Escrito por Renan Vega Cantor 
El 28 de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad (sic) de las Naciones Unidas (sic), del que forma parte el Estado colombiano, aprobó por unanimidad la resolución No. 1970, por medio de la cual se condena a Libia.
Lo significativo del caso es que un estado criminal como el colombiano, que se caracteriza por su permanente violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y del más elemental de todos los derechos, el derecho a la vida, y cuyo presidente actual es el responsable intelectual, ideólogo y organizador del asesinato de miles de jóvenes pobres, conocidos de manera eufemística como “falsos positivos”, presuman de ser defensores del pueblo de Libia y con lagrimas de cocodrilo condenen a ese país por violar los derechos humanos, fungiendo de simples perros falderos del imperialismo, e incluso pidan la intervención de la dudosa y muy cuestionada Corte Penal internacional. No debe sorprender que un régimen como el colombiano, tan criminal y dependiente del imperialismo, se haya plegado a una resolución redactada por la delegación de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania.
Por si hubiera dudas de lo que estamos diciendo con respecto a la violación de los derechos humanos por parte del régimen en Colombia, sólo basta recordar algunas cifras: Colombia es el primer país del mundo en desplazamiento forzado de su población (5.500.000 personas), superando a países como Sudan e Irak; Colombia es el campeón mundial de asesinato de sindicalistas; entre el 2005 y 2010, la Fiscalía General de la Nación, reportó 173.000 asesinatos por parte de fuerza (para)militares; la ONU misma acaba de decir en febrero de este año que en Colombia se incrementaron las masacres cometidas por grupos criminales, en los que se comprueba la participación de miembros de las fuerzas armadas estatales, que pasaron de 27 en 2009 a 38 en 2010; se calculan en 250000 los desaparecidos en Colombia en los últimos 20 años; se han encontrado en el territorio colombiano unas 300 fosas con restos de personas asesinadas, por paramilitares y fuerzas armadas; hay 7500 presos político en Colombia que sufren la tortura y el maltrato por parte del Estado; Presidentes de la República, vicepresidentes, ministros, senadores, funcionarios del Estado a todos los niveles, generales y altos y bajos mandos del Ejército, la policía, el DAS y todos los organismos del Estado han sido y son organizadores, financiadores y miembros de grupos de criminales a lo largo y ancho del país. ¡Con estos pocos datos queda demostrada la gran autoridad moral que el régimen colombiano tiene para impartirle lecciones de derechos humanos a Libia o a cualquier otro país del mundo!
El discurso del Embajador de Colombia ante la ONU alcanza tal nivel de surrealismo, que su contenido, al pie de la letra y sin cambiarle ni una coma, puede ser aplicado a Colombia. Por ello reproducimos el texto leído por Néstor Osorio en las Naciones Unidas el 28 de febrero, pero cambiándole algunos nombres (donde dice Colombia hemos puesto Libia y viceversa, y los cambios van en negrillas), para demostrar que se aplica por completo al caso de Colombia y a los crímenes perpetrados por el Estado, y como consecuencia de los cuales deben ser juzgados por tribunales internacionales conocidos genocidas como Álvaro Uribe Vélez.
El texto tomado directamente de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es el siguiente:
28/03/2011
Discurso de Embajador Ali Treki ante Consejo de Seguridad de la ONU sobre situación en Colombia
Nueva York, (28 Feb./11). El embajador Ali Treki, Representante Permanente de Libia ante las Naciones Unidas, manifestó su satisfacción por la resolución del Consejo de Seguridad ante la situación de Paz y Seguridad en América Latina y Colombia.
CONSEJO DE SEGURIDAD PAZ Y SEGURIDAD EN AMERICA LATINA, LA SITUACION EN COLOMBIA
INTERVENCIÓN DE S.E. EMBAJADOR ALI TREKI, REPRESENTANTE PERMANENTE DE LIBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
Señora Presidente,
Quiero expresar la satisfacción de mi delegación por la Resolución que este Consejo viene de aprobar, como resultado de un proceso de consultas oportuno, responsable y en consonancia con el sentido de urgencia que la situación y la comunidad internacional exigen.
De manera unánime y con determinación, el Consejo transmite un mensaje directo y contundente: la violencia debe terminar y los responsables de los ataques contra la población tendrán que responder por sus delitos y por ello, resulta muy oportuna la decisión de remitir la situación a la Corte Penal internacional.
Consternados hemos seguido el escalamiento de la violencia y la represión contra la población. Libia reitera la urgencia de detener la violencia y exige a las autoridades colombianas el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Rechazamos de manera inequívoca las incitaciones a la violencia desde sectores oficiales y condenamos las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo colombiano. El Estado debe asumir su responsabilidad primaria de garantizar la seguridad y derechos de sus ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Mi país ha mantenido una posición firme y coherente en todos los escenarios en los que se ha abordado esta situación. Copatrocinamos la resolución del Consejo de Derechos Humanos, en la que se estableció una comisión internacional de investigación sobre las violaciones cometidas en Colombia y se recomendó la suspensión de la membresía de ese país. Adicionalmente, copatrocinaremos la resolución que somete a consideración de la Asamblea General esa recomendación.
Colombia debe encontrar los mecanismos para responder de manera efectiva a las legítimas aspiraciones de su pueblo, en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, en la que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos y libertades fundamentales. La reconciliación requerirá el establecimiento de responsabilidades, enfrentar la impunidad y asegurar que quienes cometan o hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean sometidos a la justicia.
