No solo serían armas de fuego y municiones, sino armamento considerado “menos letal” utilizado por los antidisturbios como gas lacrimógeno y proyectiles.
La organización, con sede en Londres, consideró verificado que el gobierno de Iván Duque “está utilizando indebidamente armas y equipos de Estados Unidos para cometer violaciones de derechos humanos contra manifestantes“.
Por ello, AI instó al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a que “cese de inmediato el suministro, venta o transferencia directa o indirecta de material utilizado para la represión“.
AI no paró ahí y pidió a la administración de Joe Biden que tampoco provea a Colombia con vehículos blindados o tecnologías de vigilancia y que no le brinde capacitación o cualquier otro tipo de asistencia técnica o financiera.null
“El secretario Blinken tiene el poder de detener el miedo y el terror que están soportando los manifestantes colombianos, y debe hacerlo inmediatamente”, dijo en un comunicado el director de incidencia política de AI Estados Unidos, Philippe Nassif.
El funcionario de Amnistía consideró como “escandaloso” el papel jugado por Washington “en el fomento de los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia” y dijo que las autoridades colombianas han cometido violaciones de derechos humanos “con el apoyo de Estados Unidos”.
“El Gobierno de EE.UU. ha tenido una angustiante participación en los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual y otras torturas, y la horrenda represión de decenas de manifestaciones, en su mayoría pacíficas”, añadió.
Por ello, sostuvo que la suspensión del suministro de armas debe mantenerse hasta que las fuerzas de seguridad colombiana cumplan plenamente con el derecho internacional, se investiguen los abusos cometidos y los responsables rindan cuentas.
A Colombia, la desaparición forzada se le convirtió en tragedia: 60.630 personas han sido víctimas de este atroz delito entre 1970 y 2015, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En promedio, significa que cada 24 horas hubo tres desaparecidos.
El dato muestra, además, que la desaparición forzada ha cobrado en Colombia, en un periodo de democracia continua, “más que las que ocasionaron sumadas las dictaduras del Cono Sur”, indica el estudio.
En términos absolutos, la cifra en Colombia, durante gobiernos democráticos, supera bastante los números que este delito dejó en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay juntas: 3.500 casos documentados en el primero, 10.000 en el segundo con una proyección de 30.000 casos y 192 en el último, según reportes oficiales.
Los datos fueron revelados por el más reciente informe del CNMH, un establecimiento público de orden nacional creado en 2011 para recoger toda la información relativa al conflicto armado colombiano.
Al lograr construir una cifra consolidada sobre la desaparición forzada, el reporte sienta un precedente sobre las dimensiones de un crimen que ha sido sostenido en el tiempo, pero que se ha ejecutado de distintas maneras a lo largo y ancho del territorio colombiano. Tanto así que ha estado presente en 1.010 municipios de los 1.115 que tiene Colombia.
La relatora e investigadora de este informe, Martha Nubia Bello, aclaró a CNN en Español que “llegamos a una cifra que avergüenza, que es indignante, pero que está incompleta. Muy seguramente ese número va a aumentar cuando en el país haya unas condiciones que den mayores garantías a las víctimas de denunciar y los procesos de búsqueda sean más dignos… además es un fenómeno tan largo en el tiempo que seguramente hay familiares de víctimas que ya murieron y no los encontraron”.
¿Por qué Colombia superó a las desapariciones en las dictaduras del Cono Sur?
A pesar de constituir el mismo delito, la desaparición forzada en Colombia guarda profundas diferencias con las que se ejecutaron en otros países. Empezando por las circunstancias políticas: en Argentina, Chile y Uruguay el crimen hacía parte del modus operandi de las dictaduras militares. Lo que permitió enfocar esfuerzos hacia un solo lugar para empezar a encontrar respuestas. Mientras que en Colombia se conjugan múltiples perpetradores, a razón del conflicto armado: desde las Fuerzas Armadas, pasando por los grupos paramilitares y bandas criminales, hasta las guerrillas. Pero el principal obstáculo es el silencio.
“Dada la naturaleza de la desaparición forzada, que tiene dos de sus principales atributos en el ocultamiento y la negación, aunado a la eficacia de los actores del conflicto armado para impedir la denuncia de las víctimas, no sorprende que a la hora de establecer los presuntos perpetradores el 51,4% de los casos tenga como autor desconocidos”, explicó el informe del CNMH.
