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sábado, 30 de julio de 2011

COLOMBIA-CONFLICTO LABORAL PETROLERO: Trabajadores de la USO desmienten a Pacific Rubiales y acusan al gobierno de agresión violenta

Julio 23 de 2011
Por USO
La Unión Sindical Obrera, USO, frente a la reciente protesta de trabajadores de empresas contratistas al servicio de la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energi, Pre, en los campos de Rubiales y Quifa, jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta, se permite informar a la opinión pública lo siguiente:
El día 18 de julio, aproximadamente a las 6:00 a.m., cerca de 5.000 trabajadores de firmas contratistas al servicio de la multinacional Canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) iniciaron una protesta pacífica en las instalaciones de los Campos de Rubiales y Quifa, por las violaciones a sus derechos laborales y fundamentales, la implementación unilateral de los salarios la mayoría muy bajos en relación con la industria, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que viven en sus campamentos.
Ese mismo día varios trabajadores afiliados a la USO, solicitaron la presencia del sindicato en el campo. La dirección Nacional de la USO determinó desplazar al área cuatro dirigentes sindicales, que salieron de Puerto Gaitán a las 10:30 a.m. Llegando al campo Quifa a las 3:00 p.m., donde se encontraron que la vía estaba bloqueada por la seguridad de PRE que atravesó en la vía dos camionetas, una retroexcavadora y dos camabajas para impedir el tránsito de los dirigentes. (Existen fotos documentales).
Luego de una hora los dirigentes sindicales lograron sortear los obstáculos y sobre las 6:00 p.m. lograron llegar a campo rubiales, donde fueron recibidos por casi 4000 trabajadores. En el área, los dirigentes tuvieron la oportunidad de recoger varias inquietudes, documentos y fotografías sobre la violación de los derechos de los trabajadores/as y las condiciones de hacinamiento e insalubridad a que son sometidos por parte de las empresas contratistas y subcontratistas, las cooperativas y bolsas de empleo o empresas de servicios temporales.
Durante la reunión convocada por el Vicepresidente de la República el día 18 de julio, para dar solución a la problemática de los trabajadores de Cepcolsa, el Gobierno en cabeza del Ministro de Minas solicitó levantar la protesta que se realizaba en los campos de PRE, a lo cual la USO manifestó la necesidad de conformar una comisión del Ministerio de la Protección Social, la USO y la administración de PRE, para atender este conflicto, propuesta que fue rechazada por la multinacional canadiense.
El día 19 de julio a las 5:00 a.m. Mientras los trabajadores dormían el Esmad inició la agresión en su contra, agresión que incluso se realizó en los campamentos con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento (repletos de tuercas, tornillos y plomos), y balas de goma.
Esa agresión a mansalva generó el caos entre los trabajadores, porque además de la asfixia por el gas, se inició un incendio en las carpas en las que dormían estos trabajadores, generado por los artefactos disparados por los escuadrones represivos de la fuerza púbica. Los trabajadores como pudieron respondieron con palos y piedras, resultando varios trabajadores heridos, algunos de gravedad, como el compañero que perdió un ojo por el impacto de una granada de gas lanzada por el Esmad.
Rechazamos la desinformación que pretende hacer la multinacional PRE, insinuando que la protesta fue ocasionada por personal ajeno a sus trabajadores y contratistas, pretendiendo ocultar que fueron más de 5000 trabajadores de empresas contratistas a su servicio quienes iniciaron esta protesta, por las violaciones sistemáticas de sus derechos laborales, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que deben alojarse y realizar sus necesidades fisiológicas.
La USO Rechaza la violencia y considera que la mejor vía para la solución de los problemas es el diálogo productivo, NO el uso de la fuerza y el cierre de espacios de diálogo como sucedió en este caso.
De igual manera, exigimos al gobierno nacional las garantías para el ejercicio sindical y el derecho de libre asociación en esa región del país, pues hoy la multinacional PRE se niega a permitir el ingreso de representantes de la USO, impidiendo el contacto directo de la USO con sus afiliados. Rechazamos la actitud de la multinacional PRE de pretender desconocer el acuerdo que dió lugar al levantamiento de la protesta y que resumimos así:
1. No habrá ningún tipo de retaliación penal, laboral o disciplinaria, contra los dirigentes y trabajadores que participaron en la protesta: en ese orden de ideas, se reconocerá el sueldo de los días cesantes que duró la protesta; se garantiza el derecho de asociación;
2. No se suspenderá ni terminará el contrato de los de los trabajadores que participaron en la protesta; Los contratos de 21 días serán prorrogados mientras se da la discusión del tipo de contrato en la mesa del 3 de agosto.
3. La empresa PRE garantiza que se le prestará la atención médica que requieran los trabajadores que resultaron heridos en la protesta.
4. El día 28 de julio se reunirá la USO y la administración de PRE, se reunirán para discutir las denuncias y solicitudes que tienen los trabajadores de las diferentes empresas contratistas en esa región.
5. La empresa PRE se compromete a participar en la reunión del día 3 de agosto, en el municipio de Puerto Gaitán, donde se instalarán las mesas de diálogo en las que se discutirán temas sociales, ambientales y laborales.
6. El sindicato solicita que la empresa Pacific Rubiales Energy, le brinde las garantías para su permanencia en el área, solicitud que será consultada por la instancia de la Junta Directiva de la multinacional.

jueves, 28 de julio de 2011

COLOMBIA:Cuando a los horrores se les llama errores

http://elturbion.modep.org/drupal/node/4203

Acciones recientes del Ejército han encendido las alarmas sobre posibles nuevas modalidades de 'falsos positivos' - Foto: Javier Guáqueta
Junio 16 de 2011
Durante los meses de abril y mayo se presentaron en el país varios asesinatos por parte del Ejército Nacional. Tanto los grandes medios de comunicación de propiedad de los monopolios como el alto mando castrense calificaron los hechos como ‘errores militares’. Sin embargo, las incongruencias entre los informes de los uniformados involucrados en los hechos y la información recogida por la Fiscalía, entre testimonios y evidencias en los lugares de los hechos, han encendido las alarmas por lo que algunos consideran nuevas modalidades de ‘falsos positivos’.
¿Emboscada?
El pasado 9 de mayo, soldados del Batallón de Combate Terrestre número 134 de la Fuerza de Tarea Algeciras dispararon contra un vehículo, identificado con placas CPY-695, en el que se encontraban quince civiles, cuando éstos se transportaban por la vereda El Rosal, a las afueras de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. En el ataque resultaron heridos un niño y cuatro adultos, los cuales fueron trasladados a la clínica Mediláser de Florencia. El joven, de 18 años e identificado como Jefferson Leonardo Cuéllar Barreto, ingresó a la clínica con múltiples heridas de bala, se le practicó una cirugía y estuvo hospitalizado en cuidados intensivos durante más de dos semanas, pero murió el 28 de mayo.
Emiro Fajardo, herido también en el ataque junto a su hijo Andrés Fajardo, asegura que, aunque gritaban que eran civiles y que habían heridos, los uniformados les dispararon desde los dos retenes ubicados sobre una curva de la vía y a cien metros de distancia uno del otro: “primero por el margen derecho y después por el margen izquierdo”. El general Henrry Torres Escalante, comandante de la IX Brigada del Ejército, aseguró que el hecho lamentablemente era un error militar y el almirante Édgar Cely, en ese momento ministro de Defensa encargado, notificó que los uniformados serían investigados penal y disciplinariamente.
Ejecuciones extrajudiciales
Otro hecho se presentó el 25 de abril en el Alto Corozal (Casanare), donde fue asesinado el joven Alexander Alfonso Barrera, de 22 años, por parte de tropas de la Brigada XVI del Ejército, la cual realizaba operaciones militares en la vereda Manare. Manolo Barrera, familiar de la víctima, asegura que el joven salía a acompañar a su madre a un centro hospitalario y que, cuando cruzaba a pie un retén del Ejército, fue impactado por una ráfaga de fusil. Testigos aseguran que el joven estaba en compañía de tres personas más: su hermana, su padrastro y su madre.
El coronel Rafael Forero Gómez, comandante de la Brigada XVI, reconoció que se trató de un ‘error militar’ y en el comunicado de la Brigada se lee que “la institución ofrece disculpas sentidas a sus familiares, con la confianza absoluta en que las autoridades judiciales competentes tomarén las decisiones que en derecho correspondan”.
Por otra parte, durante un operativo antinarcóticos realizado el 27 de abril contra un laboratorio de procesamiento de cocaína ubicado en cercanías de Belalcázar (Cauca), el Ejército abrió fuego contra un grupo de indígenas del resguardo de la Mesa de Toboima, que hizo presencia en el lugar al enterarse del ingreso de hombres armados en su territorio. Según Luis Ovidio Lis, líder indígena, los militares ordenaron a los pobladores retirarse y luego les dispararon. En el hecho murió José Aimer Medina Achipiz y resultaron heridos Néstor Lis Chaski y Dubán Darío Lis. La comunidad retuvo temporalmente a uno de los soldados y al día siguiente, en horas de la tarde, fue entregado a una comisión humanitaria, mientras el Ejército aseguraba que abriría una investigación para encontrar a los responsables del hecho.
No son hechos aislados
En el mes de mayo, el Programa por la Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), presentó un informe en el que se demuestra la continuación de las ejecuciones extrajudiciales y las nuevas modalidades para cometer este tipo de violaciones. Según el informe, entre 2001 y 2010, se han presentado 562 casos y 1.119 víctimas. De estos casos, 887 responden a ejecuciones extrajudiciales, 87 a torturas, 36 a heridos, 41 a amenazas individuales, 63 a desapariciones forzadas y 214 a detenciones arbitrarias.
Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, luego del escándalo de los ‘falsos positivos’ contra los jóvenes de Soacha, se ha identificado una serie nuevas modalidades en este tipo de violaciones. Por un lado, se ha encontrado que en algunos de los casos los presuntos responsables ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros sino como personas asociadas a la delincuencia común; y, por otra parte, algunos hechos se presentan como errores de operación por parte de la Fuerza Pública.
El informe denuncia que los errores militares son ejecuciones extrajudiciales y que la mayoría de los casos son atribuidos a agentes de la Fuerza Pública. En el documento, el Cinep expone que sólo hay 146 miembros de la Fuerza Pública con resolución de acusación por investigaciones realizadas en las direcciones seccionales de la Fiscalía por estos hechos entre 2001 y 2010 y que, además, las sentencias condenatorias son apenas 54, las abstenciones de medida de aseguramiento son 90, las decisiones de preclusión son 15 y las personas beneficiadas con dicha medida 36. Sin embargo, resalta el informe que el recurso jurídico del vencimiento de términos permite que muchos militares acusados de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario continúen en servicio.
Sin embargo, muchos de estos casos han pasado a la Justicia Penal Militar y allí no se asegura que efectivamente se juzgue a los responsables. Según los tribunales castrenses, en su fuero hay más de 500 casos de posibles ‘falsos positivos’ que, hasta el momento, no han mostrado resultados en las investigaciones ni condenas, al punto que tanto la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Corte Suprema de Justicia han planteado la necesidad de su paso a la jurisdicción ordinaria, donde hay más garantías a los derechos de las víctimas, y la reapertura de los casos cerrados.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas de estas prácticas siguen esperando que se sepa la verdad y se castigue a los responsables, superando el manto de impunidad que cubre esta atroz práctica en Colombia

