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jueves, 3 de marzo de 2011

250 mil desaparecidos claman justicia, y Falsimedia confunde para seguir desapareciendo la verdad






Desde la tierra y los ríos los desaparecidos claman justicia; cada centímetro de paisaje que ha asistido al descomunal despojo y muerte parece gritar que no se conformará con las falacias de los victimarios.
(…) varios jefes paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas: “(…) Lo echaron vivo ahí (…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.
Los inversores pueden estar tranquilos.
J.M. Santos
 El crimen de Estado de la desaparición forzada perpetrado por la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (1). Se estiman en más de 250.000 las personas desaparecidas en los últimos 20 años. La desaparición forzada es un crimen de Estado que acalla al desaparecido a la vez que inyecta terror en los sobrevivientes: persigue la parálisis de la reivindicación social. Es un genocidio contra la oposición política.
En enero 2011 la Fiscalía publicó un estremecedor informe: en él revela tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por el paramilitarismo, una herramienta de terror financiada y coordinada por el latifundio, multinacionales y estado colombiano, que cumple la función de eliminar la reivindicación social, y desplazar poblaciones de manera masiva. Los propios jefes paramilitares denuncian que “El paramilitarismo de estado sigue vigente” : denunciado reiteradamente por el máximo jefe de las AUC Salvatore Mancuso (3).
El informe de enero 2011 re confirma las estimaciones relativas al drama de la desaparición forzada en Colombia: al menos 250.000 personas desaparecidas. Del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, entre fuerza pública y herramienta paramilitar. Es evidente que las cifras oficiales de desaparición forzada están siempre por debajo de la realidad, pero aún así estas cifras permiten confirmar que el estado colombiano ha desaparecido a más personas que las dictaduras de Chile y Argentina reunidas.
La desaparición del cuerpo cumple fines terroristas: se trata de truncar la organización social mediante el terror que la desaparición de una persona inyecta en los sobrevivientes. La angustia de las torturas queda impresa en la sociedad… los familiares y comunidad se imaginan una y otra vez las torturas sufridas por el desaparecido: es Terrorismo de Estado.
Desaparecer no sólo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí  
A la sociedad se le envía el siguiente mensaje: “el que persista en reclamar derechos sociales, económicos, políticos, correrá la misma suerte”. Este mensaje busca someter mediante el terror y viene acompañado del mensaje de la plenipotencia del estado que está en capacidad de desaparecer en plena impunidad. La desaparición forzada evidencia la impotencia que representa el encontrarse permanentemente vulnerable ante el poderío de un estado omnipotente en todas las instancias: la militar, la paramilitar, la legal, la administrativa. A la angustia por los sufrimientos del ser querido desaparecido se suma la impotencia de obtener verdad ante entidades estatales. Son innumerables las trabas que encuentran los familiares de desaparecidos por parte del estado, para que sea reconocida la desaparición de su familiar, en un intento estatal evidente de desaparecer no solo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí. La sociedad se ve triplemente vulnerada: es privada de un ser humano y sus ideas, es vulnerada en los procesos organizativos que constituyen el progreso histórico de las sociedades y es sometida a constatar la plenipotencia e impunidad de los victimarios.
Los hornos crematorios de la “democracia” colombiana: Desaparecer para salvaguardar apariencia
La desaparición cumple además la funcionalidad “practica” para los estados represores de reducir las cifras de asesinatos. En Colombia varios jefes Paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden de que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas. Varios miembros de la Estrategia paramilitar han confesado que implementaron la utilización de criaderos de caimanes y de hornos crematorios para quemar a las víctimas, a veces vivas: “(…) Lo echaron vivo ahí (…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”… confesó un paramilitar (4).
La arremetida de las industrias de la guerra contra la percepción de la realidad  
Los familiares y las comunidades afectadas por el crimen de desaparición forzada llevan años denunciando y siendo víctimas de la persecución con la que el Estado colombiano ha pretendido silenciar las denuncias: varios denunciantes han sido asesinados… Estas denuncias son muy incómodas para un estado que se pretende “democracia”.
Ante el destape de numerosas fosas comunes en Colombia, los mass-media no han podido silenciar todo el clamor popular de miles de familiares que buscan identificar miles de huesos humanos. Se rompe un silencio por tantos años logrado por la represión estatal, un silencio logrado mediante el asesinato, las amenazas, y con la complicidad de unos medios para los cuales la desaparición forzada era noticia vedada, vedada como los demás crímenes de Estado.
La desaparición forzada deviene inocultable: entonces viene la arremetida de las industrias de la guerra contra la percepción de la realidad, que buscarán por todos los medios confundir.
Aún no se han logrado hacer oír las voces de los desaparecidos, pero la burbuja del silencio ha estallado, y para los victimarios es muy importante controlar las voces y las versiones que se den acerca de la desaparición forzada. Desde el Estado y agencias afines (USAID), ya se empieza a hablar de la desaparición forzada: pero descontextualizándola, confundiendo, buscando borronear su naturaleza de Crimen de Estado.
Desaparecer la Mayor fosa común del continente: 2000 cadáveres de desaparecidos por el ejército
La mayor fosa común del continente americano se descubrió en diciembre 2009 en el Meta, detrás del batallón militar de la Macarena: la fosa contenía 2000 cadáveres de desaparecidos por la fuerza Omega del Plan Colombia (5). Desde 2005 el ejército había estado enterrando allí a los desaparecidos. La fuerza Omega cuenta con estrecha asesoría estadounidense. Ante la desaparición de miles de moradores de la zona, y la putrefacción de los cadáveres que se había filtrado a las napas freáticas, la comunidad denunció la mega-fosa. Las autoridades negaron la fosa; los mass-media silenciaron las denuncias. Pero gracias a la visita de una delegación británica, la Fosa se dio a conocer internacionalmente; el estado entonces intentó decir que los cadáveres eran de “guerrilleros abatidos en combate”, pero los familiares de desaparecidos desmintieron esa versión. En el 2010 se produjo la audiencia a testigos y familiares de desaparecidos de la región: fueron miles las denuncias de desapariciones perpetradas por el ejército en connivencia con paramilitares. El estado por su parte procedió a acallar a los denunciantes: varios denunciantes fueron asesinados, entre ellos Norma Irene Pérez y Jhonny Hurtado (6), otros denunciantes han sido encarcelados bajo montajes judiciales, como es el caso de Marisela Uribe García, quién perdió sus bebés por torturas estando embarazada (7).
Diciembre 2010, más fosas comunes: 1.500 cadáveres de desaparecidos  
En diciembre de 2010, se comprobó la existencia de otra mega fosa común: Defensores de derechos humanos denuncian que los nuevos 1.505 restos humanos hallados en el Meta podrían ser más asesinatos de civiles perpetrados por el ejército. El abogado defensor de DDHH, Ramiro Orjuela, denuncia el drama (8): "Gracias a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos, se ha logrado que la fiscalía encuentre una nueva enorme fosa común (...) las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo se están corroborando... situación que negó el gobierno a través del ministerio de Defensa que decía que no había fosas comunes. 1.500 personas NN, sin identificar. Una situación dantesca para la humanidad, que muestra la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública contra el pueblo".
Persecución contra denunciantes y connivencia militar-paramilitar en genocidio:
"Los defensores de DDHH somos perseguidos, víctimas de asesinatos, de encarcelamientos (…) El desplazamiento de millones de personas viene produciéndose desde hace varios años; los asesinatos de miles de personas por parte del ejército y por bandas paramilitares que trabajan en compañía del ejército y con apoyo y defensa por parte del ejército, vienen desde hace decenios, la tragedia viene básicamente por parte del ejército colombiano".
"(...) Creemos que el ejército colombiano se convirtió en un ejército de ocupación contra su propio pueblo: un ejército que solamente vela por los intereses de las grandes multinacionales, por los intereses de los multimillonarios de Colombia en contra de nuestro pueblo, un ejército que quiere entregar las riquezas, el petróleo, el oro, las esmeraldas, la biodiversidad a las empresas multinacionales; y por eso persiguen a nuestros campesinos que son los únicos que están prestando resistencia para defender la soberanía y para defender las riquezas naturales de Colombia, que es uno de los países más ricos del mundo"  
"Colombia es una fosa común. Alertamos a la comunidad internacional: más de 1.500 cuerpos sólo en una región... ¿cómo será en todo el país? (...) Las investigaciones tienen que llegar al más alto nivel: aquí deben estar involucrados altos generales, políticos”.
Miles de desaparecidos surgen de la tierra: osamentas que son la evidencia del genocidio y que el estado intenta negar por todos los medios. Acerca de la Fosa de la Macarena y sus 2.000 cadáveres la propaganda trató, en un primer momento, de difundir la falsimedia de que eran cadáveres de “asesinados por la guerrilla”, omitiendo el detalle de que la fosa está justo detrás del batallón militar de la fuerza Omega, y que por consiguiente, dada la ubicación de la fosa era imposible que los enterradores fueran otros que los mismos militares. Al advertir que esa mentira no colaba, la falsimedia trató entonces de aducir que los cadáveres eran de “guerrilleros abatidos en combate por el ejército”; pero las evidencias forenses y miles de testimonios han demostrado que son cadáveres de víctimas civiles asesinadas en estado de indefensión. Lo otro ha sido negar y negar las fosas gigantescas: y gracias al silencio cómplice de los mass-media nacionales e internacionales se ha logrado acallar lo que debería ser un escándalo mundial: la Fosa no tiene parangón sino con las fosas nazis, y surgen cada día más fosas.
Construir una realidad virtual para ocultar el carácter de Crimen de Estado de la desaparición forzada
Ante la imposibilidad de tapar el sol con un dedo, la nueva estrategia del gobierno colombiano es hablar de la desaparición forzada, pero confundiendo responsabilidades, con el fin de lograr impunidad por este crimen de Estado. Los artífices de la manipulación van a retomar los estudios hechos por las víctimas, presentar cifras de desaparición (pormenorizadas); y siempre manipular acerca de la naturaleza misma del crimen, y manipular acerca de los responsables. Recurrirán al martilleo mediático y a la confusión. Mediante la confusión y el empleo sistemático del comodín "grupos armados", los artífices de la manipulación logran dar la sensación de caos absoluto, en un planteamiento impreciso que busca sentar la idea del “estado desbordado por la guerra civil y los grupos armados ilegales” : así se evita dar detalles del origen del Paramilitarismo. Presentar a los victimarios como una entidad confusa (“grupos armados”) es evitar dar detalles de que el Paramilitarismo, más allá de ser un llano “grupo armado”, es una Herramienta del despojo y del terror: una herramienta fomentada, apoyada y financiada por grandes grupos económicos y por el mismo Estado.