Aún así, del porcentaje restante se ha podido establecer que el 46,1% de los casos corresponden a los grupos paramilitares, el 19,9% a las guerrillas, el 8,8% a los grupos criminales que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares, el 8% a agentes del Estado y el 15,9% a un grupo armado que no se identificó.
El Centro Nacional de Memoria Histórica pudo identificar que los actores armados, pese a las diferencias entre ellos mismos, han utilizado la desaparición forzada con tres propósitos:
Castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales
Generar terror y así ganar y ejercer control, debido al potencial simbólico de este delito.
Ocultar crímenes, eliminando los cadáveres de las víctimas y borrando evidencias, para así dificultar que los delitos cometido sean juzgados o para manipular y tergiversar las cifras.
Un conflicto extenso
Las distintas motivaciones para las desapariciones en Colombia y el contexto del extenso conflicto armado, así como los periodos de violencia por el narcotráfico, explican que este flagelo lleve 45 años sucediendo en el país.
Es decir, las desapariciones en el Cono Sur están atadas a los periodos de las dictaduras: en Colombia no por la misma dinámica del conflicto armado interno. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero que la recurrencia del delito esté sostenida en el tiempo. Si bien para Argentina fue de 1976 a 1983, en Chile de 1973 a 1990 y en Uruguay de 1973 a 1985, en el caso colombiano no puede haber una fecha de corte.
En términos de tiempo,que Argentina tenga en apenas siete años 10.000 casos de desaparición documentados con otros 30.000 proyectados es una cifra elevada. Casi la mitad de lo que registra Colombia en 45 años. Sin embargo, si se mira en detalle entre 1996 y 2005, este país tuvo una escalada en el crimen con 32.249 casos.
Una nueva forma de violencia, Por otro lado, y en palabras de la investigadora Martha Nubia Bello, el conflicto armado también hace que “explicar el fenómeno sea muy complejo porque la desaparición se empieza a mezclar con otras modalidades de violencia y, al no responder a la forma clásica que ha tenido este crimen en otros países, es difícil establecer categorías”.
De hecho, el Centro de Memoria Histórica identificó que los niveles registrados para el delito de desaparición forzada no están al margen de los que se presentan para asesinatos selectivos, masacres y secuestros. Esto quiere decir que hay una motivación fuerte detrás de desaparecer personas: “distorsionar las dimensiones de la violencia”, concretamente. Ahora, a partir de 2004, la desaparición empieza a superar permanentemente los asesinatos selectivos. Una situación que, según la investigación del CNMH, era algo excepcional entre 1970 y 2000.
Desapariciones… en democracia
Y la diferencia que puede ser más marcada entre los casos de Colombia y del Cono Sur: estas cifras ocurrieron en medio de una democracia. De hecho, en el primer periodo analizado por el informe (1970-1981), el Centro Nacional de Memoria Histórica explicó que “el caso colombiano tuvo algunas particularidades que condujeron a que el influjo de la Doctrina de Seguridad Nacional tuviese desarrollos distintos a los de las dictaduras del Cono Sur, lo que llevó a que la desaparición forzada transitara de la marginalidad a la regularidad, pero sin adquirir visos de generalización ni de masividad como se registró en Chile y Argentina”.
(Eso, por supuesto, hasta que el conflicto armado se recrudeció unos años después. De ahí que Bello exponga que “nuestra democracia (en Colombia) ha sido una democracia precaria, una democracia con muchas limitaciones, pues no ha sido respetuosa de los derechos humanos”.
Y agregó: “eso está demostrado porque muchas desapariciones están en cabeza de los agentes estatales (2.368 para ser exactos). Además, así no hayan sido perpetradores del crimen, hay un cuestionamiento a toda la institucionalidad por su incapacidad de proteger a los ciudadanos”.
Mientras Colombia intenta caminar fuera un conflicto armado interno que lleva más de medio siglo, sus deudas con los desaparecidos siguen pendientes. La pregunta de las víctimas es: ¿por cuánto tiempo más?
Quien intenta ingresar de forma violenta a la alcaldía de #Yumbo #Valle ? Porque al lado de los encapuchados están policías y militares colombianos Vandalismo oficial? Quien responde? Quien investiga?
