foto: A.P Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, octubre 18 de 2010
El desierto de Atacama por unos días se convirtió en el escenario predilecto de centenares de reflectores y cámaras que apuntaban, como si se tratara de dos estrellas de Hollywood, a los esposos Piñera, quienes lograron convertir un hecho lamentable, en uno de los episodios mediáticos más destacados de los últimos tiempos. El espectáculo consiguió enterrar en la mente de los televidentes obvias preguntas: ¿Por qué se presentó el accidente? ¿Bajaron los mineros rodeados de las mínimas medidas de seguridad o por el contrario lo hacían corriendo aceleradamente a la muerte? A pesar de las innumerables situaciones que ocurren a diario en el mundo y que ponen en riesgo la vida de los mineros de socavón y de explotaciones a cielo abierto, tal parece que predomina la desmedida ambición de los inversionistas por sacarle provecho al negocio, antes que garantizar la integridad de sus trabajadores por los costos que les representa.
Los hechos ocurridos en la mina San José tienen un doble significado: por una parte confirman la capacidad de resistencia del hombre, tanto de quienes estuvieron dispuestos a aguantar en las profundidades, como de quienes se empeñaron en rescatarlos y por otra, es una advertencia más para quienes pretenden expoliar la naturaleza sin prever los riesgos que ello implica. En una época en la que la política minera en Colombia atrae importantes empresas extranjeras, por la magnificencia con que las trata el Estado, por los privilegios que les otorga en materia de impuestos, pago de regalías, manejo medio ambiental, contratación laboral, seguridad jurídica y remesa de utilidades, si las autoridades y la normatividad no obligan a las multinacionales a ajustarse a parámetros básicos de seguridad industrial y apoyar a la minería artesanal con recursos técnicos y económicos, muchas tragedias anunciadas tendremos que registrar en el futuro inmediato.
Precisamente, un tema conexo ha copado parte de la atención de los pobladores de las regiones que reciben pago de regalías por la explotación de recursos naturales en sus subsuelo como petróleo, oro, níquel, carbón, entre otros, el proyecto de reforma constitucional que cursa en el congreso con el propósito de despojarlos del manejo de esos recursos para entregarlo al control del gobierno central. Para discutir ese tema se congregaron en el municipio de Aipe – Huila diversos representantes de la clase política, empresarial, y gubernamental y nos llama poderosamente la atención los comentarios de algunos medios que sintetizan las conclusiones del evento en el sentido de que gobernador y alcaldes centran sus esperanzas de detener el entuerto mediante la vía de contratar a un pool de abogados que demuestren la inconstitucionalidad del proyecto de ley, postura que de ser cierta, deja de manifiesto o una gran estulticia o un enorme cinismo, pues para nadie es un secreto que justamente el camino del congreso, el de la aprobación de una ley busca convertir en legal lo que no lo es. El gobierno anterior y el actual han dado suficientes muestras de su desprecio por el respeto a la voluntad de las comunidades; al menos dos reformas se dieron para menguar las transferencias a los departamentos y municipios, con lo que se actuó en contravía del espíritu de descentralización; dos licencias para un mismo proyecto fueron expedidas por el Ministerio del Ambiente, con tal de satisfacer las demandas de una multinacional a la que adjudicaron la concesión para construir la represa del Quimbo, no sería extraño que a media marcha surjan otras más allanando el camino para beneficiar los intereses de EMGESA en contravía de los nacionales.
A propósito sobre la reflexión nacional del tema de tierras en nuestro país,( colombia) recomendamos la lectura de Julio Rincón presentado como Obrero Sastre este artículo publicado en 1931 en el periódico el Liberal. Que han rescatado los compañeros del proyecto editorial Medias Nueve.
Hay que libertar las tierras que no estén cultivadas porque los latifundistas son hombres injustos: ellos quitan a la madre tierra su fecundidad con títulos ilegales y con cercas templadas a lo largo y ancho de su avara ambición; ni cultivan ni dejan cultivar, y a los pobres que piden permiso para hacer una labranza en esos terrenos adquiridos a base de usurpación, se les exige sumisión de esclavos. Las grandes extensiones de tierras que tienen encerradas los latifundistas en la parte plana del Valle del Cauca, y que no prestan servicio alguno al conglomerado social, deben ser parceladas y entregadas a los hombres que quieran cultivarlas, conforme lo exige la razón y con ella el bienestar común.
A los seres pobres no se les debe mandar allá a las montañas baldías, a dónde no han querido ir los latifundistas por lo lejos, lo difícil de encauzar las aguas, lo espeso de la selva y por el ningún rendimiento monetario que prometen. Mandar colonias de hombres pobres a las selvas lejanas, es lo mismo que hacerlos más ignorantes, más esclavos, más miserables. Hay que tener en cuenta que un hombre pobre cargado de familia, no tiene ni elementos, ni dinero con que internarse en una montaña virgen a formar su labrantío; y que si lo llegar hacer venciendo obstáculos, no falta algún latifundista que a la hora menos pensada y cuando esté próxima la cosecha, llegue a reclamar como propios esos terrenos, y a ahuyentar la tranquilidad del pobre agricultor, a quién hasta los malos encargados de administrar las leyes que nos rigen, por medio de procederes poco honrados y con la convicción de que van a negar a un pobre el derecho de buscar el pan, extienden una orden de despojo siempre a favor del maldito latifundista, quién con dinero compra la conciencia de algún juez. Como un rico libidinoso y brutal compra por medio de una vieja rezandera y alcahueta, el honor de una “virgen pobre”.
¿Latifundista?, casta de usurpadores, ellos se apropian con procederes insanos y sin provecho para el bien común, de las tierras mejores; de esas tierras sobre las cuales andan los hombres pobres como gitanos, buscando a dónde ir a venderse por un misérrimo salario, es decir, dónde renunciar por hambre a su título de hombres libres. Pero mediante la diosa civilización, ese insoportable estado de cosas pronto ha de acabarse. Porque el inmenso conjunto de hombres cansados de esperar con respeto y paciencia su anhelado y justo mejoramiento, tendrá que surgir la ya necesaria lucha de clases; la ya inevitable revolución social. Es mejor morir en lucha defendiéndose de la miseria, que morir de hambre en silencio, por respetar a quienes no respetan los derechos ajenos. La desesperación de los humildes, motivada por la injusticia de los potentados, ha movido en todos los tiempos las grandes revoluciones.
Mientras no haya justicia no podrá haber paz en el mundo
“De qué vale la vida si cuando se tiene parece muerta. La vida es para sentirla,
para vibrar, para combatir. Eso es lo que justifica nuestro paso por la tierra”
Jaime Pardo Leal
Hace veintitrés años, el 11 de octubre de 1987, fue asesinado uno de los más valiosos pensadores y líderes políticos colombianos del siglo XX, dirigente del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Presidencia de la República por la Unión Patriótica (UP) el camarada Jaime Pardo Leal (Ubaqué 1941-La Mesa, Cundinamarca, 1987) quien además de haber sido Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá desde el año 1979, ejerció con reconocida idoneidad profesional y estatura ética como docente universitario y como dirigente sindical.
Jaime Pardo Leal es unánimemente recordado por los militantes del Partido Comunista y de la UP, por sus alumnos, por sus colegas juristas y docentes, por sus amigos y conocidos, como un extraordinario ser humano, de una sensibilidad exquisita, dotado de una gran inteligencia y vasta cultura; con un temple, tenacidad y capacidad de liderazgo innatos, pero además son históricas sus estruendosas carcajadas y un singular sentido del humor que le permitía llenar los espacios de vitalidad y frescura para alentar la lucha de sus compañeros en los mas fragorosos momentos de la lucha política. Su ejemplar conciencia de clase, su humildad y generosidad son proverbiales. Así mismo, descuella por su excepcional capacidad de trabajo, nutrida desde la infancia al asimilar la dura lucha de sus padres campesinos en Ubaqué (Cundinamarca) para lograr el sustento de su familia; circunstancia que fomentó una actitud de vida basada en la entrega, en el sacrificio; por lo que desde muy joven se esforzará ferozmente por alcanzar sus sueños y así fue como tempranamente destacó, siendo considerado en su generación, como uno de los mas brillantes oradores y “para muchos, entre ellos Luis Carlos Pérez (Rector de la Universidad Nacional) el mejor alumno de derecho penal en su facultad” (1) donde al mismo tiempo estudiaba Filosofía y Letras.
