Carta del MOVICE al presidente Juan Manuel Santos previa movilización del 6 de marzo

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6 de marzo Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, por restitución integral de tierras, marchas: Montería, Villavicencio y Bogotá

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Ciudad

Señor Presidente:

Reciba un cordial y respetuoso saludo del Movimiento de Víctimas de crímenes de estado. El MOVICE, está conformado por 22 capítulos regionales, 4 capítulos internacionales (México, Argentina, España y Bélgica) y 24 organizaciones de derechos humanos  que conforman su Comité de Impulso Nacional.

El   MOVICE ha definido el 6 de marzo como el día  mundial de las víctimas de crímenes de estado de Colombia. Para este 6 de marzo tiene programada una movilización nacional que tiene como epicentros las ciudades de Montería, y Villavicencio. Igualmente se realizaran plantones, mítines y galerías de la memoria en diversas ciudades del país.  (Ver anexo – Programación)

Los motivos  de esta movilización se centran en los siguientes aspectos:

Desde su posesión Ud., ha expresado  que ejecutará una política de tierras y desarrollo fundada en tres ejes: 1. La restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado 2.  La formalización de la propiedad rural  y  3.  El desarrollo rural.  En este contexto  su Gobierno ha promovido varias movilizaciones con las víctimas del despojo defendiendo su compromiso de lo que llamado la “revolución agraria”.

Para el MOVICE  la restitución de tierras y los bienes que han sido expropiados a través de la intimidación y la violencia, así como los conflictos derivados de la concentración de la  propiedad de la tierra es uno de los factores estructurales para explicar el origen de la violencia política y en consecuencia la reparación integral  a las víctimas del despojo y el abandono,  se constituye en una obligación y deber del Estado Colombiano.

El proceso de restitución de tierras enfrenta múltiples dificultades de orden político, factico, normativo e institucional, que de no ser superados no solo impedirán la devolución de las tierras a las víctimas, sino que profundizará la violencia y revictimización  de quienes solicitan al Estado la garantía  y respeto de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición.  Entre los principales obstáculos destacamos las siguientes:

1.  FALTA DE GARANTÍAS Y PROTECCIÓN A LOS RECLAMANTES DE TIERRAS:

El asesinato de líderes de organizaciones reclamantes de tierras es una de las modalidades para obstaculizar la restitución en Colombia. Desde el 2005 se han registrado más de 66 casos  y el 40%, es decir, por lo menos 26 víctimas  fueron  asesinadas   entre el  2010 y 2011. Casi la  mitad  de estas víctimas se presentaron en la Costa Caribe . (Ver anexo).

En la audiencia de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Atención al Desplazamiento, convocada por la Corte Constitucional en  la última semana de enero de 2012, La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, informó que desde el 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplazados, y que de cada doscientas denuncias de hostigamiento o amenaza se investiga una .

A pesar de la asignación a nuevas instancias gubernamentales para asumir la concreción de medidas que preserven la integridad física de líderes y lideresas reclamantes de tierras y de colectivos étnicos, afrodescendientes e indígenas, estos no han sido eficaces. Un ejemplo de esta situación es el grave riesgo y amenaza de 37 líderes y lideresas de Curbaradó y Jiguamiandó, que no han recibido respuestas concretas a sus demandas  de protección.

Las amenazas se han incrementado en este 2012 de forma alarmante,  entre los casos que destacamos se encuentran los siguientes:

El  15 de febrero del 2012,  la Corporación Arco Iris denunció la conformación de un grupo anti - restitución  en varias zonas del país. La financiación de este grupo estarían en cabeza de ganaderos de Córdoba, Guajira y Cesar y entrarían a operar a partir del mes de marzo inicialmente en estos Departamentos, incluyendo el Magdalena

    El 25 de enero del 2012 el líder FREDY  ANTONIO RODRIGUEZ CORRALES, representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte “ASOCOL” de Familias Desplazadas del Municipio de Piedecuesta, quién lidera  el proceso de restitución de tierras de la antigua hacienda Bellacruz, ha sido objeto de múltiples seguimientos y recibió un sufragio firmado por el grupo Anti- restitución. Este sufragio fue recibido pocas horas después de que se informara sobre el proceso que adelanta el INCODER de recuperación de 1.500 hectáreas de tierra de propiedad de la nación ubicadas en la Hacienda Bellacruz  en el departamento del Cesar.

