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martes, 13 de julio de 2021

Un estudio detalla el “catastrófico” efecto de las misiones cristianas en los nativos de América

 

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La mitad de los indígenas de California sobrevivía más allá de los 47 años hasta la llegada de los misioneros españoles en 1769; la mitad moría sin cumplir los 22 después de ese año

Un libro fantástico publicado en el año 1510 en Sevilla, Las sergas de Esplandián, narraba las fabulosas aventuras de un caballero cristiano por lugares imaginarios como una tal California, un paraíso terrenal habitado por mujeres guerreras cubiertas de oro. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la costa occidental de Norteamérica en el siglo XVI, bautizaron las tierras como California, en recuerdo de aquella leyenda de un libro de caballerías tan popular entonces que incluso aparece en la biblioteca de Don Quijote. La California real, sin embargo, no estaba poblada por amazonas con espadas doradas, sino por grupos indígenas indefensos ante las nuevas enfermedades infecciosas traídas por los recién llegados. Una nueva investigación ha puesto ahora cifras al descenso “catastrófico” de la población original: antes del establecimiento de las misiones españolas, la mitad de los nativos sobrevivía más allá de los 47 años. Tras el asentamiento de los llamados “varones de Dios”, la mitad de los locales llegó a morir antes de cumplir los 22 años.
El actual mapa de California revela su origen: San Francisco, San José, Santa Bárbara, San Luis Obispo. Tras más de dos siglos de escasos avances, el fraile Junípero Serra fundó la primera misión española, la de San Diego, en 1769. Los franciscanos se extendieron por el territorio con el encargo de convertir las comunidades locales de cazadores y recolectores en súbditos productivos del rey católico Carlos III. El nuevo estudio, encabezado por el antropólogo estadounidense Brian Codding, ha analizado los registros de mortalidad de las propias misiones españolas, con datos de más de 23.000 personas, y otros 10.000 fallecimientos de tiempos prehistóricos. Los autores hablan de unos niveles de mortalidad similares a los de una “peste” tras el establecimiento de los españoles a partir de 1769.
El trabajo, publicado este lunes en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de EE UU (PNAS), calcula que la población local de 43.285 personas se redujo a 7.800 individuos tras la llegada de los misioneros a lo que hoy es California central. “El número de muertes tras el establecimiento de las misiones españolas fue, probablemente, mucho mayor, especialmente si la población en el momento del contacto está infraestimada y si los fallecimientos no se registraban”, opina Codding, de la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Martha Ortega, historiadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (México), aplaude el nuevo estudio, “serio y muy bueno”, en el que no ha participado.
Algunos historiadores españoles, como Salvador Bernabéu, han analizado en los últimos años el sistema de las misiones en California. Los frailes, acompañados por algunos soldados, llegaban con perros, caballos, gallinas, ovejas, semillas y regalos para atraer a los nativos. Los predicadores les enseñaban oraciones cristianas, los bautizaban y los vestían como los españoles: con calzón y camisa, a los hombres, o con vestido, a las mujeres. Bernabéu, director de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC), ha constatado en sus obras la “caída drástica” de la población indígena por las enfermedades infecciosas, un problema que se agravó cuando los nativos fueron obligados a convivir en estancias mal ventiladas en las misiones. La viruela, el resfriado común, la gripe, el sarampión, la difteria, la malaria y las enfermedades venéreas arrasaron a los nativos.
Los virus y los microbios, sin embargo, no explican por sí solos la catástrofe vivida alrededor de las misiones españolas, advierten los autores estadounidenses, que apuntan a otros factores añadidos, como la expropiación de tierras, las hambrunas, la esclavitud y los traslados forzosos. “Quizá fue más culpable el caos cultural que se extendió por América tras el contacto con los europeos y que podría haber exacerbado radicalmente la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas”, plantean los investigadores en su estudio. Su análisis muestra que en las misiones californianas murió un mayor número de mujeres (unas 13.000) que de hombres (unos 10.000), un fenómeno todavía sin explicación, según admite otro de los firmantes, el prehistoriador Terry Jones, de la Universidad Politécnica Estatal de California, en San Luis Obispo.
“Hubo violencia en las misiones. Hubo intentos de revuelta por parte de los nativos”, señala Jones, que se apoya en el análisis de los restos óseos, con marcas de golpes y de proyectiles. “Y California tampoco era un paraíso libre de violencia antes de la llegada de los españoles. Los relatos históricos describen enfrentamientos a pequeña escala con violencia entre grupos nativos, a menudo causados por el uso sin autorización de los recursos de otro grupo o por la invasión de sus territorios”, subraya Jones.
Los historiadores pensaron durante décadas que, tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, hubo una pandemia continental que aniquiló a la población indígena, con plagas que incluso habrían llegado a California antes que los propios españoles, pero estudios como el de Codding y Jones muestran más bien un mosaico de epidemias regionales surgidas durante siglos y con diferentes intensidades. La peste en California llegó con los misioneros.

