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jueves, 8 de marzo de 2012

TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA, NOTA + VIDEOS (QUE EL GOBIERNO COLOMBIANO NO QUIERE QUE VEAMOS!)..CASO EL QUIMBO, DESALOJO VIOLENTO






Represión y desalojo violento a movilizados contra El Quimbo en Colombia

Razones de fuerza
Descargar: MP3 (1.3 MB) 
El proyecto hidroeléctrico El Quimbo en el río Magdalena sigue adelante a pesar de no contar con las correspondientes autorizaciones a lo que se sumó este martes una feroz represión contra los movilizados que venían resistiendo su implementación.
El rechazo a la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo por parte de la trasnacional ENEL-ENDESA se había extendido no solamente a las comunidades que resultarán afectadas y desplazadas de las zonas inundables sino que se transformó virtualmente en un reclamo de un amplio espectro político y social del departamento del Huila, donde se han desarrollado extensos paros en las últimas semanas.
Desde la zona que en la mañana fuera desalojada por las fuerzas de seguridad en el puente Colegio sobre el Magdalena, el integrante de CENSAT - Agua Viva (Amigos de la Tierra Colombia) y corresponsal deRadio Mundo Real Danilo Urrea reportó sobre la situación de extremo peligro y vulnerabilidad. Señaló que en el desalojo violento de parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) resultó un manifestante, Carlos Trujillo, con una herida de gravedad en su vista y tanto campesinos como pescadores artesanales fueron violentamente retirados de la zona donde mantenían un bloqueo.
Por su parte la integrante de ASOQUIMBO (Asociación de afectados por la hidroeléctrica El Quimbo), Yennifer Chavarro, dijo a Radio Mundo Real que el único objetivo de la represión fue darle libre movilidad tanto en tierra como en el río a la empresa para continuar con sus obras. Yennifer Chavarro dijo que la organización interpuso un recurso de tutela dada la violación al debido proceso por parte de las autoridades y de la propia empresa.
“En el día de hoy las fuerzas del ESMAD actuaron contra la población sin ningún tipo de sustento jurídico, únicamente por orden de la autoridad municipal” a pesar de que el conflicto por El Quimbo había alcanzado un carácter nacional y aún de todo el departamento del Huila, señala Chavarro.
Asimismo se plantearán acciones legales de tutela hacia los pobladores de la zona dado que con el avance de las obras las mismas “quedarán en un estado de total pobreza frente al cual no tendrán cómo responder para tener condiciones de vida mínimamente dignas”, dijo Chavarro en enlace telefónico.
El pasado 18 de enero, y tras la presencia de los representantes de las organizaciones sociales en Bogotá, quienes resistían a la construcción de la represa por un consorcio propiedad de las multinacionales ENEL-ENDESA y al otorgamiento de concesiones petroleras en la zona resolvieron dar movilidad en la zona al manifestarse satisfechos con los acuerdos alcanzados. Sin embargo permanecieron acampados en la zona como forma de salvaguardar el compromiso que fuera, en esta jornada, violentamente quebrado.
En audio adjunto puede escucharse el testimonio de Yennifer Chavarro desde el departamento colombiano del Huila.
Fuente: Radio mundo real,  14 de febrero de 2012
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Emgesa con licencia para expropiar
La empresa Emgesa quedó autorizada para expropiar por vía administrativa, 23.125 hectáreas adicionales, para facilitar el programa de reasentamiento en la zona de influencia de El Quimbo. Sin embargo, deberá someterse a un procedimiento legal, en caso de fracasar las negociaciones directas. 
La medida fue avalada el 19 de mayo de 2011 por la Coordinadora del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y por la Subgerencia de Promoción y Seguimiento y Asuntos Étnicos del Incoder, certificando que no requieren consulta previa.
Revuelo
La medida, generó natural revuelo, estimando que agudizará el conflicto con los pequeños propietarios del área impactada por el megaproyecto.
El área, objeto de expropiación no está claramente estipulada.
Sin embargo, la resolución señala que se adelantará según los planos y las coordenadas aportadas por Emgesa pero desconocidas para las autoridades regionales y los propietarios de predios.
En este caso se afectarán predios  en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, El Pital, Paicol y Altamira.
El representante a la Cámara Carlos Augusto Rojas, requirió ayer al Ministerio de Minas para que explique los alcances de la decisión. “Me parece que es un asalto a la fe de los huilenses, un atraco a la soberanía nacional al entregarle a una multinacional una porción del territorio y facultarla para que de manera directa, expropie vía administrativa los terrenos”, afirmó.
La medida era analizada ayer por los demás congresistas, estimando que debe haber claridad frente a los procesos de negociación de predios, así como la ocupación y definición de las servidumbres.
Expropiación
La expropiación, tal como lo dispuso el Gobierno Nacional,  procederá siempre y cuando los titulares de los bienes o derechos cuya ubicación y linderos se encuentren incluidos dentro de las coordenadas que conforman el área fijada, se nieguen a enajenarlos o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.
Aunque la ley faculta, a las empresas privadas, propietarias de obras como El Quimbo, para decretar la expropiación, la multinacional tiene que someterse a un procedimiento legal.
Emgesa quedará sujeta a la intervención de las autoridades civiles y jurisdiccionales  competentes en el desarrollo de las facultades conferidas en materia de uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles, constitución de servidumbres o declaratoria de expropiación.
La ley contempla además que la expropiación a que haya lugar, es procedente de fracasar la vía de la negociación directa con los propietarios o poseedores.
Primera opción
La empresa Emgesa tendrá la primera opción de compra de todos los inmuebles comprendidos en la zona.
Una vez ejecutoriada la mencionada resolución se fijará copia de ella junto con la lista que contenga el censo de las propiedades afectadas en las notarías, oficinas de registro de instrumentos públicos, alcaldías e inspecciones de policía de los municipios y corregimientos involucrados.  
Avalúo
Para determinar los valores que se han de pagar a los propietarios de los predios y de las mejoras, que se requieran para el desarrollo del  proyecto, se hará con una comisión compuesta por un representante de la empresa, otro designado por los propietarios de los predios afectados por el mismo, cuya remuneración será sufragada por el Ministerio de Minas y un representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Los tres representantes con experiencia comprobada en avalúos de bienes inmuebles y ser profesionales titulados, serán los mismos.
Funciones
La comisión trabajará sobre un manual con los valores unitarios que sirvan de base para liquidar los inventarios de los bienes que habrán de afectarse con la obra. Adicionalmente, determinará el avalúo comercial de los predios, dirimir los conflictos que se presenten en la determinación de inventarios y las áreas. El manual deberá ser aprobado por el Ministerio de Minas y Energía.
En alerta
La medida se conoce en momentos en que está en marcha un proceso de desalojo de algunos campesinos asentados en la vereda Domingo Arias, al quedar en firme un proceso administrativo adelantado por la Alcaldía de El Agrado. El acto administrativo también colocó en alerta a los alcaldes de la zona.
La gobernadora Cielo González Villa adelantaba ayer conversaciones con el ministro de Medio Ambiente Frank Pearl para reanudar las mesas de concertación y constituir un comité de seguimiento. “Estamos pendientes de concretar una visita del Ministro para retomar el tema. En principio, consideramos que debe hacerse un seguimiento al proyecto y garantizar que se cumplan las compensaciones”, explicó la mandataria seccional.
El secretario de Gobierno, Julio César Triana, indicó que espera conocer la medida para pronunciarse. La misma posición asumió el director de la CAM, Rey Ariel Borbón, estimando que la decisión es competencia del Ministerio de Minas.
Por su parte, la empresa Emgesa, se abstuvo de precisar los alcances de la decisión, así como los procedimientos que deberán surtirse para la negociación de los predios que serán intervenidos.
‘Expropiación si no hay negociación’
El gerente de Emgesa Lucio Rubio explicó a LA NACIÓN los alcances de la medida.
-¿Cuáles hectáreas se afectarán?
Las hectáreas están distribuidas en los municipios de El Agrado, Garzón, Gigante, El Pital, Tarqui, Altamira y Paicol en donde se identifican zonas de reasentamiento, riego, explotación de material requerido para infraestructura, potencial forestal, entre otras, requeridos por el proyecto.
-¿Cuál será el procedimiento?
Esta resolución es una ampliación de la Resolución 321 del primero de septiembre de 2008, por lo que el procedimiento de expropiación es el mismo siguiendo los lineamientos de la Ley 56 de 1981. Solo se realizará el procedimiento de expropiación si no existe enajenación voluntaria por parte del propietario.
-¿Qué criterios se tendrán en cuenta?
Se utilizará el mismo manual de valores unitarios, la misma comisión tripartita ya que es una ampliación de la Resolución 321.  Es importante recordar que las declaratorias de utilidad pública permiten a los propietarios no pagar la ganancia ocasional por la venta voluntaria de sus predios.
-¿Como se hará la valoración?
Teniendo en cuenta el Manual de Valores Unitarios que fue aprobado por el Ministerio de Minas y Energía según Resolución 180480 el 23 de marzo de 2010.
-¿Y el manejo de servidumbres?
Se realizarán de acuerdo con la Ley 56 de 1981.
-¿Emgesa podrá expropiar unilateralmente?
Emgesa seguirá el procedimiento establecido en la ley 56 de 1981 y en la Resolución 003 del 20 de enero de 2012 donde se indica que solamente se expropiará cuando no exista enajenación voluntaria por parte del propietario.
Plan de reasentamiento
El programa de reasentamiento, consignado en la licencia ambiental, está orientado a mitigar los efectos sociales y económicos generados por la construcción de la obra.
Igualmente contempla compensaciones para la restitución de las actividades productivas de la población
En noviembre pasado la Dirección Nacional de Licencias Ambientales levantó las medidas preventivas impuestas a la multinacional, permitiendo reanudar la negociación de predios y la ejecución del programa de reasentamiento en la zona de influencia.
Emgesa podrá expropiar los predios, si fracasan las negociaciones voluntarias con los propietarios, como ocurrió en algunos asentamientos.
Lucio Rubio, gerente Emgesa.
Fuente: La Nacion.com.co , 14 de febrero de 2012 a las 12:12 am
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Comienza desalojo en El Quimbo
LA NACIÓN, Gigante
Unidades de la Policía iniciaron el desalojo de numerosos campesinos y pescadores, asentados desde hace varios días, en el sector de Domingo Arías, en jurisdicción de Paicol, área d influencia del complejo hidroeléctrico de El Quimbo.
La acción judicial fue ordenada la semana pasada por el alcalde de la localidad, Norberto Palomino Ríos. Los campesinos se niegan a abandonar el predio, lo que obligó a utilizar gases lacrimógenos.
 