COMUNICADO DE PRENSA | En relación a un vídeo que circula en redes sociales donde desde un dron se ven miembros de la institución, el Comando de la Tercera Brigada se permite aclarar que: fuentes: https://t.co/lXT5TpHsah
El senador Alexander López Maya le exigió al presidente Iván Duque y al Ministro de Defensa, Diego Molano que le informen a los colombianos, si ellos ordenaron la infiltración de personas vestidas de civil y con armas de fuego en una protesta que se realizó en la ciudad de Cali. Esta exigencia la hizo el senador López Maya al conocer un video donde está el Ejército con varias personas de civil, encapuchadas y portando armas de fuego en medio de una protesta.
El congresista Alexander López a través de su cuenta en twitter también solicitó a la ONU, la OEA y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se inicie de inmediato una investigación que permita determinar quién dio la orden de infiltrar la protesta social en Colombia.
Los senadores Alexander López Maya y Gustavo Bolívar en la reunión que sostuvieron hoy con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim McGovern, le solicitaron que: Estados Unidos suspenda la ayuda militar a Colombia por las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en las protestas pacíficas que desde el pasado 28 de abril se realizan en el país. El Congreso de los Estados Unidos adelante un debate por la forma como el presidente Duque ha ordenado reprimir de manera violenta a los manifestantes y finalmente que el Senado de Estados Unidos realice una visita a Colombia para que escuche a las víctimas de los asesinatos, violaciones sexuales y agresiones físicas que se han cometido por parte de agentes de la Policía y el Esmad.
Mañana los senadores López y Bolívar sostendrán una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar la demanda contra el presidente Iván Duque y los altos mandos militares por la violación de los derechos humanos que se han cometido en Colombia y que hasta el momento deja un saldo de 49 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la Policía, 87 personas víctimas de violencias basadas en género por parte de la fuerza pública, 578 personas heridas, 37 de ellas con lesiones oculares, 54 por arma de fuego y 82 defensores de derechos humanos agredidos.
Después los congresistas Alexander López y Gustavo Bolívar se reunirá con la Organización de Derechos Humanos Wola, el congresista Ed Markey, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y el sindicato SEIU, que tiene más de 2 millones de afiliados de servidores públicos de los Estados Unidos y que hacen parte del partido Demócrata; estas reuniones tienen como propósito informarle a estas organizaciones la violación sistemática de los derechos humanos que se viene cometiendo en el país durante el paro.
Director nacional de la policía G.R Jorge Luis Vargas
Contrario a lo visto y documentado sobre las constantes violaciones y abusos de la autoridad policial el Director nacional de la policía G.R Jorge Luis Vargas insiste en felicitar a sus hombres del ESMAD.
Son dos los objetivos estratégicos de la violación en masa como arma de guerra. El primero es el terror sobre la población civil para provocar su huida y dejar el terreno libre de enemigos. El segundo objetivo es degradar y conseguir que no se reconstruya el entorno social después de la humillación y la vergüenza que han sufrido por las violaciones. Así se consiguen espacios vacíos para los vencedores. Por supuesto, además hay matanzas para conseguir los espacios vacícios
En su libro de más de 354 páginas, este filósofo, escritor y pedagogo Colombiano aborda a partir del análisis psicoanalítico de Freud, temas como la sexualidad, la teoría del inconsciente, la fenomenología, la teoría del sujeto, el complejo de Edipo, el narcisismo, la histeria, la obsesión y el psicosis, abordando a partir de la página 87, la depresión, el duelo y la culpa, en este primer análisis y a partir de una exigencia académica nos enfocaremos en la depresión y el duelo, no sin antes precisar el contenido político de dicho libro, su confrontación con el sistema, con el capitalismo, es decir, es un escrito abordado desde lo psicológico, los social y lo político.
En su obra Estanislao Zuleta hace una clara separación entre lo que es duelo y depresión, ya que estos términos no se refieren a lo mismo, el duelo es la permanente perdida que sufre el hombre en su proceso evolutivo, en su desarrollo, para Zuleta todo es duelo, desde el nacimiento hasta la llegada de la vejez, el duelo es un conjunto de hechos vivenciales, de las elecciones que las personas hacen en la vida, desde la escogencia de la pareja hasta la decisión de elegir una u otra profesión u oficio, así como la perdida de los amigos, todo es duelo, porque es natural a la vida, nada es eterno, siempre viviremos en duelo.
