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viernes, 11 de septiembre de 2015

La Guajira colombiana es gobernada por una narcodinastía

Kiko Gomes y Juan Manuel Santos

La parapolítica y el narcotráfico han venido reforzando su progresiva institucionalización en el tejido político y social de La Guajira colombiana desde hace aproximadamente 25 años. Nada fuera de lo común en un país como Colombia, donde el ya regularizado ejercicio formal de la política es la síntesis final de la lucha intestina (y permanente) entre grupos criminales dedicados a la paraeconomía en toda su amplia gama de actividades y al financiamiento del aparato de seguridad paramilitar tan indispensable para que el primero pueda funcionar y desarrollarse en amplias longitudes territoriales.
Es quizás en La Guajira colombiana, por su condición geoestratégica fundamentalmente, que el advenimiento de narcodinastías empotradas desde hace décadas en la dirección estadal en este departamento fronterizo puede observarse con una mayor claridad en la actualidad.
La exposición que exhibe el departamento de la Guajira colombiana con el Océano Atlántico constituye un canal marítimo y aéreo privilegiado para transportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa, como también lo es el amplio nexo territorial fronterizo con Venezuela en la consumación de redes mafiosas de contrabando ininterrumpido de combustible y mercancías de distinto tipo.
Ambas facultades geográficas representan un circuito de acumulación paraeconómica inmensamente rentable.
Es gracias a este posicionamiento territorial que la narcodinastía de los Ballesteros-Bernier se han apoderado política y económicamente del departamento, mediante sus estrechísimas relaciones con el paramilitarismo, con el lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional y con el contrabando de combustible y otros productos desde Venezuela.
Jorge Ballesteros, ex senador de La Guajira por el partido de Juan Manuel Santos (el Partido de la U), es el padre del actual gobernador de dicha entidad, José María Ballesteros. Ballesteros padre fue el primer gobernador electo en el año 1992.
Jorge Ballesteros es hermano del famoso "Hombre Marlboro", Samuel Santander Lopesierra, quien en el año 1986 figuró como concejal de Maicao y dos años después como diputado nacional por el departamento de La Guajira. Fue uno de los operadores más importantes del narcotráfico y el contrabando de la zona mediante las conexiones que sostuvo durante años con la poderosa familia Mansur, radicada en Aruba y Miami, la cual ostentaba los derechos de distribución de cigarrillos de la multinacional British American Tobacco.
Ese carácter de exclusividad en cuanto a relaciones públicas mafiosas le permitió a Samuel Santander Lopesierra ingresar vía contrabando ingentes cantidades de cigarrillos, licores y electrodomésticos a La Guajira desde Aruba. Lopesierra, por su parte, pagaba los favores con el envío de cocaína hacia los predios de la familia Mansur, quienes a su vez (re)invertirían ese capital en redes de hoteles y casinos en la ciudad de Miami entregándole una importante comisión en dinero limpio al exportador de origen.Lopesierra, además, fue el artífice fundamental en la inserción del paramilitarismo en La Guajira mediante sus nexos con Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Carlos Castaño durante la década de los 90, potenciando las capacidades operativas de las redes del contrabando de gasolina desde Venezuela, como también de la pujante industria del narcotráfico que, como el agua, busca la salida más fácil, sólo que es agua tóxica y lo bastante disolvente como para apropiarse a fuego lento del borde donde ejerce soberanía territorial, energética y agroalimentaria el que tiene al lado
Los wayúu desplazados y la apropiación indiscriminada de tierras en beneficio de trasnacionales y élites paraeconómicas que generó esta política de Estado, es sólo la confirmación de que la narcodinastía de la que hablamos también supo sacarle provecho a su mina de esclavos, todos empujados al trágico azar de la violencia, el narcotráfico y el contrabando.
Y todo esto comenzó a agarrar cuerpo cuando el hermano de Lopesierra fungía como gobernador, el cual aparte de otorgarle facilidades y condescendencias extremas también se beneficiaba del genio paraeconómico del hermano. 
Del vientre político de Lopesierra y Jorge Ballesteros nació el último gobernador de La Guajira, el famoso "Kiko" Gómez Cerchar. Aprovechando los consejos de sus mentores políticos, basó su dominio gubernamental a partir de la vinculación con el jefe paramilitar alias "Marquitos", y con las redes de contrabando y narcotráfico que ya se habían labrado 18 años antes. Durante ese lapso de tiempo, "Kiko" Gómez estaba dando sus primeros pasos como actor de segunda en el tráfico de armas, drogas y gasolina venezolana.
A "Kiko" Gómez se le relaciona directamente, en medio de su mandato como gobernador del departamento, con 131 asesinatos políticos perpetrados a concejales, procuradores, exministros y líderes wayúu.
En la portada de esta nota pueden ver a Juan Manuel Santos riéndose con "Kiko" Gómez.
El delfín de la narcodinastía y actual gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, bebió políticamente de "Kiko" Gómez aprovechando las alianzas que le había dejado a través de este oscuro personaje su querido tío, Samuel Lopesierra, con el narcoparamilitarismo y el blindado sistema paraeconómico regional que subsiste gracias al ataque sistemático a la soberanía venezolana.
Vale la pena destacar que Gómez es nieto de un coronel, hacendado y miembro del Partido Liberal, Mario Catalino Gómez, quien participó en la Guerra de los Mil Días, y que su esposa es Bibiana Bacci García, prima hermana del jefe paramilitar alias "Marquitos".
En la endogamia parapolítica no hay espacio para las casualidades.