https://elpais.com/ciencia/2021-07-05/un-estudio-detalla-el-catastrofico-efecto-de-las-misiones-cristianas-en-los-nativos-de-america.html

#Cuba, no se rinde..el pueblo defiende la revolucion

domingo, 11 de julio de 2021

Hubo presencia de paramilitares en 27 ciudades durante las protestas en #Colombia


 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia alertó este jueves de la “preocupante” situación debido al aumento de los eventos de conflicto armado durante las protestas de estos pasados meses y aseguró que tiene evidencia de que surgieron “grupos de civiles armados” en al menos 27 ciudades del país.

El último informe de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en Colombia de la JEP resalta el “surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social”.

Así, tienen evidencias del surgimiento de “grupos de civiles armados” en al menos 27 ciudades que realizaron 56 acciones violentas entre el 28 de abril y el 30 de mayo pasados.

Estas acciones van desde amenazas hasta los homicidios registrados en Dosquebradas y Pereira (en el departamento de Risarada, oeste), y en Caicedonia, Tuluá, Cali y Palmira (en Valle del Cauca, suroeste).

Hasta ahora se destacaban sobre todo hechos de civiles armados disparando contra manifestantes en Cali y en Pereira, que dejaron homicidios como los del joven Lucas Villa en esta segunda ciudad, o casos como el de un motociclista armado, trabajador de la Fiscalía, que disparó contra jóvenes en un bloqueo del centro de Cali y después fue linchado hasta la muerte.

AUMENTO DEL 400 %

“Estos ‘grupos de civiles armados’ han reivindicado ideas de autodefensa o paramilitarismo en el sentido en que en los lugares donde cometen los hechos dejan grafitis pintados con siglas alusivas a las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, se lee en el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que también revela que exmiembros de estas milicias han denunciado haber sido contactados para volverse a unir a organizaciones criminales.

Además, “en 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400 % pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en (los cuatro) años anteriores”, asegura el informe.

Es decir, según la JEP, que en esos 32 días aumentaron en 111 “municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz” hechos como “las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”.

En el marco del paro nacional, también se registraron 12 casos de violencia sexual contra manifestantes y uno contra una policía y al menos 16 afectaciones de organizaciones que participan en los procesos del Sistema Integral de Paz, en el que está integrado la JEP.

Por todo ello, la JEP considera que la “situación es alarmante”, ya que ve “probable” que empeore la situación de seguridad de organizaciones y personas que intervienen en el Sistema Integral para la Paz, surgido en el acuerdo con las FARC de 2016 y compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El informe concluye señalando que Colombia ha sido el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (un muerto cada 36 horas) y que el paro nacional de 2021 ya cuenta con las cifras de muertes violentas más altas en los últimos 44 años en el país.

Las manifestaciones en Colombia, que comenzaron el pasado 28 de abril pero que en las últimas semanas han perdido intensidad hasta casi desaparecer, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, en las que 48 se apunta directamente a la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 fallecidos y solo tres por acción de los uniformados.

Fuente: (c) Agencia EFE

jueves, 8 de julio de 2021

#CIDH culmina visita de trabajo a #Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones



Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta las observaciones y recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, las cuales tienen por objetivo contribuir con la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social.


La CIDH destaca que las observaciones y recomendaciones que se presentan adjuntas a este comunicado, están basadas en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos relacionados con el derecho a la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el enfoque étnico-racial, el uso de la

 figura de traslado de protección y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a internet, entre otros.