Al abordar la depresión en lo individual, se analiza que este sujeto pierde en si la referencia de vida, no encuentra la salida a sus problemas, cree que todo está perdido, se refugia en sí mismo, mientras en la depresión colectiva, el sujeto se refugia en el grupo, se identifica con él y hace suyo todo lo que le rodea a este, se identifica con su pensar y comparte sus miedos.
Al tocar estos temas, Estanislao Zuleta hace referencia a diversos estudios de escritores y estudiosos, en el aborda todo el complejo tramado del pensamiento del hombre y con ello de sus sentimientos e interioridades, aun viéndolos desde lo colectivo requiere de permanente análisis y en muchas ocasiones lo individual se queda en el proceso y vivencia de cada ser mientras en lo colectivo es el hombre el que se lleva sus miedos y depresiones hacia el grupo, donde se fortalece y lo comparte con otros seres y en este caso se ve como ejemplo el del caudillismo, donde el colectivo vuelca toda su presión hacia una persona la cual espera los “libere”.
En lo individual del contenido del texto surge la pregunta, que motiva al hombre a llegar a ciertas acciones? Por qué asesina? Por qué motivos escoge a sus víctimas? Que lo lleva a esto? Que en no pocas ocasiones pueden llegar a ser sus seres queridos, la madre, la esposa, los hijos ¿Por qué cometido el hecho? Y después se arrepiente de sus acciones, comprende, entiende por qué lo hizo?, así mismo podría surgir la pregunta, que influencia tiene la sociedad en sus decisiones? Son las exigencias del colectivo lo que lo lleva fortalecer una decisión? Es el no poder “cumplir” con los requerimientos que le hace la sociedad lo que lo determina? La sociedad competitiva, acorrala al hombre?.
Sólo en 2020 se reportarán 85 masacres y el asesinato de 292 líderes sociales, entre los cuales se contará el activista por los derechos humanos en Colombia, Jorge Luis Solano Vega.Jorge Majfud
Dos años antes del nacimiento de las FARC, en febrero de 1962 el teniente general William Yarborough promovió la idea de los grupos paramilitares “entrenadas de forma clandestina para la represión” en América Latina como forma de combatir a los nuevos grupos progresistas y a los activistas sociales sin involucrar ni a Washington ni a los ejércitos nacionales a los que financiaban, ni a los oficiales entrenados y adoctrinados en las escuelas militares de Virginia, Georgia, Panamá y en las propias escuelas militares de los países latinoamericanos.
En Colombia, esta idea de “special forces” prendió rápidamente porque ya existía en la práctica y en la cultura rural desde las dictaduras de la primera mitad del siglo XX. Desde los años cuarenta, los hacendados financiaban sus propias milicias para extender sus territorios en nombre de la defensa de sus territorios y de la propiedad privada. Con un conocimiento limitado y chueco de El Bogotazo de 1948 que siguió al asesinato del carismático candidato Jorge Eliécer Gaitán, el general estadounidense Yarborough recomendó crear en Colombia “una estructura cívico-militar que pueda ser usada para presionar en favor de reformas a través de la propaganda anticomunista y, en la medida de lo posible, pueda ejecutar acciones paramilitares, sabotajes y actividades terroristas contra cualquier simpatizante comunista. Este plan debe ser apoyado por Estados Unidos”. A continuación, recomendó el envío de US Special Forces Trainers (Fuerzas Especiales de Entrenamiento de Estados Unidos) para facilitar una operación a largo plazo. Todo un éxito.