Unidades del Escuadrón Antidisturbios desarrollan el operativo, apoyado por unidades del Ejército. Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Defensoría del Pueblo se encuentran en el sitio.
“Hay varias personas heridas, a mi me golpearon, también a mi hija” relató Oscar Ivan Zúñiga, uno de los pescadores que se resiste a abandonar el sitio.
Los labriegos exigen garantías a la empresa Emgesa para que sean incorporados en el plan de reasentamiento, previsto en la licencia ambiental, así como el cumplimiento de las compesaciones.
Asoquimbo, una organización social, lidera la propuesta y se opone a la construcción de la represa.

 
 
Fuente: La Nacion.com.co , 14 de febrero de 2012 a las 10:17 am
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Terminó desalojo en El Quimbo

LA NACIÓN, Gigante
Los campesinos y pescadores que protestaban contra la construcción de la represa El Quimbo,  en el sector de Domingo Arias  fueron desalojados y a esta hora regresan  a sus lugares de origen. Unidades del Escuadrón Antimotines tuvieron que usar gases lacrimógenos. Tres personas resultaron levemente heridas.
Los cambuches, ubicados en la margen izquierda del río Magdalena en el municipio de Paicol, fueron desmontados.
La acción judicial fue ordenada la semana pasada por el alcalde de la localidad, Norberto Palomino Ríos, en cumplimiento de una querella para facilitar la construcción de la represa.
El general José Vicente Segura, comandante de la Regional Dos de Policía, indicó que la situación está totalmente controlada.
Los labriegos exigen garantías a la empresa Emgesa para que sean incorporados en el plan de reasentamiento, previsto en la licencia ambiental, así como el cumplimiento de las compesaciones.
Asoquimbo, una organización social, lidera la propuesta y se opone a la construcción de la represa.
Fuente: La Nacion.com.co , 14 de febrero de 2012 a las 11:32 am

Lea en La Pluma :


Especial Colombia :Hidroeléctrica El Quimbo: Detener la mano destructora de la transnacional Endesa en Colombia