En tal sentido se presenta un relevamiento del contexto país en el cual se iniciaron las protestas, se enfatiza el llamado al diálogo para superar el conflicto social, así como las investigaciones con debida diligencia, el enfoque integral que permita sancionar a responsables de las violaciones a los derechos humanos identificadas y reparar a las víctimas; la protección a periodistas y las misiones médicas.


Se resalta que el Estado de Colombia y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de participación ciudadana. Esto mediante un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.


Para la elaboración de las observaciones y recomendaciones, la CIDH tuvo en cuenta la información recibida antes, durante y después de la visita por parte del Estado, organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores. Adicionalmente, consideró la información recibida mediante los testimonios recabados durante la visita. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados. La metodología utilizada para la toma de testimonios priorizó el diálogo, la privacidad, seguridad y confianza para las personas entrevistadas.


Cabe destacar además que, en la visita de trabajo, la Comisión sostuvo reuniones con autoridades de las distintas ramas del poder público y órganos de control, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Asimismo, se reunió con diversas víctimas de violaciones de derechos humanos, personas defensoras, colectivos de mujeres, afrodescendientes, indígenas, periodistas, representantes de movimientos sociales, gremios empresariales y agentes de la fuerza pública. Del mismo modo, se reunió con la representante de la Oficina de las Naciones Unidas, y representaciones del cuerpo diplomático.


La Comisión Interamericana manifiesta nuevamente su solidaridad con todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las protestas y sus familias, es necesario rendir un homenaje a quienes perdieron la vida, las mujeres víctimas de violencia sexual, las personas que fueron heridas y víctimas de lesiones oculares, las personas desaparecidas; recalcando la importancia de la justicia y reparación para ellas y ellos será imprescindible en el reconocimiento de la dignidad humana y para avanzar en un proceso de reconciliación social, diálogo y reafirmación del Estado social de derecho.


Asimismo, la Comisión anuncia la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.


La delegación de la visita de trabajo de la CIDH estuvo conformada por su Presidenta, Comisionada Antonia Urrejola, los Comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la Secretaria Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva y de la Relatoría de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, quienes visitaron las ciudades de Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán.


La Comisión reitera su agradecimiento a Colombia por la apertura al escrutinio internacional, los diálogos constructivos mantenidos, el abundante suministro de información y la voluntad de entablar vías de cooperación técnica. Del mismo modo, expresa su gratitud a la confianza brindada por las víctimas de violaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía colombiana en general. También expresa su gratitud a la MAPP-OEA por el apoyo proporcionado durante la realización de la visita.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


martes, 6 de julio de 2021

Atención #Colombia: con gris plomo, la “Gente de Bien” borra murales de las calles de Cali.


 Grupos de extrema derecha ligados al partido de gobierno, Centro Democrático realizaron una jornada págada para borrar las denuncias sobre violación de derechos humanos en el marco de la jornada nacional de protesta ( paro nacional), pintando de gris dichas paredes, lo cual fue rechazado enérgicamente por los diversos grupos sociales que realizaron las puntas y por los ciudadanos, ya que muchas de estas pinturas eran considerada verdaderas obras de arte.




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domingo, 4 de julio de 2021

Lo que Iván duque le crítica al vecino aplicado con más brutalidad en #Colombia


 



Ivan duque se mostraba muy crítico frente al gobierno venezolano, sin embargo sus acciones contra el pueblo colombiano en el marco del paro nacional y las movilizaciones pacificas superó lo que el denunciaba de Nicolás Maduro.


Violaciones, desapariciones forzadas, asesinatos, tratamiento de guerra a protestas de la sociedad civil, ataques a la integridad de manifestantes, afectaciones oculares, etc.


Será que duque tiene autoridad moral para criticar cualquier otro gobierno?



viernes, 2 de julio de 2021

ONG denuncian ante ONU desaparición de cientos de marchantes en #Colombia

 Las organizaciones responsabilizan a la fuerza pública de causar asesinatos, cientos de desapariciones y detenciones arbitrarias en medio del paro.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y miembro del Grupo NGO-LAC en Ginebra, hicieron un llamado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que condene la “brutal represión” de la fuerza pública colombiana a los manifestantes.