Como observa el activista y profesor de la University of Pittsburgh, Daniel Kovalik, en la primera década del siglo XXI, gracias a los 10.000 millones de dólares transferidos por Washington a Bogotá para la “contrainsurgencia” y la lucha contra las drogas del Plan Colombia, 10.000 jóvenes colombianos pagaron con sus vidas la maravillosa idea nacida en una pulcra oficina de Estados Unidos. En la Frontera salvaje y, en particular, en Colombia, desde hace décadas, la regla consiste en hacer pasar a las víctimas asesinadas por guerrilleros caídos en combate. Los “falsos positivos” no son solo una tradición colombiana, pero en Colombia se dicta cátedra. Cuantos más falsos positivos, cuantos más peligrosos rebeldes asesinados o reportados como inminentes amenazas, más millones de dólares en ayuda es enviada por Washington para apoyar la lucha por la Democracia y la Libertad de las sacrificadas clases dirigentes de esos países. Esta estrategia no es nueva ni nació en Colombia. Es un viejo recurso de la clase dirigente latinoamericana que hunde sus raíces en el siglo XIX y rápidamente olvidó de dónde provenía su pasión y su odio por los de abajo a quienes, más recientemente, se comenzó a llamar comunistas o marxistas sin que ni uno ni otros hubiesen leído un sol libro o un solo artículo publicado en Nueva York por un lejano y complicado filósofo alemán llamado Karl Marx.
Según la ONU, en Colombia la práctica de los falsos positivos es sistemática sólo en 30 de los 32 departamentos colombianos. El 10 de setiembre de 2016, el New York Times detalló cómo un grupo financiado para actividades insurgentes se convirtió en un escuadrón de la muerte que controla la costa norte de Colombia. Desde el año 2000, estos grupos de extrema derecha cometieron cientos de masacres que pasaron desapercibidas por la comunidad internacional. Un día antes de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 10 de setiembre de 2001 el secretario de Estado Colin Powell declaró que, como prueba de la posición contra el terrorismo de Estados Unidos, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habían sido clasificadas como “organizaciones terroristas”. El comunicado de la Secretaría de Estado reconoció la autoría de 75 masacres por parte de la AUC sólo en un año, aparte de torturas y asesinatos sistemáticos. El golpe moral no afectó de forma significativa las fuentes de financiación de estos (ahora llamados) grupos terroristas. Los paramilitares continuaron secuestrando, torturando y forzando el desplazamiento de miles de colombianos, en su mayoría pobres y sin poder de organización. Un número significativo de desplazados de forma sistemática en favor de las compañías madereras, son miembros de las etnias afrocolombianas de la costa pacífica, mientras más de la mitad de los grupos indígenas se encuentran en el proceso de extinción por las mismas razones. No por casualidad, según diversas ONG como PBI Colombia o la británica ABColombia, el 80 por ciento de los abusos a los derechos humanos de la población colombiana y el 87 por ciento de los desplazados se registran en áreas donde operan las mineras internacionales. Al igual que en otros países ricos en recursos mineros de oro y de petróleo, la población local no solo es desplazada de sus tierras sino que quienes permanecen deberán sufrir de la contaminación de una explotación irresponsable, como el envenenamiento con mercurio. Es el caso de la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, propiedad de ExxonMobile (luego vendida a Glencore and BHP Billiton), la cual en 2001, con la invalorable ayuda de los patriotas paramilitares, arrasó con toda una comunidad de colombianos negros e indígenas wayú, alguna vez conocida como villa de Tabaco, en La Guajira. Desde entonces, activistas como Francia Elena Márquez (también víctima de atentados contra su vida) han logrado algunas victorias en el Congreso colombiano con el reconocimiento de algunos derechos que no fueron puestos en práctica en su totalidad.
Por décadas, Washington continuó transfiriendo miles de millones de dólares al ejército colombiano para su lucha contra las FARC y el tráfico de drogas sin disminuir y mucho menos terminar con la violencia y las matanzas de pobres. Luego del comunicado de 2001 de la Casa Blanca, en un lapso de apenas diez años, los paramilitares (solo por casualidad, algunos vestían uniformes de los Marines Corps) ejecutaron a más de 100.000 personas en Colombia, en su mayoría activistas, campesinos y pobres. Colombia, sede del mayor sistema de bases militares de Washington en América del Sur, no sólo se ha distinguido por sus carteles de las drogas y sus exportaciones a Estados Unidos sino que, sobre todo luego del fin de las guerras civiles en América central, ha sido la capital del crimen paramilitar en el continente.
