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Este domingo primero de noviembre vencen los siete años de reserva del artículo 124 del Estatuto de Roma, que excluyó la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en el conocimiento de los crímenes de guerra en Colombia. En medio de conceptos jurídicos que suenan algo confusos, algunos sectores del país consideran que será esa "super-corte" la que se encargará de impartir justicia -y reducir en algo nuestros vergonzosos niveles de impunidad- en casos como los de falsos positivos, de masacres cometidas por los paramilitares, de asesinos a sindicalistas, a indígenas; y hasta en casos de políticos o militares posiblemente responsables de graves delitos. Sin embargo muchas de esas opiniones están basadas más en mitos sobre la competencia de la CPI que en su verdadera función. ¿Qué pasará en Colombia a partir de esa fecha? Para entenderlo, hay que recordar que en 2002, el gobierno sancionó y ratificó la ley que incorpora a la legislación colombiana el Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la CPI. Con esto, el país aceptó una jurisdicción internacional para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y que atenten de manera grave al Derecho Internacional Humanitario, que se hayan cometido de manera sistemática. Ahora que se cumple la moratoria (que se pidió para dejar abierta la posibilidad de un eventual pacto de paz con las Farc durante los diálogos del Caguán), este tribunal podrá juzgar a los “máximos responsables por los crímenes más graves”, en caso de que no lo haga de manera efectiva la justicia colombiana, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad, según lo explicó Monserrat Carboni, analista de la oficina del Fiscal de la CPI, durante un encuentro en Bogotá para analizar las perspectivas de la tarea de la Corte en Colombia. Carboni explicó que, a la fecha, hay 64 casos de posibles conductas susceptibles de ser juzgadas por la CPI. En teoría, ésta podrá intervenir en casos puntuales. Por ejemplo, de llegarse a comprobar la directa responsabilidad de un general del Ejército en el caso de los once desaparecidos de Soacha el año pasado, que luego fueron presentados como ilegales muertos en combate cerca de Ocaña (falsos positivos), este tribunal podrá investigar al oficial, si se determina que la justicia nacional no quiso o no pudo procesar este caso. Sin embargo, para muchos analistas como Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia, serán muy pocos los casos que lleguen a la CPI. “Comparado con otros países del África o de Asia, aquí la justicia anda. Yo creo que este va a ser más un mecanismo de presión para los investigadores nacionales, que otra cosa”, dijo Reed a Semana.com (Ver Video) Algo similar considera el gobierno colombiano. Francisco Lloreda, embajador de Colombia ante los Países Bajos (sede de la CPI), cree que no hay razón para que la CPI abra investigaciones en Colombia. “Miembros de la guerrilla, paramilitares y de la Fuerza Pública acusados de cometer crímenes atroces están siendo procesados o han sido condenados, la mayoría además está en la cárcel”, dijo durante el foro. Por su parte, el vicefiscal general de Colombia, Fernando Pareja, dijo que la entidad judicial adelanta una investigación muy seria sobre los delitos cometidos por los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública: “el punto de vista de la Fiscalía es que el trabajo que está haciendo todo el sistema de Justicia y Paz en Colombia (...) es un trabajo serio”. Sin embargo esto no quiere decir que la CPI esté cruzada de brazos frente a Colombia. Hasta el momento la Corte ha recaudado información sobre varios crímenes sobre los cuales considera que la justicia nacional no ha avanzado. Por ejemplo, la CPI ha pedido a las autoridades colombianas información sobre el desplazamiento de 775 campesinos en septiembre de 2003 en San Roque, Antioquia. También, sobre el secuestro en Dagua, Valle del Cauca de Roberto Manzano y Diego Bonilla en 2003 por personas que vestían prendas de uso militar . Igualmente, algunos asesinatos sin resolver han despertado el interés de los jueces de La Haya. Según un informe conocido por Caracol Radio, la Corte Penal Internacional solicitó información a la Fiscalía sobre 33 asesinatos cometidos entre el 2003 y el 2005, que en su mayoría no han sido resueltos por la justicia colombiana. Hoy la CPI adelanta investigaciones en países como Uganda, Sudán, El Congo y la República Centroafricana. La decisión más trascendental la tomó a comienzos del pasado marzo, por primera vez, contra un jefe de estado. Amir Al Bashir, de Sudán, fue cobijado con una orden de arresto por tres jueces que lo acusaron de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región de Darfur. Al final, será la Corte y sus jueces en La Haya quienes decidirán si deciden asumir algunos casos. Si lo hace, escogerá no sólo entre aquellos en los que la justicia colombiana no haya podido mostrar avances, sino también entre aquellos que sean emblemas de las atrocidades que ha dejado la guerra en Colombia, incluida la impunidad.
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