El Quimbo: ¡Él vídeo que el gobierno colombiano no quiere que Veamos, (vídeo)

Crisis humanitaria causada por las transnacionales Endesa Emgesa y Emerald Energy y audiciencia pública ambiental

Esmad desaloja protesta contra el desvío del río en El Quimbo

Colombia y conflicto Emgesa (Endesa): En encuentro por la defensa del territorio señalaron “No dejaremos desviar el río Magdalena”

Problemas arqueologicos, viales y ambientales generan paro en el Huila 

En inglés
Videos (espagnol)
Audios (espagnol)





El Quimbo, cúmulo de aberraciones institucionales
Aurelio Suárez Montoya, Bogotá 06 de marzo de 2012

En Colombia se cuenta con las instituciones para forzar la ley y construir una hidroeléctrica. Es lo que pasa en El Quimbo, central que construye Emgesa en el Alto Magdalena y que afecta siete municipios huilenses. El proyecto cuesta cerca de 900 millones de dólares para generar 400 megavatios, apenas 3% adicional al sistema nacional, que tiene capacidad de 14.420, con un área de embalse de 8.557 hectáreas.

La Empresa de Energía de Bogotá (EEB), según reportes de acceso público, tiene el 51% de Emgesa y el resto es del grupo italo-español, Endesa. A su vez, la mayoría accionaria de la EEB la mantiene el Distrito Capital. Por lo prescrito en el acuerdo del Concejo de Bogotá, que transformó las empresas de energía, la gestión recae en la multinacional europea.

La opinión está asombrada con las irregularidades institucionales para imponer, a como de lugar, este macro proyecto. El Ministerio de Ambiente, aunque sea de su arbitrio citarla o no, se eximió de efectuar la Audiencia Ambiental donde la comunidad presentara objeciones a la licencia ambiental otorgada aún contra la opinión de la Contraloría y la Procuraduría ambiental. Inexplicablemente, para el mayor desvío del Río Magdalena no se escuchó a la ciudadanía.

El presidente Santos, por su parte, declaró de utilidad pública 35 mil hectáreas adicionales facultando así a Emgesa para expropiar tierras cuando los propietarios se nieguen a transarlas al valor impuesto. En ese caso, y en el de áreas de compensación, no reconoce valores comerciales y tales reparaciones, que para la agricultura deberían hacerse por el tamaño de una UAF (aquí equivalía a 50 hectáreas), se hacen en parcelas de cinco. Los pescadores del sitio y los de aguas abajo antes que recibir garantías para laborar en condiciones iguales o superiores, según se ordena constitucionalmente, han sido reprimidos como se ve en el famoso video que registra miles de reproducciones.

La energía que producirá El Quimbo no será exclusivamente para el mercado interno sino que se proyecta a los externos, exportando de esa forma el agua. El Quimbo, además de ser zona franca y gozar de contrato de estabilidad jurídica, conlleva ganancia adicional y segura, conocida como cargo por confiabilidad, incentivo que significa hasta el 60% del valor bursátil de la energía, es negocio de “burro amarrado”. Basta agregar que tanta arbitrariedad contra miles de humildes familias rurales, reforzada por la acción abusiva de la fuerza pública, como es costumbre desde las épocas de la United Fruit Company, a favor del más fuerte, tiene una ventaja adicional: el presidente de la Junta Directiva de Emgesa, José Antonio Vargas Lleras, es hermano del ministro del Interior. Así cualquier atropello corre para privatizar los ríos.


miércoles, 7 de marzo de 2012

8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,POEMA LA MUJER CAIDA



LA MUJER CAÍDA

Víctor Hugo




¡Nunca insultéis a la mujer caída!
Nadie sabe qué peso la agobió,
ni cuántas luchas soportó en la vida,
¡hasta que al fin cayó!

¿Quién no ha visto mujeres sin aliento
asirse con afán a la virtud,
y resistir del vicio el duro viento
con serena actitud?

Gota de agua pendiente de una rama
que el viento agita y hace estremecer;
¡perla que el cáliz de la flor derrama,
y que es lodo al caer!

Pero aún puede la gota peregrina
su perdida pureza recobrar,
y resurgir del polvo, cristalina,
y ante la luz brillar.

Dejad amar a la mujer caída,
dejad al polvo su vital calor,
porque todo recobra nueva vida
con la luz y el amor.





FOTO: egiptoforo.com

martes, 6 de marzo de 2012

6 de marzo..."Marchamos para que haya una verdadera restitución de tierras" + video de cali


Momento de la marcha promovida por Movice este martes en Bogotá.

MANIFESTACIÓN
Centenares de personas marcharon en diez ciudades del país exigiendo "una verdadera restitución". Los manifestantes piden protección para los líderes que luchan por las víctimas al mismo tiempo que aseguran que el Gobierno no podrá restituir todas las tierras que prometió.
Martes 6 Marzo 2012

Frente a la Torre Colpatria en Bogotá, y con motivo del día internacional de las víctimas de crímenes de Estado, cientos de personas se reunieron este martes para pedirle al gobierno una mayor protección a los colombianos que luchan por la restitución de tierras y que continúan siendo víctimas de amenazas y de ataques.

"Esta manifestación tiene como objetivo denunciar que el despojo en Colombia continúa y que también involucra a algunos actores del Estado. Igualmente pedimos que pare el desplazamiento forzado y que se proteja a las víctimas", explica Franklin Castañeda vocero nacional del Movice, Movimiento Nacional de Víctimas de Estado.

Castañeda asegura que hace falta una política clara por parte del Gobierno y un compromiso con los que luchan por su restitución. "En el periodo de Juan Manuel Santos van 59 personas asesinadas, la mayor parte de ellas integradas a los procesos que exigen la restitución", dice el vocero.

La ausencia de garantías para quienes reclaman y luchan por la restitución fue uno de los principales gritos de protesta. "Las agresiones, las amenazas o el robo de la información es el pan de cada día de esta gente", reclama uno de los manifestantes.

Bajo banderas y pancartas, o sosteniendo tambores, varias organizaciones campesinas, indígenas y grupos afro descendientes advirtieron sobre la inseguridad que hay en las distintas regiones del país. Uno de estos grupos, El Congreso de los Pueblos, alertó sobre la "conformación de ejércitos antirestitución de tierras que están amenazando a la población que se atreve a participar en el proceso de restitución o quienes se atreven a denunciar estas irregularidades", dice uno de sus miembros.