La organización, respaldada por más de 150 organizaciones a nivel global, entregará un informe a la ONU en el que denuncia que entre 28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios, 327 personas desaparecidas y cerca de 3200 detenciones arbitrarias

En su informe se señala que el escuadrón móvil antidisturbios (Esmad) es responsable de 27 fallecimientos y que las otras muertes reportadas han sido provocadas por “civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado”.

En el documento también se indica que la sociedad civil que documenta las violaciones de derechos humanos ha sido víctima de “golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación” por parte de la fuerza pública.

La denuncia también resalta que la desaparición forzada se ha vuelto una “práctica” recurrente en la que se llevan personas detenidas a centros irregulares de detención que permanecen incomunicadas hasta 36 horas y que, actualmente, las autoridades niegan estar involucradas en estos hechos

Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en representación del Grupo NGO-LAC, concluye que el gobierno en vez de buscar una solución, ha negado la mayor parte de los abusos “y se ha centrado en deslegitimar a los manifestantes, incluso comparándolos con terroristas. Esto, junto con la militarización de la respuesta y la participación de civiles armados, recuerda las horas más difíciles del conflicto en Colombia”.

Fuente: https://caracol.com.co/radio/2021/06/30/internacional/1625087600_446558.html

jueves, 1 de julio de 2021

#Colombia: Sargento afirma que supuesto atentado a Iván Duque, en helicóptero es una mentira

 



Un Sargento de Infantería colombiano identificado como SV-R.A Malone ha dicho en las redes sociales que el supuesto atentado que se produjo contra el presidente Iván Duque mientras lo transportaban en helicóptero al norte de Santander es una mentira.

“Como sargento de infantería y con mi experiencia como comandante de pelotón, puedo asegurar sin margen de error que con dos fusiles AK-47 como los que presenta este pasquín, a un helicóptero en vuelo no le hacen ni cosquillas y menos si va escoltado. En conclusión, MIENTEN”, aseguró el militar.
El sargento detalló que por las características militares del helicóptero, las armas utilizadas para disparar a esta aeronave no representaban ningún riesgo a la seguridad del presidente.
Otros detalles de la versión del gobierno colombiano que se cuestionan y dejan dudas, es que informó la aparición de dos armas en el lugar del supuesto atentado, presuntamente con insignias y marcas del Ejército de Venezuela (FANB), específicamente un fusil AK-47, pero dicha arma nunca la ha poseído el ejército venezolano, en cambio si utiliza los AK-103, visiblemente distintos. La otra arma que el gobierno de Duque dijo haber encontrado allí es un fusil calibre 7-62 tipo FAL, que tampoco posee ni utiliza el Ejercito venezolano.
Igualmente genera duda, que el helicóptero tiene marcas de disparos en la parte superior del aeronave, siendo esto imposible, ya que el ataque presuntamente ocurrió desde tierra hacia arriba mientras el helicóptero sobrevolaba la zona. Las marcas de disparos debieron estar es en la parte inferior del aeronave.
“Si se esforzaran por hacer más creíble la historieta del atentado al helicóptero, hubieran empleado un arma antiaérea como una ametralladora .50 teniendo en cuenta que si bien el fusil AK-47 es un arma automática no tiene la precisión ni el alcance para causar ese daño”, señaló Malone.
#Colombia #Política heroica
Noticias de Cartagena: @politicaheroicaaa

Homenaje A 8 jóvenes asesinados por el gobierno colombiano

 


Una misión catalana visita Colombia para verificar la situación tras las protestas


Bogotá, 29 jun (EFE).-

Una misión de parlamentarias y organizaciones sociales catalanas visita esta semana Bogotá y Cali para reunirse con autoridades y colectivos de la sociedad civil colombiana con el fin de elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos tras las protestas en el país.

Durante la misión de la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, que comenzó el pasado sábado y se alargará hasta el 3 de julio, las parlamentarias de partidos catalanes de izquierdas se reunirán con organizaciones como el Comité Nacional del Paro (que convocó algunas de las protestas) y organismos como Temblores e Indepaz, que han denunciado los abusos policiales.


