COMUNICADO PUBLICO DE LA ASOCIACIÓN FAMILIARES DE VICTIMAS DE TRUJILLO - AFAVIT
TRUJILLO
Ante el hecho de la Orden judicial de liberación del Mayor Alirio Urueña y el Teniente de la policía José Fernando Berrío Velásquez, expedida por el Juez 2 Penal del Circuito de Tuluá, Dr Néstor Ramos Ortiz, argumentando que el llamado a juicio debe ser sólo por homicidio agravado y no en persona protegida como lo realizó la Fiscalía de primera y segunda instancia.
Expresamos ante los organismos de justicia del Estado colombiano y de la opinión pública, nuestra indignación, nuestro dolor y voces de denuncia ante la total impunidad, la burla y el cinismo de la administración de justicia.
Hacemos Memoria de los hechos crueles y horrendos de la masacre de Trujillo, donde participaron los militares en las personas de ALIRIO URUEÑA JARAMILLO Y FERNANDO BERRIO VELASQUEZ, que se narran en el Informe Final oficial de la CIDH a finales del año 1995:
“De acuerdo con el dicho de Arcila, tras prometer ayuda al presunto guerrillero Wilder Sandoval por la colaboración, el Mayor Urueña ordenó que lo interrogaran y torturaran”.
Siguiendo el testimonio de Arcila, el Mayor Urueña Jaramillo y el jefe de las autodefensas, apodado “el tío”, planearon entonces un operativo en la Sonora para retener a los auxiliadores señalados por el presunto guerrillero. Reunieron a unos 30 hombres, algunos uniformados y otros de civil, los distribuyeron en tres vehículos, una camioneta chevrolet 300 carpada de estacas, un Toyota cabinado de color verde con placa NC5656, y una camioneta Ranger, marca Ford...” Informe Final Caso 11.007 CIDH p.40
“En efecto, esa misma noche desaparecieron a Wilder Sandoval en manos de contraguerrilla, el 31 de Marzo, delante de la esposa e hijos, se llevaron a Ramiro Velásquez Vargas, esa misma noche se llevaron a Arnoldo Cardona y “el 1 de Abril en la madrugada, hombres armados, unos vestidos de civil y otros de militar, llegaron a las casas de las familias Arias y Prado...Los hombres de la casa fueron obligados a subir a los vehículos. En este episodio se retuvo al señor José Vicente Gómez, a los hermanos Arnulfo y Fernando Arias Prado y a Rigoberto y Everth Prado. La señora Ester Cayapú Trochez, también fue raptada en similares circunstancias. A su casa que había sido rodeada por militares, entraron nueve o diez personas, una de ellas encapuchada, que portaba armas largas.” Informe Final CIDH p. 40 y 41
“Las personas desaparecidas en la noche del 31 de Marzo y la madrugada del 1 de Abril de 1990, en el corregimiento La Sonora, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, son: Ramiro Velásquez V, Arnoldo Cardona, Everth Parado, José Vicente Gómez, Arnulfo Arias P, Fernando Arias P, Rigoberto Prado, Esther Cayapú T, Fernando Fernández T, Ricardo Alberto Mejía.
“Siempre según la declaración a eso de las siete de la mañana llegaron al lugar el sujeto apodado “El Tío” y el Mayor Urueña Jaramillo. Después de desayunar, el Mayor Urueña y algunos de los miembros del grupo armado ingresaron a la bodega. Les exigieron a los retenidos sus documentos de identidad, y sus pertenencias, y los relacionaron por escrito. Les vendaron los ojos, los sacaron, de uno en uno, empezando por la señora Esther Cayapú y el inspector Fernando Fernández y los llevaron a un sitio de la hacienda llamado “la peladora” (un beneficiadero de café) Informe CIDH p.41
A las víctimas les cubrieron la cabeza con costales y los arrojaron al suelo. Con una manguera el Mayor Urueña les puso un chorro de agua en la cara, a la altura de la boca y de la nariz, mientras los interrogaba. Luego los amontonaron en la “peladora”. Alguien ordenó traer el soplete y la motosierra. Los retenidos fueron descuartizados con la motosierra, dejándolos desangrar. Las cabezas y los tronos de las víctimas fueron depositados en costales diferentes y la noche del 1 de Abril una volqueta Ford azul 56 llevó los cadáveres hasta el río Cauca, en donde fueron arrojados” Informe CIDH p 41
El 2 de Abril, entre las 9 y 11 a.m. según las diversas versiones, los hermanos Harvey y José Herley Vargas Londoño y el señor José Alirio Granada Velez, ebanistas de profesión, fueron obligados a salir de su taller, ubicado en la esquina de la plaza principal de Trujillo, por un grupo de hombres que se transportaban en un campero Toyota, embarrado, azul oscuro con cabina blanca.