En ese mismo sentido, la Coordinadora Nacional de Desplazados, CND, mostró su postura crítica frente al proceso de restitución y denunció que el proceso "es insuficiente y no le garantiza a las víctimas del desplazamiento forzado y del despojo una verdadera restitución de sus bienes y de sus tierras. El gobierno debe entender que titulación no es igual que restitución", asegura uno de sus integrantes.

"La actitud de Santos fue vergonzosa"

Horas previas a la organización, el Presidente Juan Manuel Santos escribió unas palabras que despertaron el malestar de los líderes de la manifestación. Desde su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que la "población debe estar preparada y no permitir que la protesta social sea infiltrada por la guerrilla y desencadene en actos violentos".

Conocidas sus declaraciones, varios de los líderes de la marcha, como el senador del Polo Democrático Jorge Robledo le respondieron airadamente. "Es muy grave que a la hora de hacer esta marcha, el presidente salga a insinuar que estas son movilizaciones que están organizadas por personas que están al margen de la ley", explicó Robledo durante la manifestación.

El senador le pidió a Santos una explicación por sus palabras y dijo que "¿Cómo es posible que el presidente diga eso cuando se trata de gente reconocida en todas partes? Un presidente demócrata lo que debe decir es que todos los cuerpos de seguridad del estado están al servicio de estas movilizaciones. La actitud de Santos fue vergonzosa", esgrimió Robledo.

Por su parte, el representante a la Cámara Iván Cepeda, quién estuvo liderando la marcha en Montería dijo que la declaraciones de Santos "a lo único que conducen es a estigmatizar el legítimo derecho a la movilización social, que en el caso de las marchas del 6 de marzo, son producto de la inconformidad de las víctimas con el trato brindado por el Gobierno en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras".

La meta del Gobierno en entredicho

Frente a la gestión de la restitución que adelanta el presidente Santos, el congresista dijo que la marcha es para exigir que haya una verdadera restitución de tierras, porque lo que se ha hecho hasta ahora va mal pues el gobierno no ha sido capaz de garantizar que cese la violencia contra quienes están en las regiones y está ofreciendo una cifras que "son de una mediocridad inaudita".
Robledo explica que el gobierno ha presentado las siguientes cifras: 699 hectáreas entregadas en el 2011 por vía administrativa. Durante el 2012 se ofreció hacer 2.100 restituciones y 8.400 restituciones en el 2013. Esta suma da un total de 11.200 hectáreas restituidas.

"Con esas cifras es imposible llegar a la meta que se comprometieron de haber restituido hasta el 7 de agosto del 2014, 160.000 hectáreas de tierra. Y se estaría tratando de una meta mediocre. Ahora el gobierno dice que no se comprometió con eso pero evidentemente si lo hizo y hay pruebas. Pero ahora busca lavarse las manos porque no lo va a poder cumplir", reclamó el senador.

La hacienda Bellacruz presente

En la manifestación también estaban representadas las 65 familias que reclaman la restitución de las tierras de los predios de una parcela en la Bellacruz, una antigua hacienda ubicada en el municipio de La Gloria, en el sur del Cesar, que en 1996 fue centro de polémica nacional porque de allí fueron desplazadas más de 300 familias por paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado Becerra a cargo de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’.

Según este líder, las familias están siendo víctimas de amenazas de 'ejércitos anti restitución' quienes aseguran que aquellos que reciban los títulos serán masacrados

La plazoleta de San Francisco de la ciudad de Santiago de Cali hoy
 se vistió de galerías de la memoria, música, representantes de
 diferentes organizaciones sociales y políticas de Cali y el Valle,
 estudiantes, afrodescendientes, hombres y mujeres que realzaron su 
voz para reclamarle al Estado reparación, justicia y restitución real 
e integral de tierras. - - - 

foto via  twitter

lunes, 5 de marzo de 2012

Carta del MOVICE al presidente Juan Manuel Santos previa movilización del 6 de marzo




http://movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207:carta-del-movice-al-presidente-juan-manuel-santos-previa-movilizacion-del-6-de-marzo&catid=50:6-de-marzo&Itemid=554

6 de marzo Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, por restitución integral de tierras, marchas: Montería, Villavicencio y Bogotá

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Ciudad

Señor Presidente:

Reciba un cordial y respetuoso saludo del Movimiento de Víctimas de crímenes de estado. El MOVICE, está conformado por 22 capítulos regionales, 4 capítulos internacionales (México, Argentina, España y Bélgica) y 24 organizaciones de derechos humanos  que conforman su Comité de Impulso Nacional.

El   MOVICE ha definido el 6 de marzo como el día  mundial de las víctimas de crímenes de estado de Colombia. Para este 6 de marzo tiene programada una movilización nacional que tiene como epicentros las ciudades de Montería, y Villavicencio. Igualmente se realizaran plantones, mítines y galerías de la memoria en diversas ciudades del país.  (Ver anexo – Programación)

Los motivos  de esta movilización se centran en los siguientes aspectos:

Desde su posesión Ud., ha expresado  que ejecutará una política de tierras y desarrollo fundada en tres ejes: 1. La restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado 2.  La formalización de la propiedad rural  y  3.  El desarrollo rural.  En este contexto  su Gobierno ha promovido varias movilizaciones con las víctimas del despojo defendiendo su compromiso de lo que llamado la “revolución agraria”.

Para el MOVICE  la restitución de tierras y los bienes que han sido expropiados a través de la intimidación y la violencia, así como los conflictos derivados de la concentración de la  propiedad de la tierra es uno de los factores estructurales para explicar el origen de la violencia política y en consecuencia la reparación integral  a las víctimas del despojo y el abandono,  se constituye en una obligación y deber del Estado Colombiano.

El proceso de restitución de tierras enfrenta múltiples dificultades de orden político, factico, normativo e institucional, que de no ser superados no solo impedirán la devolución de las tierras a las víctimas, sino que profundizará la violencia y revictimización  de quienes solicitan al Estado la garantía  y respeto de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición.  Entre los principales obstáculos destacamos las siguientes:

1.  FALTA DE GARANTÍAS Y PROTECCIÓN A LOS RECLAMANTES DE TIERRAS:

El asesinato de líderes de organizaciones reclamantes de tierras es una de las modalidades para obstaculizar la restitución en Colombia. Desde el 2005 se han registrado más de 66 casos  y el 40%, es decir, por lo menos 26 víctimas  fueron  asesinadas   entre el  2010 y 2011. Casi la  mitad  de estas víctimas se presentaron en la Costa Caribe . (Ver anexo).

