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viernes, 1 de octubre de 2010

Piedad Córdoba y su lucha por la paz.


islamiacu.blogspot.com

Fidel Castro Ruz

Hace tres días se publicó la noticia de que el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos políticos a la prestigiosa Senadora colombiana Piedad Córdoba, por supuesta promoción y colaboración con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Frente a una medida tan inusual y drástica, contra la titular de un cargo electivo de la más alta institución legislativa del Estado, ésta no tiene otra alternativa que recurrir ante el propio Procurador que engendró la medida.

Era lógico que tal arbitrariedad provocara un fuerte rechazo, expresado por las más diversas personalidades políticas, entre ellas, ex prisioneros de las FARC y familiares de los que fueron liberados por gestiones de la senadora, ex candidatos a la presidencia, personas que ocuparon ese alto cargo, otros que fueron, o son, senadores o miembros del poder legislativo.

Piedad Córdoba es una persona inteligente y valiente, expositora brillante, de pensamiento bien articulado. Hace pocas semanas nos visitó acompañada de otras personalidades destacadas, entre ellas, un sacerdote jesuita de notable honestidad. Venían animados por un profundo deseo de buscar la paz para su país y solicitaban la colaboración de Cuba, recordando que durante años, y a solicitud del propio gobierno de Colombia, prestamos nuestro territorio y nuestra colaboración para las reuniones que tuvieron lugar en la capital de nuestro país entre representantes del Gobierno de Colombia y el ELN.

No me sorprende, sin embargo, la decisión tomada por el Procurador General, que obedece a la política oficial de ese país virtualmente ocupado por las tropas yankis.

No me gusta hablar a medias tintas, y diré lo que pienso. Hace sólo una semana, estaba a punto de iniciarse el debate general del 65 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante tres días, se habían discutido las penosas metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el jueves 23 de septiembre se iniciaba la Asamblea General, con la participación de los Jefes de Estado o de altos representantes de cada país. El primero en hacer uso de la palabra sería, como es costumbre, el Secretario General de la ONU y, de inmediato, el Presidente de Estados Unidos, país sede de la Organización y presunto amo del mundo. La sesión comenzaba a las 9 de la mañana. Como es lógico, estaba interesado en conocer qué diría el ilustre Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, tan pronto concluyera Ban Ki-moon. Imaginé ingenuamente que la CNN en español o en inglés trasmitiría el discurso, generalmente breve, de Obama. Por esa vía escuché los debates entre aspirantes a ese cargo en la ciudad de Las Vegas, dos años antes.

Llegó la hora, pasaban los minutos y CNN ofrecía noticias aparentemente espectaculares sobre la muerte de un jefe guerrillero colombiano. Estas eran importantes, pero no de especial trascendencia. Continuaba yo interesado por saber qué decía Obama de los gravísimos problemas que sufre el mundo.

¿Acaso la situación del planeta está para que ambos estén bobeando y haciendo esperar a la Asamblea? Pedí que pusieran en otro televisor la CNN en inglés y tampoco una palabra sobre la Asamblea. Entonces, ¿de qué hablaba la CNN? Daba noticias, y esperaba que concluyera las que emitía sobre Colombia. Pero pasaron 10, 20, 30 minutos y seguía en lo mismo. Narraba incidencias de un colosal combate que se estaba librando, o se había librado, en Colombia, los destinos del continente iban a depender de eso, según se deducía de las palabras y el estilo de la narración del locutor. Se mostraban fotos y filmes en todos los colores de la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o “Mono Jojoy”. Es el golpe más fuerte recibido por las FARC, afirmaba el locutor, supera la caída de Manuel Marulanda y la de Raúl Reyes juntos. Acción demoledora, afirmaba. Según se deducía, había tenido lugar un espectacular combate con la participación de 30 aviones de bombardeo, 27 helicópteros, batallones completos de tropas selectas empeñados en feroz acción bélica.

Realmente, algo más que las batallas de Carabobo, Pichincha y Ayacucho juntas. Con la vieja experiencia en estas lides, no concebía semejante batalla en una región boscosa y apartada de Colombia. La descomunal acción estaba condimentada con imágenes de todo tipo, viejas y nuevas, del comandante rebelde. Para el redactor de noticias de CNN, Alfonso Cano, quien sustituyó a Marulanda, era un intelectual universitario que no gozaba de apoyo entre los combatientes; el verdadero jefe había muerto. Las FARC tendrían que rendirse.

Hablemos claro. Las noticias referidas a la famosa batalla en la que murió el comandante de las FARC -un movimiento revolucionario colombiano que surgió hace más de 50 años, después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, asesinado por la oligarquía- y la destitución de Piedad Córdoba, están muy lejos de llevar la paz a Colombia; por el contrario, podrían acelerar los cambios revolucionarios en ese país.

Imagino que no pocos militares colombianos estén abochornados por las grotescas versiones de la supuesta batalla en que murió el Comandante Jorge Briceño Suárez. En primer lugar, no hubo combate alguno. Fue un burdo y bochornoso asesinato. El almirante Edgar Cely, tal vez embarazado con el parte de guerra con que la autoridad oficial informó la noticia y otras versiones oscuras, declaró que: “Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, murió por ‘aplastamiento’ cuando [...] la construcción en la que estaba escondido en la selva se le vino encima.” ”‘Lo que sabemos es que murió por aplastamiento, su búnker le cayó encima’, [...] ‘no es verdad que tuviera un tiro en la cabeza’.” Así lo declaró a la emisora Caracol Radio, según la agencia de noticias norteamericana AP.

A la operación le pusieron un nombre bíblico “Sodoma”, una de las dos ciudades castigadas por sus pecados, sobre ella cayó una lluvia de fuego y azufre.

Lo más grave es lo que falta por contar, que ya hasta el gato lo sabe, porque los propios yankis lo han publicado.

El gobierno de Estados Unidos le suministró a su aliado más de 30 bombas inteligentes. En las botas que le suministraron al jefe guerrillero, le instalaron un GPS. Guiadas por ese instrumento, las bombas programadas estallaron en el campamento donde estaba Jorge Briceño.

¿Por qué no se explica al mundo la verdad? ¿Por qué sugieren una batalla que nunca tuvo lugar?

Otros hechos bochornosos observé a través de la televisión. El Presidente de Estados Unidos recibió efusivamente a Uribe en Washington, y lo respaldó para ofrecer clases sobre “democracia” en una universidad estadounidense.

Uribe, fue uno de los principales creadores del paramilitarismo, sobre cuyos miembros cae la responsabilidad del auge del narcotráfico y la muerte de decenas de miles de personas. Fue con Barack Obama que Uribe suscribió la entrega de siete bases militares y virtualmente, de cualquier parte del territorio de Colombia, para la instalación de hombres y equipos de las fuerzas armadas yankis. De cementerios clandestinos está lleno el país. Obama, a través de Ban Ki-moon, concedió a Uribe la inmunidad, asignándole nada menos que la vicepresidencia de la comisión que investiga el ataque a la flotilla que llevaba ayuda a los palestinos sitiados en Gaza.

Uribe en los últimos días de su presidencia tenía ya organizada la operación utilizando el GPS en las botas nuevas que necesitaba el guerrillero colombiano.

Cuando el nuevo presidente de Colombia viajó a Estados Unidos para hablar en la Asamblea General, conocía que la operación estaba en marcha, y al conocer Obama la noticia del asesinato del guerrillero, abrazó efusivamente a Santos.

Me pregunto si en esa ocasión se habló algo del acatamiento de la decisión emitida por el Senado de Colombia, declarando ilegal la autorización de Uribe para establecer las bases militares yankis. En ellas se apoyó el grosero asesinato.

He criticado a las FARC. Expresé públicamente en una Reflexión mi desacuerdo con la retención de los prisioneros de guerra y los sacrificios que para estos implicaban las duras condiciones de la vida en la selva. Expliqué las razones y la experiencia adquirida en nuestra lucha.

