El panorama de los Derechos Humanos en Colombia

Hablar de los Derechos Humanos en Colombia resulta un pleonasmo, una  tautología, una petición de principio: Son la sombra larga y larga del conflicto social armado colombiano, que lo siguen como parte inherente suya, cuando se le alumbra con cualquier luz con el fin de analizarlo, comprenderlo y por sobre todo, solucionarlo. Sin embargo, el Terrorismo de Estado o violencia desde el Poder, verdadero origen o causa del drama sin final que aflige y enluta a los colombianos, se ha dado mañas
(hasta ahora) para enmarañar y ocultar o velar ideológicamente su comprensión y desenmarañamiento. Nada muestra mejor esta pretensión oscurantista y militarista del Poder oligárquico dominante, que el grito de guerra impune lanzado en el seno del Parlamento colombiano en 1982, por el emblemático general Landazábal Reyes cuando era el ministro de defensa de Belisario Betancur: “Vamos a subvertir la subversión!”.

Desde entonces hasta hoy, basados en las experiencias previas de los “chulavitas, “pájaros” y otros “cuchillos largos libres” (freikorps, fascios de combatimento o falange tradicionalista) calcados del Fascismo europeo en asenso; sin un segundo de descanso o pausa o duda, todo el aparataje de intoxicación y envenenamiento espiritual o de propaganda mediática con que cuenta el Poder de la Oligarquía colombiana, nutrido por sus Fuerzas Militares en los hechos y las palabras; se dedicó a crear un fenomenal y monstruoso embrollo casi imposible de desenrollar, para que ejecutara el Terror del Estado con su Estrategia de guerra contrainsurgente, recomendada y apoyada en 1959 por la misión del US Amy del general Yaranboroug : El Paramilitarismo de primera, segunda, tercera, y ultima generación o ininterrumpido, que ahora después de 50 años la ong H.R.W de Vivanco en
su ultimo informe del 03,02.2010, describe intacto, perenne, permanente, e impune.

La primera gran confusión deliberada, madurada, sobada y repensada, consistió en suprimir de un tajo la diferenciación o distinción nítida e internacionalmente reconocida entre Derechos Humanos, que son desde la época de la revolución francesa de 1789 la esencia del poder del Estado para con sus
ciudadanos, y el Derecho Internacional Humanitario surgido en la segunda postguerra, en la Convención Mundial de Ginebra para que rigiera internacionalmente los conflictos surgidos en el seno de las Naciones. A tal punto se hizo un mazacote conceptual o amasijo jurídico-político, que nadie en Colombia o el exterior, sabe a ciencia cierta o es capaz de aclarar una violación de los Derechos Humanos (es decir cometida por el Estado), de un crimen al Derecho Internacional Humanitario cometido por las partes enfrentadas en el largo conflicto armado colombiano.

La segunda confusión premeditada e intencionada, ha consistido en fragmentar “ad infinitum”, las numerosas cifras de los crímenes de Estado denunciados iterativamente; como si se tomara un retrato y se rompiera en muchas pequeñas partes y luego se soltaran al viento para que nadie pueda volverlos a juntar y armar como un rompecabezas en su conjunto. Hay una suerte de caos informativo, de río revuelto, de múltiples estadísticas fraccionadas de victimas por edad, sexo, raza  etnia, profesión, por provincia o pueblo, por meses, años y hasta por periodos. Producidos por unos cuantos observatorios que han sobrevivido valerosamente a la persecución del Estado y sus agencias represivas, pero con las contadas excepciones de Javier Giraldo, el Movice, el colectivo Alvear Restrepo, el comité permanente por los DH, y algún otro que se me escapa (por lo cual pido disculpas de antemano), ha faltado realmente el análisis critico y presentación global de la Totalidad dialéctica de la “Crisis permanente de los Derechos Humanos en Colombia”, reconocida solamente hasta 1996 por la Comisión de DDHH de la ONU, y que bien se puede representar de manera simple en tres macabras
cifras generales o globales:

1- Según lo afirmó a finales del 2009 la senadora comunista Gloria Inés Ramírez, solamente desde 1976 hasta la fecha de su denuncia (33 años), han muerto en Colombia medio millón de personas (500.000) victimas del Terror del Estado. Cinco mil (5.000) de ellas pertenecientes al partido político de oposición Unión Patriótica.

2- A fines de 2009 se contabilizaban y se reconocían públicamente en Colombia; cuatro (4) millones de desplazados internos o despojados de sus tierras, la mitad de ellos (2,4 millones) según la ong CODES producidos en los 7 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien con una aberrante y
contumaz desvergüenza ha dicho que son “migrantes internos de mano de obra” y rebusque.

3- Según cifras de la misma Fiscalía General de Colombia; los Paramilitares oficiales han confesado y se han encontrado 3 mil (3.000) fosas comunes con más de 10 mil (10.000) cadáveres. La ultima, la mas sobrecogedora por ser la más grande jamás encontrada en la Macarena Meta en Enero de este año, donde a partir del 2005 el “heroico” ejército colombiano depositó clandestinamente 2.500 cadáveres de lideres populares sin nombre, atribuidos a guerrilleros dados de baja en combate, que se vienen a sumar a los otros dos datos entregados por esta misma agencia Estatal, de mil trescientos (1.300 ) “falsos positivos” o jóvenes civiles inermes disfrazados de guerrilleros presentados como dados de baja en combate, inicialmente denunciados en Soacha, para un total (reconocido) de diez
mil (10.000) “desaparecidos” en Colombia.

¿Cuando la Corte Penal Internacional o cualquier otro organismo judicial mundial, logrará aclarar, desenredar o dilucidar semejante atrocidad contra la Humanidad; si precisamente la misión de parlamentarios españoles que acaba de visitar a Colombia (febrero2010), constata en terreno y confirma una vez más la crisis de la Justicia colombiana y la Estrategia oficial del Poder dominante de permanecer en la Impunidad aferrado al Poder de clase?

Dos son entonces los prerrequisitos para abordar la imperiosa e ineludible Solución Política al conflicto social y armado de Colombia y su sombra o consecuencia humanitaria: Uno, reconocer y aceptar el tamaño y la profundidad de semejante conflicto. Y otro, analizarlo y juzgarlo a la
luz de las reglamentaciones distintas y bien diferenciadas: Los Derechos Humanos, y el Derecho Internacional Humanitario.

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

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