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jueves, 21 de octubre de 2021

#Colombia: Alvaro Uribe y “El Pulpo Invisible”



¿Quién es el pulpo invisible?

¿Quién está detrás de las águilas negras, o sicarios del gobierno colombiano?

¿Quién está detrás de la oficina de envigado?

¿Está vivo Vicente Castaño?

¿Qué relación tiene Álvaro Uribe Vélez, con las águilas negras y la oficina de envigado?

Soy Richard Maok Riaño Botina, el primer exagente del CTI que investigó y denunció la infiltración paramilitar en la Fiscalía, Policía, Ejercito, DAS, INPEC, Corte Suprema de Justicia y Congreso.

También investigue al expresidente y actual Senador Álvaro Uribe Vélez, Fernando Sanclemente Álzate y junto con otras 22 personas quienes enviaron 10 toneladas de Cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada del Cartel de Sinaloa.

En busca de la justicia internacional, fui invitado a la ONU en Ginebra para participar en varias reuniones con varios grupos de análisis.

También viajé a Holanda y personalmente entregué las evidencias en la Corte Penal Internacional en el 2019.

Hace 18 años estoy exiliado en Canadá y actualmente soy ciudadano canadiense.

A continuación, escuchara una investigación que realice durante seis meses. Tanto los informantes como la información fueron verificadas múltiples veces.



El Pulpo Invisible es Luis Horacio Escobar Saldarriaga, quien es un prominente ganadero del bajo Cauca Antioqueño y ha hecho una inmensa fortuna al dedicarse a la ganadería extensiva y a la cría de búfalos, ya que fue el primer ganadero de Colombia en traer ejemplares de alta calidad del Brasil.

Luis Horacio es un hombre “intachable” de una familia adinerada con sus tres hermanas las cuales por motivos de seguridad se encuentran viviendo fuera del país, ya que una de ellas fue secuestrada por las FARC hace casi 30 años y por dicho secuestro se pagaron varios millones de dólares en efectivo.

Ese es el gran caballero que todos conocen, un hombre amoroso dedicado a su familia. Lo que la gran mayoría de personas incluida su familia no sabe, es que este hombre impoluto como le diría su primo el expresidente y hoy Senador Álvaro Uribe Vélez, es y ha sido el cofundador de las autodefensas en Colombia junto con Álvaro Uribe Vélez quienes crearon los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia en Antioquía y Córdoba y luego las expandieron como un cáncer por todo el territorio nacional para tratar en vano de acabar con la guerrilla de las FARC ya que esta guerrilla los vivía extorsionando y robándose el ganado.

Pero no solo crearon las AUC sino que Luis Horacio, empezó a cobrar a los narcos de Colombia 100 mil pesos por cada kilo de cocaína que salía de las pistas de Antioquía y Córdoba, para el sostenimiento de los miles de hombres que hacían parte de sus bloques armados de paramilitares y así fue creciendo poco a poco su inmenso poder criminal respaldado no sólo por los narcos a quienes vacunaban con impuestos a las drogas sino con el dinero que le quitaban a todos los ganaderos de Colombia para protegerlos de las guerrillas.

Es tanto el poder de Luis Horacio, que nombraba alcaldes y gobernadores a su antojo, no solo en Antioquía sino en Córdoba. Los únicos que no logro montar fueron los que están actualmente de alcalde de Medellín y de gobernador de Antioquía y eso porque Uribe ha perdido muchos seguidores por tantos escándalos que han salido a la luz pública.

Pero, aun así, sigue siendo un hombre muy poderoso que sigue mandando absolutamente en todos los grupos de autodefensas que aún existen en Colombia. Actualmente ya no cobra por la droga que se manda de las pistas clandestinas del bajo Cauca Antioqueño ya que Luis Horacio y Álvaro Uribe Vélez son los dueños de absolutamente toda la droga que se procesa y exporta no solo a Estados Unidos sino a México, donde tienen actualmente toda la distribución, ya que se han encargado de sacar del medio, a todos los jefes de los carteles para ser solo ellos los que manejen el negocio.

Como ven este caballero impoluto es igual de peligroso que el propio Álvaro Uribe Vélez.