En la audiencia de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Atención al Desplazamiento, convocada por la Corte Constitucional en  la última semana de enero de 2012, La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, informó que desde el 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplazados, y que de cada doscientas denuncias de hostigamiento o amenaza se investiga una .

A pesar de la asignación a nuevas instancias gubernamentales para asumir la concreción de medidas que preserven la integridad física de líderes y lideresas reclamantes de tierras y de colectivos étnicos, afrodescendientes e indígenas, estos no han sido eficaces. Un ejemplo de esta situación es el grave riesgo y amenaza de 37 líderes y lideresas de Curbaradó y Jiguamiandó, que no han recibido respuestas concretas a sus demandas  de protección.

Las amenazas se han incrementado en este 2012 de forma alarmante,  entre los casos que destacamos se encuentran los siguientes:

El  15 de febrero del 2012,  la Corporación Arco Iris denunció la conformación de un grupo anti - restitución  en varias zonas del país. La financiación de este grupo estarían en cabeza de ganaderos de Córdoba, Guajira y Cesar y entrarían a operar a partir del mes de marzo inicialmente en estos Departamentos, incluyendo el Magdalena

    El 25 de enero del 2012 el líder FREDY  ANTONIO RODRIGUEZ CORRALES, representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte “ASOCOL” de Familias Desplazadas del Municipio de Piedecuesta, quién lidera  el proceso de restitución de tierras de la antigua hacienda Bellacruz, ha sido objeto de múltiples seguimientos y recibió un sufragio firmado por el grupo Anti- restitución. Este sufragio fue recibido pocas horas después de que se informara sobre el proceso que adelanta el INCODER de recuperación de 1.500 hectáreas de tierra de propiedad de la nación ubicadas en la Hacienda Bellacruz  en el departamento del Cesar.

    El 11 de febrero de 2012 el Sr. WILSON SEGUANES, recibió en su casa un sufragio, que en la portada llevaba una cruz y por dentro contenía el Salmo 23. El Sr. Wilson Seguanes es líder comunitario de la vereda las Brisas y representante legal de la Asociación ASOPROBI, quienes exigen la materialización y cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2011, dentro de la que se encuentra la obligación de reparar a las víctimas, y de manera particular la restitución de sus tierras 

    El 21 de febrero se recibió una amenaza vía email  contra el MOVICE  capitulo   Nariño, Fundepaz, CPDH  y otras organizaciones,  firmado por el Grupo anti restitución de Nariño – Gar. En la amenaza  se señala ..." no entregaremos ni un milímetro de tierra, territorio o bienes para  sufragar las restituciones ilegales impuestas por la presión internacional"  ... "no nos temblara la mano en  ajusticiar como ya lo hemos hecho en otras oportunidades a  todos aquellos que se atrevan a promover actividades con contenido ideológico y político enfocadas en temas de restitución  de tierras y derechos de las supuestas  víctimas"

    Entre el 22 y  el 24 de febrero  se sustrajeron de la vivienda  de la Secretaría Técnica del  capítulo MOVICE de Norte de Santander  Nubia Mendoza, el equipo de cómputo, memoria extraíble y  el directorio impreso del MOVICE  del capítulo Santander.

    El lunes  27 de febrero se recibió vía servientrega  en la oficina del Colectivo de Abogados “JAR”, organización que hace parte del Comité de impulso del MOVICE , un escrito suscrito por  “los rastrojos – comandos urbanos”,  en que se profieren amenazas contra esta organización, el MOVICE, el Comité de solidaridad con presos políticos (CSPP) y otras organizaciones y personas  y  se señala: “(…)que a través de “el largo trabajo de inteligencia , seguimientos en infiltraciones  a organizaciones etc.  "nos permitió comprobar sus relaciones con grupos guerrilleros y acciones que van en detrimento de las regiones impidiendo  el progreso de estas a través de la industria, toda vez que difunden  su discurso de extrema izquierda indisponiendo a los moradores de nuestras regiones.(…)”

    El 27 de febrero, hacia las 10:00 a.m. OLIVER BLANCO, entre Bella Flor Remacho -Jiguamiandó- y Santa Rosa de El Limón -Vigía de Curbaradó, fue objeto de hostigamientos y amenazado por parte de efectivos de  la brigada 17, luego de participar en actos de memoria del despojo. OLIVER, integrante de los

consejos de comunidades negras,  reclamante de tierras ante la ocupación de predios colectivos por paramilitares para siembras de coca e instalación de laboratorios de cocaína  participó juntos con 200 personas más, entre ellas, ciudadanos de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea, en actos de las víctimas de la operaciones militares “Génesis” y “Septiembre negro” dirigidas por el general Rito Alejo del Río, entre el  10 y 15 de febrero de éste año, y en el que constataron el uso del territorio colectivo que pretende ser restituido por paramilitares.

    El 28 de febrero se recibió  vía internet y en físico en varias localidades de Bogotá, una amenaza suscrita por “águilas negras - bloque capital” contra  el MOVICE y varias organizaciones de mujeres entre ellas Sisma Mujer, Casa de la Mujer, y otras organizaciones de derechos humanos como Codhes, Acnur, Corporación Nuevo Arco Iris, Ruta Pacífica de las Mujeres, Pnud, Afrodes,  Juntos por la Vida y Marcha Indígena. La amenaza también  se señala con nombres propios a Piedad Córdoba, Amparo Sánchez, María Eugenia Urrutia, Johanna Saenz, Angélica Bello, Rubí Castaño, Nini Johanna González, María Eugenia Cruz, Claudia Mejía, Pilar Rueda, Ana Jimena Bautista y Olga Osana , quienes aparecen mencionadas como objetivo de las Aguilas Negras.

En la amenaza se sentencia a muerte a las “(…) perras guerrilleras de las Farc las cuales se oponen  a las políticas  de nuestro Gobierno, y que hacen lavado  de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por lideres defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de recuperación de tierras  por que todo el que haga esta gestión  va a ser asesinado por nosotros por mas protegidas que estén  les damos 30 días para abandonar la ciudad  y a lo que colaboran  con esta partida de perras guerrilleras”

Las amenazas no son nuevas, sino que hacen parte de una política sistemática y  generalizada contra víctimas y sus organizaciones. Solamente en el 2011, el MOVICE fue objeto de  85 agresiones de las cuales 31 ocurrieron en Sucre, 3 en el Sur de Bolívar y Sur de Cesar, 3 en el Magdalena Medio y 6 en el Atlántico. En total se recibieron amenazas y actos de revictimización en 18 de los 20 departamentos del país.