domingo, 24 de julio de 2011

COLOMBIA:DAS y AUC: responsables de asesinatos de líderes sociales

http://elturbion.modep.org/drupal/node/4233

Alfredo Correa de Andréis - Foto: Archivo particular
Junio 20 de 2011
El Juzgado 11 Penal Especializado de Bogotá declaró culpable a 'Jorge 40', jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andréis, cometido en septiembre de 2004, y lo condenó a 26 años de prisión. De igual manera, el tribunal estableció que altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entregaron a los paramilitares listas con información sobre sindicalistas, estudiantes y activistas políticos en toda la Costa Atlántica, con el fin de que estos fueran amenazados, asesinados o víctimas de montajes judiciales, en una “alianza criminal” entre el organismo de inteligencia y las bandas de extrema derecha.
El juzgado especializado en crímenes contra sindicalistas –producto de las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– estableció en su decisión que Correa de Andréis fue asesinado “en el marco de una tenebrosa alianza criminal entre funcionarios del DAS y miembros de las AUC”. La sentencia también concluye que el DAS y las AUC trabajaron en conjunto para el montaje judicial en contra del académico, quien primero fue sindicado por el delito de rebelión, para lo cual el DAS consiguió testigos falsos, y un mes después, poco después de ser liberado por falta de pruebas, fue asesinado por hombres al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.
 
El terror en la Universidad del Atlántico
Un caso similar había ocurrido también en Barranquilla el 9 de febrero de 2000, cuando Humberto Contreras Sereno y Reinaldo Serna López, estudiantes de Derecho de la Universidad del Atlántico, fueron acusados de rebelión y terrorismo, detenidos por agentes de la Sijin, quienes los mostraron como guerrilleros, y posteriormente liberados por falta de pruebas. Humberto Contreras fue asesinado el 23 de abril de 2001 y Reinaldo Serna cayó bajo las balas de un sicario el 9 de noviembre de 2002. Ambos fueron asesinados por el paramilitarismo, luego de ser amenazados y desplazados durante meses, a su regreso a la capital del departamento del Atlántico.
El DAS y el comandante del la Segunda Brigada del Ejército por ese entonces, general (r) Héctor Darío Castro Cabrera, culpaban a estos líderes estudiantiles de una extraña explosión en un aula de la universidad, ocurrida el 4 de febrero de 2000 y que causó la muerte a José Luis Martínez Castro y a Adolfo Altamar Lara. Según denuncias de activistas universitarios de la época, estos hechos fueron consecuencia de un extraño montaje en un lugar que concentraba las actividades del movimiento estudiantil y al que, curiosamente, llegó la Policía  apenas diez minutos después del incidente, con un conocimiento demasiado detallado del lugar y las circunstancias del siniestro, justo dos días después de que, en un consejo de seguridad departamental, el rector de la Universidad del Atlántico, Ubaldo Enrique Meza Ricardo, y el gobernador, Ventura Díaz, autorizaran al Ejército, a la Policía y al DAS para ingresar en cualquier momento.
El caso de Correa de Andréis, el más emblemático, sirvió para que diferentes organizaciones sindicales y de estudiantes de la Universidad del Atlántico denunciaran en 2004 los hechos ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. En su informe, se señalan dieciocho asesinatos de activistas universitarios cometidos por paramilitares entre 2000 y 2004. Seis de estas personas habían sido reseñadas en informes de inteligencia militar como integrantes de las guerrillas y luego vinculadas a procesos judiciales en su contra, como en los casos de Contreras, Serna y Correa de Andréis.
En todos estos homicidios ha reinado una casi absoluta impunidad hasta ahora y sólo en el caso de Reinaldo Serna se acusó al paramilitar Carlos Arturo Romero Cuartas como autor material del crimen.
 
No fueron hechos aislados
Representantes de la campaña Sindicalismo es Democracia piden que esta sentencia no sea “un grito más en el silencio” y que quede claro que el montaje judicial y posterior asesinato de Alfredo Correa de Andréis no se fue un hecho aislado sino que hace parte de las muchas acciones contra sindicalistas y líderes sociales por parte de paramilitares en colaboración con agentes estatales de alto nivel. En este sentido, señalan la importancia del veredicto que, en pocos días, se produciría en el caso de Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, por los asesinatos de Correa, del político Fernando Pisciotti y de la sindicalista Zully Codina, entre otros.
Aunque unos pocos casos han progresado y existen algunas sentencias, casi la totalidad de los crímenes contra sindicalistas y líderes sociales se mantienen en la impunidad. Así mismo, denuncian los defensores de derechos humanos, muchos de los involucrados en crímenes como el de Correa de Andréis no están siendo procesados.
Según el paramilitar conocido con el alias de 'Don Antonio', el subdirector del DAS en Santa Marta, Javier Valle Anaya, no sólo habría sido el autor del informe de inteligencia que puso en la cárcel a Correa de Andreis sino quien se lo suministró a las AUC y una pieza importante de las acciones de esa organización criminal en la Costa Atlántica, al apoyar con trasportes a comandantes paramilitares. El exfuncionario está hoy asilado en EE.UU., fuera del alcance de la justicia colombiana.
Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' y apoderado de las víctimas de Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', señaló que se debe conocer la relación entre estos hechos y las actividades de los cuerpos de inteligencia en contra de opositores y líderes sociales.
Según el defensor de derechos humanos, el uso de inteligencia ilegal y de los aparatos de seguridad del Estado para la persecución política es una constante que se puede observar claramente en los casos de la Universidad del Atlántico y en el de las 'chuzadas'. Por este último, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sigue asilada en Panamá para evadir a la justicia, aunque existe una denuncia penal en el vecino país contra ella y otros miembros del DAS, y se está pidiendo la nulidad del asilo concedido por el presidente de derecha Ricardo Martinelli, pues las investigaciones en su contra por delitos de lesa humanidad obligarían a su repatriación a Colombia.
Adicionalmente, el jurista destacó que tanto la Presidencia de la República como la Embajada de los EE.UU. en Bogotá deben dar explicaciones tanto por las acciones de esos funcionarios como por las del denominado 'Grupo Game' –creado, financiado y coordinado por los EE.UU.– en el caso de las 'chuzadas', dado que varios de sus miembros han aceptado, en audiencia públicas, que también eran parte de la persecución a líderes sindicales y que usaron el programa de protección a sindicalistas del DAS para realizar inteligencia ilegal.