La estrategia de la confusión busca impedir la comprensión de la realidad e impedir que esta realidad se pueda cambiar sustancialmente. La herramienta paramilitar ha sido muy útil a la concentración de tierras y de capital en pocas manos, muy útil a la penetración multinacional en la región, y para el Gran Capital se trata de darle continuidad a esta Herramienta sin que se evidencie su carácter de Herramienta. Para darle continuidad a la herramienta de despojo y acumulación de capital, que es no solamente el paramilitarismo, sino todo el funcionamiento del Terrorismo de Estado, es importante que no se desvele a la luz pública el carácter criminal de dicho Estado. Y si se llegan a hacer visibles los crímenes de Estado, como en el caso de la desaparición forzada, es muy importante adelantar la manipulación mediática que buscará en un primer tiempo descalificar a los denunciantes y minimizar las cifras, y en un segundo tiempo la estrategia será silenciar el móvil del crimen y diluir responsabilidades.
Fingir explicar para exculpar
La US office on Colombia acaba de publicar un informe muy ilustrativo de la manera en que se busca confundir: “ Es poca la atención que se presta a las desapariciones en Colombia. La razón de ello podría ser simplemente porque el número de víctimas de asesinatos, masacres, y bajas en combate—en los que existen cuerpos—es tan alto que las desapariciones quedan fuera del foco de interés.” (9) . Esta “explicación” del por qué se invisibiliza la desaparición forzada es una manera cínica de obviar totalmente las reales causas de ese silencio: la represión estatal que se ha abatido sistemáticamente sobre todo aquel que buscara hacer visible la desaparición forzada es la que explica este silencio. Son innumerables los asesinatos, las amenazas, los desplazamientos forzados y el exilio que han sufrido los familiares de desaparecidos, las comunidades y los abogados, justamente por denunciar las desapariciones forzadas. Ha habido una clara voluntad estatal de silenciar este tema, justamente porque es un tema que pone de relieve el Terrorismo de Estado, al ser la desaparición forzada un crimen de Estado. No es cuestión de que las desapariciones “queden fuera del foco de interés”, es cuestión de que hay una clara voluntad de silenciar el tema, y que dicho “foco de interés” es uno para la población afectada, y otro para los mass-media.  
Geometría variable encubre genocidio
1. Presos de guerra son llamados “secuestrados”
Mientras que los mass-media en Colombia han tratado con bombo y platillo el tema de los secuestros (de una parte ínfima de los secuestros), han silenciado totalmente el tema de la desaparición forzada, siendo que esta es una vulneración a los derechos humanos muy grave que se compone de detención, secuestro, tortura, asesinato y desaparición del cadáver.
La explicación de este desigual tratamiento entre secuestro y desaparición forzada se encuentra en la función política y propagandística que cumplen los mass-media: al ser la desaparición forzada un Crimen de Estado, la consigna es callar las denuncias, mientras que el tema del secuestro es ampliamente difundido y manipulado. Así, los militares del ejército estatal que según el derecho internacional (DIH) son presos de guerra (10), han sido presentados como “secuestrados” por el martilleo mediático, asimilados a los civiles.
2. Personas privadas de su libertad por montajes judiciales son secuestradas
Además de esta primera manipulación, la geometría variable hace invisibles a las víctimas civiles en las cárceles del estado colombiano. Los mass-media sólo hablan de un tipo de secuestro, nunca hablan de los más de siete mil quinientos presos políticos, la mayoría de ellos encarcelados con montajes judiciales (11): de los 7.500 presos políticos y de guerra que están hoy encarcelados en las cárceles del estado colombiano, hay más de 7000 civiles encarcelados por “delito de opinión”, que no son presos de guerra, sino sólo presos políticos: sindicalistas, estudiantes, sociólogos, maestros, campesinos, indígenas, afro descendientes, ambientalistas, encarcelados para acallar sus reivindicaciones sociales y políticas, algunos de ellos liberados por falta de pruebas, tras haber sido secuestrados de su libertad durante años (12). Estos encarcelamientos masivos que perpetra el estado colombiano buscan destruir la organización social. Las condiciones de vida de las y los presos políticos vulneran su integridad y su salud, son expuestos permanentemente a torturas activas o pasivas: como las agresiones físicas y verbales, el no acceso a la salud que conlleva la muerte, la exposición a patios llenos de paramilitares, con la consecuencia de que puedan allí ser maltratados y asesinados. Sólo en enero 2011 se cuentan dos fallecimientos de presos políticos a consecuencia de torturas (13).
“Estamos levantados en solidaridad con todos aquellos compañeros que están presos. El estado colombiano en cabeza del presidente y sus grandes socios industriales han saqueado todos los recursos del país, y ahora buscan los recursos de los resguardos (…) la región de Arauca es un objetivo para ellos y esta es la razón por la cual encarcelan a los líderes populares: nosotros lo llamamos secuestro estatal”. Así lo expresó el líder indígena Víctor Chivadaquia (14) y así lo reclamó la comunidad de Arauca durante el paro cívico de enero- febrero 2011 en protesta contra los encarcelamientos arbitrarios de líderes indígenas y campesinos (entre ellos Ismael Uncacía, Verónica Solís y Álvaro Leal Tolosa).
3. Redadas masivas del ejército son secuestro de la juventud
Nunca se habla tampoco de las redadas masivas que perpetra el ejército en barriadas pobres y zonas rurales, en las que secuestra a jóvenes para enrolarlos en el ejército: práctica común para llenar contingentes, mientras que los hijos de la oligarquía no van al ejército (15). Es curioso que en el lenguaje de los mass-media e informes financiados por la USAID, no sea considerado “secuestro” el retener por la fuerza a miles de jóvenes para el ejército, o el privar de libertad a miles de personas, encarceladas sin pruebas.
4. Desaparición forzada es secuestro agravado de tortura y asesinato con fines de terror
Curioso que la gran cobertura que le han dado los mass-media a los secuestros no haya nunca contemplado el crimen de desaparición forzada, que es un secuestro agravado de tortura, muerte y desaparición del cadáver. Sin embargo ahora profundizan su línea de geometría variable, queriendo contabilizar aquellos secuestros enarbolados por la propaganda como desapariciones; lo cual es abusivo, dado que la desaparición forzada es de mayor gravedad que el secuestro, pues representa asesinato y desaparición del cadáver con fines de terror (16). La propaganda se ha ensañado en hacer invisible al drama de la desaparición forzada, y si se llega a nombrar tímidamente, la estrategia es aunarle confusión.
Dramática situación humanitaria de Colombia no se explica sólo como resultado del conflicto social y armado, sino como resultado directo del Terrorismo de Estado contra la población desarmada
Resulta muy útil a los intereses de los que se benefician de la represión y del despojo, el plantear que los desaparecidos, los muertos y los desplazados son el resultado de una guerra civil entre “grupos armados violentos, ilegales, sin rumbo político”, y que el “desbordado Estado” estaría intentando controlar por todos los medios. Es mucho más incómoda la realidad: la mayoría de muertos, desaparecidos y desplazados son el resultado de políticas del despojo que benefician al gran capital nacional y transnacional; y son el resultado de acciones dirigidas contra la población civil.
El asesinato de sindicalistas es claramente el asesinato de las reivindicaciones laborales, sociales, económicas y ecológicas, el asesinato de líderes sociales es claramente la desarticulación de la organización social que se opone al saqueo multinacional. Ante el empobrecimiento causado por el saqueo, la población empobrecida protesta y la represión es la respuesta para ahogar las protestas y perpetuar el Estatus Quo de saqueo. Para mantener el expolio se implementa el Terrorismo de Estado con sus herramientas confesas (militares, policías) y su herramienta de terror encubierta (paramilitarismo). Sin olvidar los bombardeos y fumigaciones de poblaciones bajo la falacia de “la lucha contra el narcotráfico”, que sirven para hambrear poblaciones y lograr su desplazamiento.
En Colombia el número de víctimas civiles es mayor que el número de “bajas en combate”; y esto, aunque el ejército colombiano haya implementado una macabra estrategia que consiste en asesinar a civiles, para luego disfrazar sus cuerpos y mediatizarlos como “guerrilleros abatidos en combate”, para lograr incrementar las cifras de “muertos en combate” (“falsos positivos”) (17). En Colombia hay miles de personas no-combatientes que han sido víctimas del Terrorismo de Estado que se ha abatido sobre ellas, fundamentalmente por 2 razones:
- La primera consiste en la aplicación por parte del ejército de la doctrina militar del “enemigo interno” que conceptualiza como enemigo a toda persona simpatizante con las guerrillas, o simplemente a toda persona cuyas ideas sean progresistas: esto explica que los maestros, los sindicalistas, los estudiantes, los campesinos, los comunistas y los académicos hayan sido víctimas preferenciales dentro de esta concepción del “enemigo interno”. Se trata de acallar la reivindicación social.  
Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo: el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia a manos de la herramienta paramilitar del Estado y multinacionales, o directamente a manos de la fuerza pública (18). El Estado colombiano persigue, encarcela y asesina a todo aquel que ose adelantar un pensamiento crítico; el régimen mantiene encarcelados a 7.500 presos políticos, muchos en condiciones de tortura (OMCT).   El Estado colombiano ha sido demandado por genocidio político por el exterminio físico del partido Unión Patriótica: 5000 militantes asesinados por el Terrorismo de Estado para impedir la posibilidad de un cambio (19).  
La doctrina militar de “la tierra arrasada” se deriva de la doctrina del “enemigo interno”: se trata de vaciar el campo de población para “quitarle el agua al pez”; o sea quitarle el apoyo campesino a las guerrillas, mediante el exterminio y desplazamiento de millones de personas; esta doctrina militar de “tierra arrasada” fue la que emplearon los estadounidenses en Vietnam, asesinando familias campesinas para inyectar terror en las comunidades y desplazarlas de sus tierras, impidiendo que fueran apoyo del FNL ( Viet Cong).
- La segunda razón por la cual miles de personas han sido víctimas del Terrorismo deEstado en Colombia es la capitalización de la tierra para la explotación multinacional de la mega-minería o del agro industrial. Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de desplazados , con 4,9 millones de personas (20). El desplazamiento forzado en Colombia obedece a una estrategia que busca vaciar extensos territorios de su población, con el fin de explotar los recursos de dichos territorios; las masacres son usadas por el Estado para lograr el desplazamiento masivo de poblaciones: mediante el accionar de la herramienta paramilitar en coordinación con el ejército ha logrado el despojo de 10 millones de hectáreas (21) de tierras, que han sido entregadas vacías de habitantes a la codicia de las multinacionales y terratenientes, que son co-financiadores del paramilitarismo.
Herramienta Paramilitar para inyectar Terror; y propaganda para presentar a la herramienta como “grupo armado al margen de la ley”
Si bien la constante de la propaganda oficial es presentar al paramilitarismo como un “grupo armado al margen de la ley”, la realidad es estremecedoramente distinta. El Estado colombiano funge de garante de los intereses del gran capital, y por “seguridad para las inversiones” se entiende el exterminio de las reivindicaciónes sociales. Para inyectar el Terror en la población el Estado dispone de la Herramienta paramilitar (22) que actúa hoy con renovados nombres, tras a un simulacro de “desmovilización” que fue orquestado por el gobierno de Uribe, para hacer bajar la presión internacional ante las denuncias de la barbarie paramilitar y la connivencia estatal. Hoy la herramienta paramilitar goza de un acrecentado margen de acción que le da el simulacro de desmovilización: continúan las masacres, los asesinatos políticos y el robo de tierras; y la herramienta del Terrorismo de Estado continúa beneficiándose de la financiación de multinacionales y latifundistas, además de regentar el narcotráfico junto con el ejército colombiano y sus instituciones aduaneras (23).
La apariencia: componente esencial de una “democracia” genocida que descuartiza personas vivas
En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe acerca de los crímenes confesados por el paramilitarismo: al menos 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre 2005 y diciembre 2010 (ver 2). A este informe hay que sumarle el de febrero 2010, según el cual paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en 15 años (24). Y esto no es sino la punta del iceberg: en efecto, para acallar las revelaciones acerca de los comanditarios de las masacres (multinacionales, empresarios, políticos de alto nivel) el Estado colombiano ha procedido a extraditar a los principales capos paramilitares a Estados Unidos, en lo que las víctimas llamaron “la extradición de la verdad”. Asimismo han sido asesinados varios familiares de paramilitares cuando los paramilitares se han puesto muy locuaces a gusto de los comanditarios del genocidio (25). Pese a lo anterior, existen multitud de pruebas, de documentos, de informes y de testimonios que evidencian que el paramilitarismo es una Estrategia estatal. Existen pruebas fílmicas y fotográficas de la connivencia estatal-paramilitar y el paramilitarismo está preconizado en manuales militares (26).
Testimonios de paramilitares, de sobrevivientes, y los resultados de los equipos forenses evidencian que la Estrategia paramilitar del Estado diseñó un método para descuartizar a seres humanos, y “Cursos de descuartizamiento” para adiestrar a los paramilitares en su función más específica: infundir terror en la población. “Cursos” en los que utilizaban a personas vivas llevadas hasta sus campos de entrenamiento para “ejercitarse” en descuartizamientos, torturándolas vivas. Francisco Villalba, el paramilitar que dirigió la barbarie del Aro, en la que torturaron y masacraron a 15 personas durante 5 días, revela detalles de esos “cursos”: "Eran personas que llevaban en camiones, vivas, amarradas (...) Se repartían entre grupos de a cinco (...) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza... descuartizarlas vivas (…) Ellos salían llorando y le pedían a uno que no les fuera a hacer nada, que tenían familia" (27)
Los jefes de la herramienta paramilitar denuncian: “El paramilitarismo de estado sigue vigente” Jefe de las AUC Salvatore Mancuso. Así se expresó el paramilitar Hebert Velosa, alias ‘HH’, refiriéndose al ejército de Colombia: “Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros. Nosotros cometimos muchos homicidios, pero ellos también deben responder…” (28)
El “buen Estado desbordado”
Pese a tantas evidencias existentes de que Colombia lo que sufre es el yugo del Terrorismo de Estado, hay todavía agencias que buscan reforzar la idea del “buen estado desbordado”.
Fingiendo severidad y objetividad, dice el “informe” de la US office: “La reacción del gobierno colombiano ante el problema de las desapariciones ha sido retardada e insuficiente” (29). Planteando, en línea directa con la propaganda estatal, la idea del buen gobierno desbordado… El gobierno colombiano, según la US office, peca por “insuficiencia de reacción ante…” cuando la cuestión es que sí que ha “reaccionado” ante las denuncias: centenares de denunciantes han sido asesinados por la herramienta paramilitar del Estado, y miles de ellos dan cuenta de reiteradas amenazas por parte de la fuerza pública para que se callen.
La propaganda del “post conflicto” encubre la profundización del genocidio
La falsimedia busca inyectar la idea de “post-conflicto” en un país cuyo ejército descomunal ejecuta bombardeos por toda la geografía y mantiene amplias zonas del país con restricción de alimentos y medicinas. Se busca establecer la idea del “post-conflicto” por encima de la realidad. No hay “post-conflicto” cuando las raíces del conflicto no han sido subsanadas: la tenencia de la tierra y la injusticia social en Colombia son dramáticas: el 68% de la población sufre miseria en el undécimo país más desigual del mundo. No hay “post conflicto” bajo las bombas y las fumigaciones, así como no hay “post conflicto” cuando la herramienta de la guerra sucia que adelanta el Estado sigue asesinando de forma exponencial: bajo Santos, la Herramienta paramilitar sigue activa. Sin embargo se intensifica la propaganda de “post-conflicto”, y se pretende presentar a Santos como “moderado”, cuando en los 90 primeros días de su mandato fueron asesinados 50 opositores políticos (denuncia PDA). Mientras la herramienta paramilitar sigue masacrando y los militares siguen asesinando niños para disfrazarlos de “guerrilleros abatidos en combate” (30), mientras continúan las fumigaciones hambreadoras, en la cámara de representantes se votan las leyes estrella del Uribo-Santismo (mayoría parlamentaria): la “Ley de Tierras”, y la “Ley de Víctimas”.
La “Ley de Tierras” es una ley inconsulta que favorece los grandes monocultivos, vulnera a los pequeños campesinos (desmonta la UAF), impulsa la minería multinacional y finge restituir tierras en lo que es en realidad la legalización del despojo, pues no hay desplazado que retorne a vivir en medio de los victimarios. Varios reclamantes de tierras han sido asesinados en estos meses en medio de la farsa de la restitución de tierras como es el caso de Óscar Maussa, apedreado y torturado hasta la muerte por la herramienta paramilitar, agonizando 7 horas mientras la policía, advertida al momento de las torturas, no hizo nada para salvarle la vida. (31).
La “Ley de Víctimas” ha sido denunciada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado como otra ley inconsulta que deja por fuera del reconocimiento de “Víctimas” al genocidio contra la Unión patriótica (5000 asesinados por el estado), y a las víctimas de antes de 1991, entre otras aberraciones. Otro de los engaños es la noción de “Justicia Transicional” que se ha venido planteando desde la parodia de “proceso de desmovilización” de los paramilitares en 2005.
La estafa de la Justicia Transicional
Ingrid Vergara, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), denuncia que no hay tal Transición: “Lo que la gente vive en las comunidades no es precisamente una “transición” (…) no hay garantías ni para los defensores de DDHH ni para las víctimas. La Ley de Víctimas no fue consultada con las víctimas, hay una institucionalidad permeada por el paramilitarismo: ¿Cómo se puede hablar de restitución de tierras si muchos de los despojadores están sesionando en el congreso?” “La ley carece de una ruta de protección: No hay acompañamiento para la restitución de tierras… en el territorio están los despojadores con el poder político y el poder de las armas ¿Cómo se va a proteger la vida de los reclamantes de tierras?”(32).
El MOVICE objeta la denominación “Justicia Transicional”, cómo lo expresó María Cardona:
“Nosotros objetamos la Ley de Víctimas porque desde el Movimiento de Víctimas nosotros no nos comemos el cuento de que estamos en post-conflicto, las altas esferas del poder gubernamental, la iglesia católica y los medios de comunicación masivos nos quieren hacer creer que Colombia está en post conflicto, y eso no es cierto. (…) La Ley Transicional es válida en un país que ha superado las causas estructurales que ocasionaron el conflicto y ya no tiene conflicto; pero ese no es el caso nuestro, por el contrario la brecha social es cada vez más grande… no hay razón para una Justicia Transicional que lo único que produce es más impunidad (…) (Ibíd.).
Por asesinar 5.100 personas, sólo 8 años de prisión… para la Herramienta paramilitar  
Finalizando 2010 el Jefe Paramilitar Iván Laverde alias “el Iguano”, quién se declaró culpable de 5.100 asesinatos, fue condenado a sólo a 8 años de cárcel… (33) La Herramienta paramilitar goza de leyes especiales: en virtud de la mal llamada “Ley de Justicia y Paz”, la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar son 8 años de cárcel. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha denunciado que la Ley de Justicia y Paz es una suerte de premio de impunidad a la herramienta paramilitar , por favores hechos al gran capital. La ley fue impulsada por el ex presidente Uribe, quién figura en las listas del Pentágono cómo el narcotraficante número 82 más peligroso del mundo (34)… sin que los Estados Unidos, quienes siempre andan declarando que “luchan contra el narcotráfico” hayan sabido dónde encontrarlo.
El Iguano fue hallado culpable de: tortura, homicidio agravado, desplazamientos forzados, 28 masacres, los homicidios de los fiscales Carlos Arturo Pinto y María del Rosario Silva, el asesinato del candidato a la Gobernación del Norte de Santander Tirso Vélez y el del asesor de la Alcaldía de Cúcuta Alfredo Enrique Flórez, perpetrados entre 1999 y 2005. El paramilitar admitió haber utilizado hornos crematorios para hacer desaparecer a sus víctimas, y torturas como el descuartizamiento de personas vivas… Sin embargo, a ojos de la “Justicia” colombiana, en pocos años habrá “saldado” cuentas con la sociedad: los acuerdos firmados durante la pantomima del “proceso de desmovilización”, sirvieron para premiar a los asesinos, para legalizar el despojo, y para darle una capa de pintura al propio impulsor de la Herramienta paramilitar: el Estado colombiano.
Bajo Santos se profundiza el blindaje de impunidad para paramilitares y sus financistas
Bajo el gobierno de Santos acaba de ser votada otra ley de impunidad para la herramienta paramilitar y sus financistas: se trata de la Ley 1424, que estipula: “(…) La información que surja en el marco de los acuerdos no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros”. El 29 de diciembre se convirtió en la ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones” (35). Evidentemente, con esta ley se blindan de impunidad los financistas de la herramienta paramilitar, los “terceros”.
Detrás del drama de millones de personas se esconde la mano del gran capital
Una entrevista realizada al presidente Juan Manuel Santos en enero 2011, sintetiza la esencia de las motivaciones para la continuidad del genocidio: el drama colombiano está íntimamente relacionado con el capitalismo transnacional, no es el drama de “la bala perdida”, sino bien de una violencia ejercida desde el poder estatal y económico contra la población de un país cuyas riquezas son altamente codiciadas. Se trata de garantizarles a las empresas multinacionales la posibilidad de saquear sin trabas. Se trata de ofertarles el saqueo de los recursos y de la fuerza laboral, sin importar la destrucción del medio ambiente y de la seguridad alimentaria.
Euronews le pregunta a Santos: “¿Hoy por hoy, es Colombia un país seguro para las inversiones extranjeras?”
Santos: “Sin duda y no solamente lo digo yo, sino que lo dice el Banco Mundial, por ejemplo en su estudio Doing Business, Colombia aparece como uno de los países que más protege la inversión extranjera . Yo comparo mi política con las relaciones personales. Cuando uno dice que una persona es predecible, se piensa que es muy aburrida. Pues bien, yo quiero que para los inversores extranjeros, Colombia sea aburrida, es decir predecible, con reglas de juego estables y una seguridad jurídica. Eso es lo que queremos y por eso los inversores pueden estar tranquilos.” (36)
Seguridad Democrática, Seguridad Cuidadana: enfoque distorsionado
La propaganda estatal plantea que se necesita reforzar la militarización para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Un discurso de Francisco Santos condensa esta peculiar idea de ‘post conflicto gracias a la militarización’: “Hoy, una familia puede comenzar a lograr un cierre, y hoy el gobierno está reforzando su presencia para que en Colombia deje de correr sangre". (37)
Lo que la propaganda plantea es que las violaciones a los DDHH se resuelven con la presencia del ejército en cada rincón del país; esto, si se debiera resumir en una frase de parodia, sería: "malos grupos armados ilegales (sin precisar quién hace qué) versus buen estado desbordado, que debe ser reforzado para vencer al mal, y lo está logrando; ¡vamos juntos hacia la reconciliación nacional en esta etapa de post-conflicto! (caminen sin mirar hacia las fosas)…".
Los familiares de desaparecidos han infatigablemente denunciado la desaparición forzada como Estrategia Estatal para neutralizar al desaparecido e inyectar terror en los sobrevivientes... no es más presencia represiva del Estado que va a mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia, al contrario.
Notas
NOTAS
El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en los últimos 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (cifras febrero 2010, medicina legal y fiscalía)... para una estimación total en los últimos 20 años de 250.000 personas desaparecidas... Las estimaciones de desaparición forzada son minimizadas desde el Estado (el victimario), sin embargo ha debido reconocer al menos 50.000 desaparecidos.
Piedad Córdoba, Madrid, mayo 2010 "Hay 250.000 desaparecidos en Colombia en los últimos años": http://www.rebelion.org/noticia.php?id=106344&titular=%22hay-250.000-desaparecidos-en-colombia-en-los-%FAltimos-a%F1os%22-
Colombia: Segundo Congreso Mundial de Desaparición Forzada: http://www.youtube.com/watch?v=YNQgkbV12tU
 Desaparición, crimen del Terrorismo de Estado en Colombia: http://justiciaypazcolombia.com/50-000-personas-desaparecidas-en
(2) Informe Fiscalía, enero 2011 : 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, cometidos entre 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el paramilitarismo:
 (3) Paramilitar Mancuso denuncia rearme de paramilitares, advierte acerca de la existencia del paramilitarismo de estado “El paramilitarismo de estado sigue vigente”:
Ya son 3 los jefes paramilitares en denunciar a los Santos: Mancuso, el Alemán y Jorge 40 relacionan al paramilitarismo con los hermanos Santos, Francisco Santos, quién fuera vicepresidente de Uribe y Juan Manuel Santos, presidente actual de Colombia:
Mancuso ya había relacionado a Santos con las AUC: http://www.youtube.com/watch?v=YhQ9yXqmq0E  
Vínculos DAS, paramilitarismo, Santos y Bloque Capital de paramilitares, entrevista por caso Noguera:
Mancuso denuncia a Multinacionales de financiar el paramilitarismo, entre ellas Chiquita Brands, y Del Monte:
Según el Jefe paramilitar Mancuso el actual Presidente Juan Manuel Santos habría estado vinculado con el paramilitarismo: http://www.pusstv.com/5mxWMcE5JjCp7
(4) “(…) se tapaba con grasa humana (…)” http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article17112
 Paramilitar Mancuso reitera que ‘cremaron' víctimas para bajar estadísticas:
Documental peridismo humano, testimonio de Manuel Ramírez alias “el Mocho”: hornos crematorios, descuartizamientos y connivencia en masacres y en asesinatos de civiles “falsos positivos” de paramilitares con el ejército oficial:
«En Colombia se han utilizado hornos crematorios para hacer desaparecer rastros de personas asesinadas o para quemar a personas vivas. Las llevaban los paramilitares por instrucción del Ejército y la policía». Senadora Piedad Córdoba: http://www.piedadcordoba.net/piedadparalapaz/modules.php?name=News&file=article&sid=3345&mode=thread&order=0&thold=0
Estado Colombiano emula crímenes Nazis: Paramilitares y Hornos Crematorios...
 (5) La mayor fosa común del Continente americano:
Los Medios ocultan la mayor fosa común de América, mientras el Estado colombiano busca alterarla: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100898
(6) varios denunciantes de la gigantesca fosa de la Macarena fueron asesinados para callar sus denuncias, entre ellos Norma Irene Pérez: http://www.youtube.com/watch?v=6O7vb71NQSQ
Asesinado defensor de derechos humanos Jhonny Hurtado: http://prensarural.org/spip/spip.php?article3738
(7) Marisela Uribe García, perdió sus bebés por torturas estando embarazada
 (8) Nuevo hallazgo de fosas comunes: al menos 1.500 cadáveres de “falsos positivos” y desaparecidos http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119299
 (9) La US office on Colombia acaba de publicar un informe muy ilustrativo de la manera en que se busca confundir, Escrito por Lisa Haugaard y Kell y Nicholls: http://lawg.org/storage/documents/Colombia/RompiendoElSilencio.pdf
(10) DIH,  Estatuto del prisionero de guerra “todo combatiente que caiga en poder de una parte adversa será prisionero de guerra”(Art. 4 del III Convenio)
El régimen colombiano mantiene encarcelados a 7.500 presos políticos: http://www.arlac.be/A2009/2009/Tlaxcala.htm Campaña europea 2009-2011 por la liberación de los presos políticos en Colombia. Son 7500, en su mayoría presos de opinión, activistas sociales. Las asociaciones y personas que quieran apoyar la campaña por la liberación de los presos políticos en Colombia, son bienvenidas. Para firmar pinchar aquí:
Entrevista a defensor de DDHH denuncia los montajes judiciales, la tortura y las condiciones de los presos políticos en Colombia:
(12) 40 personas encarceladas durante 3 años por montaje judicial: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104161
Así desarticula el Estado las organizaciones sociales: 17 dirigentes sociales acusados de rebelión, 3 años en prisión: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=117123&titular=absuelven-a-17-dirigentes-sociales-acusados-de-rebeli%F3n-despu%E9s-de-3-a%F1os-en-prisi%F3n-
 (13) Tortura contra presos políticos:
Expertos de Naciones Unidas expresan grave preocupación por Tortura: http://www.colectivodeabogados.org/Grave-preocupacion-por-la-tortura
La tortura contra presos políticos en Colombia, caso Diomedes Meneses: http://blip.tv/file/3374604/
Aunque un juez determinó prisión domiciliaria , un preso político invidente y con los brazos amputados, sigue encarcelado en situación limite :
Muere, tras meses de tortura y en total abandono, el preso político José Albeiro Manjarrés:
Se suicida Leandro Salcedo tras 9 meses de tortura en cárcel colombiana:
Devis Ochoa, preso político con diabetes agravada que corre riego de muerte por tortura de privación de medicinas, aunado al intento de homicidio por situarlo en patio paramilitar: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article5255
El INPEC impide a los detenidos denunciar violaciones a los derechos humanos en cárcel La Tramacua: “ el detenido JOSE OVIDIO RESTREPO GALLEGO, cuando era trasladado a una diligencia fuera del establecimiento, llevaba en su poder la denuncia disciplinaria por la muerte del detenido JORGE RUSSO MONTES identificado con el TD4617 de la Torre 8 y las denuncias por otras irregularidades en el centro de reclusión, con destino a la Procuraduría General de la Nación, pero el comandante de guardia, de apellido Peñaloza, se la arrebató”: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article5278
(15) redadas masivas que perpetra el ejército en barriadas pobres y zonas rurales, en las que secuestra a jóvenes para enrolarlos forzadamente: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/WRI_Colombia97_sp.pdf
(16) “los secuestros y el reclutamiento forzado, fueron catalogados como desapariciones” Se refieren sólo a los secuestros y reclutamientos de la guerrilla, no a los del estado: geometría variable. Pagina 7 Informe Us Office on Colombia : http://lawg.org/storage/documents/Colombia/RompiendoElSilencio.pdf
(17) Los ‘Falsos positivos’ son asesinatos de niños y jóvenes por parte del ejército colombiano, para después mediatizar sus cadáveres como “guerrilleros abatidos en combate”. La directiva 029 premia a los militares por cadáver presentado: http://www.falsos-positivos.blogspot.com/
evidencias fotográficas “falsos positivos”:
Wilikeaks confirma:  Militares admiten política estatal de asesinatos de civiles por parte del ejército colombiano
 (18) www.cut.org.co más 2.778 sindicalistas asesinados desde 1986 hasta diciembre 2010 . El 60% del total de sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia por las herramientas del terrorismo de Estado . Colombia récord mundial en asesinatos de sindicalistas. El Informe de la CSI, Confederación sindical internacional, sobre violaciones de Derechos Sindicales en 2008 dice: “ Colombia líder absoluto en asesinato de sindicalistas: 49, de un total de 76 ”
El Informe de la CSI, sobre violaciones de Derechos Sindicales en 2009 dice: “En Colombia, los asesinatos de sindicalistas representan el 64 por ciento de los ocurridos en el ámbito mundial y el 76 por ciento de los acaecidos en América Latina.”
El Informe anual 2010 sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo dice:
“Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte”
 Colombia el país de mayor riesgo en el mundo para la actividad sindical: “Cada año más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos. La tasa de sindicalistas asesinados en Colombia es 5 veces mayor a la del resto de países del mundo, incluidos aquellos donde regímenes dictatoriales proscriben el sindicalismo”

“(…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.”  
 (19) Unión Patriótica, 5000 militantes exterminados: Genocidio político, crimen de Estado:
El plan del Estado y de la CIA para exterminar a la UP, se denominó “Baile Rojo”. Documental de Yesid Campos acerca del genocidio político de la Unión Patriótica:

(20) Colombia es el país con más desplazados internos del mundo según CODHES, y según ACNUR es el segundo, detrás de Sudán: www.kaosenlared.net/noticia/colombia-primer-pais-mas-desplazados-mundo-segun-codhes-ya-son-4-9-mil
MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado:
(21) MOVICE: 10 millones de hectáreas de tierras despojadas a los campesinos, cifras 2009:
(22) Informe “Paramilitarismo de Estado en Colombia, Deuda con la Humanidad”, CINEP, varios documentos de contexto, testimonios y datos: http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/deuda.htm
“la doctrina contrainsurgente del Estado colombiano, y la población civil”:
 (23) Soldado John Quirama denuncia a sus superiores de nexos con Paramilitar alias Cuchillo,denuncia también el narcotráfico del ejército y asesinatos “falsos positivos”
 (24) Empleo de una Herramienta Paramilitar para inyectar el Terror en la población. I nforme de la Fiscalía de Justicia y Paz febrero 2010; paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en 15 años:
 (25) Asesinados familiares de paramilitares para impedir que estos revelen sus mandos políticos y empresariales: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=930229
 (26) Informe “Paramilitarismo de Estado en Colombia, Deuda con la Humanidad”, CINEP, varios documentos de contexto, testimonios y datos: http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/deuda.htm
“la doctrina contrainsurgente del Estado colombiano, y la población civil”:
Soldado John Quirama denuncia a sus superiores de nexos con Paramilitar alias Cuchillo, denuncia también el narcotráfico del ejército y asesinatos “falsos positivos”
Miles de víctimas, varios paramilitares e incluso militares, han denunciado el carácter de Estrategia Estatal de la Herramienta paramilitar. Además existen pruebas fílmicas y fotográficas de la connivencia estatal-paramilitar y el Paramilitarismo está preconizado en manuales militares. General Montoya, y paramilitares, prueba fílmica:
Desde los años 60, a raíz de la visita practicada a Colombia por la Misión Yarbourough del ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices secretas que dejó consignadas dicha Misión, el Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas de este ciclo (1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en los Manuales de Contrainsurgencia  que comienzan a formar parte de la Biblioteca del Ejército y por tanto de los textos de estudio y entrenamiento militar desde 1962. Tomando como fuente 6 manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, se la define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).
 (27) La Estrategia paramilitar del Estado diseñó un método para descuartizar a seres humanos: dictando “cursos” utilizando a personas vivas llevadas hasta sus campos de entrenamiento. Francisco Villalba, el paramilitar que dirigió la barbarie del Aro (Antioquia), en la que torturaron y masacraron a 15 personas durante 5 días, revela detalles de esos “cursos”: "Eran personas que llevaban en camiones, vivas, amarradas (...) Se repartían entre grupos de a cinco (...) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza... descuartizarlas vivas (…) Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia" http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3525024
 (28) Así se expresó el paramilitar Hebert Velosa, refiriéndose al ejército de Colombia: “Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros. Nosotros cometimos muchos homicidios, pero ellos también deben responder…”
'H.H' revela vínculos con Byron Carvajal y General Rito Alejo del Río:
 (30) Niños de 6,9 y 14 años, violados y asesinados por el ejército en Arauca:
“Informe especial - Los niños y las niñas: otras víctimas de asesinatos por parte del Ejército colombiano”:
(31) Varios reclamantes de tierras han sido asesinados en estos meses en medio de la farsa de la restitución de tierras como es el caso de Oscar Maussa, apedreado hasta la muerte por la herramienta paramilitar:
La Policía lo dejó agonizar 7 horas: Oscar Maussa reclamante de tierras, es el noveno asesinado en Urabá este año, lapidado a las 19h00, falleció a las 2h00, sin que la policía alertada hiciera nada:
 (33) Paramilitar Iván Laverde, alias “El Iguano” quién se declaró culpable de 5100 asesinatos, fue condenado a tan sólo a 8 años de cárcel:
(34) Informe de la U.S. Defense Intelligence Agency (DIA), del 23 de septiembre 1991, acerca del ex presidente Uribe Vélez y su relación con el narcotráfico, designándolo como el narcotraficante número 82; desclasificado el 1 de agosto de 2004 en cumplimiento de un Acto de Libertad de Información (Freedom of Information Act) interpuesto en el mes de agosto de 2000 por The National Security Archive, grupo de investigación no gubernamental establecido en la Universidad George Washington: "82. Álvaro Uribe Vélez – un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en altos niveles del gobierno. Uribe estuvo vinculado a negocios involucrados en actividades de narcotráfico en EEUU. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para obtener el cargo de suplente de Jorge Ortega. (…)” . PAG81: http://www.arlac.be/2007/AUV.htm
 (35) Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, nueva ley de impunidad para paramilitares y sus financistas: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120510&titular=otra-ley-de-impunidad-para-paramilitares-y-sus-financistas-
 (37) Discurso de Francisco Santos citado en el informe de la US Office on Colombia mencionado previamente:

martes, 1 de marzo de 2011

En la búsqueda de los desaparecidos de Colombia

http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=8308



Marzo 1 de 2011


Colombia presenta uno de los más altos niveles de desapariciones forzadas en el mundo, de acuerdo con un informe publicado por La US Office on Colombia y el Latin America Working Group el pasado mes de diciembre. Cuando se menciona las desapariciones forzadas en América Latina, países como Argentina y Chile vienen a la mente. Sin embargo, la magnitud de la tragedia en Colombia puede llegar a ser incluso mucho mayor.


Entre los desaparecidos en Colombia se cuentan defensores de derechos humanos, sindicalistas, afro-colombianos, indígenas, jóvenes y niñas adolescentes en las áreas rurales en donde existe conflicto.


El reporte elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia, cita cifras oficiales del gobierno colombiano que muestran que 51,000 personas han sido reportadas como desaparecidas o perdidas. El número de personas que han sido desparecidas forzadamente sigue siendo objeto de debate, con estadísticas oficiales que van desde un cuarto de las 51,000 personas citadas, a más de 32.000 personas. El número total de víctimas de desapariciones forzadas podría ser mucho más alto conforme se registran nuevos y antiguos casos en un registro único de datos coordinado por el gobierno, lanzado en el 2007. De igual manera existen casos que nunca han sido registrados.


A la fecha el problema está lejos de ser resuelto. Más de 1130 casos nuevos de desapariciones forzadas han sido registrados oficialmente en los últimos tres años; la cifra total puede llegar a ser significativamente más alta.


El Informe titulado Rompiendo el Silencio subraya que la ayuda militar que el gobierno de los EEUU le ha suministrado a Colombia en el pasado y continua suministrándole hoy, ha fortalecido un ejército que ha sido responsable de miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y que ha colaborado o ha hecho caso omiso a la violencia paramilitar, violencia que se exacerbó a medida que la ayuda de los Estados Unidos llegaba al país. El número más alto de desapariciones forzadas ocurrió entre los años 2000 a 2003, de acuerdo con las estadísticas del gobierno colombiano- los primeros cuatro años en los que los EEUU financiaron el Plan Colombia.

sábado, 26 de febrero de 2011

Colombia; El Polo democratico denunciará al ex presidente Uribe por paramilitarismo


Por Agencias
Así lo anunció la presidente del Polo Democrático Alternativo, PDA , Clara López Obregón, que denunciara a Álvaro Uribe Vélez
Por intermedio de un comunicado de prensa, el Polo Democrático Alternativo cuestionó los "estrechos nexos de colaboración política, económica y electoral" entre el ex presidente Álvaro Uribe y su primo Mario Uribe, condenado a 7 años y medio de cárcel por nexos con grupos paramilitares.

López Obregón, dijo que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió apoyo político para Uribe en el 2002, y que el ex mandatario acogió financiación de alias Enilse López, 'la gata', la cual aportó al menos 100 millones de pesos, a una de las campañas de Uribe Vélez.  “La Gata” está condenada a nueve años de cárcel por formación y financiación de grupos paramilitares.

El Polo advierte que Uribe debe ser juzgado por la justicia ordinaria, ya que los delitos de los cuales es señalado fueron cometidos cuando aún no era presidente. El único partido de oposición suma a lo anterior el hecho de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a siete funcionarios de su gobierno implicados en la estrategia de corrupción conocida como “Agro Ingreso Seguro" (Agro Robo Seguro).
 
 Imagen de muestra

viernes, 25 de febrero de 2011

Juan Pablo II: El santo de los pedófilos y los pederastas

Visite http://www.periferiaprensa.org/

Escrito por Renan Vega Cantor
El primero de mayo próximo le será concedida la beatificación a Karol Józef Wojtyla, alias Juan Pablo II; este es el paso previo hacia la santificación que le otorgará la iglesia católica. Este proceso de beatificación ha sido verdaderamente relámpago, si se recuerda que antes se necesitaban décadas e incluso siglos para que un miembro del culto católico fuera declarado Santo o, más difícil todavía, Santa, por aquello del machismo congénito de esta religión.
Resulta sintomático de la farsa espiritual de esta beatificación el “milagro” que se le atribuye a Carol Wojtyla: en el 2005, poco antes de morir, se dice que de manera inmediata e inexplicable curó de mal de Parkinson a la monja francesa Marie Simon-Pierre, luego que ésta le pidiera un remedio para su enfermedad. Es paradójico o cómico que este papa curaba el parkinson a otra persona, pero no fue capaz de curarse el parkinson a sí mismo. Tal paradoja sólo puede explicar los insondables misterios de los padres de la iglesia católica.
Aparte de esa singular contradicción, la beatificación tiene objetivos no tan santos para el Vaticano y la Iglesia Católica, en la actualidad inmersa en un interminable rosario de escándalos por pederastia y violencia contra los niños por parte de curas, obispos y cardenales católicos en los cinco continentes. Al respecto se pueden mencionar varios hechos. En Irlanda, miles de niños pobres, que eran enviados a las escuelas y reformatorios porque sus padres no los podían atender ni educar, fueron objeto de abusos sexuales y torturas física y sicológicas en las instituciones escolares regentadas por sacerdotes católicos, abusos en los que, según una comisión que investigó estos crímenes, están involucrados unos 800 sacerdotes. En los Estados Unidos, en el 2010 se dio a conocer una lista de 117 sacerdotes católicos responsables de violación a niños y niñas en varios lugares del país, principalmente en la Arquidiócesis de Boston.
En Brasil circula un “manual del cura pedófilo”, escrito por el sacerdote Tarcísio Sprícigo, en el que se dan instrucciones de cómo proceder por parte de los “violadores del señor”: seleccionar niños de la calle, pobres y desamparados, como forma de favorecer la impunidad. El autor de tal best seller católico, que de seguro compite con la Biblia como el libro más leído por los curas pedófilos, señaló que escribió su magna obra inspirado por una especie de revelación divina, convencido que “Dios perdona los pecados, pero la sociedad nunca”. El autor de esta macabra guía de la violación de niños es un teólogo muy reputado en Sao Paulo; lleva un diario con sus fechorías sexuales, en donde alguna vez escribió: “Me preparo para salir de caza con la certeza de que tengo a mi alcance a todos los garotos (chicos) que me plazca”.
Las altas jerarquías de la Iglesia Católica, desde el Papa, máxima autoridad de la misma, siempre se han hecho los de la vista gorda frente a la pederastia de muchos de sus sacerdotes, aun más, la encubren de múltiples maneras, como lo ha hecho el cardenal colombiano Darío Castrillon. Juan Pablo II fue, entre los últimos papas, el más encubridor de todos, porque nunca realizó nada para propiciar que fueran juzgados los criminales. Los amparó y protegió, procediendo a trasladarlos de parroquia, sin hacer caso de las denuncias que continuamente se hacían sobre la pedofilia de los siervos de Dios.
Incluso, Juan Pablo II llegó a felicitar a uno de los pedófilos más connotados de las jerarquías católicas, al mexicano Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. En un discurso público dirigido a los legionarios de Cristo, con el fin de conmemorar el 60 aniversario de ordenación de Marcial Maciel, el 30 de noviembre de 2004 Juan Pablo II afirmó: “Mi afectuoso saludo se dirige ante todo al querido padre Maciel, al que de buen grado acompaño con mis más cordiales deseos de un ministerio sacerdotal colmado de los dones del Espíritu Santo (…) Con estos sentimientos y deseos, imparto de corazón al querido padre Maciel y a todos vosotros, aquí presentes, una especial bendición apostólica”.
Esta apología a un comprobado cura pedófilo fue hecha personalmente por Juan Pablo II cuando ya sabía ante quién estaba hablando, porque en 1997 ocho ex miembros de la Legión de Cristo, en una carta abierta dirigida al Vaticano acusaron a Maciel por haber abusado sexualmente de ellos: “Quienes ahora Os escribimos somos varios hombres cristianos, doblemente víctimas en dos claras épocas de nuestra vida: primero durante nuestra adolescencia y juventud y, luego, en nuestra madurez, por parte de un sacerdote y religioso muy allegado a Vos, que repetidamente abusó, antaño, sexualmente y de otras maneras de nosotros, indefensos, lejos de nuestros padres o tutores, en países diversos y lejanos del nuestro”. Lo que hizo el papa ante estas denuncias fue proteger con todo el poder del Vaticano al acusado, lo cual implica encubrimiento y complicidad en los delitos de violación y abuso de menores.
Juan Pablo II es el nuevo beato de la Iglesia Católica, arrogante y autoritario. El mismo que durante su largo papado de 26 años se alió con los sectores más retardatarios del mundo para destruir proyectos revolucionarios y anticapitalistas. El mismo que persiguió a los teólogos de la liberación y respaldó dictaduras criminales, como la de Raoul Cédras en Haití en la década de 1990. El mismo que canalizó dineros de la CIA de los Estados Unidos hacia los disidentes anticomunistas de Polonia. El mismo que con sus condenas al cristianismo de los pobres auspició ideológicamente el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador y el asesinato de seis jesuitas en ese pequeño país en 1989. El mismo que se alió con sectores de la mafia a través del Banco Ambrosiano, con el objetivo de financiar actividades anticomunistas en Polonia y América Central. El mismo que desató una campaña retardataria contra el aborto y la anticoncepción y que llevó al Opus Dei hasta las entrañas del mismo Vaticano.
Ese es el mismo que ahora proclaman como beato y pronto como santo. Por su historial, pronto se va a convertir, después del próximo primero de mayo –un día que no ha sido escogido por puro accidente, como la fecha de beatificación de Carol Wojtyla, sino que ha sido escogido para eclipsar la fiesta laica y universal de los trabajadores- en el beato y santo de los pederastas, pedófilos, abusadores y violadores (lo cual no es de extrañar, pues la iglesia tiene santos para todo), que en lo sucesivo le pedirán amparo y protección para encubrir sus fechorías y crímenes contra los niños pobres del mundo. Tendrán para él su propia oración, que reza textualmente: “Oh Señor que nos diste la oportunidad de disfrutar de la carne fresca de los niños, te rogamos que por vuestro conducto nos permitas continuar con el goce infinito que proporciona el vicio y el placer de violar niños y niñas inocentes -la gracia de comer del verdadero árbol de la vida-, que todo se hará para serviros, pues nunca nos alcanzamos a saciar con el cuerpo y la palabra de Dios, y que siempre seamos protegidos por la potestad del Vaticano. Que así sea. Amén”.

martes, 22 de febrero de 2011

COLOMBIA; PROSPERIDAD DEMOCRATICA ¿ PARA QUIEN?





Para animar la la reflexión y discusión nacional sobre el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Juan Manual Santos para los próximos 4 años, compartimos con ustedes los siguientes documentos: "La agricultura" en el Plan de Desarrollo de Santos del equipo de curul

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO REFORMA LA LEY 160 DE 1994  
 El gobierno de Juan Manuel Santos, comenzó presentándole al país la iniciativa de restituir a las víctimas con las tierras que les fueron arrebatadas producto del conflicto.
 Muchos sectores recibieron con buenos ojos el proyecto, pero han dejado de lado lo que para nosotros resulta ser la intención de fondo: formalizar la propiedad de la tierra en Colombia, a exigencia del Banco Mundial. Es decir, tras la presentación de la primera iniciativa de restitución de tierras, y tal como lo señalamos en los debates adelantados el 18 de agosto y 30 de noviembre de 2010, se escondía la verdadera intencionalidad, la cual es implementar una reforma patrimonial que legitimará la concentración de tierras en manos de grandes empresarios, cerrando cualquier posibilidad de que en el país se lleve a cabo una reforma agraria democrática. En la propuesta 69 del Plan electoral  “Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática 110 Iniciativas para Lograrla”, dice lo siguiente:
 NO MÁS LIMITACIONES DE ESCRITORIO A LOS AGRICULTORES: Permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF), respetando las características económicas de los mismos y de la tierra.
 ¿A los campesinos? Por supuesto, en período electoral hacer promesas y esconder los verdaderos propósitos son la constante de ciertas candidaturas, que cuando se instalan en Palacio de Nariño agencian exclusivamente sus reales intereses. La UAF como límite a la concentración de la propiedad rural, junto a su informalidad (que funge como obstáculo a su “movilidad”), han sido los principales dolores de cabeza o “cuellos de botella” (como lo define el gobierno) de grandes empresarios, nacionales y extranjeros, para hacerse a grandes extensiones de tierra para el cultivo de alimentos y commodities agropecuarios, producción cuyo destino serán los mercados internacionales. Al campesino en esta visión del campo que el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, ha denominado Gran Agricultura del Siglo XXI, se le denota como trabajador rural o como “asociado”, mediante la anexión de su propiedad o del uso del suelo a la actividad económica del gran empresario, de allí el interés del gobierno y empresarios de promover las conocidas alianzas productivas.
 ¿Cómo eliminar los cuellos de botella a la Agricultura del Siglo XXI?
 La UAF ha estado en los últimos años en el ojo del huracán, se han presentado propuestas para su desmonte, así como para reformar la Ley 160 de 1994. Hacerlo a través de la Ley de Desarrollo Rural puede traer un costo político importante y “dilaciones” incómodas, así que la propuesta hoy es hacerlo por la vía del Plan Nacional de Desarrollo. Esto lo anunció el propio Ministro de Agricultura en entrevista radial, señalando que:

“(…) Por el contrario si lee también el Plan Nacional de Desarrollo, que fue radicado el pasado viernes en el congreso por el gobierno Santos, verá que allí estamos dando un paso gigantesco para desarrollar el empresariado agrícola de gran aliento y de gran porte con vocación empresarial, removiendo las restricciones de la UAF que han impedido el desarrollo agropecuario en gran escala en la Orinoquía y en los llanos orientales, cosa que no se hizo durante la anterior administración.”[1]
 ¿Consulta previa?... Claro, pero sólo a los grandes empresarios agrícolas nacionales y extranjeros
 El proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo al incluir una modificación de la esencia misma de la UAF definida en la ley 160 de 1994, sólo considera las necesidades y requerimientos de los grandes empresarios, entre ellos los extranjeros. La denuncia realizada, sobre el fraccionamiento en la compra de grandes globos de tierras y el posterior favorecimiento (adicional) de recursos de Agro Ingreso Seguro a empresas extranjeras como el grupo brasilero-boliviano Mónica Semillas, ahora con el nuevo esquema de la UAF ampliada hallan total legitimidad, y con ello el fenómeno de extranjerización de la propiedad de la tierra, además de recibir consagración jurídica, en adelante será la forma de despojo legal por excelencia, de las tierras que son y serán objeto de restitución. Fenómeno que se sumará a la cesión de propiedad (o uso, mediante extensos contratos de leasing también autorizados en el Plan de Desarrollo) de los baldíos, no a campesinos sino a grandes empresarios, que complacidos, recibirán un factor de producción que escasea a escala orbital y que moviliza colosales recursos transnacionales: la tierra.
Tal como lo ha dicho el Ministro en la citada entrevista: “(…) Y los empresarios, repito, con los cuales yo me he reunido en muchas ocasiones, varias de ellas en la región de Villavicencio y de la Altillanura, que están muy complacidos con la política agraria de Colombia, y están aplaudiendo que este gobierno haya tenido el coraje como lo tenemos en el Plan de Desarrollo de haber presentado las leyes que flexibilizan la figura de la UAF, que ha sido un disuasivo del desarrollo empresarial de la agricultura. Colombia es un país muy grande. Colombia es un país que tiene muchas tierras, y aquí tienen que caber, tienen que caber, la agricultura empresarial, de empresarios honestos, grandes, de exportación, de valor agregado, con la pequeña agricultura campesina, y ambas van a ser defendidas por el actual gobierno, y tanto más si en la segunda hay que incorporarle el elemento de justicia que implica la devolución de tierras a los injustamente despojados.”
 ¿Hacia dónde va el sector rural y el campo colombiano?
 En un evento académico y de socialización de la política agropecuaria del gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Reyes, principal asesor del Ministerio de Agricultura en estos temas de tierras, mencionó que según estudios rigurosos elaborados por el propio gobierno, 4/5 partes de las personas que van a ser objeto de restitución, no van a regresar a sus tierras, pero se les garantizará el patrimonio de las mismas. Así mismo, el director del INCODER, Juan Manuel Ospina, ha dicho que los campesinos se tienen que convertir en empresarios y asociarse con los grandes agricultores[2], porque de no hacerlo será el mismo mercado el que los va a sancionar sacándolos de actividades no competitivas. Curiosa afirmación del director de una entidad que ha estado en la mira de la opinión pública y los organismos de control por adjudicaciones de baldíos (tierras de la nación) que revocó a los campesinos, para entregárselas con posterioridad a paramilitares. Curioso igualmente que ese ignominioso despojo se esgrima hoy como una especie de analogía convertida ahora en política de Estado, ya no al servicio de paramilitares sino en beneficio de grandes empresarios (por supuesto, incluidas las grandes multinacionales agropecuarias), como queda estipulado en el artículo 45 del Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo.
 Con las distintas determinaciones y políticas contempladas en los artículos 45, 46 y 47 del Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo radicado por el gobierno de Juan Manuel Santos, y el ideal de desarrollo pretendido por éste gobierno para el campo colombiano, todo parece apuntar a una dinámica rural y de la agricultura para los próximos años influida por los siguientes factores:
 1.       La restitución de tierras (una política por la cual Juan Manuel Santos ha sido considerado todo un revolucionario) bajo las condiciones que impone este gobierno, parece más que el pago de una deuda histórica, una forma para despojar a posteriori legalmente a los restituidos, y con ello profundizar la concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes empresarios (nacionales y extranjeros), pues son los únicos que tendrán la posibilidad de ser eficientes en el sector rural.
 2.       La visión de la Agricultura del Siglo XXI, consistente en una política del Banco Mundial, según la cual es fundamental la “flexibilización” del mercado de tierras, de modo que pueda utilizarse en actividades más productivas y por usuarios más eficientes[3]; convertirá progresivamente a la agricultura de gran plantación en la única forma de producción en el campo, y quedarán en el pasado formas de desarrollo rural hasta ahora “convencionales” (subsistencia familiar, agricultura campesina, etc.). 
 3.       Con esta reforma incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, el campo ya no tiene por núcleo distributivo y enfoque socioeconómico a la familia sino a la empresa; la supervivencia no dependerá o se medirá en ingresos (medido en salarios) sino que dependerá de la escala de producción; el interés no es la demanda interna y la producción nacional sino abastecer mercados externos de alimentos y commodities agroindustriales, el sujeto de identificación social no será el campesino sino el empresario o “el socio” (del gran inversionista); en otras palabras, como lo pretendía el ex presidente Álvaro Uribe, hoy se impone Una Revolución Total, una “revolución” del sector rural que es netamente funcional al aumento progresivo de la riqueza y la rentabilidad de los grandes inversionistas agropecuarios nacionales y extranjeros.
                                                                                                          Febrero 18 de 2011
 EQUIPO DE CURUL



[1] Entrevista realizada por la W Radio al Ministro Juan Camilo Restrepo y a José Obdulio Gaviria el lunes 7 de febrero de 2011. Mayores detalles, escuchar el archivo de audio disponible en el siguiente vínculo Web:
http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=1422276 (Revisado por última vez: 8 de febrero de 2011, 09:00 am)
[2] Intervención del Director del INCODER en el foro “Altillanura” realizado en Puerto Gaitán (Meta) el día 3 de diciembre de 2010.
[3] BANCO MUNDIAL (2007). “Colombia 2006-2010: Una Ventana de Oportunidad”. Pp. 228

ANEXO:
¿QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO?
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 Artículo 45. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo:
 “Artículo 72 A. Proyectos Especiales Agropecuarios y Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para la Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario y forestal que justifique la operación.
Artículo 46. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo:
 “Artículo 72 B. Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal. Créase la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con el objeto de recibir, evaluar y aprobar, los proyectos especiales agropecuarios y forestales, autorizar las solicitudes de los actos o contratos de estos proyectos, cuando con éstos se consolide la propiedad de superficies que excedan de 10 UAF, y hacer el seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo aprobado y autorizado. En aquellos casos en los cuales la superficie sobre la cual se consolida la propiedad sea igual o inferior a 10 UAF la autorización no requerirá de la aprobación previa por parte de la comisión.
 La Comisión estará integrada por los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo, el Director del Departamento Nacional de Planeación Nacional y el Alto Consejero(a) para la Gestión Pública y Privada de la Presidencia de la República. El Gerente del INCODER ejercerá la Secretaría técnica. 

Al considerar los proyectos, la Comisión dará preferencia a los casos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, y/o medianos campesinos con grandes productores.
 Las solicitudes que se presenten a consideración de la Comisión, deberán incluir la descripción del proyecto que se desarrollará en el predio consolidado, con la identificación precisa de los predios para los cuales se solicita la autorización.
 La Comisión incluirá dentro de sus criterios de aprobación el porcentaje de predios aportados al proyecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
 En caso de terminación o liquidación anticipada del proyecto, los adjudicatarios y/o beneficiarios del subsidio integral de tierras que hayan aportado la propiedad al proyecto tendrán la primera opción para recuperar la propiedad del predio aportado.
 El Gobierno Nacional al reglamentar la materia tendrá en cuenta los criterios para la aprobación de los proyectos sometidos a consideración de la Comisión, incluyendo la generación de inversión y empleo y su aporte a la innovación y transferencia tecnológica. 
 ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así:
 “Artículo 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional.
Tal autorización se hará efectiva previa presentación y aprobación del proyecto a desarrollar en los terrenos baldíos y mediante contrato celebrado con el Instituto. En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones del contrato celebrado dará lugar a la reversión de la autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos.
 La autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno Nacional.”



  Cali, Colombia
Wilson Arias Castillo
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
del Polo Democrático Alternativo
Cel: 311 635 20 65

infowilsonarias@gmail.com
Visita: http://www.wilsonarias.com/

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