La Contraloría estableció que el 33 por ciento de los municipios priorizados en el acuerdo de paz para poder llevar a cabo programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET, no recibieron los recursos provenientes de las regalías.
Para entender este complejo tema se los voy a explicar en primera persona: si usted es el alcalde de un municipio pobre, afectado por el conflicto y con presencia de economías ilícitas, pero además no tiene padrino político que le impulse su proyecto en el gobierno y le cobre coimas, las segundas oportunidades para su población son escasas. Casi inexistentes.
Y así es nuestra triste Colombia, un país donde los políticos, el gobierno y hasta los órganos de control se aprovechan de los más necesitados. Un lugar donde la codicia destruye cualquier rayo de esperanza, y los funcionarios públicos saquean los dineros designados a la paz.
Mi colega Sebastián Nohra y yo presentamos esta semana en el programa Colombia está al aire de Blu Radio, una denuncia sobre cómo se habrían pagado aproximadamente 500.000 millones de pesos en coimas de las regalías que, por ley, deberían estar destinadas a la implementación de los programas del acuerdo de paz.
Más de 25 alcaldes hablaron sobre el tema y en esta investigación logramos obtener las denuncias presentadas a diferentes órganos de control y a la Alta Consejería para la Estabilización y al Departamento de Planeación Nacional (DNP). La información fue verificada con otras 10 fuentes que corroboraron sistemáticamente lo mismo: para acceder a la bolsa de recursos y poder entrar al Ocad Paz, que es es el órgano del Sistema General de Regalías responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con esos capitales, los alcaldes de los municipios PDET, tenían que pagar coimas a congresistas, contralores y a funcionarios del DNP.
El trasfondo es el mismo. Los congresistas son los dueños de los municipios, las obras se hacen con sus amigos, y a cambio de apoyar al gobierno consiguen que la nación les financie sus proyectos con sobrecostos. Además, promueven su gestión en los territorios para conseguir votos, y se enriquecen a costa de todos. A costa del pueblo. Pero acá hay algo distinto, y más grave, y es que los órganos de control, presuntamente, también pidieron coimas.
Cuando pensamos que no podíamos caer más bajo, conocimos que el contralor Felipe Córdoba se inventó un control concomitante, que en la práctica y en los Ocad Paz actuó como un control previo. Según las denuncias, eso sirvió para presionar a los alcaldes a pagar dádivas so pena de no contar con el concepto favorable de la Contraloría para que sus proyectos fueran aprobados. El ratón cuidando al queso.
Pero las denuncias de los alcaldes no se refieren solo a los contralores delegados, también son en contra del entonces director de regalías, el señor Álvaro Ávila. Ese era el hombre de confianza de Luis Alberto Rodríguez, exdirector del DNP, también de Valledupar, y otro candidato a ser contralor general con quien trabajó en el Ministerio de Hacienda y quien se lo llevó después al DNP.
Su actuar motivó considerables denuncias que llegaron a la Procuraduría, la Fiscalía y el DNP por presuntamente direccionar la elección de proyectos a cambio de coimas. Fueron tan contundentes las denuncias que Archila solicitó varias veces que el señor Ávila fuera retirado de la secretaría técnica, sin ningún éxito, y Alejandra Botero, apenas llegó a dirigir el DNP, le pidió la carta de renuncia.
En el Ocad Paz, además de Archila, votaban el señor Martín Zuleta Mieles, alcalde del municipio La Paz, en el Cesar, y el señor José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca, que está preso por presuntas alianzas con la guerrilla. El medio de comunicación local de Valledupar llamado “Candela Viva” reveló unos audios del alcalde Zuleta en donde habla sobre un proyecto y pide que le digan hasta cuántos puntos pueden ceder y si pueden ser cuatro o cinco “hojas de block” para repartir y poder llevar el proyecto a Ocad Paz para su aprobación. Escuche el audio.
Pero no solo el alcalde de La Paz, miembro con voto del Ocad Paz, la Contraloría y el DNP están involucrados en esto. El Partido Conservador, que hoy descaradamente justifica no hacerle oposición al gobierno de Gustavo Petro para poder seguir exprimiendo al Estado, también es otro gran protagonista de este entramado.
Las fuentes de esta investigación reiteradamente mencionan al representante Ape Cuello y al senador Samy Meregh, conservadores, como los dueños de los proyectos aprobados con los recursos de la paz. Y es que del mismo partido también es Luis Alberto Rodríguez y el representante Wadith Manzur, invitado permanente al Ocad Paz.
Así, mientras el presidente Iván Duque presumía en el festival vallenato la millonaria inversión de dineros públicos en el Cesar, sin sonrojarse por la cantidad de funcionarios de su gobierno y congresistas amigos oriundos de este departamento, el 33 por ciento de los municipios PDET no pudieron ni siquiera acceder a la millonaria bolsa. Tomándose un whisky al son de la música de Silvestre Dangond u otro vallenatero de la región, seguramente muchos celebraron el saqueo a los recursos de la paz.
Más vale que el fiscal Francisco Barbosa investigue este sucio entramado de corrupción. Lástima para el país que sus amigos sean los que deberían ser investigados. Aunque no hay ninguna prueba en contra del exconsejero Archila, y las fuentes coincidan en que no tuvo nada que ver, no deja de ser muy desafortunado que todo esto haya ocurrido bajo sus narices.
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