De inmediato en otra ebanistería cercana, el grupo anteriormente mencionado retuvo y se llevó a José Agustín Lozano Calderón y a Orlando Vargas Londoño...
Los Vargas Londoño retenidos fueron vistos el mismo 2 de Abril por el Señor Carlos Arturo Salazar, según el testimonio de este, en un vehículo Toyota que ingresaba a las instalaciones de la Policía de Tulúa”.
De acuerdo con el testigo Daniel Arcila a estas cinco personas retenidas en Trujillo las sometieron al mismo proceso de tortura y muerte que a los retenidos el día anterior en la finca ubicada entre Salónica y Andinápolis. Les hicieron un intenso interrogatorio relacionado con las personas involucradas en las actividades guerrilleras de la región. En este nuevo episodio participaron el Mayor Urueña, Diego Montoya, Henry Loayza y “El Tío”. Informe CIDH p.42
El Teniente Coronel Contreras declara: “El Coronel es reiterativo en afirmar: “Quiero dejar bien en claro ante el juzgado que me consta personalmente que el Mayor Urueña permaneció en el puesto de mando en los días 29, 30, 31 de marzo y 1º. De abril, porque como dije anteriormente, yo estaba presente a partir del día 30”
Precisamente estas fechas coinciden con la desaparición cruel y dolorosa de los 10 desaparecidos de la Sonora bajo el control militar y de la desaparición de 5 ebanistas.
En este mismo Informe Final, respecto del Teniente JOSE FERNANDO BERRIO V. Se afirma su vinculación y “se infieren elementos serios que comprometen su responsabilidad por omisión en los hechos investigados”. P.134
“Ahora bien, en sus descargos el Teniente Berrío, aparte de admitir su inactividad, y de no explicar qué conducta asumió ante los hechos, se limita a eludir responsabilidad invocando situaciones inexistentes en la época de las desapariciones. Así invoca la integración de un Comando de Operaciones Conjuntas (COC) que relevaba a la Policía de su mando y del cumplimiento de su misión policial.” Informe Final CIDH p.134
“Declaraciones del Coronel Pulido Barrantes, Comandante de la Policía Valle.
....el Teniente Berrío Velásquez José Fernando, debía responder por la tranquilidad y el orden de los habitantes del casco urbano de Trujillo.
Recalca que el Ejército sólo tenía el control operativo del área.
“Certificación del Ejército Nacional, solicitada por el Teniente Berrío. De acuerdo con ella: En la organización militar no existe un órgano denominado Comando Operacional Conjunto, según lo afirmara el Teniente Berrío para justificar su conducta omisiva (exceptuando el que existe en la capital de la República)”
El Informe Final de la CIDH concluye:
“Tanto las explicaciones como las pruebas de descargo comprometen la responsabilidad del Teniente Berrío en su calidad de Comandante de la Estación de Policía de Trujillo, pues ratifican su inactividad ante los hechos, al no haber adoptado medida alguna frente a éstos y no haber impartido, antes del 2 de abril en la mañana, órdenes a la Estación tendientes a evitar o conjurar situaciones como las que se estaban presentando.” Informe Final CIDH pags 135,136 y 138
“Al Mayor Córdova, Comandante del III Distrito de Policía de Tulúa, y al Sargento Alvarez, Jefe de la División de la Subsijin de este comando, se les formuló pliego de cargos porque con su comportamiento omisivo reflejado en la falta de control y supervigilancia del personal adscrito al Comando, posiblemente habrían permitido que continuasen ilegalmente retenidos los hermanos Vargas Londoño, José A Lozano y Alirio Granada, cuando fueron llevados a la División Subsijin, el 2 de abril de 1990”
Informe CIDH p. 136
La Oficina de Investigaciones Especiales, OIE y la Procuraduría delegada para los derechos humanos (Expediente 008-95377):
En cuanto a las normas disciplinarias, la OIE consideró que los oficiales citados pudieron haber violado las siguientes normas:
1.El Mayor Urueña:Código Penal Militar. Constitución Política. Decreto 0085 de 1989 Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, en sus artículos 19, 33-k, 65-a Sección C literal m y Sección F literales a y b
2.El Teniente Berrío, por los mismos cargos y el decreto 100 de 1989 en 115-1-2-11 y 12, 121-16 y 38.
