Escrito por Equipo técnico Unidad de Trabajo Legislativo HR Wilson Arias Castillo
Indudablemente, la informalidad laboral constituye un drama social. A ésta se asocian desprotección, bajos ingresos, etc. Sin embargo, el enfoque que le da el gobierno nacional a este problema es bastante reduccionista y simplista: se asume que la informalidad es consecuencia de altos costos laborales no salariales (en los que se incluyen los aportes parafiscales). Este enfoque no solo afecta los derechos de los trabajadores, al pretender disminuir el componente social del salario1, sino que deja inalterados los verdaderos factores que determinan los altos niveles de informalidad.
1 Este es un sustento para decir que la reforma tributaria en relación con el CREE, sí es una reforma laboral, pues en realidad disminuir parafiscales y eliminar el aporte patronal a la salud para financiar todo en el mediano plazo con presupuesto y deuda, es, por un lado bajar el componente en especie (social) del salario; y por otro lado, es hipotecar los ingresos de la clase media y baja para pagar las consecuencias de desfinanciar la salud, la formación profesional de los trabajadores y el cuidado de la niñez.
1 Este es un sustento para decir que la reforma tributaria en relación con el CREE, sí es una reforma laboral, pues en realidad disminuir parafiscales y eliminar el aporte patronal a la salud para financiar todo en el mediano plazo con presupuesto y deuda, es, por un lado bajar el componente en especie (social) del salario; y por otro lado, es hipotecar los ingresos de la clase media y baja para pagar las consecuencias de desfinanciar la salud, la formación profesional de los trabajadores y el cuidado de la niñez.
2 Ver http://www.youtube.com/watch?v=swTusCse7p8
3 Los parafiscales han demostrado ser un mecanismo creciente y eficiente de recaudo, contrario a un impuesto a las utilidades como el CREE (Sandoval, 2012).
Ya la Contraloría General nos decía en su informe de 2010 que dado el bajo porcentaje que ocupan los parafiscales en los costos totales de las empresas, no es posible afirmar que estos sean los responsables de la informalidad laboral. Incluso, el mismo Presidente Santos, cuando estaba en campaña, admitía que la relación costo – beneficio de eliminar los parafiscales es adversa, debido al escaso número de empleos que se crearían y además, señalaba que la existencia de los parafiscales no son un obstáculo para la generación de empleo2.
Por tanto, es necesario aventurarse a establecer otras hipótesis que expliquen el fenómeno, desde aspectos culturales, falta de presencia estatal o baja productividad de las actividades económicas. ¿De qué le sirve, por ejemplo, al dueño de un puesto de arepas que le reduzcan los costos salariales a la mitad, si la rentabilidad de su negocio no le permitirá formalizar a sus empleados y cumplir con todos los requisitos de contratación?
La baja productividad nos parece una explicación más razonable que la existencia de los parafiscales para entender los altos niveles y persistencia de la informalidad. Luego la acción del Estado debiera estar dirigida a aumentar la productividad del trabajo, en vez de limitarse a disminuir costos. Resulta entonces contradictorio que en aras de disminuir la informalidad, se termine afectando la financiación de una entidad como el SENA3, llamada a capacitar a la clase trabajadora y promover su productividad. Y por otro lado, se merme la capacidad de demanda, al pasar la carga impositiva de las grandes empresas a las personas naturales.
Ahora bien, ante la volatilidad e insuficiencia del CREE, el gobierno ha puesto al presupuesto nacional como garantía para el financiamiento del SENA, el ICBF y el Sistema de Seguridad Social en Salud. Además de su estrechez y de diferentes disposiciones legales que obligan a la disciplina fiscal (Ley 1473 de 2011, Acto Legislativo 03 de 2011, Ley 819 de 2003, entre otras), es importante señalar las implicaciones redistributivas de dicha garantía. Los recursos del gobierno no son exógenos sino que provienen de los mismos agentes económicos (empresarios y trabajadores). Al revisar la evolución histórica de la composición de los ingresos del Estado, se evidencia la sustitución de fuentes, transfiriendo la carga impositiva a la masa de trabajadores en beneficio de empresarios y grandes tenedores de riqueza, esto es, disminuyendo la participación del impuesto de renta en el total de recaudo, compensándolo con mayores impuestos indirectos que afectan en mayor medida al grueso de la población.
Fuente: DIAN, DANE. Cálculos propios
En 1970, el impuesto de renta representaba el 79% del total del recaudo, mientras que el IVA participaba con un 13%. Estas participaciones se han venido revirtiendo desde entonces, profundizándose a partir de 1990, ya que desde entonces hasta 2010, se disminuyó la participación del impuesto de renta y complementarios en 15 puntos porcentuales. Así en 40 años, el impuesto a la renta que grava los altos ingresos y a los grandes tenedores de riqueza, ha disminuido su participación en 30 puntos porcentuales, que han sido compensados en gran medida con un impuesto de naturaleza regresiva como el IVA.
El resultado a nivel agregado, es una profundización de la desigualdad en la distribución del ingreso. Para 1970, el Producto Interno Bruto (que por identidad equivale al ingreso) se distribuía de la siguiente forma: el 53% correspondía a los empresarios (excedente bruto de explotación), el 40% a los trabajadores (salarios) y el restante 7% a los ingresos del gobierno (impuestos netos). Para el año 1990, la mayor carga impositiva al trabajo llevó a que los empresarios mantuvieran su participación, pero los trabajadores cedieran al gobierno 3 puntos porcentuales de participación, disminuyendo al 37% los salarios sobre el PIB y aumentando los ingresos del gobierno al 10%.
Desde 1990, las políticas laborales e impositivas continuaron aumentando las cargas al trabajo, pero para compensar las gabelas a los empresarios, es decir, no para aumentar los ingresos del Estado. Sin embargo, no disminuyó en igual medida el gasto público, por el contrario aumentó con las disposiciones de las Constitución de 1991, y en sí ante las presiones demográficas y sociales de la época contemporánea. El resultado ha sido una política distributiva a nivel macro que no discrimina generacionalmente:
1. Desde 1990 hasta la actualidad, los trabajadores disminuyeron su participación en el ingreso nacional otros ¡5 puntos porcentuales!, para ubicarse en un 32%, mientras el gobierno siguió con su participación en 10%; y como ésta es una identidad, lo que pierde uno lo gana el otro. Los empresarios así se han embolsillado estos cinco puntos porcentuales de los trabajadores, fundados en políticas laborales que no son más que un discurso poco fundamentado a estas alturas: menores salarios generan más y mejores puestos de trabajo; y
2. Al no aumentar el empleo ni la productividad del trabajo, y al contrario se profundizan los males de la desigualdad como la distribución inequitativa del ingreso, la vulnerabilidad a la crisis y la debilidad institucional y presupuestal del Estado; y dado que el mayor gasto fiscal no se ha compensado con mayores tributos, el resultado es un mayor endeudamiento.
La deuda pública, esa misma que se honra pagar constitucionalmente (más recientemente con la regla y la sostenibilidad fiscal) y que absorbe el 24% del presupuesto nacional, va a ser el efecto traslapado de la desigualdad de esta reforma tributaria, es decir, los infantes que hoy sufrirán quizás sin ICBF, después pagarán las consecuencias de la insensatez, la codicia y la irresponsabilidad social en la distribución del ingreso. Esto porque como lo dice una ley económica, no existe almuerzo gratis. El problema es que los que se comen el almuerzo no lo pagan, sino que se van incluso destruyendo los platos. Vaya problema social el que se viene.
El sesgo impositivo y el derroche de unos a costa de otros, ha sido y es la razón de los problemas sociales leídos desde la macroeconomía. La reforma tributaria es el descaro de esta situación, pues ya no sólo se compensa la disminución del impuesto de renta a las personas jurídicas (del 33% al 25%) con mayores impuestos indirectos (IVA e impuesto al consumo), sino que grava los ingresos de los asalariados con el IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), como si fueran renta. Las cifras son reveladoras en ese sentido. El 77% del hueco fiscal que genera la desfinanciación del SENA, el ICBF y la salud, sumado a la disminución del recaudo causado por la reducción en la tarifa del Impuesto de Renta (14,2 billones de pesos a 2023 como lo describe la gráfica siguiente), será compensado con impuestos a los trabajadores: un 64% con los recursos del IMAN y un 13% con IVA e Impuesto al Consumo.
El sesgo impositivo y el derroche de unos a costa de otros, ha sido y es la razón de los problemas sociales leídos desde la macroeconomía. La reforma tributaria es el descaro de esta situación, pues ya no sólo se compensa la disminución del impuesto de renta a las personas jurídicas (del 33% al 25%) con mayores impuestos indirectos (IVA e impuesto al consumo), sino que grava los ingresos de los asalariados con el IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), como si fueran renta. Las cifras son reveladoras en ese sentido. El 77% del hueco fiscal que genera la desfinanciación del SENA, el ICBF y la salud, sumado a la disminución del recaudo causado por la reducción en la tarifa del Impuesto de Renta (14,2 billones de pesos a 2023 como lo describe la gráfica siguiente), será compensado con impuestos a los trabajadores: un 64% con los recursos del IMAN y un 13% con IVA e Impuesto al Consumo.
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