La comunidad internacional debe permanecer unida y continuar tomando las medidas conducentes a detener las violaciones que cometen los verdugos del pueblo colombiano.
Muchas gracias, señora Presidente.
Lo significativo del caso es que un estado criminal como el colombiano, que se caracteriza por su permanente violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y del más elemental de todos los derechos, el derecho a la vida, y cuyo presidente actual es el responsable intelectual, ideólogo y organizador del asesinato de miles de jóvenes pobres, conocidos de manera eufemística como “falsos positivos”, presuman de ser defensores del pueblo de Libia y con lagrimas de cocodrilo condenen a ese país por violar los derechos humanos, fungiendo de simples perros falderos del imperialismo, e incluso pidan la intervención de la dudosa y muy cuestionada Corte Penal internacional. No debe sorprender que un régimen como el colombiano, tan criminal y dependiente del imperialismo, se haya plegado a una resolución redactada por la delegación de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania.
Por si hubiera dudas de lo que estamos diciendo con respecto a la violación de los derechos humanos por parte del régimen en Colombia, sólo basta recordar algunas cifras: Colombia es el primer país del mundo en desplazamiento forzado de su población (5.500.000 personas), superando a países como Sudan e Irak; Colombia es el campeón mundial de asesinato de sindicalistas; entre el 2005 y 2010, la Fiscalía General de la Nación, reportó 173.000 asesinatos por parte de fuerza (para)militares; la ONU misma acaba de decir en febrero de este año que en Colombia se incrementaron las masacres cometidas por grupos criminales, en los que se comprueba la participación de miembros de las fuerzas armadas estatales, que pasaron de 27 en 2009 a 38 en 2010; se calculan en 250000 los desaparecidos en Colombia en los últimos 20 años; se han encontrado en el territorio colombiano unas 300 fosas con restos de personas asesinadas, por paramilitares y fuerzas armadas; hay 7500 presos político en Colombia que sufren la tortura y el maltrato por parte del Estado; Presidentes de la República, vicepresidentes, ministros, senadores, funcionarios del Estado a todos los niveles, generales y altos y bajos mandos del Ejército, la policía, el DAS y todos los organismos del Estado han sido y son organizadores, financiadores y miembros de grupos de criminales a lo largo y ancho del país. ¡Con estos pocos datos queda demostrada la gran autoridad moral que el régimen colombiano tiene para impartirle lecciones de derechos humanos a Libia o a cualquier otro país del mundo!
El discurso del Embajador de Colombia ante la ONU alcanza tal nivel de surrealismo, que su contenido, al pie de la letra y sin cambiarle ni una coma, puede ser aplicado a Colombia. Por ello reproducimos el texto leído por Néstor Osorio en las Naciones Unidas el 28 de febrero, pero cambiándole algunos nombres (donde dice Colombia hemos puesto Libia y viceversa, y los cambios van en negrillas), para demostrar que se aplica por completo al caso de Colombia y a los crímenes perpetrados por el Estado, y como consecuencia de los cuales deben ser juzgados por tribunales internacionales conocidos genocidas como Álvaro Uribe Vélez.
El texto tomado directamente de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es el siguiente:
28/03/2011
Discurso de Embajador Ali Treki ante Consejo de Seguridad de la ONU sobre situación en Colombia
Nueva York, (28 Feb./11). El embajador Ali Treki, Representante Permanente de Libia ante las Naciones Unidas, manifestó su satisfacción por la resolución del Consejo de Seguridad ante la situación de Paz y Seguridad en América Latina y Colombia.
CONSEJO DE SEGURIDAD PAZ Y SEGURIDAD EN AMERICA LATINA, LA SITUACION EN COLOMBIA
INTERVENCIÓN DE S.E. EMBAJADOR ALI TREKI, REPRESENTANTE PERMANENTE DE LIBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
Señora Presidente,
Quiero expresar la satisfacción de mi delegación por la Resolución que este Consejo viene de aprobar, como resultado de un proceso de consultas oportuno, responsable y en consonancia con el sentido de urgencia que la situación y la comunidad internacional exigen.
De manera unánime y con determinación, el Consejo transmite un mensaje directo y contundente: la violencia debe terminar y los responsables de los ataques contra la población tendrán que responder por sus delitos y por ello, resulta muy oportuna la decisión de remitir la situación a la Corte Penal internacional.
Consternados hemos seguido el escalamiento de la violencia y la represión contra la población. Libia reitera la urgencia de detener la violencia y exige a las autoridades colombianas el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Rechazamos de manera inequívoca las incitaciones a la violencia desde sectores oficiales y condenamos las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo colombiano. El Estado debe asumir su responsabilidad primaria de garantizar la seguridad y derechos de sus ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Mi país ha mantenido una posición firme y coherente en todos los escenarios en los que se ha abordado esta situación. Copatrocinamos la resolución del Consejo de Derechos Humanos, en la que se estableció una comisión internacional de investigación sobre las violaciones cometidas en Colombia y se recomendó la suspensión de la membresía de ese país. Adicionalmente, copatrocinaremos la resolución que somete a consideración de la Asamblea General esa recomendación.
Colombia debe encontrar los mecanismos para responder de manera efectiva a las legítimas aspiraciones de su pueblo, en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, en la que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos y libertades fundamentales. La reconciliación requerirá el establecimiento de responsabilidades, enfrentar la impunidad y asegurar que quienes cometan o hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean sometidos a la justicia.
La comunidad internacional debe permanecer unida y continuar tomando las medidas conducentes a detener las violaciones que cometen los verdugos del pueblo colombiano.
Muchas gracias, señora Presidente.
