El conflicto armado en Colombia no existe porque a un grupo de campesinos forajidos se les haya ocurrido, de buenas a primeras, organizarse y armarse para atacar al Estado. Eso es lo que quiere hacernos creer la élite económica y política, reproduciéndolo cada vez de forma más impúdica en sus cajas de resonancia: los medios masivos de comunicación. A lo que le apuestan definitivamente es al embotamiento de la memoria. Por eso una obligación, de los medios de comunicación popular y de todos los escenarios políticos construidos por los sectores populares, es la preservación de esta memoria. De ello depende la paz del futuro.
El conflicto armado en Colombia se fraguó por el ataque persistente de esta élite económica y política contra los sectores populares, y desde el principio supo combinar todas las formas de lucha (militar, paramilitar, legislativa, propagandística, doctrinaria), la misma que todo el tiempo le critica a la izquierda. Así han arrinconado permanentemente a los pobres obligándolos en diversas ocasiones a organizarse para defenderse. No se puede perder de vista que todas las guerrillas en Colombia nacieron como grupos de autodefensas: recuérdense el origen del Quintin Lame, de las guerrillas liberales y de las Farc, por mencionar apenas algunas.
Y la confrontación armada entre Estado y guerrillas en Colombia no ha perdurado durante más de cincuenta años porque las guerrillas simplemente sean tozudas, porque se hayan corrompido con los dineros del narcotráfico y hayan devenido en organizaciones terroristas. Esto es pura propaganda repetida hasta el cansancio en los medios de comunicación masiva. En dicha propaganda ponen siempre a jugar de forma amañada las estadísticas, horrorizándose de los actos de la guerrilla, pero condescendiendo con los del Estado y sus instituciones. Es cierto que el secuestro es horrendo, pero no menos horrenda es la desaparición forzada y los crímenes de Estado que ha practicado recurrentemente el establecimiento contra sus opositores. Muchas marchas ha promovido esta élite contra el secuestro, contra la desaparición forzada y los falsos positivos, ninguna. La insensibilidad encostrada en el alma de esta mal llamada “sociedad civil”, cultivada por los medios masivos de comunicación, ha llegado hasta el extremo no sólo de elegir presidente a uno con claros vínculos con el paramilitarismo, sino al propio Santos, que como ministro de defensa legalizó prácticamente la pena de muerte (recuérdese el aberrante caso del asesinato de alias Iván Ríos y el muñón que su asesino entregó como trofeo al propio ministro para cobrar su recompensa) y promovió las ejecuciones extrajudiciales para inflar las cifras de guerrilleros “dados de baja”. Y sobra mencionar el número de masacres perpetradas por las fuerzas militares o los paramilitares con participación o connivencia de los primeros.
Voluntad de paz es lo que no ha tenido nunca esta élite colombiana, que además fue quien creó el estado de cosas intolerables que llevaron a ciertos grupos de los sectores populares a armarse. Y hasta ahora no han hecho más que profundizar tal estado de cosas. Ello puede evidenciarse con la respuesta del establecimiento a cada intento de desmovilización y de inserción a la vida civil de algunos grupos guerrilleros: se mide, por ejemplo, en el número de guerrilleros asesinados después de cada desarme. Entre los casos emblemáticos se destacan, en la desmovilización de las guerrillas liberales al final de los años 50, el asesinato de Guadalupe Salcedo, líder legendario de las guerrillas del Llano; entre los desmovilizados del M19 a principios de los 90, el asesinato de Carlos Pizarro. Y una herida abierta en la historia de Colombia que nunca terminará de cicatrizarse: el exterminio de la Unión Patriótica, partido político a través del cual las Farc se proponían integrarse a la política institucional, a partir de los acuerdos establecidos entre el gobierno de Belisario Betancourt y este grupo insurgente. Más de cinco mil integrantes de esta organización política fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a la presidencia en la campaña de 1990: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa.
Cabe destacar que fue justamente la respuesta del establecimiento ante las desmovilizaciones de un sector de la guerrilla liberal la que dio origen a las Farc: el desalojo violento, ordenado por el gobierno de Guillermo León Valencia, a estos grupos que se habían asentado en Marquetalia, el Pato, Riochiquito y Guayabero y se habían organizado en torno a una propuesta de economía campesina autogestionada.
Pero lo que más presente debemos tener hoy es que el conflicto armado es apenas una de las manifestaciones de un conflicto político más complejo, sólo la punta del iceberg. La guerra no es entre el Estado y la guerrilla; se trata más bien de una guerra no declarada pero cada vez más aguda de la élite económica y política, parapetada en todas las instituciones del Estado, contra los sectores populares. Y esta guerra se materializa en las estrategias de represión, persecución y asesinato, y, sobre todo, en una legislación que hunde cada vez más a los pobres en la miseria, mientras concentra la riqueza en manos de esta élite y del capital extranjero.