Por otra parte, el primer sitio de encuentro de Luis Horacio, con los paramilitares fue el Hotel Piscis en Caucasia. Algunos exparamilitares reconocían a Jesús Emilio Gonzales, alias ‘El viejo Nilo’ como el “Patrón”, quien era el dueño del hotel y también el jefe máximo de las autodefensas en todo el bajo cauca antioqueño. Allí, los paramilitares se reunieron en reiteradas ocasiones para impartir las órdenes a los jefes de cada bloque, planear asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, rutas de narcotráfico, quien se encargaba de las cocinas de cocaína y varias actividades propias de la organización. Se reunieron no solo con el exsenador Mario Uribe, condenado por sus nexos con grupos de las AUC de Córdoba sino con el mismo Álvaro Uribe Vélez.

Mario Uribe siempre se quedaba hospedado en el Hotel y no en la hacienda de Alvaro Uribe o en la hacienda de Luis Horacio.

Al viejo Nilo lo asesinaron cuando viajaba a Medellín para una cita médica, porque a Nilo no le interesaba que las AUC se dedicara al narcotráfico y ese fue el detonante para que lo asesinaran a sangre fría.
 

Teniendo en cuenta que Luis Horacio Escobar Saldarriga y Alvaro Uribe Velez conocían el plan de extraditar a los jefes paramilitares, ellos alertaron a Vicente Castaño Gil para que no se acogiera al proceso de justicia y paz y en cambio huyera de Colombia, fingiera su muerte y se trasladara a Alemania.

El propio Luis Horacio, ayudó a Vicente Castaño Gil a salir del país, ya que eran grandes amigos de toda la vida, le dieron una identidad nueva y vive como un hombre de negocios en Europa donde nadie lo conoce ni lo asocia con su pasado en los grupos paramilitares de Colombia.

Por otra parte, el mercenario Yahir Klein, amigo personal de Luis Horacio Escobar Saldarriaga entrenó entre los años 1988 y 1990 grupos de las AUC en Colombia por orden expresa de Álvaro Uribe Vélez. Dichos entrenamientos fueron en Puerto Boyacá, en el bajo Cauca Antioqueño y en Maceo, Antioquia, en la Hacienda La Guacharaca propiedad de la familia del hoy Senador Álvaro Uribe Vélez. Hasta la fecha todo esto sigue en total impunidad a pesar de que es de conocimiento público, así como el hecho de que el exgeneral Venezolano Cliver Alcalá era el contacto para el narcotráfico de Álvaro Uribe Vélez y así poder enviar la droga de Colombia por Venezuela hacia Estados Unidos y este a su vez les pagaba con armamento para dotar las águilas negras. Dicho exgeneral fue extraditado a Estados Unidos con la ayuda de Álvaro Uribe Vélez, pero no para ser puesto preso sino para seguir colaborando con los Estados Unidos y así poder derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Es más, todo el armamento que incautaron en Colombia el año pasado que Alcalá en su momento dijo que era para dar un golpe de estado en Venezuela iba dirigido realmente en su totalidad para las águilas negras que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta, como parte de pago de uno de los tantos cargamentos de droga que ayudó a pasar por Venezuela.

No sólo la represa de Hidroituango es en gran parte de Luis Horacio, y Álvaro Uribe Vélez sino también Puerto Antioquía en el Urabá antioqueño que será el epicentro fluvial de Colombia con el mundo. Está siendo construido por varias empresas asiaticas que trajeron para hacer la obra. Según aparece en documentos ese puerto es una sociedad con empresas de varias partes del mundo, pero en realidad el 60% es propiedad de la familia Uribe Vélez y Luis Horacio Escobar Saldarriaga.

Las haciendas ganaderas que actualmente tiene Luis Horacio, fueron conseguidas desplazando a los campesinos que tenían pequeñas parcelas de dos y tres hectáreas. Actualmente la hacienda más pequeña que posee es de 2,000 hectáreas.  ¿Así que cuantos campesinos tuvieron que morir y huir para hacer crecer sus haciendas a semejantes tamaños, únicamente para saciar su sed de poder? Visto de esta manera es igual de peligroso Luis Horacio y Álvaro Uribe Vélez porque a Luis Horacio, no lo conoce absolutamente nadie. Luis Horacio es el verdadero poder en las sombras, un hombre amado y respetado en el bajo Cauca Antioqueño, dueño del 80% del comercio total en Caucasia y municipios adyacentes, un hombre que tiene propiedades no solo en Estados Unidos sino en Europa y pasa desapercibido, así como el socio de Martha Lucía Ramírez el ya famoso Memo Fantasma, Guillermo León Acevedo quien también es socio de Luis Horacio, en gran cantidad de proyectos inmobiliarios no solo en Europa sino en Estados Unidos. Así que como verán es un hombre peligroso y multimillonario que vive en las sombras y fue quien en realidad ayudo a mandar a extraditar a los jefes de las AUC para evitar que jamás saliera su nombre a la luz pública.