miércoles, 20 de julio de 2011

Periodistas Jorge Enrique Torres y Julio Daniel Chaparro, Veinte años de impunidad

http://elturbion.modep.org/drupal/node/3943

"La verdad y la memoria son nuestras cartas" - Ilustración: Familiares de Jorge Enrique Torres y Julio Daniel Chaparro
Por: Christian Peñuela – mayo 4 de 2011
El 24 de abril de 1991 fueron asesinados los periodistas Jorge Enrique Torres y Julio Daniel Chaparro, quienes se encontraban investigando la masacre de Segovia (Antioquia), crimen de lesa humanidad en el que murieron cuarenta y tres personas y que fue perpetrada el 11 de noviembre de 1988 por paramilitares al mando de Fidel Castaño. Veinte años después del atroz crimen, la justicia colombiana adoptó una decisión polémica: la Fiscalía dictó la prescripción del caso y, con ello, la impunidad sigue reinando.
Por los días en los que estos periodistas fueron asesinados, paradójicamente, se construía y firmaba la Constitución Política de 1991, donde se consagra el derecho de toda persona a la libertad de expresión y opinión, a la información libre y veraz y a la protección de la actividad periodística bajo condiciones de libertad e independencia profesional. Tras veinte años del asesinato de estos periodistas, presuntamente a manos de grupos paramilitares en complicidad con el Ejército, los familiares de las víctimas se enfrentan a los mecanismos usuales de impunidad.
En la decisión, emitida por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, se asegura que no se encontraron motivos ni evidencias de fuerza probatoria que pudieran determinar que este doble crimen se haya ejecutado por la labor periodística que desempeñaban los comunicadores en el lugar de la masacre. Sin embargo, no quedan aún claros los elementos que se tuvieron en cuenta en la investigación del ente acusador ni qué fue exactamente lo que sucedió.
Jorge Enrique Torres y Julio Daniel Chaparro arribaron hasta Segovia con el fin de informar acerca de uno de los capítulos más violentos de la historia reciente en Colombia. Este cubrimiento tenía la intención de hacer un trabajo de investigación con las víctimas de esta masacre, luego de la incursión del grupo paramilitar llamado Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, que arrasó y desplazó a decenas de familias de campesinos en la zona, con la anuencia de la Fuerza Pública. El motivo: la Unión Patriótica había echado raíces allí y había logrado ganar las elecciones locales, posesionando a Rita Tobón como alcaldesa, lo cual amenazaba, como se ha comprobado en los estrados judiciales, el poder de políticos locales de ultraderecha, como el exministro César Pérez García, quien está preso en este momento como autor intelectual del crimen de lesa humanidad.
Haciendo gala de un periodismo comprometido y consecuente, estos periodistas arriesgaron sus vidas para informar a la opinión pública y lograr que estos hechos quedaran registrados en la memoria nacional. Sin embargo, las balas los silenciaron, al igual que a los testigos y a los presuntos victimarios, quienes corrieron la misma suerte. Nadie se salvó para dar cuenta de los verdaderos responsables de estos asesinatos y el silencio sigue reinando.
Es evidente que el motivo del asesinato de estos periodistas tuvo origen en acallar una investigación periodística que estaban realizando bajo el título “Lo que la violencia se llevó”, en la cual cubrían varias zonas del país fuertemente afectadas por el conflicto armado, como Carmen de Chucurí (Santander), Vista Hermosa (Meta), Toribío (Cauca) y Tierralta (Córdoba). Esta investigación los condujo a Segovia, donde encontraron la muerte tras unas pocas horas de haber llegado al pueblo.
Era indudable: representaban un objetivo militar para los paramilitares por su investigación y por trabajar para El Espectador, periódico que sufría por ese entonces de una campaña sistemática de desprestigio, amenaza y muerte por parte del Cartel de Medellín, que llegó hasta el asesinato de su director, Guillermo Cano, y a atentar con bomba contra la sede del informativo en Bogotá. Pese a estos antecedentes y sin tener en cuenta la labor peligrosa que realizaban los informadores, la justicia colombiana no encontró pruebas suficientes tras dos décadas de una investigación que no tuvo en cuenta varias de las particularidades del caso.
En primer lugar, los presuntos victimarios, quienes fueron señalados inicialmente por la Fiscalía de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional, fueron puestos en libertad por falta de pruebas en su contra y años más tarde también fueron asesinados. En segundo lugar, el caso fue asumido por el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien también fue asesinado por paramilitares el 18 de abril de 1998, y la impunidad reinante en su caso ha impedido que se sepa la relación entre sus investigaciones, en casos como la masacre de Segovia y el holocausto del Palacio de Justicia, y su homicidio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece, en la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, que “el asesinato, secuestro, intimidación o amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas a estar informadas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Sin embargo, las investigaciones no avanzaron en este sentido y la suerte de estos periodistas, que murieron en cumplimiento de su deber ético y profesional, ha quedado como un claro ejemplo de que la impunidad es la norma por excelencia en este tipo de casos.
El historiador Daniel Chaparro, hijo del periodista Julio Daniel Chaparro, considera estos dos asesinatos como un atentado directo contra la democracia que “mancilla la memoria de los periodistas asesinados y hiere profundamente a los familiares”. Por estos motivos, los familiares de los periodistas han decidido llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, en vista de la inoperancia de la justicia colombiana.

domingo, 17 de julio de 2011

ALGUNAS REACCIONES FRENTE AL DOCUMENTAL IMPUNITY ( VIA TWITTER)

 via  twitter
PAOLA BURGOS
por calihoy

viernes, 15 de julio de 2011

IMPUNITY LLEGA A CALI

 

COMUNICADO DE PRENSA

http://prometeoproductions.blogspot.com



Caravana por la Memoria
Proyección del documental IMPUNITY en Cali.


“La película que se debe ver en colegios y universidades”
Juez Baltasar Garzón.

Es un placer para la Fundación Prometeo Producciones presentar el estreno del documental IMPUNITY en la ciudad de Cali y contar con la presencia de uno de los directores, Hollman Morris, en las proyecciones.

Este estreno hace parte de una agenda nacional que recorrerá las principales ciudades del país en lo que Hollman Morris y Juan José Lozano han llamado una Caravana por la Memoria. Caravana que circula también gracias a la autogestión de comités en cada ciudad que desean la proyección del documental para hacer circular la valiosa información que contiene.

La entrada es gratuita, puedes descargar tu boleta en www.impunitythefilm.com, en su página de Facebook, en el facebook de Contravía, en www.contravia.tv o en www.prometeoproducciones.tk Imprime tu boleta y llega puntual para que no te quedes sin ver IMPUNITY. En Cali contamos con el apoyo mediático de Radio Macondo y revista Shock, esperamos que muchos medios se sumen a la difusión de las proyecciones y que asistan a cubrirlas, tendremos foros de 30 minutos al final de cada proyección. Para los espacios contamos con el apoyo de las siguientes instituciones:

Viernes 15 de julio:
- De 4 p.m. a 6 p.m. Cinemateca de la Universidad del Valle.
Calle 13 # 100-00

- De 7 p.m. a 9 p.m. Centro Cultural de la Comuna 13 a cargo del Colectivo Cine Pál Barrio.
Cra 28D # 70-91, barrio el Pondaje

Sábado 16 de julio:
- De de 3 p.m. a 5 p.m. Centro Cultural de Cali (antigua FES) auditorio 1.
Cra 5 # 6-05


Sinopsis

Colombia, años 2.000: tras la desmovilización de más de 30 mil paramilitares acusados del asesinato de miles de colombianos se inicia un proceso judicial con algunos comandantes desmovilizados. Un momento histórico en el país. Impunity es un testimonio revelador del encuentro entre víctimas y victimarios en los estrados judiciales, y del apoyo de sectores políticos, militares y económicos en la guerra paramilitar. Impunity es un grito por la justicia, en nombre de las víctimas, y un recorrido por los hallazgos y dificultades que se presentan en este camino seguido por Colombia en nombre de “la paz y la justicia”. ¿Logrará Colombia superar la impunidad?

Agradecemos a las entidades, amigos y colectivos que contribuyen para la realización de esta exhibición en Cali y ahora los invitamos a que nos apoyen con toda la difusión posible, para que llenemos estos espacios de público diverso y de conciencia, publicar en facebook, enviar este comunicado por correo a tus contactos, etc. Gracias Hollman Morris y Juan José Lozano por el compromiso que han tenido para con las victimas de nuestro país y por la reflexión sobre la justicia.