    El 11 de febrero de 2012 el Sr. WILSON SEGUANES, recibió en su casa un sufragio, que en la portada llevaba una cruz y por dentro contenía el Salmo 23. El Sr. Wilson Seguanes es líder comunitario de la vereda las Brisas y representante legal de la Asociación ASOPROBI, quienes exigen la materialización y cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2011, dentro de la que se encuentra la obligación de reparar a las víctimas, y de manera particular la restitución de sus tierras 

    El 21 de febrero se recibió una amenaza vía email  contra el MOVICE  capitulo   Nariño, Fundepaz, CPDH  y otras organizaciones,  firmado por el Grupo anti restitución de Nariño – Gar. En la amenaza  se señala ..." no entregaremos ni un milímetro de tierra, territorio o bienes para  sufragar las restituciones ilegales impuestas por la presión internacional"  ... "no nos temblara la mano en  ajusticiar como ya lo hemos hecho en otras oportunidades a  todos aquellos que se atrevan a promover actividades con contenido ideológico y político enfocadas en temas de restitución  de tierras y derechos de las supuestas  víctimas"

    Entre el 22 y  el 24 de febrero  se sustrajeron de la vivienda  de la Secretaría Técnica del  capítulo MOVICE de Norte de Santander  Nubia Mendoza, el equipo de cómputo, memoria extraíble y  el directorio impreso del MOVICE  del capítulo Santander.

    El lunes  27 de febrero se recibió vía servientrega  en la oficina del Colectivo de Abogados “JAR”, organización que hace parte del Comité de impulso del MOVICE , un escrito suscrito por  “los rastrojos – comandos urbanos”,  en que se profieren amenazas contra esta organización, el MOVICE, el Comité de solidaridad con presos políticos (CSPP) y otras organizaciones y personas  y  se señala: “(…)que a través de “el largo trabajo de inteligencia , seguimientos en infiltraciones  a organizaciones etc.  "nos permitió comprobar sus relaciones con grupos guerrilleros y acciones que van en detrimento de las regiones impidiendo  el progreso de estas a través de la industria, toda vez que difunden  su discurso de extrema izquierda indisponiendo a los moradores de nuestras regiones.(…)”

    El 27 de febrero, hacia las 10:00 a.m. OLIVER BLANCO, entre Bella Flor Remacho -Jiguamiandó- y Santa Rosa de El Limón -Vigía de Curbaradó, fue objeto de hostigamientos y amenazado por parte de efectivos de  la brigada 17, luego de participar en actos de memoria del despojo. OLIVER, integrante de los

consejos de comunidades negras,  reclamante de tierras ante la ocupación de predios colectivos por paramilitares para siembras de coca e instalación de laboratorios de cocaína  participó juntos con 200 personas más, entre ellas, ciudadanos de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea, en actos de las víctimas de la operaciones militares “Génesis” y “Septiembre negro” dirigidas por el general Rito Alejo del Río, entre el  10 y 15 de febrero de éste año, y en el que constataron el uso del territorio colectivo que pretende ser restituido por paramilitares.

    El 28 de febrero se recibió  vía internet y en físico en varias localidades de Bogotá, una amenaza suscrita por “águilas negras - bloque capital” contra  el MOVICE y varias organizaciones de mujeres entre ellas Sisma Mujer, Casa de la Mujer, y otras organizaciones de derechos humanos como Codhes, Acnur, Corporación Nuevo Arco Iris, Ruta Pacífica de las Mujeres, Pnud, Afrodes,  Juntos por la Vida y Marcha Indígena. La amenaza también  se señala con nombres propios a Piedad Córdoba, Amparo Sánchez, María Eugenia Urrutia, Johanna Saenz, Angélica Bello, Rubí Castaño, Nini Johanna González, María Eugenia Cruz, Claudia Mejía, Pilar Rueda, Ana Jimena Bautista y Olga Osana , quienes aparecen mencionadas como objetivo de las Aguilas Negras.

En la amenaza se sentencia a muerte a las “(…) perras guerrilleras de las Farc las cuales se oponen  a las políticas  de nuestro Gobierno, y que hacen lavado  de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por lideres defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de recuperación de tierras  por que todo el que haga esta gestión  va a ser asesinado por nosotros por mas protegidas que estén  les damos 30 días para abandonar la ciudad  y a lo que colaboran  con esta partida de perras guerrilleras”

Las amenazas no son nuevas, sino que hacen parte de una política sistemática y  generalizada contra víctimas y sus organizaciones. Solamente en el 2011, el MOVICE fue objeto de  85 agresiones de las cuales 31 ocurrieron en Sucre, 3 en el Sur de Bolívar y Sur de Cesar, 3 en el Magdalena Medio y 6 en el Atlántico. En total se recibieron amenazas y actos de revictimización en 18 de los 20 departamentos del país.