Nada de esto ha sido suficiente para cuestionar su sistema democrático, los crímenes sistemáticos y las injusticias sociales financiadas por los intereses de las corporaciones internacionales y el cacicazgo criollo. Para el siguiente año al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, de los 321 asesinatos de líderes defensores de los derechos humanos en el mundo, 126 ocurrieron en Colombia. Ese mismo año, el segundo país más peligroso del mundo para los defensores de los Derechos Humanos fue México, con 48 asesinados, el tercero Filipinas, con 39, el cuarto Guatemala con 26 y el quinto Brasil con 23. Todos, tal vez menos uno, son países latinoamericanos protegidos por Washington y con una larga historia de intervenciones de sus trasnacionales. Las cifras se han mantenido más o menos iguales desde entonces. En los llamados países de la “troika de la tiranía”, Venezuela registrará cinco asesinatos ese mismo año, Nicaragua cero y Cuba cero.
Este fermento de violencia paramilitar en favor de las grandes compañías extranjeras y de los hacendados más poderosos, sedientos de nuevos recursos mineros y más tierras para la industria agropecuaria, hicieron popular al presidente Álvaro Uribe, quien también explotó el centenario lema anglosajón de “la ley y el orden” (nuestra ley, nuestro orden) como pocos. Uribe es un poderoso hacendado vinculado al narcotráfico, según la misma embajada de Estados Unidos en los años 90 y según los informes del gobierno de George W. Bush en la década siguiente, lo cual no impidió ser condecorado por el mismo presidente Bush. II En 2008, mientras miles de tumbas cerradas por los paramilitares eran abiertas por la investigación de Justicia y Paz, el exsenador y primo del presidente colombiano, Mario Uribe Escobar, fue acusado y condenado a cuatro años y medio por sus conexiones con el paramilitarismo. A pesar de las confesiones, los documentos, las fotografías y los abundantes videos que vinculan a los paramilitares con figuras reconocidas de la política colombiana, el gobierno nunca se cansará de negar cualquier vínculo comprometedor. Lo mismo el ala colaboracionista de la oposición venezolana, de paso por el país vecino.
Pero el poder es astuto como un zorro. No sólo sabe negociar sino también despistar al más desconfiado. Durante la presidencia de Álvaro Uribe se extraditaron a Estados Unidos varios de los miembros responsables del narcotráfico, de abusos sexuales sistemáticos contra mujeres y menores, y de masacres de miles de víctimas que cada tanto aparecen en fosas comunes. Los acusados sólo son extraditados por la primera razón, el narcotráfico. Para sorpresa o para confirmación de sospechas por parte de los activistas de derechos humanos, en Estados Unidos los criminales obtuvieron condenas que rondan los diez años y algunos recibieron, como premio, la residencia permanente en este país. Una posible razón radica en que muchos tenían conexiones con el presidente Álvaro Uribe y con Washington, y convenía acusarlos por una parte de sus crímenes en lugar de remover el resto, logrando confesiones parciales a cambio de penas mucho más generosas que no se adecúan ni a terroristas ni a genocidas. Por si esta jugada no fuese suficiente para considerarla una genialidad, de esta forma los paramilitares extraditados no pudieron ser investigados por la justicia de Colombia, a la que el presidente Uribe acusa de izquierdista y de tener simpatías por las víctimas, como si la justicia estuviese para otra cosa. Antes del arresto y deportación de los cabecillas paramilitares, sus casas y oficinas fueron saqueadas por las fuerzas de seguridad, por lo cual la justicia colombiana nunca tuvo acceso a ninguna de sus computadoras o archivos personales. En Estados Unidos, a uno de los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, se le escapan algunos datos en medio de la investigación por narcotráfico. Los escuadrones de la muerta no sólo recibían dinero de Chiquita Bananas, sino de otras multinacionales estadounidenses como Dole y Del Monte. Dole Company es el nuevo nombre de la Standard Fruit Company, una de las bananeras responsables de la manipulación política en procura de buenos negocios en América Central que solían resolverse con alguna invasión o “cambio de régimen” a principios del siglo XX. Chiquita Bananas es el nuevo nombre de la United Fruit Company, también responsable de golpes de Estado en países como Honduras y Guatemala, que llevaron a la destrucción de sus democracias, a la militarización de sus sociedades, a la radicalización del racismo local, y a la masacre de cientos de miles de gente sin importancia.