Comité coordinador proyección IMPUNITY Cali



Carlos Grisales
Comunicador Social y Periodista
Director y productor ejecutivo del
proyecto Prometeo
3154271080


Material de prensa para consulta
-Trailer
-Columna en Semana de Julián Cubillos sobre la película
-Columna de Lisandro Duque sobre la película
-2000 Personas asistieron a la premiere de Impunity
-Articulo Agencia EFE 

Pase de cortesía - proyección IMPUNITY en Cali.

Descarga e imprime tu boleta para asistir a las proyecciones.


Quieres participar en el Equipo de comunicaciones y logistica?

Quiero agradecer de antemano la respuesta de l@s voluntari@s para que las proyecciones de IMPUNITY se den en las mejores condiciones a pesar de la premura del evento. Invito a los diferentes colectivos de la ciudad a que se sumen en la convocatoria si aún no lo han hecho para que juntos hagamos algo de memoria. Este es el equipo humano de comunicaciones y logistica que va hasta el momento, por favor confirmar disponibilidad para las proyecciones y l@s interesad@s en participar por favor enviar datos y referencias via inbox y si cuentan con equipo tecnico. Tod@s podemos ayudar en difusión.

Comunicaciones y Logística
-Video y Edición: Helena Sala Bitria (viernes 2 proy.)
-Video (via streamming): Mónica Irina Romero (viernes 2 proy.), Viviana Andrea Gómez Hernández (Sábado 2 proy.)
-Foto fija: Claudia Bicharraca, Gustavo Carvjal (viernes y sábado 4 proy.)
-Control del Streamming y del chat: Felipe Vidal (viernes y sábado 4 proy.)
-Web, diseño y redes sociales: Claudia Bicharraca – Carlos Grisales.
-Twitter@s (estrategia con redes sociales): Bicharraca, Gustavo Carvajal y Carlos Grisales
Necesitamos:
-3 Personas con cámara de video, una para las dos proyecciones del viernes y 2 para las proyecciones del sábado.
-10 twitter@s: vamos a posicionar IMPUNITY como lo más twitteado en Colombia.
- refrigerios para el equipo de logística (10 personas) y si fuese posible gestionar refrigerios para todas las proyecciones genial. Canje por créditos.
- Difusión por todos los medios posibles, tomar la iniciativa y llamar a las emisoras a invitar al evento, así mismo a los programas de tv. Concentrémonos en llenar la cinemateca de Univalle y la Secretaría de Cultura.
Transporte:
Tenemos transporte para 10 personas gracias a la Coomoepal, nos recogen al final de la primera proyección del día para trasladarnos a la segunda y nos retornan a puntos centrales de la ciudad al final de la última proyección.
Patrocinadores hasta el momento: si pueden vincular patrocinadores para refrigerios y difusión hagamoslo.
Comunicaciones y difusión: Radio Macondo, Revista Shock, Canal Universitario de la Universidad del Valle programa “Punto G”.
Espacios de proyección: Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, Cinemateca de la Universidad del Valle, Colectivo Cine Pál Barrio con instalaciones del Centro de Emprendimiento de la Comuna 13, ACCR Asociación Centro Cultural la Red.
Transporte (en la ciudad): Coomoepal.
Apoyos logísticos: Asociación Nomadesc, Federación de Liberación Animal.
Coordina: Prometeo Producciones.

miércoles, 13 de julio de 2011

Colombia: Miles de indígenas colombianos perdieron su nombre por burla de funcionarios

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SCBCI (Bogotá – 12.07.2011 / Luciano Figari  - EFE ) - 

Cohito, Mariguana o Gorila son algunos de los nombres que funcionarios colombianos pusieron a miles de indígenas a modo de burla, cuando tramitaban sus cédulas de identidad presionados por políticos locales para obtener sus votos a cambio de falsas promesas. 
"Cuando los registradores les preguntaban en español a los indígenas qué nombre querían, ellos lógicamente no entendían y se quedaban callados, entonces lo que hacían era que les imponían un nombre" como Payaso, Bolsillo o Tarzán, asegura a Efe Priscila Padilla, directora del documental "Nacimos el 31 de diciembre". 
Padilla relata en su cinta la injusticia que sufrieron los indígenas wayúu, un pueblo conformado por unas 300.000 personas dispersas en un extenso territorio que ocupa parte de Colombia y Venezuela, en la península caribeña de La Guajira. 
Inspirada en el libro "Manifiesta no saber firmar", de la escritora wayúu Esthercilia Simanca, Padilla no duda de la mala intención de los funcionarios: "si tú no hablas español y te coloco un nombre como ése, me estoy burlando de ti". 
"Es difícil dar una cifra de los afectados, pero calculo que deben ser más de 5.000", indica a Efe Simanca, quien apunta que etnias indígenas de otras zonas de Colombia y México padecieron circunstancias similares, según le hicieron saber esos nativos. 
Pero los nombres insólitos son solo una parte de la vejación. La mayoría de cédulas wayúu concluye con un "manifiesta no saber firmar" ya que, según Simanca, muchos funcionarios no se molestaban en preguntarles si sabían escribir. 
"Algunos sí sabían firmar pero de pronto por su fenotipo indígena enseguida estampaban sus huellas y listo", asevera. 
Además, como los indígenas miden el tiempo con acontecimientos como las lluvias o los ciclos lunares y no atienden al calendario occidental, gran parte de ellos desconoce su fecha exacta de nacimiento, lo que causó mayores problemas a la hora de identificarlos. 
"Se comenzó a crear el rumor de que cuando una persona desconoce su fecha de nacimiento se le coloca que nació el 31 de diciembre", por lo que figura que la gran mayoría de wayuus cumple años ese día, señala Padilla. 
Los nombres insólitos se asignaron sobre todo entre las décadas de los sesenta y noventa, principalmente en época de elecciones, cuando los políticos locales registraban en masa a indígenas para obtener su voto a cambio de bolsas de comida y falsas promesas, como hospitales o escuelas. 
"Por lo general los wayúu guardan la cédula para época de elecciones porque a cambio del voto les dan un mercado (bolsa con alimentos) o les prometen un techo", anota Simanca. 
Aunque la compra de votos continúa siendo habitual en Colombia, el número de cédulas comenzó a disminuir a comienzos del siglo XXI, gracias a la alfabetización y mayor conocimiento del proceso de registro por parte de los aborígenes, que ahora tienden a anotar el día que nacen sus hijos y estampan su firma. 
El director nacional del Registro Civil, Jin Anthony Cotrino Sossa, confirma a Efe que esas cédulas existen pero prefiere no entrar a valorar la actitud de los funcionarios, pues carece de elementos para emitir un juicio. 
No obstante, recuerda que los indígenas afectados avalaron su documento de identidad con su huella y que la legislación colombiana no pone ningún tipo de impedimento a los nombres. 
La valoración se complica si se tiene en cuenta que algunos indígenas eligen tener nombres raros, como Tiburcio, según admiten Simanca, Padilla y Evelin Acosta, de Fuerza de Mujeres Wayúu. "Ahí debe respetarse la decisión del indígena", advierten.
En Colombia, el cambio de nombre se puede realizar ante una notaría que eleva esa petición a escritura pública y luego se legaliza ante la Registraduría, que se encarga de expedir un nuevo documento de identidad, con un costo aproximado de 50 dólares. 
Pero el trámite se vuelve engorroso para los wayúu, que suelen vivir en asentamientos alejados de los núcleos urbanos, con lo que el gasto se multiplica por el transporte. 
En cualquier caso, el director nacional del Registro Civil avisa de que: "si cualquiera de estos ciudadanos se ha sentido denigrado tiene que elevarnos una solicitud para que iniciemos una investigación y le demos toda la orientación del caso", pues de momento no ha habido ninguna denuncia formal.

viernes, 8 de julio de 2011

50 niñas violadas por El Patrón y el Parque Tayrona: infancias molidas en grandes negocios



Por Azalea Robles

"'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina”
Las niñas eran llevadas a fiestas en las que El Patrón seleccionaba a sus víctimas. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia: entregadas a la herramienta paramilitar que funciona con la impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos que la utilizan para despojar. Detrás de los beneficios de las multinacionales hay destrucción social, niñas esclavas, torturas, e impunidad.