Para el MOVICE las garantías para los despojados de sus tierras y el retorno con dignidad,  son requerimientos  fundamentales  dentro del proceso de restitución de tierras.


2. MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PARAMILITARES

Según el VII  Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011  publicado recientemente por INDEPAZ  se señala que el panorama Post desmovilización evidencia la presencia 40 estructuras paramilitares en el país, que se vieron en la disputa por la retoma de los poderes locales y regionales.

En el 2011 la presencia de estructuras narcoparamilitares, se presenta en 31 departamentos y 406 municipios, el único departamento en el que no se identificó presencia fue en el Amazonas y se detecta un aumento de 46 municipios respecto al año 2010.

Los departamentos más afectados son: CESAR con presencia en 23 de sus 25 municipios,  CÓRDOBA en 24 de sus 28 municipios,  BOLÍVAR en 34 de sus 45 municipios, META en 20 de sus 29 municipios y SUCRE con presencia paramilitar en 17 de sus 26 municipios.

Las zonas como Montes de María, La Guajira, Bajo Cauca antioqueño, Urabá, el bajo Atrato,  el litoral pacífico, el Catatumbo y los Llanos Orientales, muestran la mayor concentración de las acciones de estos grupos.

Por su parte, la Corporación Arco Iris  ha denunciado que, “Córdoba es uno los departamentos que más ha padecido la presencia de las diferentes “bandas”. A noviembre de 2011 registró 500 homicidios y 2.479 desplazamientos individuales en el primer semestre del año 2011

Igualmente en el informe  de Indepaz se señala que:

“De los 54 municipios escogidos en el 2011 como integrantes de ocho zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), se registro amplia actividad en 40 de ellos por parte de narcoparamilitares, tres más que los registros del primer semestre de 2011.

La zona de Montes de María ha sido evaluada por el gobierno como el modelo de avance en la consolidación territorial. Allí, en los cuatro municipios escogidos, el gobierno ha manifestado que se ha dado la transición de ser territorios “rojos”, por la falta de control estatal, a territorios verdes, seguros para la inversión legal y el desarrollo rural.

Sin embargo, Indepaz registra eventos de Rastrojos, Urabeños y Paisas en ellos. Esto significa que, aunque se trata de situaciones puntuales, no escapan a la movilidad de los

grupos narcoparamilitares incrementada en toda la región Caribe. Situación similar se presenta en los municipios del PNCT se observa en el sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Arauca, Caguán, Nariño y Putumayo”

La alarmante  presencia de las estructuras paramilitares en prácticamente todas las regiones del país, evidencia la reingeniería y reestructuración del paramilitarismo como consecuencia de un fallido proceso de desmovilización,  que evidencia la crisis del modelo de reconciliación, y  constituye uno de los principales factores de riesgo contra quienes se atreven a reclamar su derecho a la restitución y retorno a las tierras y territorios.

4. OBSTÁCULOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

El MOVICE ha reiterado en diferentes oportunidades que varias de las disposiciones contenidas  en la ley 1448 del 10 de junio del 2011, se constituyen en barreras para la reparación integral de las víctimas y reclamantes de tierras.

Por esta razón recientemente el MOVICE y varias organizaciones sociales y de derechos humanos presentamos ante la Corte Constitucional demanda de inconstitucionalidad para que esta instancia ajuste dicha normatividad  a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.  

Entre  los principales obstáculos relacionados con la  restitución tierras  se encuentran los siguientes:

    La ausencia de la restitución patrimonial,  de bienes muebles,  enseres, animales cultivos, producción etc., los cuales no serán reparados con esta ley.  Se estima que el 71% de la población desplazada abandonó ganado; el 47%, cultivos; el 49%, maquinaria, equipo o vehículos; y el 22%, infraestructura productiva,   La ley solo reconoce una restitución de la tierras, desconociendo que la indemnización integral debe contemplar todos los daños ocasionados por el hecho victimizante.