El cierre fronterizo supone, en términos políticos generales, una actitud proclive al diálogo binacional. Sin embargo esa capacidad de diálogo se ve vilipendiada cuando del otro lado no hay políticos, sino lacras de cuello blanco.  


martes, 17 de diciembre de 2013

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO, "SANTOS NOS PIDIO PEREDON, PERO....."


El Presidente nos pidió perdón
El pasado 10 de diciembre, en el contexto de una ceremonia en el Palacio de Nariño con miras al lanzamiento de la Propuesta Política Integral de Derechos Humanos, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pidió perdón a nuestra Comunidad de Paz en estos términos:
“Hace algunos años, desde la primera magistratura de la nación, se hicieron acusaciones injustas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en cabeza del propio Presidente, a retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación. Y lo hago con una firme convicción de demócrata, con todo el sentido de lo que significa esta retractación en términos de justicia moral por una comunidad que ha apostado por un presente y un futuro de paz. Nos retractamos como Estado y como Estado manifestamos el compromiso irrenunciable con el respeto y protección de los derechos humanos así como nuestro acatamiento a los órganos judiciales que velan por estos derechos. Reconozco en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos, que no obstante haber padecido el conflicto en carne propia ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país. No estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia y por el contrario consideramos que todo defensor de la paz y los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. POR ESO PEDIMOS PERDÓN. PIDO PERDÓN”.
Con este gesto, el Presidente quiso acatar, extemporáneamente, el mandato consignado por la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio de 2012 en el cual estableció, en su primer punto resolutivo, ordenar al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”.
Nuestra Comunidad de Paz valora positivamente los términos del gesto presidencial y considera que con él se cumple una parte de la Orden No. 1 del Auto 164/12 de la Corte Constitucional.
Si bien valoramos positivamente que, en términos claros que no dejan lugar a la duda o a la ambigüedad, el Presidente Santos reconozca la injusticia cometida y trate de resarcirla con palabras que invitan al país y al mundo a corregir una identidad estigmatizada durante 9 años que sirvió de base justificadora a más de dos millares de crímenes de lesa humanidad que han buscado destruirnos, también echamos de menos el cumplimiento de la segunda parte de la orden impartida por la Corte Constitucional, consistente en la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y establecer un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza.
Nuestra Comunidad lamenta profundamente que el despacho del Presidente no nos haya contactado en ningún momento, siquiera para avisarnos de su propósito de retractación, hecho del cual nos enteramos posteriormente por medios masivos de comunicación, ni para evaluar de manera real y concreta las dimensiones y efectos que en 9 años han cosechado las calumnias presidenciales. Desde que comenzó el mandato del Presidente Santos nuestra Comunidad ha radicado en su despacho 12 derechos de petición en los cuales ha puesto en su conocimiento los hechos de barbarie a que hemos sido y seguimos siendo sometidos por parte de sus subordinados, sin que jamás hayamos obtenido respuesta alguna de su parte, contentándose su despacho con remitir los documentos a nuestros mismos victimarios, los cuales de manera persistente y contumaz niegan y afirman desconocer lo que sufrimos en carne propia por parte de sus manos criminales.
Esperamos que el Señor Presidente decida conocer y evaluar en directo nuestra victimización y a tomar medidas que lleven, de manera eficaz, a detener el proceso sistemático de exterminio que militares y paramilitares en unidad de acción tratan de consumar contra nosotros. 
Nuestra experiencia de 16 años enterrando muertos; enfrentando montajes judiciales de la más alta y refinada perversidad; reparando sin ayuda alguna del Estado las destrucciones producidas por saqueos, incineración y destrucción de viviendas, cultivos y bienes elementales de subsistencia; atendiendo a torturados y amenazados, víctimas de bombardeos indiscriminados y de enfrentamientos bélicos realizados tozudamente en medio de la población civil contra todas las prescripciones de la Corte Constitucional; sorteando con diversas estrategias los envenenamientos de nuestras fuentes de agua, la violación de nuestras mujeres, jóvenes, niños y hasta de nuestros animales; los empadronamientos ilegales y las incursiones conjuntas de militares y paramilitares que sólo miran a sembrar terror, a impedir el ejercicio de los derechos civiles y políticos y a buscar un sojuzgamiento de los civiles a sus planes de control territorial conjunto militar/paramilitar en beneficio de empresas con fines inconfesables; protestando y denunciando la aterradora podredumbre de los poderes judicial y disciplinario en la zona, que pisotea toda norma legal y deja en impunidad absoluta todos los crímenes…  todo este sufrimiento nos impone con fuerza el interrogante de si es posible detener esta barbarie sin tomar una sola medida de corrección y de sanción sobre el personal militar y policial que ha controlado la zona durante al menos los últimos tres lustros, en estrecha coordinación con estructuras paramilitares terriblemente criminales. De allí que nos preguntemos con angustia: ¿será que las solas palabras de perdón van a detener el crimen sistemático de lesa humanidad, definido en el Estatuto de Roma como PERSECUCIÓN, sin que ello se proyecte en medidas reales y eficaces que esclarezcan, corrijan, sancionen y reparen?
Nuestra Comunidad sigue esperando al menos lo que la Corte Constitucional en su sabiduría definió como un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento.
También seguimos esperando el cumplimiento de las otras 4 órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el Auto 164/12, las cuales no fueron acatadas dentro de los términos establecidos por la Corte, quedando pendientes de nuevos plazos:
  • el establecimiento de una Comisión de Evaluación de la Justicia;
  • el establecimiento de un plan de prevención y protección colectivo de la vida, integridad, seguridad y libertad de la Comunidad de Paz, así como la adopción de un mecanismo de protección que no aumente el riesgo para sus miembros y acompañantes;