“El ejército nos bajó del autobús. Al muchacho que estaba conmigo lo mataron. A mi me violaron entre nueve soldados. (…) Cuando llegué a Dabeiba, estaban los paramilitares. El comandante paramilitar me violó (…) A una le toca quedarse callada… Cuando entra el ejército me vuelven los pensamientos que me va pasar lo mismo.” (1). El feminicidio y la violación sexual aumentan dramáticamente al amparo de la impunidad para los crímenes de Estado. La impunidad de la que goza la Fuerza pública le da carta blanca para violar, y el empleo de la violación como mecanismo del terror conforma a una Fuerza Pública habituada a prácticas genocidas.
OXFAM revela que en Colombia : “489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde 2001 hasta 2009: un promedio de 6 mujeres, cada hora” (2); en otro informerefiere que el 81% de las violaciones a DDHH de las mujeres se atribuyen al ejército y la herramienta paramilitar: se atribuye el 58% a paramilitares, el 23% a fuerzas públicas, el 8% a las guerrillas y en el resto se desconoce al autor.”(3). Estas cifras evidencian que hay un sistematismo de las violaciones de DDHH de las mujeres por parte de la fuerza pública y del paramilitarismo: los porcentajes que les corresponden son altísimos, y no reflejan sino una pálida parte de la realidad dado que denunciar a la fuerza pública es un verdadero acto heroico en razón de los riesgos de muerte para los denunciantes al enfrentar el engranaje de todo un estado abocado a la impunidad. Tras cada denuncia de violación se esconden las que nunca serán denunciadas por miedo, y la renuencia a denunciar se agrava cuando los victimarios son fuerza pública: denunciar a la fuerza pública tiene el agravante de que la víctima denunciante tiene que remitir su denuncia a las entidades estatales, parte del mismo estado que la fuerza pública. Lamentablemente, en la casi totalidad de los casos, las denuncias efectuadas quedan en la impunidad, y varias denunciantes sufren asesinatos: hay un aparato estatal y para-estatal de impunidad, y no escatima en eliminar testigos y denunciantes.

La privatización y precarización del sistema educativo y la desvalorización de la mujer promovida por los medios masivos de comunicación a la par que exaltan los valores machistas, abonan el terreno para el maltrato. La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio. “Las estadísticas tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías” (4).

1.    Las 50 niñas violadas por ‘El Patrón’

Las violaciones y asesinatos de niños se han convertido en el pan de cada día en el marco de la impunidad total para el Terrorismo de Estado: los violadores reinciden decenas de veces, habitando la misma zona, viviendo en las mismas haciendas; campean a sus anchas y hay quienes incluso son famosos por hacerse llevar niñas vírgenes a sus casas, durante años. Sin que la fuerza pública haga algo al respecto. No son casos aislados, se trata del margen de acción que les es permitido a aquellos que están amparados en la impunidad que les brinda el mismo estado: son políticos, latifundistas, militares y paramilitares, todos ellos son intocables por la “justicia” colombiana, pues los que los denuncian y los jueces que abren expedientes en su contra corren la misma suerte que la jueza Gaona (5). Gaona llevaba el caso de los niños violados y asesinados por el ejército en Arauca; y había rechazado el “vencimiento de términos” y las maniobras dilatorias de la defensa militar. Fue asesinada en marzo de 2011 por un sicario a plena luz del día en el centro de uno de los departamentos más militarizados de Colombia, a escasos metros de un puesto de la fuerza pública. El sicario huyó a pie (6). Pocas son las víctimas que se atreven a denunciar las violaciones sexuales a manos de paramilitares o de la fuerza pública porque podría ser alto el riesgo de que la misma fuerza pública ‘delate’ sus denuncias a sus victimarios, incluso antes de proceder a abrir un expediente judicial. Se estima que detrás de cada denuncia adelantada se esconde el grueso de las denuncias que no se efectuaron por temor: “Poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino a la muerte” (7)El carácter exponencial de las violaciones de niñas y niños en Colombia crece cada día amparado en la impunidad que le otorga a la fuerza pública y a sus cómplices el derecho de Pernada.

El Jefe Paramilitar Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’reconoció que tuvo 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta (8). "'El Patrón' era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina"(ibídem). El jefe paramilitar abusó de al menos 50 niñas. Ninguna sobrepasaba los 15 porque -según los mismos paramilitares- "las mujeres mayores lo salaban” (Ibíd. ).Las niñas eran secuestradas y llevadas a fiestas en las que este seleccionaba a sus víctimas. El Patrón fue intocable durante años porque hacía las labores de guerra sucia que beneficiaban al gran capital ayudaba a diferentes políticos, como lo expresó ante la fiscalía en septiembre 2007: dijo que José Francisco Zúñiga (9) fue alcalde de Santa Marta apoyado por el paramilitarismo; que a Trino Luna lo apoyaron para gobernador del Magdalena; también señaló de connivencia paramilitar a los políticos Enrique Caballero Aduén, Darío Sarabia y Salomón Saade (10). Relató los nexos del bloque paramilitar Tayrona con la Fuerza Pública y empresarios: con el coronel Enrique Peralta Walker, comandante del batallón Córdova, y con el empresario Jorge Gnecco, hermano del ex gobernador del Cesar Lucas Gnecco. Relató que la Policía les indicó personas señaladas de ser informantes de la guerrilla para que las asesinaran. Alias ‘El Patrón’, funcional a la estrategia del terror de estado y del gran capital, encabezó miles de asesinatostorturas, desmembramientos, desapariciones forzadas: reconoció haber hecho desenterrar de las fosas en las que sus hombres sepultaron a sus víctimas, a centenares de ellas que fueron lanzadas a los ríos, para borrar toda huella de su existencia. ‘El Patrón’ fue extraditado el 13 de Mayo de 2009 a EEUU, en lo que las víctimas llaman “la extradición de la verdad”: al extraditar a los Jefes paramilitares se hace aún más remota la posibilidad de conocer el destino de sus víctimas, y conocer los nombres de los grandes comanditarios del genocidio. Con la extradición de varios Jefes paramilitares el estado colombiano ha garantizado gran parte del silencio. Hoy las renovadas caras de la herramienta paramilitar, los mismos latifundistas de siempre, y los inamovibles militares siguen gozando de plena permisividad.
Entre el 2001 y el 2002 14 mil personas descendieron forzadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, huyendo de masacres al mando del paramilitar ‘El Patrón’, en uno de los mayores desplazamientos forzados de poblaciones de Colombia. Por amenazas paramilitares se asentaron en Ríoancho (La Guajira) y el Calabazo (Magdalena). Miles de campesinos y alrededor de 500 indígenas koguis, wiwas y arhuacos se convirtieron en "el escudo del Tayrona". Eran custodiados por la herramienta paramilitar para que se quedaran allí: todo el tiempo estuvieron en la carretera, dormían a la intemperie, todo a ojos de la fuerza pública. La Sierra Nevada de Santa Marta ha ido a parar a manos del latifundio y multinacionales que lograron despojar a los nativos mediante masacres.

2.    Desplazamiento forzado para beneficio multinacional: los Patronos de la guerra

Colombia tiene 4,9 millones de personas desplazadas, según el último informe de CODHES: es el país del mundo con mayor número de desplazados, junto con Sudán (11). Los desplazamientos masivos de poblaciones obedecen a una razón: vaciar de habitantes y de reivindicaciones las tierras codiciadas por las multinacionales, ya sean mineras, del agro industrial, o de otro rubro. Esto lo han denunciado las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas víctimas de la voracidad del Gran Capital. El desplazamiento forzado de poblaciones en Colombia  es provocado por masacres dirigidas intencionalmente contra la población civil, y no tanto por “la bala perdida” como quiere hacerlo creer la falsimedia que busca diluir la realidad en un magma confuso para eliminar las responsabilidades concretas del latifundio y del poder multinacional. Hay una planificación del desplazamiento poblacional, no es algo aleatorio: las zonas vaciadas de población coinciden con las zonas de alto interés económico y con las zonas en las que previamente hubo un tejido social organizado y fuerte. Se aplica contra la población civil la estrategia de la “tierra arrasada”que aplicaron los marines estadounidenses en Vietnam arrasando poblados enteros para impedir el apoyo popular al Vietcong. Es la misma estrategia que aplicaron en El Salvador y Guatemala. Bajo el rótulo del “fuego cruzado” y “la bala perdida” los mass media y la USAID pretenden disfrazar la realidad: los más grandes desplazamientos poblacionales en Colombia han ocurrido provocados por masacres directamente efectuadas contra la población civil por la herramienta paramilitar y el ejército, mascares con motosierras y listas de personas a ejecutar en la plaza pública.
Hay casos tan flagrantes y planificados como la masacre de Mapiripán: en la que los paramilitares fueron llevados en aviones Antonov y DC3 de un departamento a otro, y trasladados en camiones del ejército, al sitio de la masacre (12). Allí estuvieron masacrando, violando, cortado cabezas durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie del sitio de la Masacre. Debido al cerco del ejército nadie pudo darle auxilio a la población. 60 personas fueron asesinadas en Mapiripán: sometidas a toda clase de torturas. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares” (Ibíd. ). Dicho por el propio General Uzcátegui: mientras los paramilitares descuartizaban a civiles en Mapiripán, el ejército les garantizaba la labor combatiendo a las FARC que intentaron romper el cerco militar bajo el cuál los paramilitares torturaban a los campesinos; pero el cerco era una operación con planchones sobre el río, retenes, y aviación. El ejército garantizó que la masacre durara y comprendiera las torturas más aberrantes:  no era “una bala perdida” era una operación de Terrorismo de Estado dentro de la estrategia de tierra arrasada en la zona de los llanos orientales, en la que estuvo envuelta la asesoría estadounidense. El Obispo del Guaviare testimonió : “Pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra hacia un sitio denominado “Charras”; otro grupo de paramilitares también se desplazó hasta “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río, conocido como el Barranquón” (Ibíd. )