Por eso actualmente están tratando de traer a Salvatore Mancuso para Colombia en extradición y así poder asesinarlo, tal cual como hicieron con Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias Popeye quien murió de un supuesto cáncer de esófago pero en realidad fue envenenado por querer delatar a Álvaro Uribe Vélez.  Así han ido asesinando poco a poco, a todas las personas que saben alguna cosa de todo este entramado de poder y corrupción que ha sido manejado en Colombia en los últimos 35 años. El propio Ernesto Báez cuando se acogió a la JEP para decir todo lo que sabía de Álvaro Uribe Vélez fue asesinado e hicieron parecer que había muerto de un infarto pero su propia familia asegura que fue asesinado por saber demasiado.

Cuando extraditaron a los jefes de las AUC para Estados Unidos literalmente casi masacraron a las familias de los jefes de las AUC para robarles sus propiedades y sus fortunas (uno de ellos fue Vladimir Vanoy el hijo de Cuco Vanoy quien fue asesinado en el 2008 por no firmar los traspasos de las haciendas que tenían en el bajo Cauca Antioqueño) para eso utilizaron a sus primos notarios y a sus abogados que son un grupo de bandidos muy peligrosos en los que se resalta el peor de ellos Abelardo de La Espriella quien se robó más de mil millones de dólares de DMG. Todo ese dinero se lo quito a David Murcia Guzmán, para supuestamente entregárselo a los miles de colombianos, que estaban en ese proyecto de inversiones, pero que Uribe acabo solamente porque David Murcia no se quiso asociar con los bandidos hijos de Uribe para hacerlos socios en el proyecto.

El abogado Jaime Restrepo alias el patriota es parte activa de los informantes de las Águilas negras, así como Emilio Arboleda. Ellos entregan los nombres y las direcciones de quienes hablan en contra de Uribe para que le den la orden a Rodrigo Alberto Zapata Sierra alias Ricardo para que esas personas sean puestas en listas y sean ejecutadas.

Tanto Alvaro Uribe Velez, como Luis Horacio Escobar Saldarriaga conocen muy bien esta forma de perfilar y asesinar.

Hace poco menos de dos meses dieron la orden de asesinar a los periodistas Daniel Mendoza, Gonzalo Guillen, y Julián Martínez que publicaron todo el escándalo de la Ñeñe política. Para ese trabajo dieron órdenes claras a la oficina de Envigado y a las Águilas negras. Dicha reunión se efectuó en el bajo Cauca Antioqueño, lo que nadie sabe es que al Ñeñe lo mataron por apropiarse del registro de información reservada que solo la deberían conocer Alvaro Uribe Velez y Luis Horacio Escobar Saldarriaga y también por guardar en una memoria micro-USB todos los datos y fechas de los cargamentos, rutas, cantidades de drogas que él mismo Ñeñe ayudaba a enviar a México para el cartel de Sinaloa. Obviamente esos cargamentos que en su mayoría salían del bajo Cauca Antioqueño eran propiedad de Alvaro Uribe Velez y su socio Luis Horacio. Como el Ñeñe guardaba esa información sin consentimiento, fue asesinado para que no saliera a la luz pública. Lo que jamás imaginaron es que los Estados Unidos empezarán a investigar al Ñeñe por sus llamadas con los carteles de México y por ser testaferro de Marquitos Figueroa cosa que no le interesaba a ninguno de ellos y eso termino con la muerte de dicho personaje. Lo curioso es que muchas de las llamadas de las chuzadas al Ñeñe son con Luis Horacio y Álvaro Uribe Vélez y no ha salido ni una sola a la luz pública.

José Félix Lafaurie ha sido socio activo desde hace más de 30 años de Álvaro Uribe Vélez y Luis Horacio. José Félix es paramilitar activo y la gran mayoría de sus haciendas han sido obtenidas robándolas a los campesinos de Colombia a quienes han hecho desplazar, todo respaldado por las AUC y por eso se oponen a la restitución de tierras.