    Si bien la ley reconoce como titulares del derecho a la restitución a los  propietarios, poseedores o explotadores de baldíos que hayan sido despojados o que se hayan visto obligados a abandonarlas, se deja por  fuera a  tenedores y arrendatarios, victimas de abandono forzado y despojo y cuyas relaciones jurídicas  han sido precarias  y quienes no tendrían derecho a la reparación . Se estima que el 30% de la población desplazada quedaría por fuera.

    La exigencia de la inscripción del predio ante el registro de tierras despojadas, para el inicio de la acción judicial de restitución y el establecimiento de todo una proceso administrativo para este efecto, lo cual crea una barrera desproporcionada e injustificada para el acceso a la justicia de los reclamantes de tierras, y desconoce los estándares internacionales de Derechos humanos, así como la jurisprudencia de la Corte constitucional,  que establece que la sola ocurrencia del hecho victimizante  es la que adjudica los derechos fundamentales a la persona lesionada.

    El establecimiento del contrato de uso  del predio restituido que faculta al Magistrado que conoce del proceso de restitución para autorizar la celebración de contratos en los predios donde existan  proyectos agroindustriales productivos  entre los beneficiarios de la restitución y el opositor de buena fe, lo hace nugatorio el derecho a la reparación de los beneficiarios.

Adicionalmente se establece que cuando el opositor no pruebe la buena fe, en lugar de restituirle el bien al beneficiario de la restitución, se entrega el proyecto productivo a la Unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras para que lo explote a través de terceros y  que se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para victimas en las vecindades del predio incluyendo al beneficiario de la restitución, lo que niega el derecho de la víctima a la restitución  .   Esto indica que la  restitución  no  está destinada a la reparación a las víctimas sino a la utilización intensiva del suelo. Tal y como lo expresó el asesor del Ministro de Agricultura, el Sr. Alejandro Reyes en carta enviada en octubre de 2011 a la Silla Vacía a propósito de un artículo que establece la contradicción existente entre restitución y reforestación en los Montes de María, en donde expresa “el reto es restituir los patrimonios de las víctimas y aprovechar la nueva inversión para generales ingresos, sin sacrificar los nuevos proyectos productivos”.

    Impunidad a los despojadores  ya que se establece que quienes acudan al proceso y confiesen la ilegalidad de los títulos o el despojo de las tierras o de los derechos reclamados en el proceso se harán beneficiarios al  principio de oportunidad. Esta figura  no solo deja impune a los responsables del despojo , sino vulneraciones graves que haya sufrido la víctima, como amenazas, torturas, homicidios, desplazamiento o violencia sexual, al igual que los delitos
de pertenencia a estructuras paramilitares  y  su complicidad con agentes estatales.

    Pérdida de derechos de las victimas por la ocupación de hecho de los predios objeto de la restitución, lo cual resulta desproporcionado porque resulta siendo una especie de  confiscación, prohibida en la Constitución, y no prevista siquiera en la legislación ordinaria, que permite adjudicar predios a campesinos ocupantes o invasores,

    El cambio del principio de la inversión de la carga de la prueba   con el decreto  4829 del 2011  y en las recientes declaraciones del Ministro de Agricultura que ha expuesto que en la practica la inversión de la prueba quiere decir que una vez presentada la solicitud, el estado echa sobre los hombros la carga de ayudar a recaudar esa prueba.  Es decir,  que así sea con ayuda del Estado es a la victima  a quién le toca  probar el despojo o el abandono forzado .

Estas preocupaciones se intensifican si se analiza la política de restitución con el Plan de Desarrollo, y de manera particular con las modificaciones que esta norma introdujo en la ley 160 de 1994, a través de las cuales el uso de los baldíos ya no se utilizarán para promover el acceso a la tierra por parte de campesinos y campesinas sin tierra, sino que se espera impulsar a través de ellas grandes proyectos agropecuarios y forestales, a través del impulso de contratos de arrendamiento, de leasing, de concesiones y similares entre el Estado y asociaciones agropecuarias y forestales.  Medida que junto con la modificación que permite que tierra que fue anteriormente adjudicada como baldíos y la de los predios adquiridos a través del subsidio integral de tierras, puedan ser concentradas sin ningún tipo de limitación, como antiguamente existía con la Unidad Agrícola familiar, demuestra que la política de desarrollo rural lejos de buscar una democratización de la tierra profundiza la desterritorialización de las y los campesinos.