3.    Crímenes de Estado que configuran genocidio: masacres, desaparición forzada, violaciones
Estas masacres continúan en el 2011: la ONU denunció un incremento de 40% en las masacres en el último año (13). En cuanto a la desaparición forzada, la ONU reconoció, en mayo de 2011, la existencia de al menos 57.200 personas víctimas del crimen de desaparición forzada, aclarando que muy probablemente son muchas más las víctimas: el crimen de estado de la desaparición forzada tiene en Colombia dimensiones escalofriantes, las cifras de desaparecidos de la “democracia” colombiana superan incluso las cifras de las dictaduras del Cono Sur, las víctimas buscan a cientos de miles de desaparecidos (se estiman en 250.000) (14). Medicina Legal informó de 38.255 desapariciones forzadas ocurridas en el lapso de solo 3 años (Ibíd. ). La desaparición forzada, como la violación sexual, cumple la función de inyectar terror en las comunidades, siendo empleada sobretodo contra opositores políticos, sindicalistas, estudiantes, ambientalistas, sociólogos y todo aquel o aquella que alce un reivindicación social. También se extiende el crimen de desaparición forzada contra mujeres que son desaparecidas tras ser violadas y contra los campesinos víctimas de los asesinatos de civiles mal llamados “falsos positivos”. El CINEP publicó, en mayo 2011, un informe en el que señala que los asesinatos de civiles a manos de militares han aumentado bajo el gobierno de Santos. Los mal llamados “falsos positivos” son asesinatos de civiles perpetrados por los militares para disfrazar los cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, y recibir prebendas y permisos por cadáver presentado (15).

Reseñaré aquí sólo dos de las masacres con sevicia extrema cometidas contra la población civil por la herramienta paramilitar, en el 2011. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia una masacre cometida el 11 de febrero de 2011 por paramilitares: “Luz Marina Roa Alfonso fue asesinada, junto con Luz Mery Roa Roa, Vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, y la menor Sorith Juliet Alfonso Roa de tan solo 5 años, quien fue degollada y sus manos fueron cortadas. Asesinaron a dos trabajadores. Fueron degolladas a machetazos (…) persiste la presencia de grupos paramilitares y la zona se encuentra controlada por el Ejercito Nacional, a pesar de esto se comenten crímenes de lesa humanidad.” (16). La segunda la denuncia la Corporación Justicia y Dignidad: “El domingo 6 de marzo de 2011 paramilitares asesinaron en su vivienda a la anciana indígena Leopoldina Valencia Güegüe, de 70 años de edad. Le propinaron 3 impactos de fusil en su cara que la dejaron desfigurada. El resto de ocupantes de la vivienda se escondieron debajo de la cama, en tanto que los agresores con arma blanca destruían las mamas, los brazos y las manos de la anciana”(17)

Las violaciones colectivas son un mecanismo de inyección de terror y desplazamiento: “Llegaron los paramilitares, congregaron a todos, pusieron música y empezaron a beber (…) violaron a algunas mujeres, dieron muerte a unas cuantas personas y bailaron. Obligaron a las mujeres a cocinar… violaron a las jovencitas. La fiesta se prolongó cuatro días. Los cadáveres empezaron a pudrirse. Quemaron a algunos de ellos para que no se pudieran identificar. Oímos sobrevolar a un helicóptero pero no pasó nada hasta el cuarto día. Los paramilitares se quitaron los pasamontañas y dijeron que había llegado el ejército. Entonces vinieron automóviles, fiscales y personas de la Cruz Roja. El ejército estaba impidiendo la entrada al poblado mientras se producía la matanza.” (18)

Las violaciones son un mecanismo de terror empleado contra dirigentes sociales, se trata de acallar la oposición política: “La niña de 13 años, hija de Martha Olaya, dirigente sindical e integrante de la ANMUCIC, fue violada y muerta en Monteloro por miembros del ejército. Las fuerzas de seguridad mostraron el cadáver vestido con ropas de uso militar, para dar la impresión de que era una guerrillera muerta en combate. Al funcionario de medicina legal que le practicó la autopsia lo mataron una semana más tarde.” (19)

Tras los desplazamientos ocasionados por el terror de las masacres y las violaciones colectivas, las condiciones de miseria de las personas desplazadas acarrean más sufrimiento y violación de sus DDHH:“Llegaron 500 paramilitares a la aldea… nos amenazaron y se llevaron a las mujeres (…) Mataron a muchachas, chicos, hombres y mujeres. No se nos permitió recogerlos y los perros se comieron los cadáveres. Ahorcaron a algunos niños y mutilaron los órganos sexuales de los cadáveres. Violaron a muchas mujeres (…) Hoy vivo en las afueras de Cartagena; las condiciones son muy malas ya que el lugar está inundado casi siempre; por la noche tengo que atar a los niños a la cama para que no caigan al agua.”  (Ibíd. Página 25)

4.    Oro, megaminería multinacional y desplazamiento forzado: violaciones para aterrorizar

Mientras lee este artículo, la situación de las mujeres y niñas colombianas se agrava de forma dramática en las zonas ricas en minerales y codiciadas por multinacionales y latifundio, pues el terror es utilizado para desplazar comunidades, y la violación forma parte de la estrategia de terror para generar desplazamiento y control social. Las comunidades afrodescendientes del Pacífico (PCN) denuncian que: las violaciones sexuales a las niñas y adolescentes se han incrementado de forma alarmante”(20), esto en medio de la avanzada de la explotación minera multinacional, y de megaproyectos de agro industrial: “En este momento están ingresando retroexcavadoras ilegales que tienen como fin la explotación de oro a gran escala, lo que genera un daño ambiental grave, además generan desplazamiento y muerte. Estas retroexcavadoras vienen custodiadas por hombres armados quienes afirman que aquellos que se interpongan o traten de impedir el ingreso de estas maquinas serán asesinados. (…) quieren apropiarse de este territorio por la riqueza mineral” (21). Tras el desplazamiento las comunidades se asientan en los barrios periféricos de las ciudades, en los que continúa el control y terror social militar- paramilitar, y se degrada el tejido social: En nuestra comunidad, niñas entre los 9 y 13 años de edad están embarazadas por primera vez, y ya entre los 13 y 15 años, son madres de dos hijos, y de 14 a 17 años tienen de 3 a 4 hijos, como consecuencia de violaciones ejercidas por sus padrastros, vecinos e integrantes de grupos armados (…) La desaparición forzada seguida de la violación sexual y el asesinato con sevicia, es una constante en los barrios y en zonas rurales. Se conocen casos de violación sexual de niñas de 2 a 7 meses de edad, y es escalofriante el de una niña de 3 meses de nacida que fue totalmente desmembrada. Esta situación obliga a las madres a estar confinadas en sus casas por miedo a dejar a sus hijas solas, ya que las menores corren el riesgo de ser raptadas y desaparecidas. También se conocen casos en los que niñas y niños pequeños, obligados a practicar sexo oral a los violadores, tienen graves lesiones e infecciones bucofaríngeas.  (… ) En esta semana, reportes comunitarios afirmaron que entre jovencitas y niñas, 7 están desaparecidas. Dos fueron encontradas violadas y asesinadas y del resto, corren rumores de estar enterradas(…) Y mientras se escribe este comunicado, llega un plegable, buscando a otra niña desaparecida desde el jueves 19 de mayo (2011) (…) Ante el escalamiento de las violencias contra las mujeres y niñas, hasta ahora, ningún organismo estatal se ha apersonado de esta grave problemática.”(ver 20) Las comunidades exigen: “las investigaciones necesarias para superar la impunidad de estos crímenes.” (Ibíd.)

5.    Los Patronos del Parque Tayrona: cómo se entrega un parque natural a aquellos que lo han asolado

El Parque Tayrona, uno de los ecosistemas más hermosos del planeta, es ofertado a la empresa privada y al turismo por las modificaciones legales de la administración de Uribe y Santos. Las masacres de la herramienta paramilitar se ocuparon de desplazar a miles de habitantes de las tierras codiciadas. Los Jefes paramilitares, como premio por sus “servicios” al gran capital, hacen grandes negocios. Según el jefe paramilitar ‘El Canoso’ la empresa Aviatur del magnate francés que hoy gestiona el Parque Tayrona obtuvo la licitación en asociación con varios jefes paramilitares, entre los cuales alias ‘El Patrón’. José Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, del bloque paramilitar Tayrona de las AUC, confesó en abril 2011 a la fiscalía de Justicia y Paz cómo se organizó el consorcio entre paramilitares, parapolíticos y el empresario del turismo, Jean Claude Bessudo (22).‘El Canoso’ expresó que la sociedad de los paramilitares con Aviatur para administrar el Parque Tayrona se hizo a través de una sociedad llamada Alnuva y se concretó en la oficina de Bessudo a comienzos del 2005. Declaró: “Empezamos una etapa de llenar el formulario, de presentarlo, Nacho [Ignacio Rodríguez] tenía muy buenas relaciones con los hijos del doctor Uribe, con Jerónimo y Tomas y entonces logramos que entráramos en este pliego a concursar con una empresa que es del señor Bessudo que era Aviatur.” (Ibíd.).