El 13 de enero de 2009, una semana antes de dejar la presidencia y a su país en medio del caos económico, el presidente George W. Bush le colgó la Medalla Presidencial de la Libertad a su amigo, el presidente Álvaro Uribe. En su discurso en la Casa Blanca, el presidente, que con su invasión a Irak inventó de la nada una de las peores tragedias humanitarias de la historia de Medio Oriente, resaltó el mérito del presidente colombiano por apegarse siempre a la ley y la democracia en su lucha contra los grupos terroristas que asolaban su país. Su ley, su democracia.
Una década más tarde, el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, presionará para que el poderoso servidor y expresidente Álvaro Uribe sea liberado de su arresto domiciliario. El 14 de agosto de 2020, en un apasionado tweet, escribirá: “nos unimos a todos los amantes de la libertad del mundo al llamado a los oficiales colombianos para que dejen a este héroe, distinguido con la Medalla Presidencial de Estados Unidos a la Libertad, pueda defenderse a sí mismo como un hombre libre”. Su libertad, su héroe. Como fue el caso de Manuel Noriega y tantos otros, sus históricas conexiones reportadas por los mismos funcionarios de Washington con el terrorismo paramilitar y el narcotráfico en nombre de la paz y la lucha contra el narcotráfico, de repente, no existen.
Luego de la desmovilización formal de la AUC en 2006, diferentes grupos paramilitares se organizaron en diferentes bandas criminales de extrema derecha (Bacrim). En la actualidad cuentan con varios miles de miembros activos, continuando así la tradición de los paramilitares de aterrorizar y desplazar a la población más vulnerable en nombre de una autodefensa que precede a cualquier ataque y por el interés de propietarios más poderosos, entre los que se cuentan los mafiosos del narcotráfico.
En los años por venir, las masacres continuarán agregando miles y miles de ejecutados, ninguno rico o poderoso. El dinero inyectado por Washington a la “Guerra contra las drogas” se filtra de la policía y los militares a los paramilitares que ahora dominan los carteles de la droga. Con el desarme de las FARC, la tradición del paramilitarismo, responsable de más del 80 por ciento de los asesinatos en el largo conflicto, encontrará nuevos espacios para sus negocios. Con excepción de los intereses especiales de las sagradas corporaciones, de las siempre bienvenidas inversiones extranjeras, la indiferencia del resto del mundo continuará como si nada. Cada tanto, los pobladores y la policía de localidades insignificantes descubrirán fosas con decenas de víctimas, cada una (según los dueños del país y del mundo) con su merecido disparo en la cabeza.
El 15 de agosto de 2020, nueve jóvenes serán masacrados al sur del país por uno de los múltiples grupos que actúan por diferentes regiones del país, subiendo a 33 la cifra de masacres de ese año. Aunque al principio se intentará atribuir las muertes al grupo guerrillero ELN, la matanza tendrá como objetivo demostrar el poder de estos grupos paramilitares, como Los Contadores. Diez días después, otros tres jóvenes correrán la misma suerte. El 20 de julio de 2020, el Indepaz registrará que solo en cuatro años fueron asesinados casi mil líderes sociales, “971 desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 hasta el 15 de julio de 2020”. Para finales de 2020 esa cifra habrá superado las mil víctimas. Sólo en 2020 se reportarán 85 masacres y el asesinato de 292 líderes sociales, entre los cuales se contará el activista por los derechos humanos en Colombia, Jorge Luis Solano Vega.
El 20 de setiembre de 2020, el secretario de Estado Mike Pompeo, en su cuarta visita a Colombia en dos años (esta vez para intervenir en una “Cumbre antiterrorista” y anunciar otros 5.000 millones de dólares para el programa Colombia Crece), acusará a Venezuela de ser un narcoestado y acusará al régimen venezolano de haber “brindado refugio seguro, ayuda y alberge a terroristas” de las FARC. Del mayor tráfico de drogas de las Américas, del terror sin competencia del paramilitarismo colombiano y de los terroristas de variadas nacionalidades (según el FBI) que disfrutan de las playas de Florida, ni una palabra. El mismo secretario de Estado, para entonces habrá reconocido en la Texas A&M University: “yo he sido director de la CIA y les puedo asegurar que nosotros mentimos, engañamos y robamos; tenemos cursos enteros de entrenamiento para eso”.
Esta confesión se echará rápidamente al olvido, como casi todo.