Por último, nos preocupa la profundización de la actividad extractiva sobre la vocación productiva, los cambios forzados en el uso del suelo agrícola y la reducción del apoyo a la pequeña producción campesina que está afectando gravemente a los pequeños productores rurales. Las explotaciones de recursos no renovables ocupan el 5,8 millones de hectáreas y existen solicitudes mineras en buena parte de las áreas ocupadas por la frontera agrícola,  nos preguntamos  Señor Presidente ¿cómo se va a garantizar la restitución de tierras, donde existen concesiones mineras?

Estas son las razones por las cuales en conjunto con varios sectores sociales victimizados por el despojo, nos movilizaremos el próximo 6 de marzo para solicitarle garantías en el  ejercicio de nuestros derechos y  contra el control social y  territorial que ejercen estructuras  paramilitares en gran parte del país.

En este sentido, señor Presidente anunciamos que el MOVICE  impulsara la conformación de una COMISIÓN INTERNACIONAL compuesta por personalidades de gras prestigio y compromiso con la defensa de los derechos humanos para que  haga un monitoreo  y seguimiento a la aplicación de la ley de víctimas y al proceso de restitución de tierras.

Así mismo, organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos de Colombia ante el panorama de impunidad, agravada por la casi segura aprobación en el Congreso de la República de leyes de impunidad como la reforma a la justicia, de desarrollo rural que beneficia a los dueños de grandes capitales en detrimento de las y los campesinos, y la persistente violación de los derechos humanos de la población civil, de líderes y defensores de derechos humanos,  realizaran una MISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE LA IMPUNIDAD DE GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  que tendrá lugar la segunda semana de mayo del presente año.

Finalmente, nos preocupa señor Presidente, su expresión del pasado 3 de marzo durante el acuerdo para la prosperidad, realizado en la ciudad de Barranquilla,  al indicar que  la guerrilla está haciendo todo lo posible para penetrar la protesta social y generar violencia. “Ya lo hemos visto en varios escenarios donde la guerrilla está tratando de infiltrar cualquier amago de protesta social”  y llamó   a la “población estar preparada y no permitir que la protesta social sea infiltrada por la guerrilla y desencadene en actos violentos”.  .

Estas declaraciones señor Presidente  conduce a estigmatizar el legitimo derecho a la movilización social,  y de la libertad de expresión. En el marco de la movilización organizada para el 6 de marzo su expresión puede conducir a profundizar los niveles de riesgo  para las víctimas que  demandan el cumplimiento de sus derechos.

Con base en lo anteriormente expuesto nos permitimos solicitar lo siguiente:

1.    Hacer un pronunciamiento público  en que se respalden las justas peticiones de las víctimas y se ofrezcan garantías y protección integral,   el retorno en condiciones de dignidad,  que parten del desmantelamiento real y definitivo de las estructuras paramilitares, la identificación a los perpetradores y beneficiarios de los crímenes y  la investigación y sanción a los responsables.

2.    Se  muestren resultados en la investigación y sanción a los responsables de los asesinatos a víctimas reclamantes de tierras, desplazados, así como por  las amenazas proferidas por estructuras paramilitares. Y se  den plenas garantías a las víctimas con respuestas eficaces políticas y materiales frente a la persecución y amenazas de las que son objeto

3.    Se den garantías a los participantes de las marchas del próximo martes 6 de marzo.

4.    Se deroguen las normas y legislación que atenta contra los derechos de los reclamantes de tierras y se desarrolle una política pública orientada a la democratización  de la tenencia de la tierra a través de una reforma agraria,  frenar el despojo, garantizar la reparación real e integral  a las víctimas,  y el establecimiento de procedimientos y recursos expeditos de justicia que tenga como eje articulador la garantía del derecho a la  verdad sobre lo ocurrido.

5.    Se cumpla el mandato del artículo 150 de la ley 1448 de 2011, consistente en desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y que han dado sustento a los grupos armados al margen de la ley, con el fin de asegurar la realización de las garantías de no repetición

Para efecto  de cualquier notificación a la Calle 16 No 6 – 66 Piso 25. Bogotá.

Mail: stnacional@movimientodevictimas.org

Atentamente,
Comité de impulso
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO
(Siguen firmas)

Copias:
Ministerio del interior
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa Nacional
Defensor del pueblo
Procurador General de la Nación
Oficina de la Alta comisionada de la Naciones Unidas para los DH
MAPP/OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos.