A los trabajadores informales de Cali: Iván Duque les niega la renta básica y le brinda las herramientas legales para que Iván Ospina los persiga y expulse de las calles. ¿Lo vamos a permitir?
Foto vendedores informales centro de Cali. (De internet)
1. Iván Duque actúa contra el país.
El Covid-19 llegó a Colombia en medio de una crisis crónica de más de 30 años. A millones de compatriotas la economía no les permite resolver sus necesidades más elementales como tener un empleo estable y bien pago o tener un negocio próspero. El Estado no garantiza la cobertura en derechos esenciales para la población: salud, educación, pensión, servicios públicos domiciliarios, transporte público urbano, subsidios al desempleo, vivienda y seguridad ciudadana, entre otros. La pandemia vino a profundizar y prolongar este drama.
Más de 10 millones de trabajadores informales empezaron la cuarentena sin saber cómo pagar los gastos del hogar. Solo en las primeras cuatro semanas de cuarentena, 5 millones de trabajadores se quedaron sin empleo. Unos 4 millones de desempleados dejaron de buscar empleo y se dedicaron a actividades domésticas no remuneradas. Los vendedores ambulantes superaron los 4 millones en todo el país. Fue una catástrofe económica y social anunciada (Ver datos).
Las empresas colombianas, el 96% Mipymes, entraron en estado crítico en los primeros meses de parálisis. Cientos recortaron personal, otras cerraron durante la pandemia y otras quebraron definitivamente. Duque se hizo el sordo ante la petición de asignar financiamiento estatal para que las empresas lograran mantener la plantilla de empleados, pagar los servicios públicos, alquileres y los compromisos con el sistema financiero. Y eso que las Mipymes son responsables de 17 millones de empleos y generan el 40% del PIB (Ver). ¿Qué tal que no?
Congresistas de varios partidos y el Comité Nacional de Paro le solicitaron a Duque la asignación de una renta básica para los trabajadores y un programa de apoyo estatal para las empresas colombianas (Ver carta). Para los trabajadores informales se propuso un salario mínimo ($877.804 pesos) durante tres meses y para los formales un salario de $1.409.000 pesos, también por tres meses. Este programa tenía un costo de 23 billones de pesos, equivalentes al 2,3% del PIB, y beneficiaba a más de 35 millones de colombianos. ¿Cuánta hambre habría evitado el pueblo colombiano sí Duque hubiese aprobado esta medida?
Duque se la jugó con el sistema financiero y las multinacionales. A los bancos le entregó recursos estatales para que estos endeudaran a las empresas colombianas urgidas de financiamiento para evitar la ruina. Recientemente autorizó un préstamo por 1,4 billones de pesos para la arruinada y extranjera Avianca, que afortunadamente la Justicia prohibió. Habrá que ver sí respeta el fallo. Con Duque, como con sus antecesores, los colombianos solo tenemos deberes, especialmente el de pagar impuestos.
La pandemia le sirvió a Duque para promover vía Decretos y sin control del Congreso, las más reaccionarias medidas contra el pueblo colombiano. Una de esas medidas es la Reforma laboral y pensional del Decreto 1174. Esta retardaría política precariza y empobrece más a los trabajadores, a los empresarios les arrebata la posibilidad de crecer porque le quita capacidad de consumo a los hogares trabajadores y con ello condena al país al más oprobioso atraso: pobreza, miseria, hambre y violencia.
2. Iván Ospina y su Cali de calles sin vendedores informales.
Precariedad, pobreza y hambre. Eso ha significado para los trabajadores informales de Cali la pandemia. Iván Ospina se excusó en limitaciones presupuestales para no garantizar la seguridad económica y alimentaria de miles de familias que sobreviven de la economía informal. Entregó unos micro-mercados para hacer farándula con el hambre y la necesidad.
Eso sí, Iván Ospina aprovechó los primeros 45 días de aislamiento para soñar con su Cali de calles libres de trabajadores informales. Su subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, se frotaba las manos cada pasaba por las fantasmales calles del centro de Cali y fantaseaba con los bulevares de las principales ciudades europeas (Ver). Fantasías que gracias a la Ley 1988 podrá empezar a concretar[1], sí los trabajadores no se movilizan para defender el derecho a subsistir en las calles, ante la imposibilidad de un empleo estable y con salario de calidad en la economía formal.
3. La tormenta que se avecina: el registro digital de vendedores informales.
Persecución, decomisos y violencia. Eso es lo que viene para los vendedores informales de Cali (Ver). El gobierno de Iván Ospina, con el apoyo del presidente Iván Duque, va a implementar las medidas del Acuerdo 0424 y las disposiciones de la nefasta Ley 1988, mal llamada Ley de la empanada.