Para el MOVICE las garantías para los despojados de sus tierras y el retorno con dignidad,  son requerimientos  fundamentales  dentro del proceso de restitución de tierras.


2. MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PARAMILITARES

Según el VII  Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011  publicado recientemente por INDEPAZ  se señala que el panorama Post desmovilización evidencia la presencia 40 estructuras paramilitares en el país, que se vieron en la disputa por la retoma de los poderes locales y regionales.

En el 2011 la presencia de estructuras narcoparamilitares, se presenta en 31 departamentos y 406 municipios, el único departamento en el que no se identificó presencia fue en el Amazonas y se detecta un aumento de 46 municipios respecto al año 2010.

Los departamentos más afectados son: CESAR con presencia en 23 de sus 25 municipios,  CÓRDOBA en 24 de sus 28 municipios,  BOLÍVAR en 34 de sus 45 municipios, META en 20 de sus 29 municipios y SUCRE con presencia paramilitar en 17 de sus 26 municipios.

Las zonas como Montes de María, La Guajira, Bajo Cauca antioqueño, Urabá, el bajo Atrato,  el litoral pacífico, el Catatumbo y los Llanos Orientales, muestran la mayor concentración de las acciones de estos grupos.

Por su parte, la Corporación Arco Iris  ha denunciado que, “Córdoba es uno los departamentos que más ha padecido la presencia de las diferentes “bandas”. A noviembre de 2011 registró 500 homicidios y 2.479 desplazamientos individuales en el primer semestre del año 2011

Igualmente en el informe  de Indepaz se señala que:

“De los 54 municipios escogidos en el 2011 como integrantes de ocho zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), se registro amplia actividad en 40 de ellos por parte de narcoparamilitares, tres más que los registros del primer semestre de 2011.

La zona de Montes de María ha sido evaluada por el gobierno como el modelo de avance en la consolidación territorial. Allí, en los cuatro municipios escogidos, el gobierno ha manifestado que se ha dado la transición de ser territorios “rojos”, por la falta de control estatal, a territorios verdes, seguros para la inversión legal y el desarrollo rural.

Sin embargo, Indepaz registra eventos de Rastrojos, Urabeños y Paisas en ellos. Esto significa que, aunque se trata de situaciones puntuales, no escapan a la movilidad de los

grupos narcoparamilitares incrementada en toda la región Caribe. Situación similar se presenta en los municipios del PNCT se observa en el sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Arauca, Caguán, Nariño y Putumayo”

La alarmante  presencia de las estructuras paramilitares en prácticamente todas las regiones del país, evidencia la reingeniería y reestructuración del paramilitarismo como consecuencia de un fallido proceso de desmovilización,  que evidencia la crisis del modelo de reconciliación, y  constituye uno de los principales factores de riesgo contra quienes se atreven a reclamar su derecho a la restitución y retorno a las tierras y territorios.

4. OBSTÁCULOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

El MOVICE ha reiterado en diferentes oportunidades que varias de las disposiciones contenidas  en la ley 1448 del 10 de junio del 2011, se constituyen en barreras para la reparación integral de las víctimas y reclamantes de tierras.

Por esta razón recientemente el MOVICE y varias organizaciones sociales y de derechos humanos presentamos ante la Corte Constitucional demanda de inconstitucionalidad para que esta instancia ajuste dicha normatividad  a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.  

Entre  los principales obstáculos relacionados con la  restitución tierras  se encuentran los siguientes:

    La ausencia de la restitución patrimonial,  de bienes muebles,  enseres, animales cultivos, producción etc., los cuales no serán reparados con esta ley.  Se estima que el 71% de la población desplazada abandonó ganado; el 47%, cultivos; el 49%, maquinaria, equipo o vehículos; y el 22%, infraestructura productiva,   La ley solo reconoce una restitución de la tierras, desconociendo que la indemnización integral debe contemplar todos los daños ocasionados por el hecho victimizante.

    Si bien la ley reconoce como titulares del derecho a la restitución a los  propietarios, poseedores o explotadores de baldíos que hayan sido despojados o que se hayan visto obligados a abandonarlas, se deja por  fuera a  tenedores y arrendatarios, victimas de abandono forzado y despojo y cuyas relaciones jurídicas  han sido precarias  y quienes no tendrían derecho a la reparación . Se estima que el 30% de la población desplazada quedaría por fuera.

    La exigencia de la inscripción del predio ante el registro de tierras despojadas, para el inicio de la acción judicial de restitución y el establecimiento de todo una proceso administrativo para este efecto, lo cual crea una barrera desproporcionada e injustificada para el acceso a la justicia de los reclamantes de tierras, y desconoce los estándares internacionales de Derechos humanos, así como la jurisprudencia de la Corte constitucional,  que establece que la sola ocurrencia del hecho victimizante  es la que adjudica los derechos fundamentales a la persona lesionada.

    El establecimiento del contrato de uso  del predio restituido que faculta al Magistrado que conoce del proceso de restitución para autorizar la celebración de contratos en los predios donde existan  proyectos agroindustriales productivos  entre los beneficiarios de la restitución y el opositor de buena fe, lo hace nugatorio el derecho a la reparación de los beneficiarios.

Adicionalmente se establece que cuando el opositor no pruebe la buena fe, en lugar de restituirle el bien al beneficiario de la restitución, se entrega el proyecto productivo a la Unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras para que lo explote a través de terceros y  que se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para victimas en las vecindades del predio incluyendo al beneficiario de la restitución, lo que niega el derecho de la víctima a la restitución  .   Esto indica que la  restitución  no  está destinada a la reparación a las víctimas sino a la utilización intensiva del suelo. Tal y como lo expresó el asesor del Ministro de Agricultura, el Sr. Alejandro Reyes en carta enviada en octubre de 2011 a la Silla Vacía a propósito de un artículo que establece la contradicción existente entre restitución y reforestación en los Montes de María, en donde expresa “el reto es restituir los patrimonios de las víctimas y aprovechar la nueva inversión para generales ingresos, sin sacrificar los nuevos proyectos productivos”.

