Entre las preocupaciones centrales que expresé en el debate sobre víctimas, desplazamiento y modelo de desarrollo rural (plenaria Cámara de Representantes, 18.08.2010), se ubicaron, aparte del pleno restablecimiento de derechos de las víctimas, la seguridad y la soberanía alimentaria, la pobreza y la concentración de la propiedad de la tierra, tanto como el uso que se le está dando, en cumplimiento de directrices del Banco Mundial obedecidas activamente por el gobierno anterior, denominadas agenda interna, y que tienen como objetivo el impulso de los Tratados de Libre Comercio y como líneas de desarrollo: la promoción de la agroexportación; la mayor dinámica en los mercados de factores y productos agrícolas, y los esfuerzos hacia una mayor liberalización comercial.
Estas directrices tienen como beneficiarios a los grandes inversionistas Nacionales y extranjeros que contaron con el esmero gubernamental por colmarlos de favores, que obtuvieron incentivos para la producción de agrocombustibles y recursos de Agro Ingreso Seguro llegados a las arcas de los grandes capitalistas agrarios.
El debate intentó llamar la atención en el proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se adelanta en la Altillanura Colombiana, y sobre el cual leemos en un diario nacional, se anuncia que la altillanura es "una despensa con claro acento extranjero” y, corroborando lo denunciado en el debate, agrega que los inversionistas agrupados en Fundallanura demandan del Gobierno Nacional la remoción de "obstáculos" para el desarrollo de sus inversiones, a saber:
· Las limitaciones legales que tiene la propiedad de la tierra a través de la Unidades Agrícolas Familiares, UAF para legalizar la gran concentración de la tierra y
· La gran Inversión nacional en infraestructura, que “reclaman las empresas” de la zona, especialmente “Mónica Semillas”, para hacer sus regadíos, movilizar sus camiones varados y sacar la producción.
Leyendo de otra manera, no responden estas demandas al desarrollo integral de la región, no forman parte de las demandas de los pobladores locales.
Preocupa además que estas empresas han adelantado procesos similares en otros países de América Latina, develándose sus pretensiones: concentración de la tierra y los recursos naturales, en manos extranjeras, en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, con las siguientes consecuencias:
· DISMINUCIÓN DEL TRABAJO Y DE LA POBLACIÓN RURAL: desaparecieron el 52% de los trabajadores y el 58% de la población rural entre 1951 y 2000, la migración de jóvenes rurales provoca una “brecha generacional” en la población del campo.
· CAMBIOS EN EL USO Y EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA: asociada a la expansión de cultivos agrícolas (arroz, soja), a la forestación, y a fondos de inversión especulativa.
· CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: desaparecen más de 30.000 unidades productivas entre 1950 y 2000, avance de la “agricultura empresarial” en detrimento de la agricultura familiar.
· DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: erosión hídrica de los suelos, pérdida de diversidad biológica autóctona y grave afectación de recursos hídricos.
· CONCENTRACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN DE COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES: en sectores como la lechería, la cadena cárnica, la industria forestal y de granos.
El Gobierno entrante, en cabeza del Ministro de Agricultura, manifestó en el debate, el interés de avanzar en la formalización de la propiedad rural, en agilizar los procesos legales de tenencia de la tierra, la pregunta es ¿esto apunta a modificar la UAF? ¿Apunta a desarrollar la política de eficiencia en los mercados de factores productivos, y el principal es la tierra? ¿Está dispuesto el gobierno a frenar el proceso de concentración y extranjerización?. Partiendo de la información del diario (la respuesta de los funcionarios del Ministerio de Transporte, para quienes "la agilidad de las obras dependería del cabildeo que hicieran con los políticos de la región”), pareciera que la respuesta a la última pregunta es ¡NO!. Y por esta vía se abriría paso el Embajador de China y su grupo de empresarios para cumplir con su misión, “solo comprar 400.000 hectáreas en la Altillanura” porque lo demás, mano de obra, insumos, maquinaria, lo traen ellos y la producción sería exportada en su totalidad a China. ¿Cabildeo con los políticos y miseria para nuestras comunidades? ¿Pérdida del carácter nacional de la tierra colombiana y anexión de la misma al mercado Chino?
En ese sentido, la “prosperidad democrática” anunciada por el gobierno, tendría que ser leída de la misma forma que la “seguridad democrática”, pues esta no actuó en beneficio de las víctimas del desplazamiento y el despojo, al contrario la padecieron por omisión y por acción a través de los falsos positivos. La prosperidad y su calificativo democrática, es restringida, solo para el gran capital y la inversión extranjera, no habrá prosperidad para el campesino, solo miseria y pobreza. Ni soberanía económica, requisito de la verdadera seguridad alimentaria para los colombianos.
Nota: por considerarlo de utilidad, adjuntamos la presentación de diapositivas sustentadas por el Representante a la Cámara Wilson Arias en el debate sobre tierras.
Cali, Colombia
Wilson Arias Castillo
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
del Polo Democrático Alternativo
Cel: 311 635 20 65
infowilsonarias@gmail.com
Visita: www.wilsonarias.com
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