Graduado como doctor en derecho y ciencias políticas por la Universidad Nacional de Colombia, con su tesis “La Clase obrera ante el Derecho Social” alcanza la magistratura del Tribunal Superior de Bogotá en el año 1979, hasta el año 1985 en que la Corte Suprema de Justicia lo expulsa en represalia por su trabajo en la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados Judiciales de Colombia (Asonal Judicial) que había fundado en el año 1968 junto a 17 colegas y con la cual, bajo su liderazgo, lograron conquistar para los empleados de la Rama Judicial los derechos de asociación, de negociación y de huelga, alcanzando reivindicaciones por la dignidad laboral, llegando a constituir hoy por hoy, una de las organizaciones sindicales mas fuertes del movimiento sindical colombiano. También debemos resaltar su gran labor en la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), que lo consideró también como su máximo líder.
Su gran carisma, dotes de estadista e impresionante capacidad oratoria –se le ha comparado con Jorge Eliécer Gaitán- logró consolidar la unidad de la militancia de la UP que sin contar dos años de creado el movimiento, alcanzó casi 400.000 votos en las elecciones presidenciales de 1986, la mas alta votación hasta entonces para la izquierda colombiana. Pero la oligarquía criolla y sus criminales estructuras paralelas empezaron a cobrarse con centenares de vidas el ascenso imparable del movimiento social y político popular que buscaba con tenacidad la paz con justicia social para el país; proyecto político que podría haber evitado todo el desangre de las últimas dos décadas y media y consolidado un verdadero Estado Social de Derecho en nuestra patria, con autodeterminación y soberanía. Hasta el día del asesinato de Pardo Leal ya se contabilizaban 447 asesinatos de militantes de la UP, y después serían junto a él, mas de cinco (5) mil compañeros asesinados, lo que configuraría el genocidio más aberrante de un partido político de las últimas décadas en Colombia y Latinoamérica.
Así como iniciamos este texto con la palabra de Jaime Pardo Leal, para despedirnos también honraremos su memoria -la de uno de los hijos más ilustres, honestos y amorosos de Colombia, así como uno de los revolucionarios más dignos y combativos de nuestra Historia reciente latinoamericana- con otra de sus memorables frases que condensa su gran entereza y nos ofrece la dimensión de su convicción política y humana de entrega sin límites a los demás, como el comunista íntegro que fue y que seguirá vivo por siempre en nuestra lucha, como el símbolo eterno de todos los héroes de la Unión Patriótica (UP) :
“Si la muerte me sorprende, no le tengo miedo; soy un hombre dialéctico. El día que me muera vendrán otros mejores a reemplazarme.”
Hasta siempre, entrañable camarada,
Mauricio Vidales
NOTA:
(1) Contorno Judicial, Revista Jurídica, página 15, Edición Especial “In Memorian Jaime Pardo Leal”, 20 años del Magnicidio. Bogotá, octubre de 2007
"Somos cerca de veinte mil personas que a son de cumbias, currulaos, joropo, marimbas, carranga, trova, vallenatos, salsa, expresamos la alegría, la diversidad y la riqueza regional".
Congreso de los pueblos - Propuesta de país para una vida digna
Palabras como Minga, Uramba, Tequio o Convite definen ponernos todas las personas de acuerdo para adelantar algún fin. Para sembrar la tierra, por ejemplo, para cosechar o construir la casa. También connota un trabajo colectivo por el bien común: todas ponemos lo que saben y podemos poner para quehaya para todos, en su justa medida. Por ello, el trabajo en común implica equidad y justicia. Todos ganamos. Paquete de prensa...
Avanza el Congreso de los pueblos en Colombia La sede principal de la Universidad Nacional de Colombia se engalana con la presencia campesin@s, negr@s, indígenas, mujeres, estudiantes, niñ@s, populares, trabajador@s, desemplead@s, defensor@s de derechos humanos, ambientalistas, lgtb, periodistas alternativos, mototaxistas, destechad@s, académicos, profesor@s, cristian@s, fuerzas políticas democráticas y de izquierda, pensionad@s entre otros; también se enriquece con la fortaleza organizativa, y se enaltece con la resistencia y las apuestas comunes en la construcción de un nuevo país, el verdadero país de nosotros los colombianos y colombianas. Leer más...
Crónica de la instalación del Congreso de los Pueblos
La plaza Che de la Universidad Nacional se vistió de colores, fiesta, arengas, alegría y diversidad en el marco del Congreso de los Pueblos el 9 de octubre de 2010, una apuesta desde los sectores populares para construir una propuesta de país fundamentado en la vida digna. Leer más... Caminando desde nosotras mismas… Ese fue el nombre de la sección llevada a cabo desde las 2 PM hasta las 8 PM en el marco del Congreso de los Pueblos en la Universidad Nacional de Colombia el día 9 de octubre de 2010. Organizaciones sociales y personas que trabajan desde distintos enfoques en sus respectivas regiones (Atlántico, Nariño, Cundinamarca, Tolima, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, entre otras) convergieron en las mesas de trabajo previstas. Leer más...
Como parte del proceso de Minga de resistencia social y comunitaria invitamos al congreso de los pueblos en Bogotá del 8 al 12 de Octubre de 2010 Propuesta de país para una vida digna Hacia una agenda común legislativa y popular por un mandato de mandatos para los y las colombianas
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Comité de SOLIDARIDAD de la CUT Valle del Cauca, Colombia
LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS- Che
www.periferiaprensa.org/ Este miércoles 6 de octubre ha tenido lugar la rueda de prensa que convocaba a la instalación del Congreso de los Pueblos en la Universidad Nacional de Bogotá entre el 8 y el 12 de octubre de 2010. El Congreso de los Pueblos es un evento en el que las organizaciones convocantes esperan reunir unas 20.000 personas para legislar el futuro del país sin esperar una aprobación de los organismos e instancias estatales con el objetivo de presentar el espacio desde el cual «construir un escenario para enlazar las diversas rutas de país en un propósito común de instalar la dignidad para la vid En la rueda de prensa participaron miembros del sector indígena y campesino y un miembro de la Conferencia Episcopal. El indígena Feliciano Valencia, vocero de la Minga y del Congreso de los Pueblos, señaló: «Salgamos de nuestras fronteras, incluso las mentales, y sentémonos a discutir la unidad. Pero no la unidad del Gobierno, sino la de los pueblos, las experiencias y las ideas para resistir el modelo económico global que es un proyecto de muerte. Que el plan de futuro sea una luz de esperanza para garantizar los derechos fundamentales».
Otra de las voceras del Congreso de los Pueblos, Marilen Serna, representante del sector campesino de Cajibio, indica que el objetivo es «crear una ruta para llegar a la gente que no está articulada en organizaciones sociales». A su vez advirtió, ante las dudas sobre la instalación del Congreso en la Universidad Nacional, sobre el esfuerzo de cuidar los espacios públicos y afirmó que la esperanza del Congreso es que «la universidad sea fortalecida como un centro de pensamiento del país».
Teófilo Forero, representante de Fedeagromisbol, insistió en que «cada vez se hace más agresivo el despojo de tierras que no es sólo un problema de quienes habitamos el territorio, sino también en las ciudades». A su vez, Mario Toro, representante de la Conferencia Episcopal afirmó que «el Congreso responde a un sueño» mientras afirmaba que «el país que queremos no se va a construir en el Senado, sino en los barrios, veredas, selvas y ríos».
Para los equipos que organizan el Congreso es todo un reto legislar con 20.000 personas pero como remarca Feliciano Valencia: «No estamos partiendo de cero, ya hay acumulados. Primero recojamos lo que está haciendo la gente y potenciemos eso». Finalmente señaló que al Gobierno se le van a entregar unas exigencias tras la movilización del 12 de octubre pero «lo principal es que el mandato sea para los pueblos». Para ello va a haber 422 palabreros y 844 personas tomando relatorías de los debates para poder sistematizar lo mejor posible el resultado de las ideas y pensamientos de quienes participen en el Congreso.
En la rueda de prensa, el representante indígena afirmó sobre el llamado Congreso de las niñas y niños que esa será «la mejor pista de hacía donde ir porque son el grupo que no tiene prejuicios ni estigmas políticos».
Por: Javier Lopez hace unos 15 días aproximadamente se publico a traves de los medios de comunicacion en colombia los resultados de la ultima "super mega encuesta", donde se dan a conocer el grado de simpatia de algunos personajes de la vida politica en la patria macondiana, en si se puede afirmar que no hubieron mayores sorpresas con respecto a las mismas encuestas que muy puntualmente se entregaron cada mes durante los ultimos 8 años, en ella alvaro uribe aparece con una popularidad superior al 80 %, mientras que el coronel oscar naranjo, director general de la policia nacional tuvo una aceptabilidad de mas del 70%, otros politicos tambien aparecieron en dicha encuesta, pero por ahora solo nos refiriremos a los dos personajes de marras aqui citados. con respecto a uribe, fue tradicional mantener el "globo inflado" durante los ocho años de su gobierno, trabajito en el que los grandes medios de comunicacion ayudaron complacidamente, resulta curioso que estas encuestas donde la muestra no supera los 1500 encuestados, sea vista como un referente probatorio del pensamiento de la mayoria de los ciudadanos, mientras que no se tiene en cuenta los conceptos emitidos atravez de los medios de comunicacion local- regional y mucho menos las expresiones de inconformismo del ciudadano de apie, y en esto muchos que transitamos las calles de nuestras ciudades, que escuchamos las distintas controversias que sobre los diversos temas se plantean, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el resultado de dichas encuestas estan muy lejos de la realidad, que si bien es cierto uribe, gozaba de la popularidad de las clases altas (oligarquia) y parte de la clase media, asi como algunos ciudadanos ingenuos y manipulados en las clases bajas, la inmensa mayoria de la poblacion termino rechazando un gobierno que se vio envuelto en graves escandalos de corrupcion, trafico de influencias, nepotismo, violencia para-militar, narcotrafico y sobre todo por que muchos ciudadanos afectados por el desempleo, la inseguridad en las ciudades,y muchos otros males que tras mas de 20 años de neoliberalismo, del que uribe a sido fiel impulsor, terminaron reconociendo que el "uberrimo", a representado una sombra defasta en la historia presente de la nacion. entonces muchos se preguntaran por que si esto es asi, el candidato del uribismo termino ganando las elecciones?, hay muchos factores que inciden en ello, pero en concreto los planes asistencialistas del gobierno, y en especial el programa "familias en accion", que aglutinaba a mas de 8 millones de ciudadados que reciben las migajas tiradas desde la mesa,y a los que se le prometio continuar con este plan, ademas de la muy bien aceitada maquinaria donde congresistas, senadores, consejales de la "unidad nacional" esperpento con el que se bautizo la amanguala de las ultraderecha colombiana, dio los resultados ya vistos. existen si mismo otros hechos que reflejan la decadencia de uribe en la aceptacion popular como encuestas o consultas hechas en medios locales de comunicacion poco publicitados a nivel nacional, asi mismo las encuestas de internet, como la reflejada en este blog donde uribe goza de una impopularidad superior al 60%. con respecto al coronel oscar naranjo, es curioso observar como en momentos en que la inseguridad azola a los ciudadanos, el maximo jefe de la policia, sea premiado con tanta "popularidad", esto nos hace acordar de las epocas en donde otro jefe de al policia conocido popularmente como el "general serrucho"* era reconocido como el mejor policia del mundo, justo cuando las bombas del narcotrafico y la guerra de carteles azotaba nuestras ciudades. no se puede desconocer que las elites dominantes de nuestros paises cuentan con los medios de comunicacion ( prensa escrita. radio, television) que le generan matrices de opinion favorables a sus intereses, totalmente alejadas de la realidad, y en ello las firmas encuestadoras ganan su terreno y ayuda a estas elites a posecionarse como clase dominante en el reino de las mentiras.
*serrucho: termino que se emplea en colombia para referirse a actos de corrupcion de funcionarios publicos que reparten con sus compinches las ganancias obtenidas de sus actos ilicitos
Hace tres días se publicó la noticia de que el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos políticos a la prestigiosa Senadora colombiana Piedad Córdoba, por supuesta promoción y colaboración con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Frente a una medida tan inusual y drástica, contra la titular de un cargo electivo de la más alta institución legislativa del Estado, ésta no tiene otra alternativa que recurrir ante el propio Procurador que engendró la medida.
Era lógico que tal arbitrariedad provocara un fuerte rechazo, expresado por las más diversas personalidades políticas, entre ellas, ex prisioneros de las FARC y familiares de los que fueron liberados por gestiones de la senadora, ex candidatos a la presidencia, personas que ocuparon ese alto cargo, otros que fueron, o son, senadores o miembros del poder legislativo.
Piedad Córdoba es una persona inteligente y valiente, expositora brillante, de pensamiento bien articulado. Hace pocas semanas nos visitó acompañada de otras personalidades destacadas, entre ellas, un sacerdote jesuita de notable honestidad. Venían animados por un profundo deseo de buscar la paz para su país y solicitaban la colaboración de Cuba, recordando que durante años, y a solicitud del propio gobierno de Colombia, prestamos nuestro territorio y nuestra colaboración para las reuniones que tuvieron lugar en la capital de nuestro país entre representantes del Gobierno de Colombia y el ELN.
No me sorprende, sin embargo, la decisión tomada por el Procurador General, que obedece a la política oficial de ese país virtualmente ocupado por las tropas yankis.
No me gusta hablar a medias tintas, y diré lo que pienso. Hace sólo una semana, estaba a punto de iniciarse el debate general del 65 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante tres días, se habían discutido las penosas metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el jueves 23 de septiembre se iniciaba la Asamblea General, con la participación de los Jefes de Estado o de altos representantes de cada país. El primero en hacer uso de la palabra sería, como es costumbre, el Secretario General de la ONU y, de inmediato, el Presidente de Estados Unidos, país sede de la Organización y presunto amo del mundo. La sesión comenzaba a las 9 de la mañana. Como es lógico, estaba interesado en conocer qué diría el ilustre Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, tan pronto concluyera Ban Ki-moon. Imaginé ingenuamente que la CNN en español o en inglés trasmitiría el discurso, generalmente breve, de Obama. Por esa vía escuché los debates entre aspirantes a ese cargo en la ciudad de Las Vegas, dos años antes.
Llegó la hora, pasaban los minutos y CNN ofrecía noticias aparentemente espectaculares sobre la muerte de un jefe guerrillero colombiano. Estas eran importantes, pero no de especial trascendencia. Continuaba yo interesado por saber qué decía Obama de los gravísimos problemas que sufre el mundo.