    Impunidad a los despojadores  ya que se establece que quienes acudan al proceso y confiesen la ilegalidad de los títulos o el despojo de las tierras o de los derechos reclamados en el proceso se harán beneficiarios al  principio de oportunidad. Esta figura  no solo deja impune a los responsables del despojo , sino vulneraciones graves que haya sufrido la víctima, como amenazas, torturas, homicidios, desplazamiento o violencia sexual, al igual que los delitos
de pertenencia a estructuras paramilitares  y  su complicidad con agentes estatales.

    Pérdida de derechos de las victimas por la ocupación de hecho de los predios objeto de la restitución, lo cual resulta desproporcionado porque resulta siendo una especie de  confiscación, prohibida en la Constitución, y no prevista siquiera en la legislación ordinaria, que permite adjudicar predios a campesinos ocupantes o invasores,

    El cambio del principio de la inversión de la carga de la prueba   con el decreto  4829 del 2011  y en las recientes declaraciones del Ministro de Agricultura que ha expuesto que en la practica la inversión de la prueba quiere decir que una vez presentada la solicitud, el estado echa sobre los hombros la carga de ayudar a recaudar esa prueba.  Es decir,  que así sea con ayuda del Estado es a la victima  a quién le toca  probar el despojo o el abandono forzado .

Estas preocupaciones se intensifican si se analiza la política de restitución con el Plan de Desarrollo, y de manera particular con las modificaciones que esta norma introdujo en la ley 160 de 1994, a través de las cuales el uso de los baldíos ya no se utilizarán para promover el acceso a la tierra por parte de campesinos y campesinas sin tierra, sino que se espera impulsar a través de ellas grandes proyectos agropecuarios y forestales, a través del impulso de contratos de arrendamiento, de leasing, de concesiones y similares entre el Estado y asociaciones agropecuarias y forestales.  Medida que junto con la modificación que permite que tierra que fue anteriormente adjudicada como baldíos y la de los predios adquiridos a través del subsidio integral de tierras, puedan ser concentradas sin ningún tipo de limitación, como antiguamente existía con la Unidad Agrícola familiar, demuestra que la política de desarrollo rural lejos de buscar una democratización de la tierra profundiza la desterritorialización de las y los campesinos.

Por último, nos preocupa la profundización de la actividad extractiva sobre la vocación productiva, los cambios forzados en el uso del suelo agrícola y la reducción del apoyo a la pequeña producción campesina que está afectando gravemente a los pequeños productores rurales. Las explotaciones de recursos no renovables ocupan el 5,8 millones de hectáreas y existen solicitudes mineras en buena parte de las áreas ocupadas por la frontera agrícola,  nos preguntamos  Señor Presidente ¿cómo se va a garantizar la restitución de tierras, donde existen concesiones mineras?

Estas son las razones por las cuales en conjunto con varios sectores sociales victimizados por el despojo, nos movilizaremos el próximo 6 de marzo para solicitarle garantías en el  ejercicio de nuestros derechos y  contra el control social y  territorial que ejercen estructuras  paramilitares en gran parte del país.

En este sentido, señor Presidente anunciamos que el MOVICE  impulsara la conformación de una COMISIÓN INTERNACIONAL compuesta por personalidades de gras prestigio y compromiso con la defensa de los derechos humanos para que  haga un monitoreo  y seguimiento a la aplicación de la ley de víctimas y al proceso de restitución de tierras.

Así mismo, organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos de Colombia ante el panorama de impunidad, agravada por la casi segura aprobación en el Congreso de la República de leyes de impunidad como la reforma a la justicia, de desarrollo rural que beneficia a los dueños de grandes capitales en detrimento de las y los campesinos, y la persistente violación de los derechos humanos de la población civil, de líderes y defensores de derechos humanos,  realizaran una MISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE LA IMPUNIDAD DE GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  que tendrá lugar la segunda semana de mayo del presente año.

Finalmente, nos preocupa señor Presidente, su expresión del pasado 3 de marzo durante el acuerdo para la prosperidad, realizado en la ciudad de Barranquilla,  al indicar que  la guerrilla está haciendo todo lo posible para penetrar la protesta social y generar violencia. “Ya lo hemos visto en varios escenarios donde la guerrilla está tratando de infiltrar cualquier amago de protesta social”  y llamó   a la “población estar preparada y no permitir que la protesta social sea infiltrada por la guerrilla y desencadene en actos violentos”.  .

Estas declaraciones señor Presidente  conduce a estigmatizar el legitimo derecho a la movilización social,  y de la libertad de expresión. En el marco de la movilización organizada para el 6 de marzo su expresión puede conducir a profundizar los niveles de riesgo  para las víctimas que  demandan el cumplimiento de sus derechos.

Con base en lo anteriormente expuesto nos permitimos solicitar lo siguiente:

1.    Hacer un pronunciamiento público  en que se respalden las justas peticiones de las víctimas y se ofrezcan garantías y protección integral,   el retorno en condiciones de dignidad,  que parten del desmantelamiento real y definitivo de las estructuras paramilitares, la identificación a los perpetradores y beneficiarios de los crímenes y  la investigación y sanción a los responsables.

2.    Se  muestren resultados en la investigación y sanción a los responsables de los asesinatos a víctimas reclamantes de tierras, desplazados, así como por  las amenazas proferidas por estructuras paramilitares. Y se  den plenas garantías a las víctimas con respuestas eficaces políticas y materiales frente a la persecución y amenazas de las que son objeto

3.    Se den garantías a los participantes de las marchas del próximo martes 6 de marzo.

4.    Se deroguen las normas y legislación que atenta contra los derechos de los reclamantes de tierras y se desarrolle una política pública orientada a la democratización  de la tenencia de la tierra a través de una reforma agraria,  frenar el despojo, garantizar la reparación real e integral  a las víctimas,  y el establecimiento de procedimientos y recursos expeditos de justicia que tenga como eje articulador la garantía del derecho a la  verdad sobre lo ocurrido.

5.    Se cumpla el mandato del artículo 150 de la ley 1448 de 2011, consistente en desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados al margen de la ley, con el fin de asegurar la realización de las garantías de no repetición

Para efecto  de cualquier notificación a la Calle 16 No 6 – 66 Piso 25. Bogotá.