  • el establecimiento de un procedimiento expedito y transparente para tramitar las quejas y solicitudes de la Comunidad de Paz, mientras se llega a resultados eficaces en la Comisión de Evaluación de la Justicia y se pueda establecer en la zona una Casa de Justicia;
  • el establecimiento de un procedimiento de revisión y aplicación de los principios del derecho internacional humanitario que respete a la vez el deber constitucional de la fuerza pública y los derechos de la Comunidad de Paz, a la luz del mecanismo adoptado conjuntamente por la fuerza pública y comunidades de paz en 1998, que excluía la presencia de la fuerza pública en zonas humanitarias a no ser para conjurar problemas puntuales de orden público según concepto de las comunidades o de las casas de justicia.
Lamentamos profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio y violación de sus derechos fundamentales por parte de sus directos subordinados y que si no toma decisiones drásticas frente a ellos, continuará incurriendo en la responsabilidad de mando sobre perpetradores de crímenes de lesa humanidad, desatendiendo normas concretas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Ejemplo clarísimo de esto es su negativa a exigirle a su Ministro de Defensa el acatamiento de la Sentencia 1025/07, a pesar de nuestras ya numerosas peticiones de que imparta órdenes precisas para que dicha sentencia sea acatada. No entendemos cómo la contumacia del Ministro de Defensa en dicho desacato no ha llevado al Presidente a destituir a un funcionario que no respeta la Constitución y la Ley, pues le sigue tolerando el desacato, en flagrante violación de la Constitución Nacional.
Igual ejemplo de esto es su negativa a darle orden al Ejército de devolver al seno de su familia y comunidad al joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, desaparecido forzadamente el pasado 31 de agosto en la vereda La Hoz de San José de Apartadó  por un grupo de paramilitares que actúan en estrecha unidad de acción con tropas del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército, el mismo batallón que perpetró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005. El repugnante cinismo con que el Gobierno le responde a los organismos intergubernamentales que le exigen entregar al joven desaparecido, afirmando que lo están buscando en hospitales y terminales de transporte, mientras saben de sobra qué tropas conjuntas militares/paramilitares los sustrajeron a toda protección jurídica de sus derechos y lo sumergieron en una total indefinición existencial, es un caso más que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las palabras –incluyendo palabras sentidas de Perdón-  pueden servir de manto encubridor a la barbarie y legitimar a Estados que incluso han suscrito instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, borrando con los hechos lo que se suscribe con solemnidad en el foro de las naciones.
La persistencia inclemente de la PERSECUCIÓN, nos obliga a adicionar a esta constancia los últimos HECHOS que hemos sufrido:
  • El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asentamiento. Nos vino inmediatamente a la mente el recuerdo de FRANCISCO PUERTAS, coordinador de esa Zona Humanitaria de nuestra Comunidad de Paz, asesinado el 14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá. Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con Vallas y banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se negó a reconocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humilde enramada protectora. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de terror contra los  pobladores.
  • El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José de Apartadó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y policiales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares frente a los insurgentes, poniéndolos en alto riesgo.
  • El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de nuestra Comunidad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anteriores había tenido el cargo de Defensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de realizar diligencias para lograr una indemnización administrativa por su familiar víctimizado, haciendo todo de manera irregular sin que nadie se enterara ni descubriera los ilegales procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gente, utilizando el  mecanismo del “chanchullo”. El funcionario era consciente de que nuestra Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que participan todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administrativa, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como exclusivas mercancías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho funcionario realiza una estrategia clandestina de burla y destrucción de nuestros principios éticos.
  • En los últimos días hemos conocido respuestas que la Defensoría del Pueblo remite a comunidades y organizaciones de otros países que han reclamado la aparición con vida del joven Buenaventura Hoyos, desaparecido el 31 de agosto de este año por hordas conjuntas de militares y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales, clínicas, terminales de transporte y centros penitenciarios, como si éstas fueran medidas eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos captores están íntimamente coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrinación de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su rescate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de diversos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agentes estatales y paraestatateles que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no podemos sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues nos asiste la convicción de que la Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universales.
Mediante esta constancia nuestra Comunidad de Paz quiere dar a conocer a todas las comunidades y personas que en diversas partes del país y del mundo nos han ayudado a mantener en alto nuestros valores y principios con solidaridad moral insobornable, así como a numerosos medios de comunicación y organizaciones y sectores de la sociedad civil que nos han solicitado, nuestra reacción y análisis de la petición presidencial de perdón y de todo aquello que la contextúa en medio de nuestros sufrimientos. Ningún evento, por importante que sea, puede hacernos perder la perspectiva de la defensa de unos valores y principios que hemos construido en medio de aterradores sufrimientos, en medio de procesos de resistencia que cobraron la vida de varios centenares de nuestros hermanos y hermanas.
Fraternalmente,
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Diciembre 16 de 2013

--
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org
NOTA: EL TITULO DE ESTA ENTRADA ES de javier lopez 

viernes, 18 de octubre de 2013

PRESIDENTE DE COLOMBIA RECIBE PREMIO POR SERVICIOS PRESTADOS A LAS MULTINACIONALES
















POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO-NY  


"ASI PREMIAN LAS MULTINACIONALES A UN GOBERNANTE APATRIDA QUE DEFIENDE SUS INTERESES POR ENCIMA DE LOS INTERESES DEL PAIS QUE JURO DEFENDER".

 PRESIDENTE DE COLOMBIA RECIBE LA PAGA POR SERVICIOS PRESTADOS

El presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió en Nueva York hace unos días el premio por Servidor Público que otorga el Centro Wilson. Premio que debe ser en realidad por su Servicio a las Multinacionales, que entre otras cosas son las que auspician y pagan de $100,000 y $50,000 del evento de hoy en The Pierre Hotel: La Pacific Rubiales Energy, Glencore, Drumond Ltd, Chevron, Lockheed Martin, CitiBank entre otras. El 13 de septiembre, 2011 en Tokio el presidente Santos declaró: “queremos ofrecer un país donde los inversionistas-extranjeros- se sientan en su casa. Porque tenemos la filosofía de que si a los inversionistas les va bien, al país le va bien”. A los inversionistas les ha ido muy bien pero no al país.