¿Acaso la situación del planeta está para que ambos estén bobeando y haciendo esperar a la Asamblea? Pedí que pusieran en otro televisor la CNN en inglés y tampoco una palabra sobre la Asamblea. Entonces, ¿de qué hablaba la CNN? Daba noticias, y esperaba que concluyera las que emitía sobre Colombia. Pero pasaron 10, 20, 30 minutos y seguía en lo mismo. Narraba incidencias de un colosal combate que se estaba librando, o se había librado, en Colombia, los destinos del continente iban a depender de eso, según se deducía de las palabras y el estilo de la narración del locutor. Se mostraban fotos y filmes en todos los colores de la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o “Mono Jojoy”. Es el golpe más fuerte recibido por las FARC, afirmaba el locutor, supera la caída de Manuel Marulanda y la de Raúl Reyes juntos. Acción demoledora, afirmaba. Según se deducía, había tenido lugar un espectacular combate con la participación de 30 aviones de bombardeo, 27 helicópteros, batallones completos de tropas selectas empeñados en feroz acción bélica.
Realmente, algo más que las batallas de Carabobo, Pichincha y Ayacucho juntas. Con la vieja experiencia en estas lides, no concebía semejante batalla en una región boscosa y apartada de Colombia. La descomunal acción estaba condimentada con imágenes de todo tipo, viejas y nuevas, del comandante rebelde. Para el redactor de noticias de CNN, Alfonso Cano, quien sustituyó a Marulanda, era un intelectual universitario que no gozaba de apoyo entre los combatientes; el verdadero jefe había muerto. Las FARC tendrían que rendirse.
Hablemos claro. Las noticias referidas a la famosa batalla en la que murió el comandante de las FARC -un movimiento revolucionario colombiano que surgió hace más de 50 años, después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, asesinado por la oligarquía- y la destitución de Piedad Córdoba, están muy lejos de llevar la paz a Colombia; por el contrario, podrían acelerar los cambios revolucionarios en ese país.
Imagino que no pocos militares colombianos estén abochornados por las grotescas versiones de la supuesta batalla en que murió el Comandante Jorge Briceño Suárez. En primer lugar, no hubo combate alguno. Fue un burdo y bochornoso asesinato. El almirante Edgar Cely, tal vez embarazado con el parte de guerra con que la autoridad oficial informó la noticia y otras versiones oscuras, declaró que: “Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, murió por ‘aplastamiento’ cuando [...] la construcción en la que estaba escondido en la selva se le vino encima.” ”‘Lo que sabemos es que murió por aplastamiento, su búnker le cayó encima’, [...] ‘no es verdad que tuviera un tiro en la cabeza’.” Así lo declaró a la emisora Caracol Radio, según la agencia de noticias norteamericana AP.
A la operación le pusieron un nombre bíblico “Sodoma”, una de las dos ciudades castigadas por sus pecados, sobre ella cayó una lluvia de fuego y azufre.
Lo más grave es lo que falta por contar, que ya hasta el gato lo sabe, porque los propios yankis lo han publicado.
El gobierno de Estados Unidos le suministró a su aliado más de 30 bombas inteligentes. En las botas que le suministraron al jefe guerrillero, le instalaron un GPS. Guiadas por ese instrumento, las bombas programadas estallaron en el campamento donde estaba Jorge Briceño.
¿Por qué no se explica al mundo la verdad? ¿Por qué sugieren una batalla que nunca tuvo lugar?
Otros hechos bochornosos observé a través de la televisión. El Presidente de Estados Unidos recibió efusivamente a Uribe en Washington, y lo respaldó para ofrecer clases sobre “democracia” en una universidad estadounidense.
Uribe, fue uno de los principales creadores del paramilitarismo, sobre cuyos miembros cae la responsabilidad del auge del narcotráfico y la muerte de decenas de miles de personas. Fue con Barack Obama que Uribe suscribió la entrega de siete bases militares y virtualmente, de cualquier parte del territorio de Colombia, para la instalación de hombres y equipos de las fuerzas armadas yankis. De cementerios clandestinos está lleno el país. Obama, a través de Ban Ki-moon, concedió a Uribe la inmunidad, asignándole nada menos que la vicepresidencia de la comisión que investiga el ataque a la flotilla que llevaba ayuda a los palestinos sitiados en Gaza.
Uribe en los últimos días de su presidencia tenía ya organizada la operación utilizando el GPS en las botas nuevas que necesitaba el guerrillero colombiano.
Cuando el nuevo presidente de Colombia viajó a Estados Unidos para hablar en la Asamblea General, conocía que la operación estaba en marcha, y al conocer Obama la noticia del asesinato del guerrillero, abrazó efusivamente a Santos.
Me pregunto si en esa ocasión se habló algo del acatamiento de la decisión emitida por el Senado de Colombia, declarando ilegal la autorización de Uribe para establecer las bases militares yankis. En ellas se apoyó el grosero asesinato.
He criticado a las FARC. Expresé públicamente en una Reflexión mi desacuerdo con la retención de los prisioneros de guerra y los sacrificios que para estos implicaban las duras condiciones de la vida en la selva. Expliqué las razones y la experiencia adquirida en nuestra lucha.
Fui crítico de las concepciones estratégicas del movimiento guerrillero colombiano. Pero jamás negué el carácter revolucionario de las FARC.
Consideré y considero que Marulanda fue uno de los más destacados guerrilleros colombianos y latinoamericanos. Cuando muchos nombres de políticos mediocres sean olvidados, el de Marulanda será reconocido como uno de los más dignos y firmes luchadores por el bienestar de los campesinos, los trabajadores y los pobres de América Latina.
El prestigio y la autoridad moral de Piedad Córdoba se han multiplicado. (Septiembre 30 de 2010, 11 y 36 a.m.)
Mientras realizaba mi trabajo diario como Senadora y pacifista, me he enterado nuevamente a través de los medios de información de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituirme e inhabilitarme por el término de 18 años para el ejercicio de mis funciones públicas.
Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.
Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación.
Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social.
Expreso mi gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional
Piedad Córdoba Ruíz Senadora de la República Partido Liberal Colombiano
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, FARC. www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6490
Senadora Piedad Córdoba inhabilitada por Procuraduría General de Colombia
Septiembre 27 de 2010 | 01:09 PM. | Noticias
La Procuraduría General de Colombia asegura que Piedad Córdoba "colaboró" con las FARC y que la mencionada "Teodora Bolívar" en los correos de Raúl Reyes corresponde a la senadora liberal.
La Procuraduría General de Colombia inhabilitó por 18 años a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la Procuraduría General colombiana, Piedad Cordoba, quien forma parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, "colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010".
"La congresista incursa en la falta gravísima" de "fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos", según reza el Código Disciplinario Único de la nación suramericana.
Según un medio local, la senadora liberal ya fue notificada de la decisión del organismo.
Asimismo, el diario colombiano informó que "la investigación tuvo su origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias Raúl Reyes" en el año 2008 en territorio ecuatoriano, cuando el Ejército colombiano bombardeo ilegalmente un campamento clandestino de la FARC.
"En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario", dijo el Ministerio Público.
Señaló que "se tuvo en cuenta salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, Alias Mincho".
Agrega que "por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos"
Piedad Córdoba "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo", dijo la Procuraduría.
La corresponsal de teleSUR, Tatiana Pérez informó que el falló contra la senadora colombiana lo realizó la Procuraduría General "quien tomó la decisión de destituir e inhabilitar a la senadora", quien forma parte de un grupo que se formó en torno a la necesidad y deseo de personas de buscar la paz en Colombia.
Señaló que se prevé que la Procuraduría General de la nación suramericana dé una rueda prensa en horas de la tarde de este lunes.
La senadora Piedad Córdoba es integrante del grupo Colombianos y Colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace casi medio siglo.
Asimismo, ha sido artífice de las misiones para llevar a cabo las liberaciones unilaterales de varios retenidos a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008.