Mail: stnacional@movimientodevictimas.org

Atentamente,
Comité de impulso
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO
(Siguen firmas)

Copias:
Ministerio del interior
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa Nacional
Defensor del pueblo
Procurador General de la Nación
Oficina de la Alta comisionada de la Naciones Unidas para los DH
MAPP/OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos. 

jueves, 1 de marzo de 2012

Guadalupe Salcedo, un guerrero de vanguardia















Este año se conmemora el 55 aniversario de la muerte del comandante guerrillero Guadalupe Salcedo, nacido en el seno de una familia típicamente campesina en 1924 en Tame, Arauca. Se convirtió en comandante supremo del frente de guerra llanero surgido como consecuencia de la violencia desatada por el Estado, que en el régimen de Laureano Gómez ejerció toda forma de terrorismo contra la población civil, especialmente contra el pueblo gaitanista. Después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, sus seguidores sufrieron la persecución desatada por la confrontación civil azuzada por liberales, conservadores y la iglesia católica mediante masacres a toda persona simpatizante de ideología comunista o de izquierda liberal.

Hacia 1945 comenzó a perfilarse la estrategia belicista de la oligarquía colombiana. Al amparo de la doctrina Truman comenzó a aplicarse un plan de exterminio y terrorismo en los campos y ciudades para impedir el triunfo electoral de Jorge Eliécer Gaitán, desmovilizar a las masas campesinas, anular la capacidad de resistencia del pueblo y recuperar el control de la tierra para el gran latifundio. En 1946 comenzaron los asesinatos por parte de la policía Chulavita, un grupo armado paramilitar fundado en la vereda Chulavita del municipio de Boavita, Boyacá, encargadas de quitarle la cédula de identidad a cada campesino liberal, por la razón o la fuerza. Como la cédula era un documento indispensable para votar, se trataba de impedir la votación del campesinado gaitanista.

El Estado colombiano cometió todas las atrocidades de la oligarquía: mutilaciones, decapitaciones masivas, descuartizamientos. Las masacres de niños se repetían a diario. Había que exterminar al “enemigo” en la cuna. Las  masacres eran cometidas por militares, policías y por bandas paramilitares conservadoras y liberales arengadas desde el púlpito por el anti comunismo clerical. El país quedó a merced del terrorismo del Estado.  En 1946, Guadalupe Salcedo, como dirigente campesino, fundó una organización armada para proteger a la población civil de su región. Salcedo y sus combatientes mostraron una posibilidad de lucha armada en defensa del pueblo trabajador.

Bajo la brutalidad del ejército, de la policía y de sus grupos paramilitares conocidos como los “pájaros”, las torturas, detenciones ilegales, asesinatos selectivos y colectivos, quema de poblaciones, la oligarquía liberal conservadora empujó al pueblo a alzarse en armas para proteger sus derechos. Los grupos guerrilleros, armados con escopetas viejas, con propósito defensivo y capacidad de lucha, lograron articularse a la población civil tanto del campo como de las ciudades. Las guerrillas que levantaban su nombre y sus banderas pronto comenzaron a distanciarse de la manipulación de la oligarquía que las había organizado para defensa de sus intereses mezquinos, disputados entre conservadores y liberales, y comenzaron a hacer la guerra en el interés del pueblo.

Como hoy, en ese entonces se unieron los grandes oligarcas liberales y conservadores y decretaron que en el país no había conflicto armado, sino violencia generada por bandas de chusmeros y bandoleros. Pero lo que logró la oligarquía, unida en odio común contra la guerrilla, fue poner en vigencia las palabras de Jorge Eliecer Gaitán: “El pueblo no tiene dos partidos, sino que la oligarquía lo partió en dos para repartirse el destino de la patria”.

Fue entonces cuando el bipartidismo presionó al comandante en jefe del ejército - general Gustavo Rojas Pinilla -, para que fingiera un golpe de Estado. Rojas Pinilla, consciente de que por primera vez en la historia colombiana se estaban creando bases populares y un ejército del pueblo, rechazó la propuesta. Bajo amenaza de ser relevado de la institución, le obligaron deponer al presidente y asumir el mando con un plan de “reconciliación y pacificación nacional”: "la Patria por Encima de los Partidos".

Convencido de la imposibilidad de que la oligarquía venciera militarmente a la guerrilla, Guadalupe Salcedo convocó en Viotá – Cundinamarca - la Convención Nacional del Movimiento guerrillero para presentar una propuesta política alternativa ante la ausencia de un proyecto de país del cual carecía el bipartidismo. Allí se creó el territorio independiente de los llanos, organizado por ligas de sindicatos agrarios. Cuando la oligarquía percibió que detrás de esta organización caminaba la revolución, ambos partidos se reunieron con Rojas para pedirle la suspensión unilateral de los operativos de guerra y el ofrecimiento de paz y amnistía a las organizaciones guerrilleras.

A inicios de los años cincuenta, muchas de las personas pertenecientes a las agrupaciones que se desmovilizaron y entregaron sus armas durante la amnistía, decretada por el dictador Rojas, fueron posteriormente asesinadas durante el sueño y ametralladas por el ejército y los paramilitares. Otras desaparecieron o aparecieron flotando en los ríos. Pero varias de ellas siguieron en armas dentro de sus propias zonas de influencia regional. Las guerrillas campesinas organizadas por Pedro Antonio Marín – Tirofijo -, guerrillero colombiano, comandante y cofundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC -, se mantuvieron alertas, sin acogerse al plan de paz, salvando la vida y la de muchos campesinos. Esta historia debe rememorarse hoy, cuando el gobierno invita a esos guerrilleros veteranos a firmar la paz.

Salcedo dirigió varias operaciones militares con éxito en la batalla, como la toma de Orocué, Casanare. Una mañana de 1952, en el sitio conocido como El Turpial, tendió una emboscada a la unidad de infantería integrada por 200 hombres del ejército, quien sufrió 96 bajas. Guadalupe es ejemplo de hombre y expresión genuina de guerrilla. Pero cayó en la trampa de la desmovilización y en la ilusión de poder definir con la oligarquía un proyecto de sociedad distinta. El 6 de junio de 1957 fue asesinado cobardemente en Bogotá durante un operativo conjunto entre la policía y el ejército. Mientras debatía una propuesta de inversión social para su región llanera, fue acribillado por las fuerzas del Estado. Sus funerales estuvieron acompañados por más de cinco mil personas que desfilaron hasta el Cementerio Central de Teusaquillo, exigiendo justicia para el comandante que tuvo bajo su mando una brigada de 5.000 guerrilleros.

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