El 31 de enero del 2004 los paramilitares asesinaron a Marta Hernández Turriago, la directora del Parque Tayrona, porque no aceptaba entregarles un porcentaje de lo recaudado y había denunciado que los paramilitares sacaban drogas utilizando rutas dentro del parque(23). El 4 de julio de 2005, el Gobierno entregó en concesión por 10 años el parque Tayrona a una Unión Temporal Parque Tayrona conformada por Aviatur, del empresario francés Bessudo, la Cámara de Comercio y la sociedad Alnuva. El parque tiene una extensión de 25.000 hectáreas (íbid.) Según ‘El Canoso’ el negocio comenzó entre él, Héctor Ignacio Rodríguez, alias ‘Nacho’, y los jefes paramilitares ‘El Patrón’ y su sobrino Nodier. Rodríguez había sido elegido con el apoyo de los paramilitares concejal de Santa Marta; fue posteriormente extraditado, cumplió tres años de prisión en EEUU y desde el año pasado se encuentra en Santa Marta (Ibíd.). También se asoció el gobernador Trino Luna, posteriormente detenido por parapolítica. Elías George, representante legal de Alnuva, y representante de una empresa de telefonía móvil y de una aerolínea, fue otro socio. (Ibíd. ) Su entrada al parque se hizo tras desplazar a miles de campesinos e indígenas y expulsar a docenas de familias que se ganaban la vida como operadores turísticos, venta de artesanías y como guías.

La Fiscal de Justicia y Paz indagó sobre los pormenores de la licitación, preguntándole a alias ‘El Canoso’:“¿Hubo algún manejo de la licitación para que le quedará a Bessudo y ustedes? “Nacho usó a los hijos del doctor Uribe para que nosotros nos quedáramos en esa licitación”.Contestó el ‘El Canoso’ (ver 22). El empresario Bessudo, radicado desde hace más de 48 años en Colombia, aduce que él no estaba al tanto de estar compartiendo la multimillonaria licitación con paramilitares. Y pretende que cuando se refirió en reuniones a las AUC era de la siguiente manera: “Y la famosa frase que le contaron de las AUC yo dije de vez en cuando AUC, yo no sabía que esa vaina era Autodefensas Unidas de Colombia, por Asociación de Usuarios Campesinos” (24)Es ampliamente conocido en Colombia que las AUC son las Autodefensas Unidas de Colombia, cómo se autodenominó la herramienta paramilitar. Por otro lado cualquier persona que haga negocios multimillonarios que conciernen tierras de las cuales son despojados mediante masacres sus habitantes, y justamente por los paramilitares de las AUC, está en medida de  entender la situación. Caben dudas sobre la ingenuidad que aduce Bessudo: “los socios ocultos, yo no lo sabía”( Ibíd. ). La sociedad Alnuva de los paramilitares ‘El Patrón’ y ‘Jorge 40’ sigue siendo hoy concesionaria de la administración del parque Tayrona, junto con Bessudo; el empresario francés declaró que por ley no se podía deshacer de sus socios paramilitares, lo cual no es cierto según evidencia Noticias Uno (25).

Mientras la oligarquía colombiana, francesa, y las multinacionales se hacen con las riquezas de Colombia, el brutal empobrecimiento de las poblaciones despojadas acicala el mecanismo de las violaciones contra las niñas: unas secuestradas y violadas y otras entregadas por familias en la miseria: "Era tan perversa la situación que hubo papás que las entregaban [al ‘Patrón’] a cambio de gastos básicos y estudios" (26). El despojo de tierras aumenta la miseria en Colombia e incrementa la riqueza de aquellos a manos de quienes van a parar las tierras: multinacionales y latifundio. Colombia es el 4to país del mundo en desigualdad social, y el país más desigual del continente americano(coeficiente GINI, 2011) (27).

6.    ¿Cuál infancia?

Las niñas eran llevadas a fiestas en las que El Patrón las seleccionaba. Las que no le gustaban quedaban para otros paramilitares. Esta es la cara de “la Prosperidad Democrática” que sufren las niñas: detrás de los altísimos beneficios de las multinacionales en Colombia hay destrucción social, niñas esclavas, miseria, torturas, abusos e impunidad. Niñas sacrificadas en el altar de la codicia: entregadas a la herramienta paramilitar que funciona con la impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos que la utilizan para despojar. El sistema de acumulación de capital, basado en el saqueo de los recursos naturales y la explotación del ser humano, tortura y asesina a los niños. Los priva de educación al convertir la educación en una mercancía, los priva de alimentación al convertir la alimentación en un negocio, los priva de salud al convertir la medicina en otro negocio, los desplaza de los campos, los mata de hambre… En Colombia mueren anualmente 20.000 niños por desnutrición (UNICEF). Colombia es uno de los países más ricos del mundo, y sin embargo su población es gravemente empobrecida por el saqueo: El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. Hay 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres (28). De cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica. Correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional (29). Paul Martin, representante de UNICEF, expuso de qué manera el cerebro de un niño se ve atrofiado por la desnutrición y la gravedad de la situación de la infancia en Colombia: “12% de los niños de Colombia padecen desnutrición crónica. Van a sufrir física y mentalmente: nunca este 12% va a tener la oportunidad de contribuir con el 100% de su capacidad humana (…) El 90% de la capacidad del ser humano se desarrolla en sus primeros 3 años; los niños que están desnutridos antes de esa edad nunca serán capaces de recuperar esta parte de su capacidad humana. En una radiografía del cerebro de un niño bien nutrido se puede ver que el cerebro es muy denso, con muchas interconexiones; y junto a él, el cerebro de un niño con desnutrición severa se ve delgado, con agujeros: esto es el daño físico causado por la desnutrición que no puede ser recuperado.”(30). Las grandes fortunas siguen incrementando su capital gracias al despojo de millones de campesinos de sus tierras, la privatización de la salud, la educación y demás servicios; gracias al pago de salarios de miseria; al establecimiento de zonas francas, gracias a la utilización del erario público para la financiación de la banca, gracias a la destrucción montañas. El 40% del territorio de Colombia está pedido en concesión para proyectos mineros: de sus 114 millones de hectáreas, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin (31).
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NOTAS:
Para acceder a las notas completas:  www.azalearobles.blogspot.com
*Este texto contiene en su seno un capítulo ampliado del texto extenso:  Las 50 niñas violadas por El Patrón, la juez asesinada, la impunidad y sus eufemismos” de Azalea Robles, el cual forma parte de una investigación sobre la Impunidad en Colombia.  

(1) “La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra” , página 17, Mujer desplazada de Neiva.http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11072/090909_Violencia_Colombia.pdf
(2)          Oxfam y Casa de la Mujer presentan una encuesta de prevalencia “Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra” . El informe revela que en nueve años “489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual desde 2001 hasta 2009, un promedio de 6 mujeres, cada hora, han sido víctimas directas de este tipo de violencia”.http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/12033/101206_Primera_Encuesta_de_Prevalencia.pdf
(3)En el informe titulado “La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra” (2) Oxfam presenta la dificultad de recabar información acerca de las violaciones a los DDHH de las mujeres, y la dificultad de cuantificarlas, sin embargo, en la estimación que hace se refiere a: se atribuye el 58% a paramilitares, el 23% a fuerzas públicas, el 8% a las guerrillas y en el resto se desconoce al autor.”