Luis Horacio sigue en total anonimato pasando como un reconocido ganadero a nivel nacional y nadie pensaría jamás todo el poder que maneja, su sed de poder es solo comparada con la de su primo Álvaro Uribe Vélez quien fue puesto en el gobierno por las mafias de Colombia para ser quien dirigiera el poder y los contactos de todos los carteles de la droga desde Colombia para el mundo. Esperemos que tarde o temprano, la justicia caiga sobre estos hombres impolutos que son quienes manejan a su antojo los hilos del poder en Colombia. Aunque es importante decir que es casi imposible que sean judicializados, ya que no existe un solo magistrado del país que no sea parte de la nómina de estos corruptos Narco-paramilitares.



Por todas las anteriores razones puedo concluir que Alvaro Uribe Velez es un narcotraficante, paramilitar y un genocida.

Luis Horacio Escobar Saldarriaga aparecía en las listas de parapolítica del 2007. Sería interesante retomar en donde quedaron esas investigaciones y seguir avanzando hacia la verdad.

​Esta investigación fue realizada durante seis meses. Tanto los informantes como la información fueron verificadas múltiples veces.

​Soy Richard Maok Riaño Botina, el primer exagente del CTI que investigó y denunció la infiltración paramilitar en Colombia.

​Muchas gracias por su atención y por ayudarme a compartir esta información. Estamos ante un narco-estado paramilitar dirigido por un presidente elegido por fraude electoral y la única opción que queda es que ustedes me ayuden a difundir esta información a través de todas sus redes sociales, para que la verdad realmente la conozcamos todos.

​Es el momento de decirle NO MAS al narco-estado paramilitar.

Eso es Colombia.

​Muchas gracias.


fuente: https://www.vozreal.com/uribe-y-el-pulpo-invisible/

#Colombia: sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio, EL MINISTERIO DEL CRIMEN

 


A los 86 años de edad, falleció el infame sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio, socio fundador, capellán e informante de la tenebrosa banda los 12 apóstoles.


Si no fuera una historia dolorosamente cierta, la vida y delitos de esta costra del uribismo paraco-espiritual sería una veta para cualquier escritor de ficción criminal. Pero por desgracia para mucha gente, en especial para los habitantes de Yarumal de los años 90 que no calificaran como “gentes de bien”, el malévolo ministerio de este sacerdote fue real y significó la desgracia y la muerte de muchas personas.


Varias cosas se relatan de este pastor de conciencias. Se dice que junto con Santiago Uribe Vélez y otros ganaderos y comerciantes de la región fundaron la banda paramilitar los 12 Apóstoles con el fin de combatir a la guerrilla, y que él mismo se encargó de bautizarla. También se cuenta que usaba dos biblias, una en edición común y corriente, y otra “envenenada” que le servía de funda para un Smith & Wesson calibre 32 que siempre llevaba cargado. El arma, declaró alguna vez, se la había regalado el general Gustavo Pardo Ariza, el mismo policía que ayudó a Pablo Escobar a fugarse de La catedral.


Este autodenominado “Mensajero de Cristo en Yarumal” era famoso y temible por ser muy acucioso durante el sacramento de la confesión y realizar interrogatorios exhaustivos a los feligreses, en busca del origen y las aristas del pecado. De esta manera, el cura capturaba hechos, datos y nombres que le ayudaban a perfilar a los vecinos sospechosos de colaborar con la insurgencia o contrariar la fe, la moral y las buenas costumbres.


A veces, incluso, dejaba en suspenso la penitencia hasta que el pecador le llevara fotos de las personas mencionadas; luego, el confesor remitía toda la información a los 12 Apóstoles o al ejército o la policía corruptas. Poco después estas personas aparecían muertas y eran exhibidas grotescamente en las calles del pueblo durante una temporada de limpieza social que se prolongó varios años.


Alguna vez, en 1995, Palacio fue capturado y pasó unos días retenido en un monasterio, pero la jerarquía eclesiástica lo protegió y decidió trasladarlo a Medellín. Allí pasó de agache y ofició durante varios años en una encopetada parroquia de Laureles, hasta que un día, al terminar la eucaristía, el ya anciano padre Palacio fue reconocido por una mujer que lo encaró acusándolo de propiciar la masacre de sus familiares.


Al sentirse acorralado el cura sacó una navaja de su sotana y le hizo un lance a la mujer queriendo degollarla. Esa vez falló.


Sí hay muertos malos.

fuente: texto via wasap

#COLOMBIA: EL URIBISMO, DE SALIDA Y ABUCHEADO

 

#COLOMBIA: EL URIBISMO, DE SALIDA Y ABUCHEADO

INDÍGENAS EXPUESTOS EN EUROPA COMO SERES SALVAJES,QUIENES ERAN REALMENTE LOS SALVAJES?