La activista colombiana ha defendido intensamente un acuerdo humanitario entre las FARC y el Estado, razón por la cual ha sido duramente criticada por el Gobierno de su país y acusada de tener relaciones con el grupo rebelde.
En la foto: Piedad Córdoba con Moncayo ha encabazado varias misiones humanitarias para la entrega de los uniformados retenidos por las FARC.- Foto:VOZ
teleSUR/caracolradio.com-minuto30.com - El Tiempo/kg - FC
Piedad Córdoba podrá apelar decisión que la destituye e inhabilita
La senadora liberal, destituida e inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación por 18 años para ejercer cargos públicos, por tener nexos con las Farc, podrá apelar la decisión, debido a que es un fallo de primera instancia.
El proceso de apelación será resuelto por la Sala Disciplinaria del Ministerio Público, quien confirmará o dejará sin efecto disciplinario la decisión tomada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el que argumentó nexos de la congresista con la guerrilla de las Farc.
La Sala Disciplinaria deberá resolverá si en verdad en el fallo proferido por Ordóñez Maldonado se evidencian los posibles nexos que habría tenido la congresista con el desaparecido jefe guerrillero alias “Raúl Reyes”.
foto via internet:images.search.yahoo.com Hace poco más de un mes, desde un número de teléfono perteneciente a un call-center en el que tiene intereses la alcaldía de Manizales*, llamaron a muchas casas de manizalitas, diciendo que el Polo Democrático Alternativo estaba organizando una manifestación contra la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC y contra su gerente, quien era el responsable del cobro de altas tarifas a los usuarios. Dado que el Polo no estaba organizando manifestación alguna contra la CHEC ni contra su gerente, nos sorprendió que se estuviera abusando del nombre del partido y suplantándolo. Es extraño, por decir lo menos, el abuso cometido y más aún que sea desde un centro de llamadas telefónicas ligado con la alcaldía de Manizales.
Hace no más de quince días sucede otro extraño hecho. Enviado, al parecer desde el mismo call-center, a miles de correos electrónicos, llega un escrito que, con un lenguaje soez, afirma que la mafia del transporte municipal se alió con el Polo Democrático Alternativo, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, grupos de delincuentes comunes, sicarios, atracadores y gentes de la más baja calaña para destruir a Manizales e impedir la implementación del sistema integrado de trasporte TIM. En tal pasquín electrónico se afirma que “los politiqueros del Polo” y “los sindicalistas asesinos” al igual que transportadores independientes como “Beto y la empresa Socobuses”, quieren hacer colapsar el sistema e incitan a los manizaleños a “actuar contra estos asesinos, criminales y mafiosos”. Señala este escrito, a manera de temible amenaza, que se castigará a los políticos del Polo, a los sindicalistas, a las empresas transportadoras y a todos aquellos que se opongan al TIM.
Estos dos hechos se suman a otros más que desde la alcaldía municipal vienen cometiéndose contra las libertades individuales y el derecho a la oposición a las decisiones oficiales. Se volvió norma denigrar de quienes se oponen al establecimiento o se atreven a pensar y actuar diferente de quienes gobiernan.
La más reciente demostración de esta antidemocrática actuación se dio en las declaraciones a la radio, el día 14 de septiembre, del alcalde Juan Manuel Llano, quien sin ninguna clase de respeto, afirmó que quienes se oponen al macroproyecto de renovación urbana de San José, son “terroristas urbanos” y otros falsos apelativos.
Claro reflejo de este espíritu totalitario son las actuaciones permanentes de la Policía, que filma o toma fotos de quienes participan en protestas públicas como sucedió el pasado 9 de septiembre, día nacional de los derechos humanos, en las movilizaciones que realizaron el Movice y Educal en la plaza de Bolívar; la apertura de procesos sancionatorios a quienes reclaman a la alcaldía de la ciudad el cumplimiento de las obligaciones laborales, como es el caso de los maestros; la estigmatización a quienes no están de acuerdo o critican las actuaciones de la gerencia de la Licorera de Caldas; el señalamiento de quienes desde escenarios como la Corporación Cívica de Caldas son tratados como indeseables por preguntar sobre el manejo de los recursos públicos. Y estas son apenas algunas muestras.
Estos graves hechos coinciden con las políticas de la alcaldía de Manizales de adelantar proyectos que sirven como negocio exclusivamente a un círculo de allegados a la administración, y cuyos desproporcionados costos se trasladan y trasladarán a los ciudadanos del común, desplazando, por cierto, a otros empresarios. El interés es que los negocios sean buenos para ellos, indepedendientemente de que sean malos para la ciudad y sus ciudadanos.
Las campañas calumniosas contra los defensores del patrimonio público y el acoso a la oposición, son parte del “tapen tapen” que siempre han usado las camarillas de negociantes inescrupulosos para ocultar su enriquecimiento inmoral. Lanzan agravios y actúan arbitrariamente, para desviar la atención y evitar la fiscalización ciudadana.
En efecto, negocios como los del Cable-Vía, el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP o TIM, las concesiones a Infomanizales o Infotic, el manejo del impuesto a la seguridad y la construcción del par vial avenida Colón, son pruebas tangibles de cómo se usa el poder en beneficio de un estrecho círculo de negociantes.
En momentos como este es necesario que los caldenses defiendan las libertades públicas y el derecho a la oposición, y condenen la actuación de aquellos que, sin vergüenza alguna y en defensa de sus mezquinos intereses económicos, violan las más elementales normas democráticas, tanto desde el anonimato como a través de los medios de comunicación.
Exigimos a las autoridades investigar el origen de las campañas calumniosas a través de la Internet y anunciamos nuestra decisión de denunciar penal y disciplinariamente al señor alcalde, por las injurias y calumnias expresadas a través del noticiero Caracol de la ciudad, el día 14 de septiembre, alrededor de las 6:30 de la mañana.
Fraternalmente Polo Democrático Alternativo de Caldas, Sub-directiva Caldas de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, seccional Caldas, Educadores Unidos de Caldas, Educal, Transportadores Independientes de Manizales.
Mitin por el derecho a oponerse y disentir
Lunes 27 de Septiembre 4 y 30 P.M. Plazoleta de la Alcaldía *manizales, capital del departamento de Caldas, habitantes 350.000 aproximadamente.
A las 10 de la noche del 17 de septiembre de 2003 terminó el plazo de dos horas que la transnacional NESTLÉ dio a sus 188 trabajadores para que renunciaran a sus contratos de trabajo. Si lo hacían les darían la indemnización que había existido en la convención colectiva, si no, los despedirían aplicándoles la escala que el tribunal de arbitramento había fallado del 7 de mayo de 2003 y que había reducido en un 60% los derechos de los trabajadores. Diez se negaron a “aceptar la propuesta de retiro voluntario”. A los pocos días varios fueron despedidos, hoy solo queda un trabajador.
Antes de ejecutar los despidos fueron preparados 200 trabajadores por el SENA en las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño frente al Batallón la Popa. La selección de personal fue hecha en el hotel TATIVAN y a partir del mes de agosto fueron ingresando por grupos a la empresa 180 ochenta nuevos trabajadores por intermedio de la bolsa de empleo ADECCO de Colombia.
Para esta misión Nestlé desplazó desde Bogotá un equipo de asesores externos apoyados por funcionarios del Ministerio de Protección Social. Después de encerrar a los trabajadores en lujosos hoteles de Valledupar procedieron a cercenarle a uno por uno su contrato de trabajo. Nestlé había utilizado su poder para que el gobierno de Uribe Vélez colocara como viceministra a Luz Stella Arango y a Ludmyla Flórez como Directora de la Unidad de Asuntos Individuales y Colectivos; ambas funcionarias de la compañía.