(4) “Las estadísticas, tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías” , señala El Tiempo en su editorial del 19 de abril 2011.
(5) El asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona es la punta del iceberg del terrorismo de Estadohttp://www.rebelion.org/noticia.php?id=126746&titular=el-asesinato-de-la-jueza-gloria-constanza-gaona-es-la-punta-del-iceberg-del-terrorismo-
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(6) Fue asesinada en marzo de 2011 por un sicario a plena luz del día en pleno centro de uno de los departamentos más militarizados de Colombia, a escasos metros de un puesto de la fuerza pública. El sicario “huyó” a pie. Impunidad total. http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211:humanidad-vigente-y-cpdh-arauca-repudian-y-rechazan-asesinato-de-jueza-en-saravena-arauca-&catid=26:comunicados&Itemid=34
(7) “Al señor lo amarraron, le cogieron a la señora y a una hija y las violaron delante de él y los otros hijos. Ella dice que “Poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino a la muerte”en: “La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra”, Mujer de Catatumbo, página 15http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11072/090909_Violencia_Colombia.pdf

(8)           El jefe paramilitar que abusó de al menos 50 niñas en Santa Marta


(10)       Alias El Patrón Dijo que José Francisco Zúñiga era el candidato a la alcaldía de Santa Marta apoyado por el paramilitarismo al mando de 'Jorge 40'; y que al político Trino Luna lo apoyaron para la gobernación del Magdalena:http://www.ensemana.com/articulo/20110307_8436247.asp
(11)       Peor que Sudán, Iraq o Afganistán (VIDEO): Colombia es el país con más desplazados y refugiados internos. Según CODHES más de 5 millones de colombianos son desplazados.
(12)       La masacre de Mapiripán en la que los paramilitares, fueron llevados en aviones Antonov y DC3 de un departamento a otro, y trasladados en camiones del ejército, al sitio de la masacre. Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil2? Colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares”

(13)        Febrero 2011, la ONU denunció un incremento de 40% de las masacres en el último año: 38 matanzas con 179 víctimas fatales de los paramilitares en connivencia con la fuerza pública.http://multimedia.telesurtv.net/25/2/2011/27798/onu-denuncia-aumento-de-masacres-en-colombia-durante-el-ultimo-ano/
(14)       La ONU reconoció en mayo de 2011, la existencia de al menos 57.200 personas víctimas del crimen de desaparición forzada, aclarando que muy probablemente son muchas más las víctimas: el crimen de estado de la desaparición forzada tiene en Colombia dimensiones escalofriantes, las cifras de desaparecidos de la “democracia” colombiana superan incluso las cifras de las dictaduras del Cono Sur, las víctimas buscan a cientos de miles de desaparecidos.

Medicina Legal informó de 38.255 desapariciones forzadas ocurridas en el lapso de solo 3 años. La cifra del informe de Medicina Legal de 38.255 desaparecidos en 3 años evidenció una realidad que no se puede seguir esquivando: Colombia es trágico 'record' en el Crimen de Estado de la desaparición forzada. VIDEO: http://www.dailymotion.com/video/xd9scp_mas-de-38-mil-personas-desaparecida_news

(15)       El CINEP publicó, en mayo 2011, un informe en el que señala que los asesinatos de civiles a manos de militares han aumentado bajo el gobierno de Santos. Los mal llamados “falsos positivos” son asesinatos de civiles perpetrados por los militares para disfrazar los cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, y recibir prebendas y permisos por cadáver presentado. Informe especial Falsos Positivos 2010 El Cinep afirma que aumentaron las víctimas de asesinatos de civiles a manos de militares

(16)       Masacre en el Putumayo, febrero 2011, niña amputada: http://prensarural.org/spip/spip.php?article5327
(17)       Corporación Justicia y Dignidad denuncia asesinato con sevicia de indígena nasa de 70 años, 11 de marzo 2011  http://colombia.indymedia.org/news/2011/03/120757.php
(18)       “Llegaron a la ciudad los paramilitares, congregaron a todos, pusieron música y empezaron a beber (…) violaron a algunas mujeres, dieron muerte a unas cuantas personas y bailaron. Obligaron a las mujeres a cocinar… violaron a las jovencitas. La fiesta se prolongó cuatro días. Los cadáveres empezaron a pudrirse. Quemaron a algunos de ellos para que no se pudieran identificar. Oímos sobrevolar a un helicóptero pero no pasó nada hasta el cuarto día. Los paramilitares se quitaron los pasamontañas y dijeron que había llegado el ejército. Entonces vinieron automóviles, fiscales y personas de la Cruz Roja. El ejército estaba impidiendo la entrada al poblado mientras se producía la matanza.”  Página 13,http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11072/090909_Violencia_Colombia.pdf

(19)       Las violaciones son un mecanismo de terror empleado contra dirigentes sociales, se trata de acallar la oposición política: “La niña de 13 años, hija de Martha Olaya, dirigente sindical e integrante de la ANMUCIC, fue violada y muerta en Monteloro por miembros del ejército. Las fuerzas de seguridad mostraron el cadáver vestido con ropas de uso militar, para dar la impresión de que era una guerrillera muerta en combate. Al funcionario de medicina legal que le practicó la autopsia lo mataron una semana más tarde. El 31 de julio de 2000 la casa de Martha Olaya fue quemada.”, página 7http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11072/090909_Violencia_Colombia.pdf

la situación de la mujeres y niñas colombianas se agrava de forma dramática en las zonas ricas en minerales y codiciadas por multinacionales y latifundio, pues el terror es utilizado para desplazar comunidades, y la violación forma parte de la estrategia de terror. Las comunidades denuncian: las violaciones sexuales a las niñas y adolescentes, con edades entre 9 y 17 años, se han incrementado de forma alarmante”Es una realidad que en nuestra comunidad, niñas entre los 9 y 13 años de edad están embarazadas por primera vez, y ya entre los 13 y 15 años, son madres de dos hijos, y de 14 a 17 años tienen de 3 a 4 hijos, como consecuencia de violaciones ejercidas por sus padrastros, vecinos e integrantes de grupos armados ilegales. (…) La desaparición forzada seguida de la violación sexual y el asesinato con sevicia, es una constante en los barrios y en zonas rurales de nuestro municipio.  Se conocen casos de violación sexual de niñas de 2 a 7 meses de edad, y es escalofriante el de una niña de 3 meses de nacida que fue totalmente desmembrada. Esta situación obliga a las madres a estar confinadas en sus casas por miedo a dejar a sus hijas solas, ya que las menores corren el riesgo de ser raptadas y desaparecidas. También se conocen casos en los que niñas y niños pequeños, obligados a practicar sexo oral a los violadores, tienen graves lesiones e infecciones bucofaríngeas.  (…) En esta semana, reportes comunitarios afirmaron que entre jovencitas y niñas, 7 están desaparecidas (…) De este grupo, dos fueron encontradas violadas y asesinadas y del resto, corren rumores de estar enterradas (…) Y mientras se escribe este comunicado, llega un plegable, buscando a otra niña desaparecida desde el jueves 19 de mayo (2011) (…) Ante el escalamiento de las violencias contra las mujeres y niñas, hasta ahora, ningún organismo estatal se ha apersonado de esta grave problemática.”
(21)       Urgente, invasión de retroexcavadoras en la parte alta de la vereda la Toma-Suarez Cauca
En este momento están ingresando retroexcavadoras ilegales que tienen como fin la explotación de oro a gran escala, lo que genera un daño ambiental grave, además generan desplazamiento y muerte. Estas retroexcavadoras vienen custodiadas por hombres armados quienes afirman que aquellos que se interpongan o traten de impedir el ingreso de estas maquinas serán asesinados. (…) comunidad durante años viene siendo asediada por agentes externos que quieren apropiarse de este territorio por la riqueza mineral”.

(24)       Bessudo niega, y dice que cuando se refirió en reuniones a las AUC era de la siguiente manera: “Y la famosa frase que le contaron de las AUC yo dije de vez en cuando AUC, yo no sabía que esa vaina era Autodefensas Unidas de Colombia, por Asociación de Usuarios Campesinos”
(25)       Bessudo sí podía exigir el retiro de ALNUVA”
NoticiasUNO:


(26)       
"Era tan perversa la situación que hubo papás que las entregaban [al ‘Patrón’] a cambio de gastos básicos y estudios" http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8967301.html

(27)       Colombia: 68% de la población sufre miseria en el 4to país más desigual del mundo (datos marzo 2011)Colombia cuarto país a nivel mundial en desigualdades sociales
“Colombia el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58 (coeficiente medida técnica de la desigualdad en la distribución del ingreso, en la que 1 es lo más alto). Según datos de Naciones Unidas para 2005, con un Gini de 0,55 Colombia estaba entre los primeros del mundo, detrás de apenas un puñado de países (…) Jairo Núñez, de Fedesarrollo, afirma que, según la última Encuesta de Calidad de Vida que del Dane, el Gini colombiano habría llegado en 2008 a 0,59, uno de los más altos del planeta y el más alto de América Latina, la región más desigual del mundo.”

Colombia: desigualdad extrema:

(28)       El estudio de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo (MESEP), Pobreza y Desigualdad 2009, contabilizó ocho millones de colombianos en la indigencia y 20 millones de pobres. En las zonas rurales, de cada 100 hogares 65 son considerados pobres y 33 viven en la indigencia.

En Colombia mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición aguda, de cada 100 madres desplazadas gestantes 80 padecen desnutrición crónica, UNICEF:http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/desnutricion_infantil_que_no_deja_crecer_/desnutricion_infantil_que_no_deja_crecer_.asp

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