 

INDÍGENAS EXPUESTOS EN EUROPA COMO SERES SALVAJES,QUIENES ERAN REALMENTE LOS SALVAJES?

martes, 5 de octubre de 2021

#Colombia: Vulnerabilidad económica de la población trabajadora informal




 Por: Javier López Botero Presidente UGTI Valle 

 

Uno de los principales objetivos de las tecnocracias neoliberales es la privatización  total o parcial del espacio público a través de procesos de licitación, contratación directa o indirecta, con estas privatizaciones se pretenden el recaudo de dineros para el estado  provenientes de grandes cadenas de comercio, multinacionales, restaurantes de alto impacto, discotecas, bares, empresa constructoras, etc., dineros que en todo caso no  van a apalancar proyectos  sociales o de desarrollo económico sino el fortalecimiento de la corrupción.

Pero para logar dicha privatización requieren primero del desalojo de los trabajadores informales cientos, miles que tienen en el espacio público su única o más importante fuente de ingresos, para ello ha recurrido al uso de la fuerza, a través de desalojos y con ello la violación de derechos sociales y económicos de estos trabajadores, sin embargo con el  rechazo de la  mayoría de los colombianos a estas políticas represivas el gobierno nacional y los gobiernos  locales recurren a la presentación de falsas políticas públicas de vendedores que en ningún momento buscan mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores, sino que mediante retoricas plantean la “recuperación”  del espacio público para “mejorar” estas condiciones de vida, pero nuevamente queda en evidencia  el único interés de sacar al vendedor para poder proceder a la tan anhelada privatización.

Frente a todo esto solo queda atacar la vulnerabilidad económica del vendedor, demostrar que esa persona que trabaja en el espacio público ya no es vulnerable económicamente y por ello ya no requiere de ese sitio en el que ha laborado por muchos años ganándose la confianza legítima, para ello recurre a la caracterización, estudio socioeconómico utilizando para ello criterios de evaluación de vulnerabilidad expuestos por  el Departamento Nacional de Planeación, cuyos criterios son los mismos de las encuestas del SISBEN que se realizan para determinar el puntaje  de una persona y saber en qué grupo queda ( a,b,c,d y sus subgrupos).

Y si el vendedor es vulnerable, la solución es ofrecerle cursos de emprendimiento y capacitaciones que la misma Corte Constitucional ha calificado en su sentencia T-067 de 2017 como una solución parcial, totalizante y que desconoce el derecho fundamental del que son titulares los vendedores informales para construir sus propios estándares de vida”. El derecho constitucional de los trabajadores informales no consiste en que se les trasforme en trabajadores formales, sino en tener un trabajo decente que les permita vivir en condiciones dignas.

En ese mismo orden de ideas la sentencia T 090 de 2020 la Corte Constitucional ratifica su preocupación frente a la pérdida de derechos y la extrema condición de vulnerabilidad económica de los vendedores, frente a una revisión de una tutela interpuesta por una vendedora de Medellín, se pone especial énfasis en reconocer la vulnerabilidad de dicha vendedora a la que la alcaldía de esa ciudad ha negado su derecho a ser reconocida como vendedora pese a  haber aceptado una reubicación temporal por unas obras ejecutadas en  el sector donde  la señora laboraba.

Extraemos a continuación algunas de las apreciaciones más importantes desplegadas en la sentencia final.

SENTENCIA T-090 DE 2020, PROTECCION ESPECIAL DE LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A LAS VENTAS AMBULANTES DEBIDO A SU SITUACION DE VULNERABLILIDAD

 

Planteamiento del caso y problema jurídico.

 

Como en otras sentencias de la corte, se debate la responsabilidad del estado con relación al espacio público, ffrente a la Especial protección constitucional otorgada a los vendedores informales

No obstante, la relevancia y justificación de velar por el espacio público, el deber del Estado en algunas ocasiones entra en tensión con otras prerrogativas de rango constitucional, entre ellas, el artículo 25 que consagra la protección al derecho al trabajo y el artículo 26 que establece la libertad de profesión u oficio. Por ejemplo, cuando quienes se dedican al comercio informal en dicho entorno resultan afectados con las medidas de recuperación del espacio público

La Corte ha expresado que el sector informal es aquel en el que no opera una relación salarial, ni se garantiza la estabilidad laboral al no contar con la protección propia de la seguridad social, en cambio, es un ámbito en el cual priman las cualidades individuales, donde las oportunidades son inciertas, los ingresos fluctuantes y se presenta una alta movilidad social.