Impedir la circulación de ciudadanos por el territorio nacional por su condición étnica representa al nuevo apartheid que debe ser rechazado por los verdaderos demócratas del mundo...se da en Colombia...eso es el régimen uribista..facismo puro.....
Era la una de la tarde del 8 de mayo. Yo estaba en el puente de La Viga, sobre la avenida Cañas Gordas, que conduce a las ciudades de Cali y de Jamundí. Allí estaban unas 20 personas vestidas de blanco y con camionetas de alta gama. Nos invitaron a que entre todos atajáramos a los indígenas.
En uno de los vehículos que pasó por aquel punto venían tres indígenas. Ese carro quedó rodeado por otros carros. Estancado. Al que tuviera pinta de indígena, no lo dejaban pasar. Luego llegó una chiva llena de indígenas. Los de blanco se atravesaron en el camino, los detuvieron y les decían que “Cali se respeta”. Así que finalmente la chiva se devolvió.
Algunos de los vehículos de alta gama se movieron como 500 metros, a un punto cercano a la iglesia de La María. Y en ese momento empiezo a escuchar que los indígenas de la minga vienen hacia acá, nos dicen que vienen con palos y que se van a tomar la zona.
Con la ayuda del carro de un espontáneo llegué allá, al semáforo de la 127, donde estaban los indígenas y empecé a grabar. En ese momento, comienzan los disparos que vienen de la parte de arriba; los indígenas que venían en chivas se bajan: unos se tiran al piso y otros van corriendo hacia el sitio de dónde venían los disparos.
Veo que llega una ambulancia y sacan a una persona herida. Veo a lo lejos, a donde los indígenas fueron, las camionetas de alta gama atravesadas. Cuando los indígenas se acercan, cesan los disparos. Recuerdo que una de las camionetas fue incendiada, cerca estaban siete u ocho policías.
Me acerco a los indígenas y uno de ellos me dice: “mire, señor, nosotros venidos desde la Universidad del Valle porque un consejero indígena se encuentra atrapado en el puente de La Viga y nos llamó pidiendo auxilio. Desde que salimos hemos tenido obstáculos; primero, nos levantaron a bala en el rompoi de Ciudad Jardín. Logramos pasar y al llegar de nuevo a este punto, volvieron a atacarnos con balas. Tenemos personas heridas, pero nosotros no queremos inconvenientes. Ya el consejero pudo salir y nosotros vamos a retirarnos”.
Los indígenas se subieron a sus vehículos y en eso llegó un representante de la curia y otro de la alcaldía. Cuando yo iba de regreso hacia el puente de La Viga iban subiendo dos camionetas con las placas cubiertas y una moto de la policía al lado; todos iban dialogando. En el camino encontré tres chivas. Me pongo a hablar con ellos y me explican también que su objetivo era auxiliar al consejero y que habían también recibido disparos en ese punto.
Uno de ellos reconoce que tiraron unas piedras contra un conjunto residencial donde se refugió uno de los vehículos donde se trasladaban los atacantes. Uno de los indígenas me vio grabar y dijo molesto: “Vaya, grabe a los que nos disparan”. Finalmente, se subieron a sus chivas y se retiraron hacia la Universidad del Valle.
Cuando llego a mi casa, empiezo a encontrar en las redes sociales una serie de videos en los que pretenden mostrar a los indígenas como los agresores, que fueron a tomarse los carros, causar daños y a agredir a las personas. Eso es totalmente falso, es una mentira, es una invención.
Esta situación me hace pensar que las personas que hicieron todo esto a la una de la tarde, en Cali, tomaron esas imágenes sesgadas y generaron esa percepción en los medios de comunicación, para desprestigiar toda la labor humanitaria de los indígenas y su protección a los jóvenes en el marco de la represión durante el paro nacional. Ellos tratan de que no se pierdan vidas. Eso es lo que han venido haciendo una cantidad de indígenas en diferentes puntos, tratando de garantizar que no haya personas armadas. Yo soy testigo ocular de todo lo que ocurrió.
Aquí en Cali están haciendo esos ataques con carros cubiertos y se escudan diciendo que son vecinos de la zona que nos están protegiendo de los indígenas. Con esa historia, están poniendo en peligro a toda la comunidad de Pance. Tratan de convencernos de que son vecinos armados defendiéndonos de los indígenas, pero lo que quieren es desatar un enfrentamiento y generan terror.