Pocas horas antes los mandos medios de la empresa habían allanado las casas de los compañeros que estaban en descanso, incapacitados, en vacaciones y enfermos para obligarlos a subir en los buses que los trasladarían al sitio donde debían renunciar.
Nestlé concreto su deseo de aniquilar el sindicato y lograr el retiro de todos los trabajadores en un proceso que inicio el 27 de febrero de 2002 con la denuncia total de la convención colectiva de trabajo por parte de Cicolac y el 7 de mayo de 2003 cuando los árbitros de empresa y gobierno mediante un Laudo Arbitral ilegal arrasaron con el 60% de la convención colectiva de trabajo. Todo este proceso estuvo acompañado de amenazas de los paramilitares como las que se vivieron por la votación de la huelga por parte de los trabajadores.
Otro hecho determinante en este proceso fue el despido de nueve miembros de la dirección del sindicato el 21 de Octubre de 2002, argumentando un paro que nunca existió y que fue declarado ilegal por parte del mismo Ministerio que a los siete meses participaría en la encerrona.
Uno de los dirigentes de Sinaltrainal despedidos fue Luciano Enrique Romero Molina, quien sería asesinado 37 meses después por el Bloque Norte de los paramilitares. Algunos de sus comandantes eran importantes proveedores y transportes de leche de Nestlé como Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40”, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes “La Barbie”, Hernando Molina Araujo, entre otros. A la fecha solo han sido condenados algunos autores materiales (4 personas). Entre los detenidos se encuentran varios miembros del DAS (estado colombiano). No todos los autores intelectuales y determinadores y ningún beneficiario, del crimen contra LUCIANO ROMERO MOLINA se encuentran vinculados al proceso penal. A pesar de que el Juez 2 Penal del Circuito especializado de descongestión OIT ordenó la investigación de los directivos de la Nestlé – CICOLAC, no existen mayores avances en el este sentido a pesar que el paramilitar SALVATORE MANCUSO afirmó en sus versiones libres que la misma financió dichas estructuras criminales. Desde el 22 de julio de 1986 hasta la fecha han sido asesinados 12 miembros de Sinaltrainal que laboraban para Nestlé; los beneficiarios siguen haciendo daño pues las autoridades respectivas aun mantienen estos crímenes en la impunidad.
El 5 de Noviembre de 2002, Álvaro Uribe Vélez envió una carta al Doctor Cesar De Los Ríos Presidente de Nestlé de Colombia S.A., donde la agradece su participación en la campaña ¡Siente tu bandera, cree en tu país! y le manifiesta entre otras cosas: “Es una muestra más de la decidida y entusiasta gestión que ha caracterizado a Nestlé de Colombia, contribuyendo significativamente, a llevar a cabo los compromisos previstos por el Gobierno, para hacer una patria mejor”. “Acepte apreciado Doctor De Los Ríos, mi gratitud personal y la del Gobierno que presido, por todas estas gestiones encaminadas a engrandecer esta Nación”.
No podía ser otro el resultado del conflicto.
1. Nestlé se beneficio de las acciones de los paramilitares.
2. Tuvo Viceministra y Jefe de Asuntos Individuales y Colectivos al momento de resolver el conflicto, primero a través de la ilegalidad de un paro inexistente y posteriormente mediante la emisión ilegal del laudo arbitral.
3. Recibió el espaldarazo del Presidente Uribe Vélez a través de su amable carta que cínicamente fue publicada por Nestlé en su revista el Desafío. Sinaltrainal fue aniquilado y el 99% de los trabajadores despedidos.
Desde el 1 de julio del 2004 Nestlé en sociedad con Fonterra, ahora a través de DPA, continua fabricando los mismos productos que durante muchos años elaboraron los trabajadores con Cicolac. Hoy esos nuevos trabajadores apenas han logrado algunas reivindicaciones aún muy lejanas de las que gozaban los obreros antiguos. Un número importante se encuentra afiliado a Sinaltrainal.
Y para que conozcan algo más del comportamiento de Nestlé…Cicolac sigue existiendo con más utilidades que antes…DPA es tan solo una maquila de la transnacional…no es la única vez que Nestlé realiza este tipo de acciones fraudulentas, también lo hizo con los trabajadores de Purina, hoy Nestlé Purina Pet Care.
Ante estas políticas de la transnacional solo nos queda fortalecer la unidad, organizarnos y continuar luchando para que se nos respete la vida y la soberanía alimentaria, los derechos adquiridos y para que se conozca la verdad y haya justicia y reparación integral por los crímenes de que hemos sido víctimas y por los que hoy los responsables intelectuales continúan libres y haciendo daño.
Francisco Valderrama Mutis, Bogotá septiembre 9 de 2010
A los Kirchner de Argentina no les perdonan su independencia en política y sus medidas en defensa de la nación, tales como su reticencia a participar en TLC’s que liquidarían su industria nacional y pondrían en peligro su agricultura; o haber sido los anfitriones del entierro de tercera a la política recolonizadora norteamericana del ALCA; o su autonomía frente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, léase el Departamento del Tesoro de Washington, después de pagar en un solo contado la deuda que todavía la mantenía atada a sus mandatos; o la nacionalización de los fondos privados de pensiones, cuyo manejo le daba gigantescas comisiones a las multinacionales financieras sin necesidad de trabajar; para citar sólo unos ejemplos. Desde luego los Kirchner no han podido solucionar todo el cúmulo de desigualdades y crímenes que los períodos de la dictadura militar y de Menem, el genio del neoliberalismo de ese país (¡porque aquí tenemos los propios!), dejaron como herencia nefasta.
La empresa Papel Prensa, que suministra papel monopólicamente a los diarios argentinos, pertenecía a la familia Graiver, acusada por la dictadura argentina de connivencia con el grupo Montoneros. Basándose en esta acusación de la cual fueron luego exonerados, la dictadura argentina se apoderó de las acciones que tenía en la empresa Papel Prensa, las congeló, y luego mediante maniobras intimidatorias obligó a su venta de la cual fueron beneficiarios los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Desde 1984 la Fiscalía argentina llegó a la conclusión de que la venta de la empresa había sido realizada mediante coacción y comprada por estos tres diarios a precio vil aprovechándose de las vicisitudes y la persecución intimidatoria que sufrían los herederos de David Graiver.
Los hechos son escandalosos. Cinco días después de que Lidia Papaleo, esposa sobreviviente de David Graiver, acudió coaccionada a una notaría para firmar los papeles de la venta de las acciones, fue encarcelada por la dictadura argentina junto con gran parte de su familia y sus colaboradores, mantenida en aislamiento, violada y torturada brutalmente. Los mismos diarios argentinos que participaron en este hecho criminal reconocieron en comunicados de la época que la compra de las acciones se realizó “previa consulta y conformidad de la junta de Comandantes en Jefe”. Además reconocen que esta transacción les permitió conformar un monopolio vertical de prensa y que “controlar el papel es controlar la información”. Fin último de estos periódicos y de la dictadura militar en toda esta maniobra delincuencial.
Ahora, el gobierno de Cristina Kirchner ha sacado a la luz este episodio trágico para la familia Graiver y ha propuesto crear una comisión bicameral y un Consejo consultivo federal que democratice el acceso igualitario al insumo básico de los diarios manejado desde la década del setenta monopólicamente por los diarios Clarín y La Nación, que le cobran a los demás diarios hasta un 40% de sobreprecio sobre el que ellos pagan por el mismo papel.
¡Y quien dijo miedo! Todos a una se le han venido encima con condenas del Departamento de Estado de Estados Unidos, de los monopolios periodísticos gringos y de toda América Latina. El diario El Tiempo en editorial del pasado sábado 28 de agosto nos da su propia versión de los hechos y obrando como juez y parte exonera a los diarios Clarín y La Nación, poseedores entre ambos del 71% de las acciones de Papel Prensa. Sin contar los pormenores del negocio realizado durante la dictadura pasa a señalar que los Kirchner “eleva(n) a un nivel casi delirante su pelea con la prensa al acusarlos de crímenes de lesa humanidad contra los Graiver”; y los declara inocentes contra toda evidencia al señalar que “los registros muestran que la transacción comercial nos solo fue legal y pública, sino que se llevó a cabo cinco meses antes de que los militares desataran su persecución contra los empresarios”. Y concluye que “Semejante movilización del poder ejecutivo argentino es una amenaza profunda a la libertad de prensa en toda América Latina”.
Esta solidaridad entre monopolios que lleva a El Tiempo a sentar su protesta frente la justa posición del gobierno argentino ignorando los tenebrosos métodos utilizados para hacerse al control de la empresa papelera, es una muestra más de cómo se comportan los consorcios de prensa en toda la región, convencidos arrogantemente de que la libertad de prensa está íntimamente ligada a los intereses económicos de las corporaciones que los regentan. Por eso, en los países en los que mantienen una colaboración cercana con los gobiernos por su identificación ideológica, se muestran zalameros e incondicionales hasta la lambonería, como la que por ejemplo padecimos aquí en el gobierno de Uribe y ahora en el de Santos. Pero en los países cuyos gobiernos se apartan del fundamentalismo neoliberal se convierten en feroces opositores aprovechando su posición privilegiada y echando mano de cualquier recurso por rastrero que sea para solidarizarse incluso con los crímenes que sus colegas de la SIP han cometido en la colaboración con las dictaduras de sus países.
Los intereses de la nación son sustituidos por los intereses de los negocios de sus grupos empresariales, con la complicidad del gobierno de turno. Razón tiene Vladdo cuando en su caricatura semanal del Palacio de Nariño trueca la bandera nacional por las banderas de El Tiempo y del Grupo Planeta. La libertad de prensa se cambia por la libertad de hacer negocios al precio que sea, como vimos aquí con las maniobras sucesivas con que el gobierno de Uribe pretendió adjudicarles el tercer canal de televisión abierta.
Es justa la pretensión del gobierno argentino de deshacer el oscuro negocio que permitió a los diarios Clarín y La nación apoderarse de la empresa productora de papel, garantizar a todos los diarios argentinos el acceso en condiciones de igualdad y precio de este insumo básico y garantizar que sus justos dueños sean resarcidos por los crímenes que contra ellos se cometieron. Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co/, http://www.senadorrobledo.org/ y http://www.deslinde.org.co/
En una auditorio con capacidad para mil personas, que tuvo casi un lleno completo, se cumplió esta mañana en el Hotel Nutibara de Medellín la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, en la que el clamor general fue por el esclarecimiento de la verdad, el rescate de la memoria de las víctimas y contra de la impunidad que reina en Colombia en torno a los crímenes y violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidos por los paramilitares, la fuerza pública y la guerrilla.
Un detalle sobresaliente de la Audiencia fue la ausencia de representantes y voceros de la Fiscalía General de la Nación, de la Fiscalía de Derechos Humanos y de las altas Cortes; ausencia que fue particularmente sensible porque precisamente unos de los objetivos del evento, que reunió víctimas de 17 departamentos del país, era que estos entes judiciales informaran sobre los avances de los 41 casos que el movimiento de víctimas les presentó, debidamente documentados, en el año 2007, en el marco de una audiencia similar.
Conclusiones de la Audiencia
Luego de escuchadas las diversas ponencias y las intervenciones de las delegaciones de las distintas regiones del país, las principales conclusiones que al final entregó esta Audiencia Nacional de Víctimas, fueron las siguientes:
Persiste en el país una situación, de carácter estructural, en la que se privilegia a los victimarios y desconocen los derechos de las víctimas.
Continúan las amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, interceptaciones y homicidios en contra de líderes y liderezas de organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Hay necesidad de transformar las condiciones actuales de las víctimas del conflicto, y eso depende de nuestra capacidad de organización para exigir nuestros derechos y de actuar colectivamente; para afianzar los lazos de solidaridad, pedir que no haya más impunidad y reclamar la verdad. Pero no sólo la verdad frente a los autores materiales de los crímenes, sino que también que se descubra a sus determinadores, financiadores y beneficiarios; que se sepa qué representantes a la cámara, senadores, alcaldes, empresarios, comerciantes, banqueros, narcotraficantes y contratistas se han beneficiado y siguen beneficiándose de estos crímenes de lesa humanidad.
Nos organizamos para construir memoria histórica. Es necesario conocer lo que realmente ocurrió y quiénes están detrás de las violaciones de los derechos humanos. Pero exigimos que los ejercicios de memoria no estén en cabeza de los victimarios. Somos las víctimas las que podemos aportar en la construcción de esa memoria histórica, que muestre el contexto y la dinámica de los hechos.
Debemos fortalecer las organizaciones locales y desde ellas realizar procesos de pedagogía política, para que se entienda que la exigencia de no más impunidad es una lucha de todos y todas, y que las víctimas somos sujetos políticos, sujetos de derechos.
Tenemos la tarea de no callar, de seguir denunciando, de exigirle a los medios de comunicación que no sólo cuenten la verdad de los criminales sino también la de las víctimas.
Debemos propiciar espacios para la discusión y para lograr políticas públicas en contra de la impunidad, que protejan los derechos de las víctimas y la garantía de no repetición.
Esta Audiencia exige que las investigaciones develen la lógica del actuar de los criminales y sus beneficiarios; y que el gobierno no se limite a afirmar retóricamente el respeto hacia los jueces, hacia la independencia judicial y hacia las víctimas. Debe propiciar verdaderas garantías para que podamos seguir exigiendo nuestros derechos.
Pedimos que haya depuración de las fuerzas militares e investigación y juicios, pero por justicia ordinaria.
Exigimos que haya garantías de acceso a la justicia por parte de las víctimas, que éstas cuenten con recursos para que puedan asistir a las audiencias, para que cuenten con más defensores públicos, y con funcionarios que realmente se comprometan a que haya verdad y justicia, y no sigan mancillando la dignidad de las víctimas.
Exigimos que se reconozca que hay delitos de género, que hay violencia sexual.
Exigimos la derogación total de la Ley de Justicia y Paz.
Que nos se sigan amenazando, ni estigmatizando, ni cometiendo crímenes contra las víctimas y sus organizaciones. Para ello pedimos el fortalecimiento de programa de protección de víctimas. Pero que éste sea real y efectivo, y no llegue cuando las víctimas ya estén muertas.
Que la construcción de la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras tenga en cuenta nuestras necesidades, que sean consultadas con nosotros.
Finalmente, rendimos un homenaje a todos los hombres y mujeres que alzaron sus voces para denunciar los crímenes de lesa humanidad. Hoy queremos recordarlos y por la dignidad de ellos nos seguiremos organizando, soñando por construir en este país la justicia social.
Reflexiones del padre Giraldo
Al final del evento el padre jesuita Javier Giraldo, caracterizado líder defensor de los derechos humanos en Colombia, tomó la palabra para expresar los puntos que, en su opinión, son los más relevantes y los retos más importantes del movimiento de víctimas; no sin antes manifestar su satisfacción por el desarrollo de la Audiencia y la manera como el movimiento de víctimas se va constituyendo en una fuerza organizada.
Un primer aspecto sobre el que llamó la atención, es el papel de los medios masivos de comunicación, que calificó como un problema neurálgico de la democracia en Colombia. “En este país la información no se concibe como un servicio público sino como una mercancía, y está en manos de grandes conglomerados económicos y multinacionales. Todos los días los medios nos tratan de sensibilizar con las 70 víctimas del secuestro por parte de la guerrilla, pero silencian completamente las miles de víctimas del Estado y los paramilitares. Los desplazados, los falsos positivos, las ejecuciones, los torturados y los desaparecidos no aparecen en esos grandes medios. Necesitamos transformar y democratizar, así sea en una mínima parte, la comunicación y al información pública”, puntualizó el padre Giraldo.
