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SAN JOSE (AFP) - La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició el martes dos días de audiencias para depurar la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato, en 1994, del senador colombiano Manuel Cepeda atribuido a militares.
La tarea fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que atribuye al Estado colombiano "falta de debida diligencia" para investigar y sancionar a los supuestos responsables del asesinato. Además lo acusa de "obstrucción de la justicia" y por "la falta de reparación adecuada" para los familiares de Cepeda, según una demanda presentada en noviembre de 2008.
Los siete jueces de la Corte, encabezados por el peruano Diego García, escucharon la mañana del martes, en un salón colmado de asistentes, los testimonios de un testigo y de dos familiares de Cepeda, cuyo crimen, el 16 de agosto de 1994, atribuyen a oficiales militares y paramilitares.
Los testimonios coincidieron en señalar las "amenazas sistemáticas" que el político recibió desde que era dirigente del Partido Comunista de Colombia, en su época de estudiante universitario, hasta llegar al Congreso bajo la bandera de la coalición Unión Patriótica.
"Hubo también amenazas al núcleo familiar y vivíamos en zozobra", afirmó María Estela Cepeda, una hermana médica de la víctima, ante las preguntas de la Comisión y de los abogados que representan a la familia en el juicio.
"Las amenazas arreciaron porque pertenecía a la Unión Patriótica, que ya era una opción de poder en Colombia", aseguró la mujer. El crimen "formó parte de un engranaje para exterminar de la faz de la tierra a la Unión Patriótica", constituida en 1985 y que agrupaba al Partido Comunista, puntualizó.
Iván Cepeda, hijo del fallecido, resaltó las "amenazas, hostigamientos y procesos judiciales arbitrarios" que sufrió su padre.
"No tuvimos un solo momento de sosiego y tranquilidad", afirmó este abogado, quien se instaló en Francia por varios meses tras el crimen. "Llevamos 16 años esperando justicia y sólo encontramos una actitud displicente. No encontramos receptividad del gobierno colombiano", agregó.
Los letrados del Estado colombiano sólo hicieron una pregunta al testigo Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista colombiano.
Por su parte, Caicedo aseguró que el homicidio fue motivado por denuncias que hizo Cepeda en contra de militares y paramilitares, quienes supuestamente habían eliminado a unos 2.500 concejales, alcaldes, sindicalistas y seguidores de la Unión Patriótica en todo el país.
"Su muerte causó una conmoción muy grande en varios sectores del país, porque siempre estuvo comprometido con la paz", lamentó Caicedo.
La cancillería colombiana informó el lunes que el Estado ya reconoció ante la Comisión Interamericana su responsabilidad.
"Dicho reconocimiento es concordante con la decisión de la justicia penal colombiana, la cual condenó a dos agentes estatales como autores materiales del homicidio del senador (Cepeda)", indicó la cancillería en un comunicado, aunque niegan que haya obstrucción de la justicia.
La Corte posiblemente dicte sentencia en un periodo de cinco meses, dijo a la AFP un familiar de Cepeda.
Los siete jueces de la Corte, encabezados por el peruano Diego García, escucharon la mañana del martes, en un salón colmado de asistentes, los testimonios de un testigo y de dos familiares de Cepeda, cuyo crimen, el 16 de agosto de 1994, atribuyen a oficiales militares y paramilitares.
Los testimonios coincidieron en señalar las "amenazas sistemáticas" que el político recibió desde que era dirigente del Partido Comunista de Colombia, en su época de estudiante universitario, hasta llegar al Congreso bajo la bandera de la coalición Unión Patriótica.
"Hubo también amenazas al núcleo familiar y vivíamos en zozobra", afirmó María Estela Cepeda, una hermana médica de la víctima, ante las preguntas de la Comisión y de los abogados que representan a la familia en el juicio.
"Las amenazas arreciaron porque pertenecía a la Unión Patriótica, que ya era una opción de poder en Colombia", aseguró la mujer. El crimen "formó parte de un engranaje para exterminar de la faz de la tierra a la Unión Patriótica", constituida en 1985 y que agrupaba al Partido Comunista, puntualizó.
Iván Cepeda, hijo del fallecido, resaltó las "amenazas, hostigamientos y procesos judiciales arbitrarios" que sufrió su padre.
"No tuvimos un solo momento de sosiego y tranquilidad", afirmó este abogado, quien se instaló en Francia por varios meses tras el crimen. "Llevamos 16 años esperando justicia y sólo encontramos una actitud displicente. No encontramos receptividad del gobierno colombiano", agregó.
Los letrados del Estado colombiano sólo hicieron una pregunta al testigo Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista colombiano.
Por su parte, Caicedo aseguró que el homicidio fue motivado por denuncias que hizo Cepeda en contra de militares y paramilitares, quienes supuestamente habían eliminado a unos 2.500 concejales, alcaldes, sindicalistas y seguidores de la Unión Patriótica en todo el país.
"Su muerte causó una conmoción muy grande en varios sectores del país, porque siempre estuvo comprometido con la paz", lamentó Caicedo.
La cancillería colombiana informó el lunes que el Estado ya reconoció ante la Comisión Interamericana su responsabilidad.
"Dicho reconocimiento es concordante con la decisión de la justicia penal colombiana, la cual condenó a dos agentes estatales como autores materiales del homicidio del senador (Cepeda)", indicó la cancillería en un comunicado, aunque niegan que haya obstrucción de la justicia.
La Corte posiblemente dicte sentencia en un periodo de cinco meses, dijo a la AFP un familiar de Cepeda.
En la foto.-Una manifestante grita consignas al interior del Congreso Nacional en Bogotá, el 28 de julio de 2004, con una foto del senador Manuel Cepeda de la Unión Patriótica, que fue asesinado en 1994. La CIDH inició el 26 de enero de 2010 dos días de audiencias para depurar la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato de Cepeda atribuido a militares. Foto:Luis Acosta/AFP
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