El pasado 11 de septiembre, Jimmy Dranguet socializó la idea de un REGISTRO DIGITAL DE VENDEDORES AMBULANTES cuyo formulario estará habilitado durante dos meses en la página de la Alcaldía de Cali. Con la información recolectada el gobierno adquiere la capacidad técnica de CARACTERIZAR de manera precisa la actividad comercial, laboral y las condiciones familiares de cada vendedor informal. Y bueno, con esto el gobierno tendrá como seleccionar quienes pueden seguir sobreviviendo del rebusque en el espacio púbico y quienes no.
Esta medida todavía no tiene soporte legal, pero por los eventos recientes con el lobo, Iván Ospina está actuando como los tiempos de la guerra de los mil días: “mientras llega la orden de Bogotá, que los vayan ejecutando”. Mientras Iván Duque reglamenta la nefasta Ley de la empanada, Iván Ospina seguirá persiguiendo los trabajadores de la calle, aprovechando las facultades del Acuerdo 0424.
4. Vienen por la riqueza que se produce en la calle.
Con la apertura económica de César Gaviria, fortalecida por los gobiernos siguientes, se inició el proceso de cambiar el derecho al empleo estable y bien pago por el REBUSQUE. Después de 30 años de aplicación cada vez más refinada de la apertura, la mitad de la fuerza laboral colombiana sobrevive por cuenta propia (Ver estadísticas). Según el Dane a julio del 2020, solo los vendedores ambulantes superaban los 4 millones. Las calles se convirtieron en el último lugar para sobrevivir a quienes perdieron o no encuentran un empleo en la débil economía formal.
En estas calles se mueve la riqueza más democrática que se produce en el país. No es mucha, pero está bien distribuida. Esta riqueza puede llegar a representar el 7% de la producción nacional de un año (Dane, 2019) [2]. Estos pesos son los que estimulan a empresas formales, especialmente multinacionales ligadas al comercio minorista y al entretenimiento, a apropiarse de los lugares acreditados por los trabajadores informales.
En el 2010 el Banco Mundial puso los ojos en el espacio público colombiano (Ver). Al gobierno de Uribe le orientaron la “recuperación el espacio público” para feriarlo al mejor postor. Se proyectaron grandes obras de mejoramiento urbano y un marco legal para asegurar que el nuevo espacio público pueda ser administrado y aprovechado económicamente por empresas formales, a cambio de pagar por ello o de financiar vía Alianzas Público-Privadas la renovación.
Desde entonces, toda la lucha contra los vendedores informales es por despojarlos de sus medios de vida y expulsarlos de los lugares donde se ganan el sustento.. Les estorban los pobres que se ganan la vida en las calles. Quieren la riqueza de la que sobreviven más de 4 millones de vendedores ambulantes. Y promociona la idea como la garantía para recuperar el espacio público en beneficio del ciudadano. ¡Paja, pura y física paja! Quieren convertir el espacio público en una mina de oro para unas cuantas multinacionales.
A esto es que se le denomina la privatización del espacio público. Convierten el Espacio Público en una mercancía sujeta a la capacidad de pago de los operadores que quieran hacer ganancias trabajando en él. ¿Podrán los humildes vendedores ambulantes pagar las mismas tarifas de uso que una multinacional como Movistar o Claro? ¿Tiene la misma influencia una vendedora de chontaduros, que las tiendas de café Oma?
5. La artillería legal para expulsar a los trabajadores de las calles.
Durante el gobierno de Santos el Departamento Nacional de Planeación aprobó dos documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) [3]. En el 2012 se aprobó el 3718 sobre Espacio Público y en el 2014 se aprobó el 3819 del Sistema de Ciudades. Ambos documentos fueron orientados por el Banco Mundial. Luego en el 2015 se aprobó el Decreto Ley 1077 de 2015 donde se autoriza a los Municipios la entrega en concesión del espacio público a empresas privadas. Un año más tarde se aprobó el nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2016) con determinaciones precisas para perseguir a los vendedores ambulantes, disposiciones que fueron limitadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-211 del 2017. Finalmente, en el 2019 Duque firmó la Ley 1988 aprobada por las mayorías del Congreso (Ver). El propósito de todas estas normas es expulsar a la inmensa mayoría de los trabajadores del rebusque de las calles para que las empresas formales se apropien de la riqueza que se produce en el espacio público.
6. Los mecanismos para expulsar a los trabajadores de las calles.
Básicamente hay dos maneras. La primera es con la violencia policial y la segunda con medidas económicas. Sobre la primera, los vendedores son expertos en padecerlas: decomisos de mercancías, imposición de comparendos y el bolillo cuando el vendedor opone resistencia.
Las económicas. Consiste en imponer cobros por usar el espacio público para realizar actividades propias del rebusque. Le denomina técnicamente: cobro por aprovechamiento económico.
Caracterizan a los vendedores para seleccionar quienes pueden estar en ciertos lugares, bajo el compromiso de pagar alquiler o comprar casetas y pagar una tarifa por aprovechamiento. A los ambulantes los carnetizan, les piden que porten chalecos, les asignan ciertos lugares, temporales, y les fijan la tarifa. En Cali el piloto se hace en las estaciones del MIO.