El otro reto tiene que ver con la estigmatización de los líderes de los movimientos sociales, aspecto que guarda profunda relación con el derecho a la no repetición de los crímenes. Al respecto el jesuita señaló:
“Mientras se estigmaticen como insurgentes y permanentemente se les estén abriendo procesos judiciales a los inconformes y a quienes no son afectos al Estado, creo que la repetición de las desapariciones, los falsos positivo y los montajes judiciales van a seguir hasta el infinito. Por eso me parece importante que el movimiento de víctimas insista en suprimir las estigmatizaciones”. Agregó que es necesario que en la legislación se revise el concepto de delito político, porque hoy en día a los líderes sociales se les está aplicando el delito de rebelión. “Si eso no se regula y se reconoce el derecho a la oposición política, vamos a seguir sometidos a crímenes de lesa humanidad por muchos años”, puntualizó el padre Giraldo.
Hizo un llamado a estar alertas para que dentro de la Ley de Víctimas que el gobierno se comprometió a presentar de nuevo al Congreso, no se les recorten otra vez los derechos a las víctimas, como hizo el Gobierno del Presidente Uribe.
Asimismo, a estar vigilantes de la reforma a la justicia que planea el gobierno Santos, porque los anuncios que a este respecto ha hecho no son, en su concepto, nada halagadores. “Se habla del recorte de la acción de tutela, de una coordinación entre las cortes, de la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, pero nada se anuncia de que se vaya a abordar en esta reforma el problema de la impunidad institucionalizada”, dijo, y agregó que el movimiento de víctimas tiene el reto de incidir en esta reforma a la justicia, para que no se deje por fuera el problema de la impunidad.
Frente a la Ley de Justicia y Paz recogió el consenso planteado en todas las intervenciones que se escucharon a lo largo de la Audiencia, en el sentido de que esta ley ha sido un fracaso, una norma de impunidad en la práctica. Señaló que es una ley que no ha condenado a nadie, no ha frenado el desplazamiento forzado ni el paramilitarismo, ni los crímenes de lesa humanidad. “Como el Gobierno ha anunciado su prorroga, el reto es oponerse a ella”, advirtió.
Asimismo, el movimiento de víctimas debe seguir insistiendo en que los crímenes de lesa humanidad en Colombia constituyen un problema sistemático. “En la experiencia que en muchos años he tenido frente a organismos de justicia, siempre se ha negado que estos crímenes sean investigados y juzgados como de lesa humanidad, sabiendo que cumplen con la característica de serlo, porque son sistemáticos, no aislados”, puntualizó.
Entre las preocupaciones centrales que expresé en el debate sobre víctimas, desplazamiento y modelo de desarrollo rural (plenaria Cámara de Representantes, 18.08.2010), se ubicaron, aparte del pleno restablecimiento de derechos de las víctimas, la seguridad y la soberanía alimentaria, la pobreza y la concentración de la propiedad de la tierra, tanto como el uso que se le está dando, en cumplimiento de directrices del Banco Mundial obedecidas activamente por el gobierno anterior, denominadas agenda interna, y que tienen como objetivo el impulso de los Tratados de Libre Comercio y como líneas de desarrollo: la promoción de la agroexportación; la mayor dinámica en los mercados de factores y productos agrícolas, y los esfuerzos hacia una mayor liberalización comercial.
Estas directrices tienen como beneficiarios a los grandes inversionistas Nacionales y extranjeros que contaron con el esmero gubernamental por colmarlos de favores, que obtuvieron incentivos para la producción de agrocombustibles y recursos de Agro Ingreso Seguro llegados a las arcas de los grandes capitalistas agrarios.
El debate intentó llamar la atención en el proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se adelanta en la Altillanura Colombiana, y sobre el cual leemos en un diario nacional, se anuncia que la altillanura es "una despensa con claro acento extranjero” y, corroborando lo denunciado en el debate, agrega que los inversionistas agrupados en Fundallanura demandan del Gobierno Nacional la remoción de "obstáculos" para el desarrollo de sus inversiones, a saber:
· Las limitaciones legales que tiene la propiedad de la tierra a través de la Unidades Agrícolas Familiares, UAF para legalizar la gran concentración de la tierra y
· La gran Inversión nacional en infraestructura, que “reclaman las empresas” de la zona, especialmente “Mónica Semillas”, para hacer sus regadíos, movilizar sus camiones varados y sacar la producción.
Leyendo de otra manera, no responden estas demandas al desarrollo integral de la región, no forman parte de las demandas de los pobladores locales.
Preocupa además que estas empresas han adelantado procesos similares en otros países de América Latina, develándose sus pretensiones: concentración de la tierra y los recursos naturales, en manos extranjeras, en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, con las siguientes consecuencias:
· DISMINUCIÓN DEL TRABAJO Y DE LA POBLACIÓN RURAL: desaparecieron el 52% de los trabajadores y el 58% de la población rural entre 1951 y 2000, la migración de jóvenes rurales provoca una “brecha generacional” en la población del campo.
· CAMBIOS EN EL USO Y EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA: asociada a la expansión de cultivos agrícolas (arroz, soja), a la forestación, y a fondos de inversión especulativa.
· CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: desaparecen más de 30.000 unidades productivas entre 1950 y 2000, avance de la “agricultura empresarial” en detrimento de la agricultura familiar.
· DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: erosión hídrica de los suelos, pérdida de diversidad biológica autóctona y grave afectación de recursos hídricos.
· CONCENTRACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN DE COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES: en sectores como la lechería, la cadena cárnica, la industria forestal y de granos.
El Gobierno entrante, en cabeza del Ministro de Agricultura, manifestó en el debate, el interés de avanzar en la formalización de la propiedad rural, en agilizar los procesos legales de tenencia de la tierra, la pregunta es ¿esto apunta a modificar la UAF? ¿Apunta a desarrollar la política de eficiencia en los mercados de factores productivos, y el principal es la tierra? ¿Está dispuesto el gobierno a frenar el proceso de concentración y extranjerización?. Partiendo de la información del diario (la respuesta de los funcionarios del Ministerio de Transporte, para quienes "la agilidad de las obras dependería del cabildeo que hicieran con los políticos de la región”), pareciera que la respuesta a la última pregunta es ¡NO!. Y por esta vía se abriría paso el Embajador de China y su grupo de empresarios para cumplir con su misión, “solo comprar 400.000 hectáreas en la Altillanura” porque lo demás, mano de obra, insumos, maquinaria, lo traen ellos y la producción sería exportada en su totalidad a China. ¿Cabildeo con los políticos y miseria para nuestras comunidades? ¿Pérdida del carácter nacional de la tierra colombiana y anexión de la misma al mercado Chino?
En ese sentido, la “prosperidad democrática” anunciada por el gobierno, tendría que ser leída de la misma forma que la “seguridad democrática”, pues esta no actuó en beneficio de las víctimas del desplazamiento y el despojo, al contrario la padecieron por omisión y por acción a través de los falsos positivos. La prosperidad y su calificativo democrática, es restringida, solo para el gran capital y la inversión extranjera, no habrá prosperidad para el campesino, solo miseria y pobreza. Ni soberanía económica, requisito de la verdadera seguridad alimentaria para los colombianos.
Nota: por considerarlo de utilidad, adjuntamos la presentación de diapositivas sustentadas por el Representante a la Cámara Wilson Arias en el debate sobre tierras.
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Cali, Colombia
Wilson Arias Castillo
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
del Polo Democrático Alternativo
Cel: 311 635 20 65 infowilsonarias@gmail.com
Visita: www.wilsonarias.com