En este sentido, la paz no puede entenderse como el resultado de unas negociaciones entre el gobierno y las guerrillas, en donde estas últimas abandonan las armas. Al contrario, sólo la transformación real de las condiciones de injusticia económica, social y política que promovieron el surgimiento de las guerrillas puede conducir a un clima de paz efectivo que haga definitivamente innecesaria y anacrónica la confrontación armada. Pero en este respecto es en donde menos voluntad política ha tenido la élite enquistada en el Estado. Por ejemplo, las aproximaciones entre el gobierno de Uribe y la guerrilla del ELN, que debían conducir a un diálogo (que en términos de esta guerrilla debía ser con toda la sociedad civil y conducir a una convención nacional) se truncaron porque el gobierno se negó a negociar los puntos que el ELN ponía como prerrequisito y tenían que ver con la atención a la crisis humanitaria en diferentes regiones y dimensiones sociales, ocasionada por las políticas neoliberales. Pero eso no lo dijeron los medios masivos, más bien se empeñaron en convencernos de que el proceso se había frustrado por falta de voluntad de la guerrilla.
Los medios de comunicación masiva, por ejemplo, se le echaron encima al gobierno de Pastrana porque negociaba con una guerrilla, las Farc, que supuestamente no daba señas de ninguna voluntad para el diálogo. Pero jamás exigieron estos mismos medios una voluntad real del gobierno para alcanzar una verdadera paz. Ninguno cuestionó el hecho, por ejemplo, de que mientras Pastrana simulaba dialogar con la guerrilla, implementaba el Plan Colombia para fortalecer las fuerzas militares en su cruzada contra los campesinos que aún defendían sus tierras. Tampoco criticaron que en este mismo tiempo hiciera un recorte ostensible a las transferencias que la nación debía girarle a los entes territoriales para invertir en salud y educación; ni que se inventara la reforma a la educación superior, que la privatizaba definitivamente. Nada de esto era para los grandes medios una estrategia de guerra. Lo único que les importaba era sabotear la posibilidad de diálogo.
Eso mismo hacen hoy, cuando la guerrilla de las Farc empieza a dar algunos pasos definitivos que la acerquen a un diálogo con el gobierno. Después de la más reciente entrega de policías y militares que las Farc mantenía retenidos desde hacía varios años, los medios levantaron su voz en coro, no para dar cuenta de las posibilidades de diálogo que estas acciones de la guerrilla abrían, sino para insistir de forma insidiosa en que no era suficiente. Según los medios masivos la única posibilidad de paz es que las Farc liberen de una vez a todos los secuestrados, suelten las armas y se entreguen a la justicia colombiana. El Estado (es decir, la élite), según estos medios, no tiene por qué hacer ninguna concesión. La insistencia ha ido tan lejos que Julio Sánchez Cristo y Alberto Casas Santamaría, representantes de la godarria jurásica, en una entrevista realizada al respecto en la W a Socorro Gómez, presidenta del Consejo Mundial de la Paz, insistían en que el gobierno no tenía que responder al gesto de las Farc con la liberación de algunos presos políticos, porque en Colombia no existe el delito político. Ver http://www.wradio.com.co/buscar/entrevista%20con%20socorro.aspx.
No cabe en estos grandes medios, por ejemplo, la idea de que la locomotora minero-energética es una estrategia de guerra que aniquila y desplaza campesinos, negros e indígenas, al tiempo que arrasa con los recursos de nuestro territorio. No se les ha ocurrido que la reforma a la educación superior que propone el gobierno, siguiendo el camino de Pastrana, es también una estrategia de guerra que cierra la universidad a los hijos de los pobres. Ni conciben como una estrategia de guerra la propuesta de reforma a la justicia, en donde, entre otros adefesios, se propone que de nuevo los crímenes innumerables cometidos por los militares en esta guerra sin cuartel contra los sectores populares sean juzgados por la justicia militar. Descononocen justamente que dicha jurisdicción se pasó a la justicia ordinaria por la desvergonzada impunidad y olvido a los que el espíritu de cuerpo de la justicia militar relegaba estos crímenes.
Así las cosas, debe ser claro para nosotros que las posibilidades de una paz real en Colombia está hoy tan o más lejos que en la década de los sesenta, cuando emergieron las principales guerrillas de la segunda mitad del siglo pasado. Debe ser claro también que la paz no se negocia entre el Estado y la guerrilla, es resultado de un proceso de transformación social que elimine los privilegios que concede la explotación capitalista y todas las formas de dominación que en torno a ella se estructuran hoy. Ante la falta de voluntad de los poderosos de este país – títeres además del imperialismo-, la paz no puede ser otra cosa que el resultado de la construcción desde los sectores populares organizados de una fuerza tan grande que sea capaz de articular los diversos proyectos y planes de vida gestados por las propias comunidades y materializados a pesar o por encima de la voluntad de quienes hoy se consideran invencibles. Ello sólo será posible si las grandes plataformas de articulación de los movimientos populares que avanzan hoy de manera separada encuentran el camino de coordinación y construcción colectiva, sin vanidad ni dogmatismo. Esa es la tarea que hoy nos asiste.
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