Todas ellas se han beneficiado de las medidas gubernamentales colombianas y actúan contra sus trabajadores de la misma manera y entonces hoy honran a su más preciado defensor y promotor de sus intereses. Veamos algunos hechos:

• La política minero-energética donde el Estado era dueño del 51% de los contratos de asociación se eliminó y ahora se regresó al sistema de concesiones donde las multinacionales se volvieron las dueñas del recurso. También se privatizaron las empresas mineras del Estado que fueron compradas a por debajo de precio por las multinacionales.

• Esas multinacionales petroleras, carboneras y de gas se benefician de las exenciones tributarias y el pago mínimo de regalías. Ellas reportan y Santos les cree, sobre cuántos barriles, toneladas o metros cúbicos venden y a que precios y así pagan regalías e impuestos a su conveniencia.

• En los primeros meses del 2012 la Pacific Rubiales despidió cerca de 5,000 trabajadores que el año anterior se habían declarado en huelga contra las pésimas condiciones laborales y por el derecho a la sindicalización. El Ministerio del Trabajo mantiene su silencio, se militarizó la zona y enviaron la policía antimotines para acallar la protesta en Puerto Gaitan.

• La Pacific Rubiales está asociada con la Rem Forest Product, que explotará por 15 años más 5 millones cúbicos de maderas en la zona del Chocó. De esta manera continuará destrozando uno de los pulmones del planeta y una de las regiones más bio-diversa de la nación.

• Nadie exige, ni controla que la Glencore y Drumond adelanten daños ambientales y de salubridad como la contaminación atmosférica, la destrucción del ecosistema base del sustento de poblaciones, desecación de humedales, colonización y destrucción de bosques y contaminación de aguas dulces.

• La Chevron recibió sin pagar un centavo, sin haberlo pedido, la extensión del contrato de extracción de Gas de la Guajira que debía expirar en diciembre del 2004 y revertir a la nación con todo y le fue extendido hasta el 2016.

• Recientemente los trabajadores de la Drumond organizados en Sintraminergética presentaron un pliego de peticiones que la empresa se niega a solucionar. Acuden a la huelga que la multinacional levanta con la complicidad del Ministerio del Trabajo, violentando las normas laborales vigentes en Colombia y los convenios internacionales que protegen el derecho a la huelga. Sólo el sindicato tiene el derecho de levantar la huelga. Es el comienzo de la eliminación de este derecho de los trabajadores en ese país.

• La Lockheed Martin busca que el presidente Santos le compre 12 aviones F-16 este año y otros más en el 2015, además de equipos de inteligencia, logística y servicios de seguridad.

• Todas se niegan a aceptar las peticiones los trabajadores sobre estabilidad laboral, salarios justos y garantías sindicales y para ellos cuentan con la complicidad del gobierno colombiano.

• La Monsantos está feliz con Santos pues el empezó la implementación de la venta de sus semillas certificadas y transgénicas con la Resolución 9.70. Y así los arroceros de Montealegre-Huila se les prohibió usar sus propias semillas para la próxima cosecha y les destruyeron 70 toneladas de arroz todo para llevar a cabo su compromiso con el TLC Estados Unidos-Colombia.

Es indispensable señalar que los trabajadores, los campesinos e industriales nacionales, los estudiantes y maestros, los ingenieros y la mayoría de la población colombiana rechazan las políticas económicas neoliberales y sus Tratados de Libre Comercio porque destruye su producción y soberanía nacionales, su democracia y su dignidad.

Los paros agrarios de febrero y agosto lograron que el país entero este debatiendo sobre los Tratados de Libre Comercio, parte de sus exigencias esta la renegociación del TLC con Estados Unidos que destruye su producción y la posibilidad de llevar la comida a la mesa de sus familias. Colombia exportaba alimentos y hoy importa incluso café. Se auguran estallidos de protestas en los cuatro puntos cardinales del país.


Añadimos que los TLCs tampoco han beneficiado a los trabajadores y al pueblo estadounidenses y por eso sus organizaciones sindicales y otras agrupaciones han estado en la oposición a los TLCs y hoy se oponen a la Alianza Trans-Pacífica y Trans- Atlántica que negocia el presidente Obama

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