Estas características no han pasado desapercibidas para este Tribunal que, atendiendo las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los vendedores informales -quienes se han visto impulsados a estas actividades debido a la falta de oportunidades académicas o laborales, sumado a la escasez de recursos económicos-, ha determinado que requieren una mayor protección por parte del Estado de acuerdo con la cláusula de igualdad material contenida en el artículo 13 superior, la cual impone al Estado promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados. Por ello han sido considerados sujetos de especial protección

Esta Corporación recientemente sostuvo que la protección de los derechos de los trabajadores informales no se limita a su reubicación en otro lugar donde pueda ser nuevamente objeto de desalojo, por el contrario, el Estado asume la cargar de localizarlo en un sitio que le permita el desarrollo de su actividad en similares condiciones, Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha precisado que las políticas públicas que en materia de espacio público adelante la administración además de procurar la reubicación de los trabajadores informales también pueden ofrecer programas que conduzcan a la vinculación laboral en condiciones dignas.

En conclusión, el deber del Estado de velar por el espacio pùblico no es justificación para que afecte de forma desproporcionada o abusiva los derechos de los vendodores informales, quienes son sujetos de especial protección constitucional dadas las circunstancias de debilidad o desprotección en las que se encuentran. Por lo cual, ante los conflictos que puedan presentarse, la Corte ha indicado que la administración debe procurar por desarrollar políticas públicas que ofrezcan alternaticas económicas adecuadas a quienes resulten afectados en los procesos de recuperación del espacio público.

 

DEBIDO PROCESO

 

La Constitución Política consagra en el artículo 29 el derecho al debido proceso, estableciendo que su aplicación tendrá lugar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esta prerrogativa está orientada a garantizar que la función pública se encauce en la materialización de los fines del Estado, entre ellos, velar por la efectividad de los principios, derechos y deberes y la vigencia de un orden justo.

EXTREMA CONDICION DE VULNERABILIDAD DE VENDEDORA INFORMAL

 Al efecto, recuérdese que los ingresos mensuales de la actora no superan el salario mínimo, no recibe ningún apoyo económico por parte de sus familiares ni cuenta con una fuente de ingreso distinta a la producida por sus ventas informales. Así mismo, no está cubierta por el sistema de seguridad social, se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, por lo cual ante un decaimiento en la salud o una situación incapacitante no tendría derecho a los auxilios económicos que permiten contrarrestar los efectos de no poder trabajar

DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO

Por otro lado, la determinación de la administración también transgredió el derecho fundamental al trabajo de la actora, lo cual, de suyo, afectó su prerrogativa al mínimo vital, teniendo en cuenta que los ingresos que permiten su subsistencia se derivan del producto de las ventas informales que a diario lleva cabo. En relación con la transgresión al mínimo vital, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la protección de la legislación comercial en el ámbito del derecho privado, aplicable a las empresas y comerciantes, se extiende “de manera análoga a los vendedores informales, pues estos también ‘desarrollan clientelas, acreditan sus servicios y productos y establecen dinámicas comerciales equivalentes a las de las empresas que atienden al público’

Vulnerabilidad económica

Según fue señalado por la accionada, el criterio de vulnerabilidad consiste, esencialmente, en la carencia de recursos y oportunidades que permiten suplir las necesidades básicas insatisfechas de las personas”

En conclusión, al hallar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y debido proceso administrativo de la accionante, la Sala revocará el fallo de segunda instancia y, en su lugar, concederá el amparo constitucional.

 

 

LA DECLARACION EXTRAJUICIO COMO PRUEBA PROCESAL

 

 

La corte considera valida la declaración extrajucio como prueba documental, en este caso para demostrar estancia temporal de la actora en bello y su residencia permanente en Medellín.

 


CONCLUSIONES

 

¿Cómo se mide en Colombia si un hogar es pobre o vulnerable?

 

La metodología mide los ingresos totales mensuales de un hogar en relación con el número de integrantes que lo componen. Por ejemplo, un hogar que está compuesto por cuatro personas es clasificado como pobre (pobreza monetaria) si su ingreso total mensual está por debajo de $1.310.696, y como indigente (pobreza monetaria extrema) si es inferior a $549.400. Entonces, la línea de pobreza es superior a 1 salario mínimo mensual vigente (smmv), que actualmente es de $908.526.

