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Por: Ivonne Cardozo – agosto 2 de 2011
El pasado martes 2 de agosto, en un fallo sin
precedentes en el mundo, fueron condenados cuatro exmilitares del
cuerpo de elite del ejército guatemalteco, o kaibiles, a penas
de 6.060 años de cárcel cada uno, por ser los responsables de la masacre
ocurrida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos
Erres (departamento de Petén). Según la sentencia, Carlos Antonio
Carías, quien para la época tenía el rango de teniente y comandaba la
unidad juzgada; y los antiguos soldados Manuel Pop, Reyes Collin y
Daniel Martínez asesinaron, violaron y torturaron a 201 hombres, mujeres
y niños, para luego enterrarlos en fosas comunes que fueron
descubiertas en 1994 y en donde se exhumaron 160 cuerpos.
La decisión sin precedentes, del Tribunal Primero ‘A’ de Alto Riesgo de la Ciudad de Guatemala, señala que el grupo de 18 kaibiles
–de los cuales dos ya murieron– cometió estos actos atroces,
obedeciendo a las políticas contrainsurgentes impulsadas por la
dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983). Durante el gobierno
de facto del militar, se creó una alianza entre las fuerzas
militares del país y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupos
paramilitares que la dictadura reconoció legalmente en 1983, con la que
se adelantaron miles de violaciones a los derechos humanos de los
opositores a la dictadura y la población civil, incluyendo asesinatos,
desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y destrucción de
cientos de comunidades indígenas y campesinas.
Casi tres décadas después del régimen
militar, miles de víctimas del terror de Estado exigen justicia por la
muerte de sus familiares y por los traumas que las masacres causaron a
toda una generación. Desde 1994, la Asociación Familiares de Detenidos
Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) abrió el proceso judicial por los
crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Ríos Montt,
quien actualmente enfrenta cargos por genocidio y otros delitos atroces.
Para lograr el histórico fallo, los
familiares de los desaparecidos, supervivientes y testigos clave de lo
sucedido en Dos Erres aportaron pruebas contundentes que indican como
los antiguos kaibiles son culpables y contradicen la versión de
los militares, que durante años han atribuido la masacre a la
guerrilla. Esto no es nuevo: diferentes organizaciones defensoras de
derechos humanos han denunciado en numerosas oportunidades que el
Ejército ha buscado entorpecer de manera sistemática los procesos de
investigación sobre este tipo de violencias masivas, aprovechándose de
la ineficiencia y corrupción del sistema penal.
En 2009, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condenó al Estado guatemalteco por los crímenes de lesa humanidad
cometidos en las Dos Erres. Sin embargo, a pesar de que la CIDH impuso
la captura de los implicados, la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala no permitió que se llevara a cabo su arresto, argumentando que
las Leyes de Reconciliación no permitieron continuar con el curso del
proceso y que no se tenían pruebas suficientes para encerrarlos.
A pesar de los obstáculos, ésta es la primera
vez que son juzgados miembros de ese cuerpo de elite del Ejército.
Según investigaciones independientes y la decisión de la CIDH, los kaibiles
eran adiestrados, bajo asesoría de militares de Estados Unidos, para
matar con lujo de violencia, torturar y desaparecer a quienes se
opusieran a los dictados de quienes controlaban al país centroamericano.
Luego de su creación, en 1974, el momento más
importante de este cuerpo militar se dio con la administración de
Ronald Reagan en EE.UU., quien definió una política belicista e
intervencionista en Centroamérica, y apoyó la derogación de la
Constitución, el estado de sitio y la represión impuesta por Ríos Montt
en 1982. Los kaibiles fueron una pieza fundamental de la
articulación entre los militares y los paramilitares de las PAC, con la
que la dictadura ejecutó a miles de hombres, mujeres y niños para
sembrar el terror, doblegar la resistencia civil e imponer su gobierno
del “deber ser del buen cristiano”. Como resultado de estos crímenes de
Estado, fueron afectadas principalmente comunidades indígenas en
departamentos como Baja Verapaz y Petén, y se produjo un genocidio con
más de 250.000 víctimas, millón y medio de desplazados y un número
todavía indeterminado de desaparecidos.
Actualmente, los kaibiles siguen
siendo parte del ejército de Guatemala, siendo empleados en la lucha
contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo reconocidos
internacionalmente por su apodo de ‘máquinas de matar’ –que ganaron con
sobrado mérito en la primera guerra de Iraq–, mientras miles de víctimas
esperan que este grupo sea desmontado y que Efraín Ríos Montt sea
sentenciado como responsable directo del genocidio y del terrorismo de
Estado.
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