 31 de Mayo del 2008, al entonces Comandante de la Policía Valle – la captura sin orden de autoridad judicial competente del Senador Alexander López, en una evidente provocación ilegal al fuero de senador de la República del anterior.
Persecución contra los trabajadores durante la administración del Binomio Uribe - Santoyo
- 518 ASESINATOS en el periodo de la administración Uribe, periodo en el cual solo han sido investigados con éxito 44 procesos, en los cuales se ha producido 16 fallos de la justicia – Fuente CUT- 3400 amenazas contra sindicalistas- 138 Desapariciones forzadas Fuente; ENS – amnistía internacional- 382 violaciones a a la vida e integridad personal en el 2006
allanamientos ilegales, amenazas, atentados, desapariciones, desplazamientos, detenciones arbitrarias, hostigamientos, secuestros, torturas
Desafío y señalamientos reiterados del Alto Gobierno en contra del movimiento sindical; casos de Arauca y los sindicatos Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos, en Junio del 2007, Sindesena
Cobra más vigencia que nunca, lo planteado en mi constancia pública en contra de la aprobación de la llamada ley de Justicia y Paz, en junio de 2005; cuando por estos hechos y su legitimación en el Congreso señalaba la necesidad de intervención de la Corte Penal Internacional en un periodo, en el cual el General Santoyo colaboraba activamente con grupos armados ilegales desde el Palacio de Nariño; (según sus propias declaraciones)
“elevo petición pública a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que inicie investigaciones judiciales formales, conforme a las facultades y competencias legales conferidas por el derecho internacional y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con el fin de establecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar por la comisión de delitos de lesa humanidad, para el caso de los involucrados en el proceso de negociación, llamado “de paz” del Gobierno Nacional con los grupos armados irregulares en Colombia.
Responsabilidad penal a establecerse por hechos cometidos durante el periodo de vigencia de la jurisdicción del Estatuto de Roma para el caso de Colombia y que en materia de crímenes de lesa humanidad, entró en vigencia en el año 2002 por reforma constitucional en Colombia.”
Constancia contra la ley de Justicia y Paz, HR. Alexander LópezCámara de Representantes, Junio de 2005
Firmado.
H.S. Alexander López
22 de agosto de 2012
