Antes del mediodía del pasado 21 de junio, el presidente electo Iván Duque, tuvo su primer pronunciamiento desde la Casa Nariño, tras la primera reunión de empalme con el saliente mandatario Juan Manuel Santos. La reunión se mantuvo a lo largo de tres horas con los vicepresidentes salientes y entrantes y los jefes de empalme. “Hablamos de temas de coyuntura, hablamos de temas importantes de la agenta nacional y después sostuvimos una reunión con el equipo que el señor Presidente ha designado para acompañar al Gobierno entrante en este ejercicio del empalme”, explicó Duque.
Los temas que se debatieron en el primer encuentro no son de fondo. No hay asuntos diametrales, fue un empalme “tranquilo”, dice Duque; y es que no hay aspectos que marquen diferencias, las visiones de Estado frente a cuestiones económicas y sociales son las mismas.
Los asuntos de grueso calibre que pueden generar ruido en la transición no se trataron. La médula del proceso de paz, los objetivos y procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz, la política de justicia de drogas del punto cuarto de los acuerdos de paz, la participación política de los excombatientes y la reforma de tierras, no estuvieron en la agenda de diálogo.
Materia económica
En materia económica, el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y los ajustes fiscales y sociales, tampoco generarán ruido en la transición. Los mercados internacionales emitieron parte de tranquilidad para sus capitales, no cambia nada con el nuevo gobierno.
La política minero energética tendrá una leve modificación y es que se vendrá una oleada de entrega de títulos de exploración y explotación de hidrocarburos con métodos tradicionales o no, es decir con fracking. En materia de extracción de hidrocarburos las políticas no van a variar entre Duque y Santos, en cuanto a la desprotección de páramos y fuentes de agua potable para la ciudadanía. La prioridad en los recursos naturales se ubica en la utilización de estos para la extracción de petróleo y no para la vida de las comunidades. Los dos gobiernos, el entrante y el saliente, se han mantenido en la idea de abolir las consultas populares sobre la suerte de los territorios con riquezas mineras y lo que seguirá es el recorte de derechos constituciones sobre el suelo y el subsuelo de la nación.
Defensa
En materia de seguridad se habla de nombres muy polémicos para ocupar la cartera de Defensa. Pero en cualquier caso, la política de seguridad democrática en tiempos de Duque no se separa de su antecesor: profundización del presupuesto nacional en asuntos militares con la idea de garantizar la entrada del país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, profundizar la política anti insurgente y la doctrina del enemigo interno en los territorios del país.
Los futuros planes militares se enfocarán en contra de las “nuevas amenazas terroristas” atrincheradas en las disidencias de las exguerillas, como lo anunciara en campaña la hoy vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. El diálogo de paz en La Habana entre la insurgencia del ELN y el gobierno quedará en suspenso, dicen en las toldas uribistas a cambio de que esa guerrilla asuma una especie de derrota histórica y entregue sus armas por un acuerdo judicial.
Política exterior
En materia diplomática la línea del nuevo gobierno será Washington. Ha dicho Duque que tendrá relaciones cercanas con el gobierno norteamericano y eso tampoco será nada nuevo con su antecesor, Juan Manuel Santos. El papel del presidente Duque en este nuevo contexto latinoamericano será de constante agresión a gobiernos democráticamente elegidos, y una política diplomática de asfixia política, económica y militar contra Venezuela principalmente desde la Organización de Estados Americanos.
“El problema de fondo es que hasta que no termine esa dictadura el éxodo no va a parar”, dijo a CNN Duque, quien agregó que no va nombrar embajador de Colombia para el vecino país. Así las cosas, el más probable escenario de Colombia en el continente será de provocación constante al vecino país, con elementos nuevos en favor de dicha política: la entrada de Colombia a la OTAN y la alianza militar con bases norteamericanas en nuestro territorio.
Congreso colombiano
En la política local, el gobierno de Duque tendrá el reto de alimentar la burocracia, la rapiña de todas las fuerzas políticas clientelares del país. La preguntas surge es sí tendrá la capacidad de reducir el Estado, como lo ha dicho con sus consignas. La repartija burocrática del Estado incluye a los aliados del Centro Democrático como el Mira y las fuerzas cristianas independientes que les dieron su apoyo desde el inicio de la campaña. Además de mantenerles a los conservadores sus cuotas de poder, al Partido Liberal nuevos nombramientos, como al Partido de la U y a sus propios militantes.
La mayoría aplastante que se conformó entre las fuerzas políticas que han acompañado la campaña de Duque va a reflejar que el poder legislativo quedó en manos del ejecutivo. Ernesto Macías, un dirigente huilense y María del Rosario Guerra, una escudera de tiempo atrás del exmandatario Álvaro Uribe, van a disputar en la interna del Centro Democrático, la presidencia del Senado. Aunque Uribe es el senador más votado, este va preferir debatir desde su curul y no desde la presidencia al contradictor por excelencia, Gustavo Petro, jefe de la bancada Decentes y de la oposición en el parlamento.
Desde la presidencia del Senado se van dirigir los debates neurálgicos para la legislatura que comienza el 20 de julio con temas como la implementación de los acuerdos de paz y la reforma al sistema electoral colombiano, la reforma al código minero, reforma tributaria, reforma pensional, reforma laboral.
Otros sectores
Las prioridades del gobierno Duque en materia legislativa serán en función de modificar el estado para sus propios intereses. Ya se prepara la reforma a la justicia que dejará al país en una especie de monarquía judicial bajo el control del Ejecutivo y con los poderes limitados. La teoría del control de poderes pasará al estado de opinión, un viejo anhelo del primer mandato del gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002. Y por supuesto acabar con la competencia de la JEP sobre terceros involucrados en el conflicto y los militares de alto rango involucrados en crímenes de Estado y de guerra.
La salud de los colombianos quedará ajustada a una regla de utilidad privada de las empresas prestadoras de salud que irá de la mano con las reformas de ajuste fiscal que propiciarían una modificación a los planes de aseguramiento en salud que podrían ofrecer las EPS. Es decir, la reforma a la salud quedará solamente con el visto bueno de los dueños de los emporios empresariales del sector salud.
Nada va a cambiar, señalan voceros de la bancada de oposición Decentes en el Congreso de la República. “No podemos esperar un cambio de timón brusco cuando hay dos gobiernos, uno entrante y otro saliente, que representan los mismo intereses y que aspiraran a continuar en el poder político y económico que solo favorece a los ricos”, señala Aída Avella, senadora decente.
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