Fui crítico de las concepciones estratégicas del movimiento guerrillero colombiano. Pero jamás negué el carácter revolucionario de las FARC.

Consideré y considero que Marulanda fue uno de los más destacados guerrilleros colombianos y latinoamericanos. Cuando muchos nombres de políticos mediocres sean olvidados, el de Marulanda será reconocido como uno de los más dignos y firmes luchadores por el bienestar de los campesinos, los trabajadores y los pobres de América Latina.

El prestigio y la autoridad moral de Piedad Córdoba se han multiplicado. (Septiembre 30 de 2010, 11 y 36 a.m.)

jueves, 30 de septiembre de 2010

COMUNICADO Senadora colombiana Piedad Córdoba - ANTE DECISIÓN DE LA PROCURADURIA

http://www.piedadcordoba.net/piedadparalapaz/modules.php?name=News&...







COMUNICADO


Mientras realizaba mi trabajo diario como Senadora y pacifista, me he enterado nuevamente a través de los medios de información de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituirme e inhabilitarme por el término de 18 años para el ejercicio de mis funciones públicas.


Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.


Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.


Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación.


Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.


La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social.


Expreso mi gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional


Piedad Córdoba Ruíz
Senadora de la República
Partido Liberal Colombiano




Bogotá DC, 27 de septiembre de 2010

lunes, 27 de septiembre de 2010

CUENTA DE COBRO A PIEDAD CORDOBA, " Procurador General destituye e inhabilita a la Senadora Piedad Córdoba por promover y colaborar con las FARC"



El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado sancionó disciplinariamente  a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, FARC.
 www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6490
Senadora Piedad Córdoba inhabilitada por Procuraduría General de Colombia
Septiembre 27 de 2010 | 01:09 PM. | Noticias
La Procuraduría General de Colombia asegura que Piedad Córdoba "colaboró" con las FARC y que la mencionada "Teodora Bolívar" en los correos de Raúl Reyes corresponde a la senadora liberal.
La Procuraduría General de Colombia inhabilitó por 18 años a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según la Procuraduría General colombiana, Piedad Cordoba, quien forma parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, "colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010".

"La congresista incursa en la falta gravísima" de "fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley;  o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos", según reza el Código Disciplinario Único de la nación suramericana.

Según un medio local, la senadora liberal ya fue notificada de la decisión del organismo.

Asimismo, el diario colombiano informó que "la investigación tuvo su origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias Raúl Reyes" en el año 2008 en territorio ecuatoriano, cuando el Ejército colombiano bombardeo ilegalmente un campamento clandestino de la FARC.

"En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario", dijo el Ministerio Público.

Señaló que "se tuvo en cuenta salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, Alias Mincho".

Agrega que "por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos"

Piedad Córdoba "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo", dijo la Procuraduría.

La corresponsal de teleSUR, Tatiana Pérez informó que el falló contra la senadora colombiana lo realizó la Procuraduría General "quien tomó la decisión de destituir e inhabilitar a la senadora", quien forma parte de un grupo que se formó en torno a la necesidad y deseo de personas de buscar la paz en Colombia.

Señaló que se prevé que la Procuraduría General de la nación suramericana dé una rueda prensa en horas de la tarde de este lunes.

La senadora Piedad Córdoba es integrante del grupo Colombianos y Colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace casi medio siglo.

Asimismo, ha sido artífice de las misiones para llevar a cabo las liberaciones unilaterales de varios retenidos a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008.

La activista colombiana ha defendido intensamente un acuerdo humanitario entre las FARC y el Estado, razón por la cual ha sido duramente criticada por el Gobierno de su país y acusada de tener relaciones con el grupo rebelde.
En la foto: Piedad Córdoba con Moncayo ha encabazado varias misiones humanitarias para la entrega de los uniformados retenidos por las FARC.- Foto:VOZ
teleSUR/caracolradio.com-minuto30.com - El Tiempo/kg - FC

Piedad Córdoba podrá apelar decisión que la destituye e inhabilita


Piedad Córdoba
Por: RCN Radio
La senadora liberal, destituida e inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación por 18 años para ejercer cargos públicos, por tener nexos con las Farc, podrá apelar la decisión, debido a que es un fallo de primera instancia.
El proceso de apelación será resuelto por la Sala Disciplinaria del Ministerio Público, quien confirmará o dejará sin efecto disciplinario la decisión tomada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el que argumentó nexos de la congresista con la guerrilla de las Farc.

La Sala Disciplinaria deberá resolverá si en verdad en el fallo proferido por Ordóñez Maldonado se evidencian los posibles nexos que habría tenido la congresista con el desaparecido jefe guerrillero alias “Raúl Reyes”.

 
 

sábado, 25 de septiembre de 2010

Carta abierta a los caldenses: Por el derecho a oponerse y disentir

foto via internet:images.search.yahoo.com
Hace poco más de un mes, desde un número de teléfono perteneciente a un call-center en el que tiene intereses la alcaldía de Manizales*, llamaron a muchas casas de manizalitas, diciendo que el Polo Democrático Alternativo estaba organizando una manifestación contra la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC y contra su gerente, quien era el responsable del cobro de altas tarifas a los usuarios. Dado que el Polo no estaba organizando manifestación alguna contra la CHEC ni contra su gerente, nos sorprendió que se estuviera abusando del nombre del partido y suplantándolo. Es extraño, por decir lo menos, el abuso cometido y más aún que sea desde un centro de llamadas telefónicas ligado con la alcaldía de Manizales.


Hace no más de quince días sucede otro extraño hecho. Enviado, al parecer desde el mismo call-center, a miles de correos electrónicos, llega un escrito que, con un lenguaje soez, afirma que la mafia del transporte municipal se alió con el Polo Democrático Alternativo, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, grupos de delincuentes comunes, sicarios, atracadores y gentes de la más baja calaña para destruir a Manizales e impedir la implementación del sistema integrado de trasporte TIM. En tal pasquín electrónico se afirma que “los politiqueros del Polo” y “los sindicalistas asesinos” al igual que transportadores independientes como “Beto y la empresa Socobuses”, quieren hacer colapsar el sistema e incitan a los manizaleños a “actuar contra estos asesinos, criminales y mafiosos”. Señala este escrito, a manera de temible amenaza, que se castigará a los políticos del Polo, a los sindicalistas, a las empresas transportadoras y a todos aquellos que se opongan al TIM.


Estos dos hechos se suman a otros más que desde la alcaldía municipal vienen cometiéndose contra las libertades individuales y el derecho a la oposición a las decisiones oficiales. Se volvió norma denigrar de quienes se oponen al establecimiento o se atreven a pensar y actuar diferente de quienes gobiernan.


La más reciente demostración de esta antidemocrática actuación se dio en las declaraciones a la radio, el día 14 de septiembre, del alcalde Juan Manuel Llano, quien sin ninguna clase de respeto, afirmó que quienes se oponen al macroproyecto de renovación urbana de San José, son “terroristas urbanos” y otros falsos apelativos.


Claro reflejo de este espíritu totalitario son las actuaciones permanentes de la Policía, que filma o toma fotos de quienes participan en protestas públicas como sucedió el pasado 9 de septiembre, día nacional de los derechos humanos, en las movilizaciones que realizaron el Movice y Educal en la plaza de Bolívar; la apertura de procesos sancionatorios a quienes reclaman a la alcaldía de la ciudad el cumplimiento de las obligaciones laborales, como es el caso de los maestros; la estigmatización a quienes no están de acuerdo o critican las actuaciones de la gerencia de la Licorera de Caldas; el señalamiento de quienes desde escenarios como la Corporación Cívica de Caldas son tratados como indeseables por preguntar sobre el manejo de los recursos públicos. Y estas son apenas algunas muestras.


Estos graves hechos coinciden con las políticas de la alcaldía de Manizales de adelantar proyectos que sirven como negocio exclusivamente a un círculo de allegados a la administración, y cuyos desproporcionados costos se trasladan y trasladarán a los ciudadanos del común, desplazando, por cierto, a otros empresarios. El interés es que los negocios sean buenos para ellos, indepedendientemente de que sean malos para la ciudad y sus ciudadanos.


Las campañas calumniosas contra los defensores del patrimonio público y el acoso a la oposición, son parte del “tapen tapen” que siempre han usado las camarillas de negociantes inescrupulosos para ocultar su enriquecimiento inmoral. Lanzan agravios y actúan arbitrariamente, para desviar la atención y evitar la fiscalización ciudadana.


En efecto, negocios como los del Cable-Vía, el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP o TIM, las concesiones a Infomanizales o Infotic, el manejo del impuesto a la seguridad y la construcción del par vial avenida Colón, son pruebas tangibles de cómo se usa el poder en beneficio de un estrecho círculo de negociantes.


En momentos como este es necesario que los caldenses defiendan las libertades públicas y el derecho a la oposición, y condenen la actuación de aquellos que, sin vergüenza alguna y en defensa de sus mezquinos intereses económicos, violan las más elementales normas democráticas, tanto desde el anonimato como a través de los medios de comunicación.


Exigimos a las autoridades investigar el origen de las campañas calumniosas a través de la Internet y anunciamos nuestra decisión de denunciar penal y disciplinariamente al señor alcalde, por las injurias y calumnias expresadas a través del noticiero Caracol de la ciudad, el día 14 de septiembre, alrededor de las 6:30 de la mañana.


Fraternalmente
Polo Democrático Alternativo de Caldas, Sub-directiva Caldas de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, seccional Caldas, Educadores Unidos de Caldas, Educal, Transportadores Independientes de Manizales.


Mitin por el derecho a oponerse y disentir


Lunes 27 de Septiembre 4 y 30 P.M. Plazoleta de la Alcaldía
*manizales, capital del departamento de Caldas, habitantes 350.000 aproximadamente.

sábado, 18 de septiembre de 2010

Los autores intelectuales continúan libres - ( Nestle,el paramilitarismo y el gobierno de uribe)


viernes, 17 de septiembre de 2010


A las 10 de la noche del 17 de septiembre de 2003 terminó el plazo de dos horas que la transnacional NESTLÉ dio a sus 188 trabajadores para que renunciaran a sus contratos de trabajo. Si lo hacían les darían la indemnización que había existido en la convención colectiva, si no, los despedirían aplicándoles la escala que el tribunal de arbitramento había fallado del 7 de mayo de 2003 y que había reducido en un 60% los derechos de los trabajadores. Diez se negaron a “aceptar la propuesta de retiro voluntario”. A los pocos días varios fueron despedidos, hoy solo queda un trabajador.


Antes de ejecutar los despidos fueron preparados 200 trabajadores por el SENA en las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño frente al Batallón la Popa. La selección de personal fue hecha en el hotel TATIVAN y a partir del mes de agosto fueron ingresando por grupos a la empresa 180 ochenta nuevos trabajadores por intermedio de la bolsa de empleo ADECCO de Colombia.

Para esta misión Nestlé desplazó desde Bogotá un equipo de asesores externos apoyados por funcionarios del Ministerio de Protección Social. Después de encerrar a los trabajadores en lujosos hoteles de Valledupar procedieron a cercenarle a uno por uno su contrato de trabajo. Nestlé había utilizado su poder para que el gobierno de Uribe Vélez colocara como viceministra a Luz Stella Arango y a Ludmyla Flórez como Directora de la Unidad de Asuntos Individuales y Colectivos; ambas funcionarias de la compañía.


Pocas horas antes los mandos medios de la empresa habían allanado las casas de los compañeros que estaban en descanso, incapacitados, en vacaciones y enfermos para obligarlos a subir en los buses que los trasladarían al sitio donde debían renunciar.


Nestlé concreto su deseo de aniquilar el sindicato y lograr el retiro de todos los trabajadores en un proceso que inicio el 27 de febrero de 2002 con la denuncia total de la convención colectiva de trabajo por parte de Cicolac y el 7 de mayo de 2003 cuando los árbitros de empresa y gobierno mediante un Laudo Arbitral ilegal arrasaron con el 60% de la convención colectiva de trabajo. Todo este proceso estuvo acompañado de amenazas de los paramilitares como las que se vivieron por la votación de la huelga por parte de los trabajadores.


Otro hecho determinante en este proceso fue el despido de nueve miembros de la dirección del sindicato el 21 de Octubre de 2002, argumentando un paro que nunca existió y que fue declarado ilegal por parte del mismo Ministerio que a los siete meses participaría en la encerrona.


Uno de los dirigentes de Sinaltrainal despedidos fue Luciano Enrique Romero Molina, quien sería asesinado 37 meses después por el Bloque Norte de los paramilitares. Algunos de sus comandantes eran importantes proveedores y transportes de leche de Nestlé como Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40”, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes “La Barbie”, Hernando Molina Araujo, entre otros. A la fecha solo han sido condenados algunos autores materiales (4 personas). Entre los detenidos se encuentran varios miembros del DAS (estado colombiano). No todos los autores intelectuales y determinadores y ningún beneficiario, del crimen contra LUCIANO ROMERO MOLINA se encuentran vinculados al proceso penal. A pesar de que el Juez 2 Penal del Circuito especializado de descongestión OIT ordenó la investigación de los directivos de la Nestlé – CICOLAC, no existen mayores avances en el este sentido a pesar que el paramilitar SALVATORE MANCUSO afirmó en sus versiones libres que la misma financió dichas estructuras criminales. Desde el 22 de julio de 1986 hasta la fecha han sido asesinados 12 miembros de Sinaltrainal que laboraban para Nestlé; los beneficiarios siguen haciendo daño pues las autoridades respectivas aun mantienen estos crímenes en la impunidad.


El 5 de Noviembre de 2002, Álvaro Uribe Vélez envió una carta al Doctor Cesar De Los Ríos Presidente de Nestlé de Colombia S.A., donde la agradece su participación en la campaña ¡Siente tu bandera, cree en tu país! y le manifiesta entre otras cosas: “Es una muestra más de la decidida y entusiasta gestión que ha caracterizado a Nestlé de Colombia, contribuyendo significativamente, a llevar a cabo los compromisos previstos por el Gobierno, para hacer una patria mejor”. “Acepte apreciado Doctor De Los Ríos, mi gratitud personal y la del Gobierno que presido, por todas estas gestiones encaminadas a engrandecer esta Nación”.


No podía ser otro el resultado del conflicto.


1. Nestlé se beneficio de las acciones de los paramilitares.


2. Tuvo Viceministra y Jefe de Asuntos Individuales y Colectivos al momento de resolver el conflicto, primero a través de la ilegalidad de un paro inexistente y posteriormente mediante la emisión ilegal del laudo arbitral.


3. Recibió el espaldarazo del Presidente Uribe Vélez a través de su amable carta que cínicamente fue publicada por Nestlé en su revista el Desafío. Sinaltrainal fue aniquilado y el 99% de los trabajadores despedidos.


Desde el 1 de julio del 2004 Nestlé en sociedad con Fonterra, ahora a través de DPA, continua fabricando los mismos productos que durante muchos años elaboraron los trabajadores con Cicolac. Hoy esos nuevos trabajadores apenas han logrado algunas reivindicaciones aún muy lejanas de las que gozaban los obreros antiguos. Un número importante se encuentra afiliado a Sinaltrainal.


Y para que conozcan algo más del comportamiento de Nestlé…Cicolac sigue existiendo con más utilidades que antes…DPA es tan solo una maquila de la transnacional…no es la única vez que Nestlé realiza este tipo de acciones fraudulentas, también lo hizo con los trabajadores de Purina, hoy Nestlé Purina Pet Care.


Ante estas políticas de la transnacional solo nos queda fortalecer la unidad, organizarnos y continuar luchando para que se nos respete la vida y la soberanía alimentaria, los derechos adquiridos y para que se conozca la verdad y haya justicia y reparación integral por los crímenes de que hemos sido víctimas y por los que hoy los responsables intelectuales continúan libres y haciendo daño.


Dirección Nacional de Sinaltrainal
www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1284&Itemid=1

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Negocios monopólicos o libertad de prensa

Francisco Valderrama Mutis, Bogotá
 septiembre 9 de 2010




A los Kirchner de Argentina no les perdonan su independencia en política y sus medidas en defensa de la nación, tales como su reticencia a participar en TLC’s que liquidarían su industria nacional y pondrían en peligro su agricultura; o haber sido los anfitriones del entierro de tercera a la política recolonizadora norteamericana del ALCA; o su autonomía frente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, léase el Departamento del Tesoro de Washington, después de pagar en un solo contado la deuda que todavía la mantenía atada a sus mandatos; o la nacionalización de los fondos privados de pensiones, cuyo manejo le daba gigantescas comisiones a las multinacionales financieras sin necesidad de trabajar; para citar sólo unos ejemplos. Desde luego los Kirchner no han podido solucionar todo el cúmulo de desigualdades y crímenes que los períodos de la dictadura militar y de Menem, el genio del neoliberalismo de ese país (¡porque aquí tenemos los propios!), dejaron como herencia nefasta.


La empresa Papel Prensa, que suministra papel monopólicamente a los diarios argentinos, pertenecía a la familia Graiver, acusada por la dictadura argentina de connivencia con el grupo Montoneros. Basándose en esta acusación de la cual fueron luego exonerados, la dictadura argentina se apoderó de las acciones que tenía en la empresa Papel Prensa, las congeló, y luego mediante maniobras intimidatorias obligó a su venta de la cual fueron beneficiarios los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Desde 1984 la Fiscalía argentina llegó a la conclusión de que la venta de la empresa había sido realizada mediante coacción y comprada por estos tres diarios a precio vil aprovechándose de las vicisitudes y la persecución intimidatoria que sufrían los herederos de David Graiver.


Los hechos son escandalosos. Cinco días después de que Lidia Papaleo, esposa sobreviviente de David Graiver, acudió coaccionada a una notaría para firmar los papeles de la venta de las acciones, fue encarcelada por la dictadura argentina junto con gran parte de su familia y sus colaboradores, mantenida en aislamiento, violada y torturada brutalmente. Los mismos diarios argentinos que participaron en este hecho criminal reconocieron en comunicados de la época que la compra de las acciones se realizó “previa consulta y conformidad de la junta de Comandantes en Jefe”. Además reconocen que esta transacción les permitió conformar un monopolio vertical de prensa y que “controlar el papel es controlar la información”. Fin último de estos periódicos y de la dictadura militar en toda esta maniobra delincuencial.


Ahora, el gobierno de Cristina Kirchner ha sacado a la luz este episodio trágico para la familia Graiver y ha propuesto crear una comisión bicameral y un Consejo consultivo federal que democratice el acceso igualitario al insumo básico de los diarios manejado desde la década del setenta monopólicamente por los diarios Clarín y La Nación, que le cobran a los demás diarios hasta un 40% de sobreprecio sobre el que ellos pagan por el mismo papel.


¡Y quien dijo miedo! Todos a una se le han venido encima con condenas del Departamento de Estado de Estados Unidos, de los monopolios periodísticos gringos y de toda América Latina. El diario El Tiempo en editorial del pasado sábado 28 de agosto nos da su propia versión de los hechos y obrando como juez y parte exonera a los diarios Clarín y La Nación, poseedores entre ambos del 71% de las acciones de Papel Prensa. Sin contar los pormenores del negocio realizado durante la dictadura pasa a señalar que los Kirchner “eleva(n) a un nivel casi delirante su pelea con la prensa al acusarlos de crímenes de lesa humanidad contra los Graiver”; y los declara inocentes contra toda evidencia al señalar que “los registros muestran que la transacción comercial nos solo fue legal y pública, sino que se llevó a cabo cinco meses antes de que los militares desataran su persecución contra los empresarios”. Y concluye que “Semejante movilización del poder ejecutivo argentino es una amenaza profunda a la libertad de prensa en toda América Latina”.


Esta solidaridad entre monopolios que lleva a El Tiempo a sentar su protesta frente la justa posición del gobierno argentino ignorando los tenebrosos métodos utilizados para hacerse al control de la empresa papelera, es una muestra más de cómo se comportan los consorcios de prensa en toda la región, convencidos arrogantemente de que la libertad de prensa está íntimamente ligada a los intereses económicos de las corporaciones que los regentan. Por eso, en los países en los que mantienen una colaboración cercana con los gobiernos por su identificación ideológica, se muestran zalameros e incondicionales hasta la lambonería, como la que por ejemplo padecimos aquí en el gobierno de Uribe y ahora en el de Santos. Pero en los países cuyos gobiernos se apartan del fundamentalismo neoliberal se convierten en feroces opositores aprovechando su posición privilegiada y echando mano de cualquier recurso por rastrero que sea para solidarizarse incluso con los crímenes que sus colegas de la SIP han cometido en la colaboración con las dictaduras de sus países.


Los intereses de la nación son sustituidos por los intereses de los negocios de sus grupos empresariales, con la complicidad del gobierno de turno. Razón tiene Vladdo cuando en su caricatura semanal del Palacio de Nariño trueca la bandera nacional por las banderas de El Tiempo y del Grupo Planeta. La libertad de prensa se cambia por la libertad de hacer negocios al precio que sea, como vimos aquí con las maniobras sucesivas con que el gobierno de Uribe pretendió adjudicarles el tercer canal de televisión abierta.


Es justa la pretensión del gobierno argentino de deshacer el oscuro negocio que permitió a los diarios Clarín y La nación apoderarse de la empresa productora de papel, garantizar a todos los diarios argentinos el acceso en condiciones de igualdad y precio de este insumo básico y garantizar que sus justos dueños sean resarcidos por los crímenes que contra ellos se cometieron.
Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co/, http://www.senadorrobledo.org/ y http://www.deslinde.org.co/

sábado, 4 de septiembre de 2010

“Estamos huérfanos de justicia”, clamor de la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado reunida hoy en Medellín




En una auditorio con capacidad para mil personas, que tuvo casi un lleno completo, se cumplió esta mañana en el Hotel Nutibara de Medellín la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, en la que el clamor general fue por el esclarecimiento de la verdad, el rescate de la memoria de las víctimas y contra de la impunidad que reina en Colombia en torno a los crímenes y violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidos por los paramilitares, la fuerza pública y la guerrilla.

Un detalle sobresaliente de la Audiencia fue la ausencia de representantes y voceros de la Fiscalía General de la Nación, de la Fiscalía de Derechos Humanos y de las altas Cortes; ausencia que fue particularmente sensible porque precisamente unos de los objetivos del evento, que reunió víctimas de 17 departamentos del país, era que estos entes judiciales informaran sobre los avances de los 41 casos que el movimiento de víctimas les presentó, debidamente documentados, en el año 2007, en el marco de una audiencia similar.

Conclusiones de la Audiencia

Luego de escuchadas las diversas ponencias y las intervenciones de las delegaciones de las distintas regiones del país, las principales conclusiones que al final entregó esta Audiencia Nacional de Víctimas, fueron las siguientes:

Persiste en el país una situación, de carácter estructural, en la que se privilegia a los victimarios y desconocen los derechos de las víctimas.

Continúan las amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, interceptaciones y homicidios en contra de líderes y liderezas de organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Hay necesidad de transformar las condiciones actuales de las víctimas del conflicto, y eso depende de nuestra capacidad de organización para exigir nuestros derechos y de actuar colectivamente; para afianzar los lazos de solidaridad, pedir que no haya más impunidad y reclamar la verdad. Pero no sólo la verdad frente a los autores materiales de los crímenes, sino que también que se descubra a sus determinadores, financiadores y beneficiarios; que se sepa qué representantes a la cámara, senadores, alcaldes, empresarios, comerciantes, banqueros, narcotraficantes y contratistas se han beneficiado y siguen beneficiándose de estos crímenes de lesa humanidad.

Nos organizamos para construir memoria histórica. Es necesario conocer lo que realmente ocurrió y quiénes están detrás de las violaciones de los derechos humanos. Pero exigimos que los ejercicios de memoria no estén en cabeza de los victimarios. Somos las víctimas las que podemos aportar en la construcción de esa memoria histórica, que muestre el contexto y la dinámica de los hechos.

Debemos fortalecer las organizaciones locales y desde ellas realizar procesos de pedagogía política, para que se entienda que la exigencia de no más impunidad es una lucha de todos y todas, y que las víctimas somos sujetos políticos, sujetos de derechos.

Tenemos la tarea de no callar, de seguir denunciando, de exigirle a los medios de comunicación que no sólo cuenten la verdad de los criminales sino también la de las víctimas.

Debemos propiciar espacios para la discusión y para lograr políticas públicas en contra de la impunidad, que protejan los derechos de las víctimas y la garantía de no repetición.

Esta Audiencia exige que las investigaciones develen la lógica del actuar de los criminales y sus beneficiarios; y que el gobierno no se limite a afirmar retóricamente el respeto hacia los jueces, hacia la independencia judicial y hacia las víctimas. Debe propiciar verdaderas garantías para que podamos seguir exigiendo nuestros derechos.

Pedimos que haya depuración de las fuerzas militares e investigación y juicios, pero por justicia ordinaria.

Exigimos que haya garantías de acceso a la justicia por parte de las víctimas, que éstas cuenten con recursos para que puedan asistir a las audiencias, para que cuenten con más defensores públicos, y con funcionarios que realmente se comprometan a que haya verdad y justicia, y no sigan mancillando la dignidad de las víctimas.

Exigimos que se reconozca que hay delitos de género, que hay violencia sexual.

Exigimos la derogación total de la Ley de Justicia y Paz.

Que nos se sigan amenazando, ni estigmatizando, ni cometiendo crímenes contra las víctimas y sus organizaciones. Para ello pedimos el fortalecimiento de programa de protección de víctimas. Pero que éste sea real y efectivo, y no llegue cuando las víctimas ya estén muertas.

Que la construcción de la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras tenga en cuenta nuestras necesidades, que sean consultadas con nosotros.

Finalmente, rendimos un homenaje a todos los hombres y mujeres que alzaron sus voces para denunciar los crímenes de lesa humanidad. Hoy queremos recordarlos y por la dignidad de ellos nos seguiremos organizando, soñando por construir en este país la justicia social.

Reflexiones del padre Giraldo

Al final del evento el padre jesuita Javier Giraldo, caracterizado líder defensor de los derechos humanos en Colombia, tomó la palabra para expresar los puntos que, en su opinión, son los más relevantes y los retos más importantes del movimiento de víctimas; no sin antes manifestar su satisfacción por el desarrollo de la Audiencia y la manera como el movimiento de  víctimas se va constituyendo en una fuerza organizada.

Un primer aspecto sobre el que llamó la atención, es el papel de los medios masivos de comunicación, que calificó como un problema neurálgico de la democracia en Colombia. “En este país la información no se concibe como un servicio público sino como una mercancía, y está en manos de grandes conglomerados económicos y multinacionales. Todos los días los medios nos tratan de sensibilizar con las 70 víctimas del secuestro por parte de la guerrilla, pero silencian completamente las miles de víctimas del Estado y los paramilitares. Los desplazados, los falsos positivos, las ejecuciones, los torturados y los desaparecidos no aparecen en esos grandes medios. Necesitamos transformar y democratizar, así sea en una mínima parte, la comunicación y al información pública”, puntualizó el padre Giraldo.

El otro reto tiene que ver con la estigmatización de los líderes de los movimientos sociales, aspecto que guarda profunda relación con el derecho a la no repetición de los crímenes. Al respecto el jesuita señaló:

“Mientras se estigmaticen como insurgentes y permanentemente se les estén abriendo procesos judiciales a los inconformes y a quienes no son afectos al Estado, creo que la repetición de las desapariciones, los falsos positivo y los montajes judiciales van a seguir hasta el infinito. Por eso me parece importante que el movimiento de víctimas insista en suprimir las estigmatizaciones”. Agregó que es necesario que en la legislación se revise el concepto de delito político, porque hoy en día a los líderes sociales se les está aplicando el delito de rebelión. “Si eso no se regula y se reconoce el derecho a la oposición política, vamos a seguir sometidos a crímenes de lesa humanidad por muchos años”, puntualizó el padre Giraldo.

Hizo un llamado a estar alertas para que dentro de la Ley de Víctimas que el gobierno se comprometió a presentar de nuevo al Congreso, no se les recorten otra vez los derechos a las víctimas, como hizo el Gobierno del Presidente Uribe.

Asimismo, a estar vigilantes de la reforma a la justicia que planea el gobierno Santos, porque los anuncios que a este respecto  ha hecho no son, en su concepto, nada halagadores. “Se habla del recorte de la acción de tutela, de una coordinación entre las cortes, de la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, pero nada se anuncia de que se vaya a abordar en esta reforma el problema de la impunidad institucionalizada”, dijo, y agregó que el movimiento de víctimas tiene el reto de incidir en esta reforma a la justicia, para que no se deje por fuera el problema de la impunidad. 

Frente a la Ley de Justicia y Paz recogió el consenso planteado en todas las intervenciones que se escucharon a lo largo de la Audiencia, en el sentido de que esta ley ha sido un fracaso, una norma de impunidad en la práctica. Señaló que es una ley que no ha condenado a nadie, no ha frenado el desplazamiento forzado ni el paramilitarismo, ni los crímenes de lesa humanidad. “Como el Gobierno ha anunciado su prorroga, el reto es oponerse a ella”, advirtió.

Asimismo, el movimiento de víctimas debe seguir insistiendo en que los crímenes de lesa humanidad en Colombia constituyen un problema sistemático. “En la experiencia que en muchos años he tenido frente a organismos de justicia, siempre se ha negado que estos crímenes sean investigados y juzgados como de lesa humanidad, sabiendo que cumplen con la característica de serlo, porque son sistemáticos, no aislados”, puntualizó.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

ALTILLANURA, ¿Ejemplo de prosperidad para todos?


Entre las preocupaciones centrales que expresé en el debate sobre víctimas, desplazamiento y modelo de desarrollo rural (plenaria Cámara de Representantes, 18.08.2010), se ubicaron, aparte del pleno restablecimiento de derechos de las víctimas, la seguridad y la soberanía alimentaria, la pobreza y la concentración de la propiedad de la tierra, tanto como el uso que se le está dando, en cumplimiento de directrices del Banco Mundial obedecidas activamente por el gobierno anterior, denominadas agenda interna, y que tienen como objetivo el impulso de los Tratados de Libre Comercio y como líneas de desarrollo: la promoción de la agroexportación; la mayor dinámica en los mercados de factores y productos agrícolas, y los esfuerzos hacia una mayor liberalización comercial.

Estas directrices tienen como beneficiarios a los grandes inversionistas Nacionales y extranjeros que contaron con el esmero gubernamental por colmarlos de favores, que obtuvieron incentivos para la producción de agrocombustibles y recursos de Agro Ingreso Seguro llegados a las arcas de los grandes capitalistas agrarios.

El debate intentó llamar la atención en el proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se adelanta en la Altillanura Colombiana, y sobre el cual leemos en un diario nacional, se anuncia que la altillanura es "una despensa con claro acento extranjero” y, corroborando lo denunciado en el debate, agrega que los inversionistas agrupados en Fundallanura demandan del Gobierno Nacional la remoción de "obstáculos" para el desarrollo de sus inversiones, a saber:

·      Las limitaciones legales que tiene la propiedad de la tierra a través de la Unidades Agrícolas Familiares, UAF para legalizar la gran concentración de la tierra y

·      La gran Inversión nacional en infraestructura, que “reclaman las empresas” de la zona, especialmente “Mónica Semillas”, para hacer sus regadíos, movilizar sus camiones varados y sacar la producción.

Leyendo de otra manera, no responden estas demandas al desarrollo integral de la región, no forman parte de las demandas de los pobladores locales.

Preocupa además que estas empresas han adelantado procesos similares en otros países de América Latina, develándose sus pretensiones: concentración de la tierra y los recursos naturales, en manos extranjeras, en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, con las siguientes consecuencias:

·      DISMINUCIÓN DEL TRABAJO Y DE LA POBLACIÓN RURAL: desaparecieron el 52% de los trabajadores y el 58% de la población rural entre 1951 y 2000, la migración de jóvenes rurales provoca una “brecha generacional” en la población del campo.

·      CAMBIOS EN EL USO Y EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA: asociada a la expansión de cultivos agrícolas (arroz, soja), a la forestación, y a fondos de inversión especulativa.

·      CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: desaparecen más de 30.000 unidades productivas entre 1950 y 2000, avance de la “agricultura empresarial” en detrimento de la agricultura familiar.

·      DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: erosión hídrica de los suelos, pérdida de diversidad biológica autóctona y grave afectación de recursos hídricos.

·      CONCENTRACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN DE COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES: en sectores como la lechería, la cadena cárnica, la industria forestal y de granos.

El Gobierno entrante, en cabeza del Ministro de Agricultura, manifestó en el debate, el interés de avanzar en la formalización de la propiedad rural, en agilizar los procesos legales de tenencia de la tierra, la pregunta es ¿esto apunta a modificar la UAF? ¿Apunta a desarrollar la política de eficiencia en los mercados de factores productivos, y el principal es la tierra? ¿Está dispuesto el gobierno a frenar el proceso de concentración y extranjerización?. Partiendo de la información del diario (la respuesta de los funcionarios del Ministerio de Transporte, para quienes "la agilidad de las obras dependería del cabildeo que hicieran con los políticos de la región”), pareciera que la respuesta a la última pregunta es ¡NO!. Y por esta vía se abriría paso el Embajador de China y su grupo de empresarios para cumplir con su misión, “solo comprar 400.000 hectáreas en la Altillanura” porque lo demás, mano de obra, insumos, maquinaria, lo traen ellos y la producción sería exportada en su totalidad a China. ¿Cabildeo con los políticos y miseria para nuestras comunidades? ¿Pérdida del carácter nacional de la tierra colombiana y anexión de la misma al mercado Chino?

En ese sentido, la “prosperidad democrática” anunciada por el gobierno, tendría que ser leída de la misma forma que la “seguridad democrática”, pues esta no actuó en beneficio de las víctimas del desplazamiento y el despojo, al contrario la padecieron por omisión y por acción a través de los falsos positivos. La prosperidad y su calificativo democrática, es restringida, solo para el gran capital y la inversión extranjera, no habrá prosperidad para el campesino, solo miseria y  pobreza. Ni soberanía económica, requisito de la verdadera seguridad alimentaria para los colombianos.

Nota: por considerarlo de utilidad, adjuntamos la presentación de diapositivas sustentadas por el Representante a la Cámara Wilson Arias en el debate sobre tierras.

--
Cali, Colombia
Wilson Arias Castillo
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
del Polo Democrático Alternativo
Cel: 311 635 20 65
infowilsonarias@gmail.com
Visita: www.wilsonarias.com

jueves, 26 de agosto de 2010

Las bases sin base

Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, agosto 23 de 2010


Cuando Manuela con sus regordetas piernas afectadas por la arterioesclerosis salió de la comisaría con las manos caídas y el alma vacía, su retoño, Claudia la quinceañera, la alegría de su corazón, la esperanza de la familia por su inteligencia yacía fría y rígida en el anfiteatro del Hospital. No podía creerlo su muerte quedaría impune, el funcionario judicial con mucha cortesía le había informado que el Acuerdo firmado por el gobierno de Colombia con el de los Estados Unidos le garantizaba al asesino absoluta impunidad y que no existía norma alguna que garantizara un proceso judicial que castigue en derecho al autor del crimen, un militar de nacionalidad norteamericana, mientras tenga vigencia el tratado de cooperación militar. La embajada presta a evitar mayores incidentes había ordenado la evacuación inmediata a su país.






Wikileaks, un portal que desarrolló una organización dedicada a mostrar de manera masiva documentación secreta relativa a la violación de los derechos de los pueblos, recientemente publicó las evidencias de asesinatos a civiles indefensos en Afganistán y de reporteros que adelantaban su oficio en Irak, acribillados a mansalva desde un helicóptero Apache, hechos que de por si graves resultan abominables por la intención de las autoridades gringas de ocultarlos.






Sin embargo, escenas como las descritas que son divulgables y que regularmente indignan a los lectores o televidentes al final casi que ocultan el crimen más grave que resulta de la ocupación de tropas extranjeras a un país, la vulneración de la soberanía, la perdida de la capacidad de un pueblo de decidir por si mismo su destino, del camino que debe seguir para la conveniencia de sus connaturales y por el contrario se instaura un régimen en el que con la apariencia de un gobierno local se facilita el saqueo de las riquezas de una nación, de la apropiación de sus mercados, del petróleo en Irak, del control del paso estratégico de gas y combustibles en Afganistán ubicado en el corazón del Asia central, del oro, el carbón, el agua en Colombia y de su posición de cabeza de playa en América del Sur.






El gobierno de Uribe en el que el actual presidente ocupaba la cartera de Defensa pretendió pasarse por la faja el trámite de un Tratado para facilitar la instalación de al menos siete bases militares norteamericanas en nuestro territorio, a pesar del concepto del Consejo de Estado y de las voces de notables personalidades democráticas y de algunos congresistas que sin entrar en la discusión de la conveniencia o no del acuerdo insistieron en el deber del gobierno de respetar la constitución y la ley; éste en su afán de mostrarse como los más obsecuentes servidores del imperio firmaron un acuerdo con la escusa de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.






En buena hora la Corte Constitucional en un acto de dignidad y de respeto a la ley acaba de dictar un fallo para la historia en el que señala que evidentemente el acuerdo debe suspenderse por corresponder a un Tratado diferente a los suscritos con anterioridad y en el que se introducen nuevas prerrogativas contrarias a las estipuladas en la constitución como la autorización para la permanencia de tropas extranjeras en nuestro territorio y la inmunidad no solo para el personal vinculado a las bases sino incluso para sus parientes, vulnerando todo acatamiento al ordenamiento jurídico colombiano.






Ojala nos equivoquemos pero los antecedentes del presidente Santos nos obliga a pensar que le dará tramite en el Congreso para aprobar el Tratado en los términos y espíritu del elaborado por Uribe con lo que propinará un golpe artero al futuro de la Nación.

jueves, 19 de agosto de 2010

La Macarena: fosa común de la 'seguridad democrática'

elturbion.modep.org/drupal/node/2493

Fosa de La Macarena - Foto: CCAJAR
Por: Andrés Gómez – 10 de agosto de 2010
El departamento del Meta representa la idea de 'seguridad democrática' que dejó como legado Álvaro Uribe. El hallazgo de unos 2.000 cuerpos sepultados en una fosa común, ubicada junto a la base de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) del Ejército en La Macarena, está demostrando al mundo que la la política estrella del anterior y el nuevo gobierno sólo consiste en un modelo de pacificación en el que mueren miles de civiles y sólo se benefician las multinacionales, los monocultivos y las petroleras.
El Ejército se ha limitado a declarar que el sitio es un cementerio de guerrilleros abatidos en combate, aclarando que, de 1999 a 2002, habían sido sepultados allí 564 cadáveres. Sin embargo, los miembros de la delegación internacional que visitó la fosa de La Macarena (Meta) en julio pasado aseguran que cientos de víctimas asistieron a la audiencia y rindieron testimonios sobre violaciones de derechos humanos cometidas por los militares y que, de igual manera, pobladores de la zona aseguraron haber visto helicópteros que descargaban cuerpos en la fosa común a diario, situación que empezó después de la ruptura de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Pastrana, y que se agudizó durante el mandato de Uribe.
Hasta el momento, cuando no se han desarrollado en su totalidad las exhumaciones, la Físcalía reconoce el hallazgo de 449 cuerpos; de éstos, a 41 se les ha determinado la identidad y se ha determinado que siete de ellos habían sido reportados como desaparecidos. Por su parte, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría manifestó en febrero pasado que pretende “alcanzar la plena identidad de los aproximadamente 2.000 cuerpos”, con lo cual reconoce la cifra que niegan las autoridades locales del Meta y el Gobierno Nacional.

¿Quiénes son los asesinos y quiénes son los muertos?
Según el informe que la organización estadounidense FOR hizo público en agosto del presente año, las FARC tuvieron control territorial de la zona hasta 2002 y se podría presumir que los subversivos también depositaron cadáveres en esta fosa durante ese periodo. También concluye que, desde entonces, el Ejército, a través de la Fudra y las cinco brigadas móviles que la componen (1,2,3,7 y 10), ha asumido el control de la zona, así como que ya en 2009 se hallaron evidencias de la existencia de este particular 'cemeterio' junto a la base militar de la Fudra y que “los informes iniciales indicaron que el Ejército, posiblemente en combinación con otros grupos armados, depositó más de 800 y quizás hasta 1.500 cuerpos en la fosa”
La Fudra hace parte del Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que concentra la mayor parte de los recursos que el gobierno de EEUU transfiere al gobierno colombiano para su guerra contra las guerrillas con el Plan Colombia, y las brigadas móviles que la conforman han recibido el visto bueno por parte de EEUU para recibir asistencia militar y económica, al no comprobar los embajadores estadounidenses que las unidades hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Al parecer, los embajadores que supervisaron el respeto a los DDHH por parte de las tropas colombianas, Anne Patterson (embajadora en Pakistán desde 2007) y William Wood (embajador en Afghanistan de 2007 a 2009), no comparten la información ofrecida por la Físcalia y la Procuraduría, ni las más de 200 y 600 denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que, entre 2002 y 2009, se registraron en los departamentos de Meta y Guaviare, respectivamente, situación que ocasionaría que se aplicara la Ley Leahy, que prohíbe asistir a cualquier unidad militar que haya cometido violaciones graves a los DDHH.
En la última década, miles de familias en el Meta y los llanos orientales lo han dejado todo por el curso actual de la guerra: bombardeos indiscriminados, masacres de poblaciones por parte de paramilitares con asistencia velada de las autoridades, ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Militares colombianas y enfrentamientos entre el Ejército y guerrilleros de las FARC han contribuido a que miles de campesinos de la región sean víctimas, especialmente, según las denuncias recogidas por diversas organizaciones de derechos humanos, por parte de militares y paras.
Adicionalmente, la vida en los llanos desde 1997 se tornó más violenta: los ejércitos privados al mando de Carlos Castaño fueron responsables de las tristemente célebres masacres de Mapiripán y El Aro, así como de miles de muertes más. Éstos se sumaron a los paramilitares de Víctor Carranza, que protegían los intereses del magnate de las esmeraldas de la acción de las guerrillas. Por su parte, Martín Llanos y su padre, Héctor Buitrago, creador de los 'Buitrageños', empezaron a hacer presencia en la región desde mediados de los 90 y han usado su conocimiento de la región para controlar corredores del narcotráfico.
En la actualidad, los alias 'Cuchillo', 'Loco Barrera' y 'Martín Llanos' poseen nuevas estructuras armadas con las que disputan el control con hombres que presuntamente se encuentran al servicio de Carranza, quien, a pesar de estar involucrado con el paramilitarismo durante décadas, permanece intocable para la justicia y sigue siendo el 'patrón' de la región.

Los que resultaron ganando
Uno de los indicadores del éxito de la 'seguridad democrática', según informes oficiales, es la cantidad de megaproyectos que se realizan en la región y que reflejan la confianza de inversionistas en las acciones que el Ejército, mediante la Fudra, ha realizado en contra de las guerrillas. Sin reconocer las consecuencias que las acciones militares han traído en contra de la población civil y de la crisis humanitaria sin precedentes que se ha producido en Colombia, esta política es propuesta como modelo para enfrentar la guerra en Afganistán, Pakistán y otros países en los que EEUU se encuentra involucrado en conflictos armados.
Pese a la violencia que afecta a miles de colombianos, varias multinacionales han realizado inversiones multimillonarias en la región, que se reflejan en el aumento del Producto Interno Bruto de Colombia. Francisco Marchett, del Grupo Mónica, adquirió 3000 hctáreas cerca de Puerto López para sembrar maíz y soya; Ecopetrol, a través de Bioenergy SA, pretende construir una planta para obtener 330.000 litros de alcohol carburante y 11.000 hectáreas serán utilizadas para ello; la empresa Poligrow tiene la iniciativa de producir aceite de palma y para ello cultivará en Mapiripan 60.000 hectáreas; el grupo GPC, anteriormente Petrotesting, destinará 46.600 hectáreas para producir etanol; Agropecuaria Aliar planea producir concentrados a partir del monocultivo de maíz y soya en una extensión de 35.000 hectáreas; Mavalle SA está interesada en sembrar 5.500 hectáreas de caucho y Biocastilla se está planteando sembrar 7.700 hectáreas de palma.

martes, 17 de agosto de 2010

Fidel y Colombianos por la Paz se reúnen en La Habana

bloguerosrevolucion.ning.com/profiles/blogs/fidel-y-colombianos-por-la-paz
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Una representación de Colombianos y Colombianas por la Paz, encabezados por la senadora Piedad Córdoba fue recibida por Fidel en la mañana de este domingo en La Habana, dando cumplimiento al compromiso hecho cuando la legisladora se encontró hace unos días con el líder de la Revolución para evaluar la contribución que luchadores por la paz como ella, podrían hacer para evitar una conflagración que hoy se vislumbra como una amenaza mundial de consecuencias imprevisibles.
Esta vez acompañaron a la senadora, otros cinco defensores de derechos humanos: el Padre jesuita Javier Giraldo, Carlos A Ruiz, Danilo Rueda, Hernando Gómez, psicólogo y profesor Universitario y el cineasta Lisandro Duque. Tras un intercambio inicial de impresiones sobre la situación en la región y en el mundo, Fidel insistió en su esperanza de que un hombre como Obama, en cuyos orígenes se mezclan negros y blancos, cristianos y musulmanes -características que lo acercan mucho a la sensibilidad de la legisladora colombiana- pueda escuchar las voces de quienes de tanto sufrir la guerra, viven empeñados en conseguir la paz y podrían disuadirlo de apretar el gatillo.
Fidel les comentó a los visitantes que el pasado 13, día de su cumpleaños, lo pasó con viejos compañeros de lucha y a ellos también les pregunto si no tenían esperanzas de que se pueda conseguir detener la guerra que podría desatarse una vez vencido el plazo dado por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Muy mal estaríamos si no albergáramos la esperanza de que la humanidad no vaya a la guerra” comentó, persistiendo en su convicción de que siempre es posible movilizar a las personas si son conscientes de que sus acciones por la paz entrañan la posibilidad de salvarse ellos y salvarnos todos.
La senadora Piedad Córdoba recordó a sus acompañantes sus impresiones del primer encuentro con el Comandante en días pasados: “Fidel es capaz de mirar en Obama a un ser humano que sintetiza en si mismo una cantidad de cosas que se dan como por azar: por nacer de quienes nace, por venir de donde viene y por lo que representa ese origen dentro de las religiosidades. Entonces su pedido es como una apelación a esa cantidad de cosas que sensibilizan a ese ser humano para impedir la guerra.”
A la salida del encuentro, que duró cerca de dos horas y en el que Fidel obsequió a los visitantes, autografiados, ejemplares de su libro “La victoria estratégica”, Piedad comentó emocionada: “Esta es como una segunda oportunidad que nos dan a nosotros la vida y la historia. Y que este Fidel vivo, es como que el Dios creador de todo nos hubiera dicho: bueno, ahí se los dejo, tienen esa oportunidad. Como el ha dicho tantas veces, si no nos unimos, perdemos y por la fuerza no se ganan las guerras. Es el tiempo de la razón y de la política y a mi personalmente me provoca que la vida nos esta dando ese regalo.”
Fotos: Estudios Revolución
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La senadora Piedad Córdoba obsequia a Fidel el libro "En busca de Bolívar", del reconocido escritor colombiano William Ospina, que acaba de salir de imprenta
La senadora Piedad Córdoba obsequia a Fidel el libro "En busca de Bolívar", del reconocido escritor colombiano William Ospina, que acaba de salir de imprenta
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Tomado de Cubadebate

viernes, 13 de agosto de 2010

«Entre pared y pared»: el desplazamiento forzado en Ituango (Antioquia)

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Escrito por Pedro Solano
http://periferiaprensa.org/images/stories/ed43/ituan.JPG
Ituango es uno de esos “Paraísos Perdidos” que tanto abundan en el país. En el  noroccidente antioqueño, enclavado en la falda de una montaña a casi 20 horas de camino desde Bogotá y a 195 kilómetros de Medellín, se accede a él a través de la carretera que desde Medellín comunica con San Andrés de Cuerquia; ésta es prácticamente la única vía de acceso al municipio. Tal ruta –por tramos de difícil tránsito- hace parte vertebral, junto con el puente Pescadero –inaugurado en 1963- de la historia de este municipio esquivo a la mirada del  viajero. Actualmente hay un renovado interés por la mejora de las vías derivado de la ejecución del proyecto Hidroituango. Este proyecto hidroeléctrico ideado en la década de los 70 pretende ser la segunda represa más importante de Suramérica y la más importante de Colombia.
Sobre la historia de Ituango gravita desde siempre la rapacidad y apetito voraz de grandes poderes económicos, apetito ansioso, violento que quizá sea provocado por el hecho de que en estas tierras además de la gran productividad de sus suelos (pequeños cultivos de maíz, caña de azúcar, café, frijol, plátano, aguacate, naranja, granadilla y cacao fecundan el paisaje y son parte fundamental de la economía campesina), se descubre actualmente un importante potencial hídrico y, por qué no decirlo, minero (en el lecho del río Cauca, muchas familias, sobre todo de San Andrés de Cuerquia, encuentran en la explotación artesanal del oro un medio de vida). Y desde siempre se ha reconocido en Ituango –municipio verde- una gran reserva natural en la que encontramos el Parque Natural Paramillo; goza toda esta tierra de una gran diversidad en flora y fauna y, si ello fuera poco, hasta yacimientos de Platino.

Todos estos factores explican el atractivo que tiene la zona para grandes poderes económicos. A la vez es la disputa que se establece sobre los mismos por parte de múltiples actores, lo que determina las dinámicas de desplazamiento que desde hace aproximadamente 15 años sufre esta localidad.

Más de la mitad del campesinado de Ituango ha sufrido desplazamiento forzado. De una población total de más de 25.000 personas, 16.173 son desplazadas según datos de la Corte Constitucional de marzo de 2009. Un rasgo característico de estos desplazamientos forzados es que son interveredales en su gran mayoría y en algunos casos reiterativos —hay personas que han sufrido hasta siete desplazamientos en los últimos años— y siguen una dinámica de desplazamiento-regreso-desplazamiento que tendencialmente causa más pobreza en la población.

Motivos del desplazamiento
Según afirma un representante comunitario, «la situación que viven la ha ocasionado el Estado colombiano» a través de una estrategia militar y jurídica. El Gobierno declara el Nudo del Paramillo como Parque Nacional Natural en 1977 y despoja a las poblaciones de sus tierras y medios de vida. Hoy esas familias siguen reclamando que el Estado compre los terrenos de donde fueron desplazadas. El proyecto Hidroituango-Pescadero añade presión a las poblaciones por su impacto social y los intereses económicos que lo rodean. La entrada paramilitar en la zona empezó en 1997 alrededor del Parque Natural y en la cuenca del río Cauca, objetivos de la actual expansión capitalista.

El desplazamiento forzado en Ituango debe entenderse a partir de estas coordenadas geoestratégicas y del miedo como elemento de control. En ello juega un papel importante el recuerdo de las masacres paramilitares de El Aro y la Granja en 1997 y las amenazas de la  Fuerza Pública cuando dice a la gente, como relata un presidente de una Junta de Acción Comunal, que «detrás de ellos vienen los otros, los que traen el gatillo por delante». La declaración del municipio como “zona de riesgo extremo” por parte del Gobierno en respuesta a los múltiples desplazamientos forzosos refuerza la idea de que Ituango es zona de influencia guerrillera, provocando el fortalecimiento del contingente militar y policial en la región. Este imaginario de Ituango como zona guerrillera incide en el bloqueo económico y alimentario que sufren muchas veredas por parte del Ejército Nacional que presupone una relación orgánica entre la población civil y la insurgencia.

«Estamos entre pared y pared»
Ésta era la afirmación de una presidenta de Junta de Acción Comunal, expresión atinada para definir la situación de la población desplazada en Ituango pues entre la “pared económica” y la “pared militar” roza ya los límites tolerables. De las alocuciones mantenidas con los pobladores se puede inferir la difícil situación que viven con constantes agresiones, hostigamientos, señalamientos y retenciones por parte del Ejército Nacional, a lo que se añade que la población civil se ve obligada a obedecer a todos los actores armados que hacen presencia en la zona y que ocupan escuelas y moradas por días o semanas. «Recibimos una llamada o un papel de las FARC que nos da órdenes como, por ejemplo, que si el Ejército se queda dos días en nuestra casa, tenemos que salir».

Los pobladores también tienen miedo de transitar por los caminos debido a la existencia de campos minados de los cuales son responsabilizados por la Fuerza Pública: «Cuando volvemos por la tarde de trabajar nos dicen que vamos a colocar minas y cuando salimos en la mañana nos dicen que venimos de retirarlas». En muchas ocasiones la Policía Nacional les retiene, ficha y toma fotografías una vez llegan al casco urbano.

La relación entre el hostigamiento económico y militar a la población se muestra claramente cuando la gente de las veredas afirma que muchos operativos militares que provocan desplazamientos coinciden con las épocas de cosecha cuando los cultivos están listos para su recolección. Al regresar ya no hay animales ni cosecha, forjándose la opinión entre la gente de que «entre más se trabaja, más se pierde».

Dos estrategias y un solo fin confluyen en Ituango y son las causas y factor explicativo de la situación que en esas tierras muchas familias campesinas viven día a día tratando de hacer frente a poderes que les son lejanos. Si usted le pregunta a un campesino de Ituango qué quiere, sin duda responderá que le dejen vivir en paz.

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