“Uno de los objetivos es verificar y hacer un relato ajustado a la realidad, teniendo en cuenta que quienes han estado más afectados han sido las poblaciones afro, indígenas, campesinas, mujeres y LGTBI”, dijo a Efe la diputada del Parlament catalán por En Comú Podem (izquierda) Jessica González, de origen colombiano, tras reunirse con la Comisión de Paz del Senado.

De la visita, durante la cual también se reunirán con autoridades locales de Bogotá y Cali (epicentro de las protestas, en el suroeste del país) y con la Defensoría del Pueblo, saldrá un informe con recomendaciones que presentarán tanto al Parlament, como en el Congreso español y en el Parlamento Europeo, según informó la diputada de Junts per Catalunya Aurora Madalau.

REUNIONES CON SOCIEDAD CIVIL

Las parlamentarias se mostraron especialmente preocupadas por algunos episodios vividos durante las protestas, que comenzaron el 28 de abril, como las denuncias de desapariciones forzadas -hasta el 24 de junio las autoridades seguían buscando a 79 personas- o las escenas de “paramilitarismo urbano” que se vivieron sobre todo en Cali, con civiles armados disparando contra manifestantes.

Así, buscan “poner el foco en las violencias explícitas del Gobierno colombiano, enfocadas sobre todo en las desapariciones forzosas, en las violaciones hacia comunidades y en la persecución a la disidencia política”, aseguró la diputada por la CUP (izquierda independentista) Basha Changue.

Según las últimas cifras de Temblores e Indepaz, hasta el 26 de junio y sobre todo en las primeras semanas, se produjeron 75 asesinatos en el marco del paro nacional, de los cuales 48 atribuyen directamente a la fuerza pública, además de 83 víctimas de violencia ocular y más de 1.800 detenciones arbitrarias.

El Gobierno colombiano, que pide a la comunidad internacional tener cuidado con las cifras, reduce a 25 los muertos en las protestas y asegura que solo tres homicidios tienen “participación de la Policía”.

“El común denominador que nos preocupa a las personas que formamos esta delegación tiene que ver una represión totalmente desproporcionada en términos de cifras, muertos, heridos, lesiones oculares, agresiones sexuales que están totalmente opacos y que no han sido esclarecidos a día de hoy”, aludió la diputada de En Comú Podem.

“Nos preocupa que la única forma que el Gobierno colombiano se manifieste en ciertos territorios tiene que ver con la militarización y no con políticas sociales, que realmente son las que está pidiendo la población”, añadió esta diputada, asegurando que le van a hacer recomendaciones al Gobierno del presidente Iván Duque, con el que no se reunirán durante la visita.

Justamente hoy, en el Congreso de los Diputados español se aprobó, con el rechazo de la derecha, una iniciativa parlamentaria “instando al Gobierno español en 13 puntos muy claros (…) para que el Gobierno de Colombia cumpla el acuerdo de paz”, explicó la diputada de ERC en el Congreso María Carvalho, participante también de la misión.

https://www.google.com/amp/s/www.eldiario.es/internacional/mision-catalana-visita-colombia-verificar-situacion-protestas_1_8088842.amp.html

miércoles, 30 de junio de 2021

La #CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en #Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales

 



 

25 de mayo de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condena las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El Estado colombiano informó que, a la fecha, se han llevado a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.791 personas. Del mismo modo, comunicó que, del total de protestas, 7,801 no han presentado incidentes. Sin embargo, la Comisión resalta que en al menos 1,038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes.

La CIDH expresa su extrema preocupación por la pérdida de vidas en el marco de las protestas. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación,  desde el inicio de las protestas 43 personas han perdido la vida, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica, el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública, así como  de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en  Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego. 

Además, la Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño. 

A su vez, la CIDH expresa su alarma por la denuncia de al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo. Igualmente, condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril.