 

Como lo que pretende atacar el gobierno neoliberal de Jorge Iván Ospina en relación con los trabajadores informales de Cali es el grado de vulnerabilidad económica de estos trabajadores y sus familias a través del estudio socioeconómico (caracterización), es muy importante que cada vendedor tenga en claro cuál es su ingreso mensual, cuanto de este ingreso corresponde al puesto o venta informal, así como tener en claro los gastos familiares, personas a cargo, si son adultos mayores, personas en condición de discapacidad, menores de edad, si el grupo familiar lo encabeza el padre o madre cabeza de familia, etc.

 

En todo caso debemos defender no solo la vulnerabilidad económica del vendedor y su familia sino también el peligro de caer en vulnerabilidad si se le quita su única fuente de empleo, es decir al no percibir esta persona el único ingreso que venía percibiendo producto de la venta en su sitio de trabajo (Pobreza multidimensional, falta de empleo o desempleo de larga duración).

 

En Asovaes- UGTI Valle estamos comprometidos con ello y requerimos del compromiso de todos y cada uno de los compañeros.

miércoles, 29 de septiembre de 2021

Entregan tercer informe a la CPI sobre protestas en #Colombia. Señalan impunidad e intimidación a víctimas y testigos como estrategia de ocultamiento

 


  • En una tercera comunicación, el senador Iván Cepeda junto con organizaciones sociales y civiles, informaron a la Corte Penal Internacional de 1088 víctimas desde el 7 de junio hasta la fecha. En total, se ha informado a la CPI de la ocurrencia de 630 hechos que han dejado 3.954 víctimas de crímenes de lesa humanidad.
  • Indican que no existe disposición por parte de las autoridades judiciales de Colombia en investigar los crímenes cometidos en el marco de las jornadas de protesta social en Colombia, particularmente a los máximos responsables.

Bogotá, 28 de septiembre de 2021.- El senador Iván Cepeda y las organizaciones Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Temblores ONG y la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, entregaron este martes un tercer informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones que se han desarrollado desde el 28 de abril.  

El informe da cuenta de al menos 3.954 víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 28 de septiembre. Informa sobre nuevos 136 hechos violentos, respecto de la segunda comunicación enviada el 7 de junio, que hacen referencia a 1088 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 513Detalla cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; desaparición forzada, entre otros.

Este último informe, señalan sus autores, se le entregó a la CPIen el marco de la invitación que hizo la Fiscalía de este organismo para recibir observaciones y comentarios sobre puntos de referencia de la situación de Colombia en el marco del examen preliminar que se adelanta sobre el país. En esta ocasión, los autores de la comunicación señalan que existe una demora injustificada en la investigación de la gran mayoría de los casos. En el informe detallan como en los pocos casos en los que existe un avance procesal, se ha podido determinar que no existe independencia e imparcialidad por parte de los órganos judiciales, pues buena parte de las investigaciones se están adelantando por la Justicia Penal Militar, y en otras, la Fiscalía ha decidido investigar únicamente a los autores materiales de las conductas, obviando la responsabilidad de superiores jerárquicos.

Frente a los homicidios, los denunciantes advierten que la Justicia Penal Militar está conociendo y tramitando cerca de 13 casos, pese a tratarse de violaciones a los derechos humanos y no ser un tribunal competente e independiente para conocer de estas conductas. Además, señalan que en la Fiscalía General de la Nación hay una estrategia de ocultamiento y falsa justicia, pues pese a que el organismo le reportó a la CIDH que había esclarecido 13 homicidios relacionados con las protestas sociales, lo cierto es que hasta el momento solo hay un caso en etapa de juicio y en ninguno se ha proferido condena. Además, señalan que estos procesos están deliberadamente dirigidos contra autores marginales o de bajo nivel, a pesar de existir indicios de la presunta responsabilidad de los superiores jerárquicos.

De igual forma critican que no exista ninguna línea de investigación de la Fiscalía de Colombia por hechos de tortura, pese a la abrumadora evidencia que muestra que ésta fue una práctica sistemática contra los manifestantes, y en particular las personas detenidas, como fue el caso del músico Álvaro Herrera Melo. Por el contrario, critican los autores de la comunicación, que únicamente se investigue por tortura cuando las víctimas son agentes de la Policía Nacional.

