SCBCI (Bogotá – 12.07.2011 / Luciano Figari - EFE ) -
Cohito, Mariguana o Gorila son algunos de los nombres que funcionarios colombianos pusieron a miles de indígenas a modo de burla, cuando tramitaban sus cédulas de identidad presionados por políticos locales para obtener sus votos a cambio de falsas promesas.
"Cuando los registradores les preguntaban en español a los indígenas qué nombre querían, ellos lógicamente no entendían y se quedaban callados, entonces lo que hacían era que les imponían un nombre" como Payaso, Bolsillo o Tarzán, asegura a Efe Priscila Padilla, directora del documental "Nacimos el 31 de diciembre".
Padilla relata en su cinta la injusticia que sufrieron los indígenas wayúu, un pueblo conformado por unas 300.000 personas dispersas en un extenso territorio que ocupa parte de Colombia y Venezuela, en la península caribeña de La Guajira.
Inspirada en el libro "Manifiesta no saber firmar", de la escritora wayúu Esthercilia Simanca, Padilla no duda de la mala intención de los funcionarios: "si tú no hablas español y te coloco un nombre como ése, me estoy burlando de ti".
"Es difícil dar una cifra de los afectados, pero calculo que deben ser más de 5.000", indica a Efe Simanca, quien apunta que etnias indígenas de otras zonas de Colombia y México padecieron circunstancias similares, según le hicieron saber esos nativos.
Pero los nombres insólitos son solo una parte de la vejación. La mayoría de cédulas wayúu concluye con un "manifiesta no saber firmar" ya que, según Simanca, muchos funcionarios no se molestaban en preguntarles si sabían escribir.
"Algunos sí sabían firmar pero de pronto por su fenotipo indígena enseguida estampaban sus huellas y listo", asevera.
Además, como los indígenas miden el tiempo con acontecimientos como las lluvias o los ciclos lunares y no atienden al calendario occidental, gran parte de ellos desconoce su fecha exacta de nacimiento, lo que causó mayores problemas a la hora de identificarlos.
"Se comenzó a crear el rumor de que cuando una persona desconoce su fecha de nacimiento se le coloca que nació el 31 de diciembre", por lo que figura que la gran mayoría de wayuus cumple años ese día, señala Padilla.
Los nombres insólitos se asignaron sobre todo entre las décadas de los sesenta y noventa, principalmente en época de elecciones, cuando los políticos locales registraban en masa a indígenas para obtener su voto a cambio de bolsas de comida y falsas promesas, como hospitales o escuelas.
"Por lo general los wayúu guardan la cédula para época de elecciones porque a cambio del voto les dan un mercado (bolsa con alimentos) o les prometen un techo", anota Simanca.
Aunque la compra de votos continúa siendo habitual en Colombia, el número de cédulas comenzó a disminuir a comienzos del siglo XXI, gracias a la alfabetización y mayor conocimiento del proceso de registro por parte de los aborígenes, que ahora tienden a anotar el día que nacen sus hijos y estampan su firma.
El director nacional del Registro Civil, Jin Anthony Cotrino Sossa, confirma a Efe que esas cédulas existen pero prefiere no entrar a valorar la actitud de los funcionarios, pues carece de elementos para emitir un juicio.
No obstante, recuerda que los indígenas afectados avalaron su documento de identidad con su huella y que la legislación colombiana no pone ningún tipo de impedimento a los nombres.
La valoración se complica si se tiene en cuenta que algunos indígenas eligen tener nombres raros, como Tiburcio, según admiten Simanca, Padilla y Evelin Acosta, de Fuerza de Mujeres Wayúu. "Ahí debe respetarse la decisión del indígena", advierten.
En Colombia, el cambio de nombre se puede realizar ante una notaría que eleva esa petición a escritura pública y luego se legaliza ante la Registraduría, que se encarga de expedir un nuevo documento de identidad, con un costo aproximado de 50 dólares.
Pero el trámite se vuelve engorroso para los wayúu, que suelen vivir en asentamientos alejados de los núcleos urbanos, con lo que el gasto se multiplica por el transporte.
En cualquier caso, el director nacional del Registro Civil avisa de que: "si cualquiera de estos ciudadanos se ha sentido denigrado tiene que elevarnos una solicitud para que iniciemos una investigación y le demos toda la orientación del caso", pues de momento no ha habido ninguna denuncia formal.
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