Por otro lado, según información pública, se conoce la existencia de aproximadamente 979 civiles heridos en el contexto de las protestas, entre ellos por lo menos 33 con traumas oculares, los cuales se concentran mayoritariamente en Bogotá, Neiva, Cali, Yumbo, Medellín, Popayán, Pasto, y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca. De acuerdo a lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom. Asimismo, en Bogotá, en el contexto de las protestas del 22 mayo, según información preliminar, al menos 2 personas manifestantes habrían sido heridas, incluyendo reportes de lesión ocular por proyectil policial.

Según la información enviada por el Estado a la Comisión información que da cuenta de la apertura de 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias por parte de funcionarios de la Policía Nacional, dos de ellas por presuntos actos de violencia sexual.

La Comisión Interamericana rechaza que, durante las protestas, se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social y, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la Minga Indígena. En particular, la CIDH  tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes.

En adición, la CIDH y su RELE han observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación. 

La Comisión Interamericana condena que, en determinadas circunstancias, presuntos grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada, entre otros actos injustificables de vandalismo. Según información suministrada por el Estado, estos hechos darían cuenta de 108 acciones contra infraestructura pública y del gobierno, entre ellas: cámaras afectadas; semáforos destruidos; señales de tránsito; y 1136 vehículos de transporte público afectados. 

En este contexto, la CIDH manifiesta su extrema preocupación por el fallecimiento al menos 2 policías, 966 resultaron lesionados, y que 25 estaciones de policía, una instancia de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una sede de medicina legal han sido atacadas o vandalizadas. Además, tomó conocimiento de la muerte del patrullero Juan Sebastián Briñez , y las lesiones provocadas a por lo menos 2 agentes de policía el 22 de mayo, incluyendo graves quemaduras faciales por una bomba incendiaria que habría sido dirigida contra su unidad. Sobre este punto, la Comisión recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica y que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia.  

El Estado informó a la Comisión Interamericana sobre las múltiples afectaciones que generarían los bloqueos sobre los derechos de las y los colombianos, como la producción y distribución de alimentos, lo cual impacta en particular a niñas y niños en el plan de alimentación escolar. 

Al respecto, la Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas. 

Asimismo, recuerda que toda restricción al derecho de reunión debe estar  prevista en la ley, debe perseguir un objetivo legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. A su vez, la Comisión reitera lo indicado en su informe sobre Protesta y Derechos Humanos, en el sentido de que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica. 

En su Informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza. 

Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extienda en el tiempo y escale a punto de comprometer la garantía de otros derechos como el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, y a su vez atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión destaca la importancia de que las personas manifestantes permitan la circulación de insumos y provisiones esenciales. 

En este sentido, la Comisión condena categóricamente que en el contexto de las protestas se hayan presentado decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas, dificultando el traslado de pacientes. En particular, la CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada oportunamente el 23 de mayo en la ciudad de Buenaventura. En ese sentido, la Comisión llama al Estado a concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados. Particularmente, en el para la situación de Colombia hoy, el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como  el aprovisionamiento y despliegue de  a personal e insumos médicos

Frente a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, la CIDH condena el alto número de fallecidos y heridos, al tiempo que reitera la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, insta a las autoridades a investigar con debida diligencia todos los casos, a identificar y sancionar a los responsables, así como a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. En los casos de violencia sexual, la investigación deberá llevarse a cabo con debida diligencia reforzada y garantizando el enfoque de género. 

La Comisión Interamericana reitera que, siempre que haya se sospecha de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación automáticamente, sin dilación, de forma seria, imparcial y efectiva y orientada a la determinación de la verdad, ello debe incluir la conformación de unidades o comisiones especializadas que cuente con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos a la localización e identificación de las víctimas desaparecidas.

Asimismo, la Comisión recuerda que las y los periodistas cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en protestas sociales, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.

La Comisión observa que muchas de las demandas de las protestas sociales guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, con especial afectación en las personas pertenecientes a los grupos étnico-raciales. En ese sentido, reafirma que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio libre y el respeto pleno de los derechos humanos. La CIDH recuerda y hace un llamado a atender las causas de las protestas sociales y a respetar los derechos humanos de las personas manifestantes, e insta a que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas diligentemente y juzgadas por la jurisdicción ordinaria, según los estándares internacionales.

Por último, la CIDH reitera la importancia de  realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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