Agregan con preocupación la situación de intimidación a víctimas y testigos como estrategia de silenciamiento e impunidad. En ese sentido, se destaca el caso de Esteban Mosquera, un reconocido líder del Paro y quien había perdido su ojo en 2018 tras recibir un impacto con un proyectil lacrimógeno lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios en una protesta en Popayán. Los autores denuncian que el asesinato de Esteban, el pasado 23 de agosto, se suma a una serie de amenazas, atentados y estigmatizaciones de las que han sido víctimas algunos jóvenes y líderes del Paro Nacional, así como estudiantes y profesores de universidades del país, lo que ha llevado a varios de ellos al exilio.

El informe a la CPI concluye pidiendo al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, que en su próxima visita a Colombia se reúna con organizaciones de derechos humanos y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables. De igual forma, le solicitan que de cara a la posible decisión de solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación formal en la Corte Penal Internacional sobre la situación de Colombia, incluya estos hechos en un nuevo examen preliminar de cara a los crímenes referenciados en contexto de la protesta social.

fuente: https://www.ivancepedacastro.com/entregan-tercer-informe-a-la-cpi-sobre-protestas-en-colombia-senalan-impunidad-e-intimidacion-a-victimas-y-testigos-como-estrategia-de-ocultamiento/

jueves, 16 de septiembre de 2021

Quienes dispararon contra manifestantes en #Colombia, siguen libres: colombianos en redes

 










TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA Y PARAMILITARISMO PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO FORAJIDO DE IVAN DUQUE

Los colombianos en redes sociales continúan criticando el sistema de justicia colombiana a raíz de lo sucedido en el marco del paro nacional indefinido: Los civiles que dispararon en contra de los manifestantes pacíficos, continúan libres.
Muchos han llamado a este un nuevo fenómeno de paramilitarismo urbano que fue permitido por la Fuerza Pública del país en las protestas y no ha merecido ningún castigo.Paramilitarismo urbano en el paro nacionalEl paro nacional indefinido en Colombia, que inició el pasado 28 de abril, fue el resultado de la gran indignación de la población por cuenta de las decisiones del gobierno nacional y las medidas económicas de su gabinete.
La reforma tributaria propuesta por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, generó el rechazo masivo de la clase media sobre la cual se depositó el peso de la escasez fiscal del país.
Las manifestaciones fueron multitudinarias a lo largo y ancho del país, y se produjo la renuncia del ministro de Hacienda.Sin embargo, el gobierno nacional hizo un mayor despliegue de la Fuerza Pública para reprimir la movilización ciudadana, y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, lo que llamó la atención de la comunidad internacional.
No hay ninguna condena contra civiles armadosEste tipo de licencias también provocó que algunos civiles armados, en presencia de uniformados de la Policía y el ESMAD, arremetieran contra los manifestantes desarmados.
El caso más representativo fue el del empresario caleño, Andrés Escobar, que fue fotografiado y grabado con un arma, y posteriormente fue entrevistado y confesó que, junto a un grupo de vecinos, habían acordado apoyar a la Fuerza Pública de los supuestos vándalos, y proteger el patrimonio público y privado.

Esto fue identificado como paramilitarismo urbano.
Lo curioso es que, pese a existir evidencias en fotografías y videos, ninguno de los que fue identificado disparando contra manifestantes ha sido condenado ni judicializado por la justicia colombiana.


https://pluralidadz.com/nacion/quienes-dispararon-contra-manifestantes-siguen-libres-colombianos-en-redes/




lunes, 30 de agosto de 2021

68 masacres se han cometido en #Colombia durante el año 2021

 

Masacre en zona rural de Cúcuta deja tres personas muertas



El Instituto de Desarrollo para el Estudio y la Paz (Indepaz) denunció este domingo una nueva masacre en Colombia, esta vez en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander. Según Indepaz, durante el 2021 se han perpetuado 68 masacres en todo el territorio.

De acuerdo con la denuncia, tres hombres fueron asesinados y uno más resultó herido en la vereda Puerto León, en el corregimiento Banco de Arena zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.

El hecho se habría presentado por hombres fuertemente armados que llegaron a la zona y atacaron a estas personas este sábado 28 de agosto. En el lugar hace poco día había sido atacada con explosivos una caravana de la Policía, según Indepaz.


La Defensoría del Pueblo había emitido el año pasado una alerta temprana para Cúcuta, en la cual advierte la expansión de los grupos armados en la zona rural de este municipio, así como disputas entre los actores armados que han ocasionado homicidios selectivos, descuartizamientos, desapariciones y amenazas.

fuente: https://www.elpais.com.co/judicial/masacre-en-zona-rural-de-cucuta-deja-tres-personas-muertas.html?utm_source=facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=ampliar-noticia

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