3.El Mayor Córdova y el Sargento Alvarez por faltas disciplinarias del decreto 100 artículo 115-1-2-11 y 13, 121-16-38-43 y 45.
“Estos funcionarios, también violaron disposiciones del Código Penal Militar y la Constitución Nacional, por cuanto existió retención indebida de personas, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, y se obró en complicidad con personal al margen de la ley, lo que deberá ser investigado debidamente” Informe Final CIDH p.71
El Mayor Alirio Urueña fue vinculado también a la horrenda masacre de los 3 Hermanos CANO VALENCIA y del trabajador Ricardo Burbano, hechos ocurridos en la hacienda “Argelia” el 20 y 23 de Marzo de 1990.
“El viernes 23 de marzo...hacia las 8.30 pm se escuchó un fuerte estruendo; varias puertas de la casa fueron derribadas; dos de los hermanos, RUBIELIDER Y JOSE ALVEM, y un trabajador de la finca, RICARDO BURBANO DELGADO, fueron obligados a tenderse en el piso del corredor, con las manos en la cabeza, mientras un grupo de soldados, entraba en una de las habitaciones y torturaba salvajemente a JOSE DORNIEL. La madre fue obligada a permanecer en un corredor. Mas tarde le dispararon tiros en la cabeza y huyeron”
Las y los Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, estamos horrorizados, indignados, adoloridos profundamente en nuestra conciencia ética, ante la Orden judicial de liberación del Mayor Alirio Urueña y del Teniente Fernando Berrío. Nuestros Principios y valores morales, religiosos, políticos se ven pisoteados, y nuevamente nuestros derechos a la vida, a la Verdad, la Justicia y la Reparación integral, violados, quedando esta masacre en la TOTAL IMPUNIDAD!
La IMPUNIDAD, como lo expresa el Colectivo de abogados:
1.Deja intactas las estructuras de muerte y asiente implícitamente a las conductas que hicieron posible los crímenes, allanando el camino para que HOY SE CONTINUE PERPETRANDO!
2.Legitima ante la sociedad conductas que destruyen radicalmente la convivencia humana civilizada.
3.Atenta contra las leyes que tipifican esos crímenes, invalidándolas en su dimensión operativa.
4.Destruye la confianza en el sistema de Justicia y deja desprotegidos a los ciudadanos frente al crimen.
Por eso, después de 20 años de lucha contra la impunidad en el proceso de AFAVIT, NO CREEMOS EN LA ADMINISTRAION DE JUSTICIA en Colombia.
5.Constituye una nueva afrenta para las víctimas, para los familiares y para todos los que comparten moralmente las secuelas del crimen.
6.Destruye la base fundamental del Estado de Derecho.
7.Crea un nuevo crimen de lesa humanidad.
Solicitamos y exigimos a la Sala Penal de la Corte, se revise el Expediente de los militares, se tenga en cuenta la investigación realizada por la Comisión Trujillo y el INFORME FINAL 1995 presentado a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y a la Fiscalía de la Nación logre impedir dicha liberación.
Además, como lo expresó el Fiscal de la Nación y el Vice-Presidente de la Nación, “Hay que pedir que estos procesos se tramiten en Bogotá porque en el Dpto del Valle no hay independencia e imparcialidad en los operadores judiciales” (IX-13-08 Lanzamiento del libro Trujillo: una violencia que no cesa)
Solicitamos al Tribunal Sala Penal de Buga, quien resuelve la apelación interpuesta por la Fiscalía de la Nación y la Parte Civil, LO HAGA DE INMEDIATO.
Pedimos castigo a los culpables y que la Justicia sea una realidad.
El Estado continúa en deuda con Trujillo y el Proceso 11.007 sigue siendo “UNA GOTA DE ESPERANZA EN UN MAR DE IMPUNIDAD”
Seguiremos en pie de lucha y de resistencia, manteniendo la esperanza y la fuerza en Dios, de seguir construyendo un Proyecto de vida y de dignidad.
ASOCIACION FAMILIARES VICTIMAS DE TRUJILLO – AFAVIT
Hna Maritze Trigos T ACOMPAÑANTE
Trujillo, Abril 5 de 2009
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