A la inmensa mayoría le queda el camino de las reubicaciones en lugares donde no hay posibilidad de tener clientes, pagando alquileres, servicios públicos y otros gastos propios de un negocio formal. Por razones de estos nuevos compromisos para los que no hay capital y la falta de clientes, fracasan las reubicaciones. Ejemplo, la reubicación de El Bicentenario de Tuluá o el caso de Bucaramanga.
Estas medidas las promocionan con el cuento chimbo de las capacitaciones en el Sena, con la ilusión de la formalización y el acceso a programas de bienestar social. ¡Cuidado! Son la carnada que esconden el anzuelo del despojo y la expulsión de los trabajadores del rebusque de las calles.
7. ¿Podemos confiar en la Ley 1988 y en la Política Pública de Vendedores Ambulantes?
DEFINITIVAMENTE NO. Nada positivo trae la Ley y la Política. Estas medidas están llamadas a fracasar o en el peor de los casos a perjudicar terriblemente a los trabajadores del rebusque. La razón es que el Gobierno de Iván Duque no está tomando medidas para proteger y crear nuevos empleos estables, con salario y seguridad social de calidad. Esto es lo primero que se debe hacer. Por el contrario, con la reforma laboral y pensional del Decreto 1174 va a terminar de destruir la base esencial del progreso de un país: el empleo y la producción nacional. Va a terminar de empobrecer a los trabajadores, a arruinar a lo que queda de los negocios colombianos y a condenar a Colombia a más oprobioso atraso. Seguirán llegando desempleados a las calles a sobrevivir del rebusque.
La Ley 1988 es una empanada envenenada. Impone masivamente las fracasadas “reubicaciones”; facilita que el sistema financiero estafe a los trabajadores con Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), en lugar del derecho a la pensión digna; crea nuevas categorías de trabajadores para dividirlos, ¡ojo divide y vencerás!; y, privatiza el espacio público en favor de un puñado de grandes empresas, que se van a apropiar de la riqueza de la que sobreviven más de 15 millones de colombianos humildes que no encuentran o perdieron su lugar en la economía formal.
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Ley 1988. Artículo 2°. La Política Pública de los vendedores informales, constituye el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos, programas y proyectos, que orientarán las acciones del Estado, con el fin de disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de las políticas públicas de recuperación del espacio público (Negrilla, cursiva y subrayado fuera del texto).
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8. ¿Debemos inscribirnos en el Registro de Vendedores Ambulantes de Cali?
POR NINGUNA RAZÓN. Este mecanismo va a ser usado contra los mismos vendedores informales. Primero, al ser virtual dejarán por fuera a miles de personas que no tienen acceso al internet, ni manejan un computador. Segundo, con el desempleo en aumento es un crimen registrar a unos trabajadores y dejar por fuera a los nuevos que lleguen. Tercero, la información que piden será utilizada para adelantar los procesos de reubicaciones y las expulsiones de trabajadores informales.
9. ¿Qué propone la UGTI?
Un tipo de registro de actividad laboral en el que se identifique al trabajador informal. Que indique el nombre, número de documento, dirección del puesto o zona de trabajo, dirección de domicilio y un número de contacto. Debe estar habilitado de manera permanente para que cada que un caleño tenga que resolver la vida en la informalidad, se pueda inscribir. Accesible para que cualquier persona pueda inscribirse, sin trabas.
10. ¿Qué debemos hacer los trabajadores del rebusque ante la política de Iván Duque e Iván Ospina?
Organizarnos. Los invitamos a fortalecer las organizaciones a las que pertenecen y si no están afiliados, a que lo hagan. La UGTI les abren las puertas. Bienvenidos.
Informarnos al detalle del problema y de nuestros derechos. Estudie y comparte este boletín. Suscríbase para tener información permanente y de manera oportuna.
Movilizarnos de manera civilista, pacífica y democrática. Vamos al paro nacional del 21 de octubre. Por nuestros derechos, no a la política contra los trabajadores informales. No al paquetazo de la OCDE que Duque quiere imponer con represión. Por una Colombia libre y soberana.
Vamos a la movilización de vendedores informales Cali:
Lunes 19 de octubre. 8:00 am. Plazoleta San Francisco.
Contra el registro digital de vendedores, la implementación de la Ley 1988 y el Acuerdo 0424. Por el derecho a subsistir del trabajo en el espacio público.
Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal, Subdirectiva Valle del Cauca.
[1]Ley 1988. Artículo 2°. La Política Pública de los vendedores informales, constituye el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos, programas y proyectos, que orientarán las acciones del Estado, con el fin de disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de las políticas públicas de recuperación del espacio público.
[2] El Dane (2019) calculó en 9.450.286 los trabajadores del rebusque, con un ingreso promedio mensual de $687.281 pesos.
[3] Conpes 3718: Política Pública de Espacio Público.
Conpes 3819: Política del Sistema de Ciudades.
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