Por: Redacción Judicial
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Foto: Cortesía ‘El País’
El organismo concluyó que fue un agente de la Policía el que disparó contra Silva, estudiante de la Univalle
Los estudiantes de la Univalle desfilaron por las calles de Cali, protestando por la muerte de su compañero.
Johnny Silva Aranguren ingresó a la Universidad del Valle con el propósito de, algún día, ostentar dos títulos profesionales. Wilman Silva, su padre, un humilde carpintero, financiaba el sueño de su hijo como podía, pero los recursos de su hogar eran limitados. De igual forma, la consagración de Johnny a sus estudios era conocida en la institución.
“A partir del segundo semestre de 2005, él iba a recibir una beca”, recuerda Wilman Silva. Pero una bala calibre 38 en la nuca de su primogénito se atravesó en las ilusiones del estudiante. Una protesta nacional en contra del TLC, planeada con anticipación para el 22 de septiembre de 2005, finalizó en el asesinato de Johnny.
En Cali, era un secreto a voces que el disparo había salido del arma de un agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La Policía, por su parte, lo negó desde el inicio. Pero ahora que la Fiscalía se pronunció al respecto, no quedó ningún lugar a dudas. “La persona que dio muerte a Johnny Silva fue un miembro del Esmad aún no identificado”, manifestó el organismo en una resolución conocida en su totalidad por El Espectador. Y aunque el rumor pasó a ser una verdad judicial, los padres y amigos de Johnny aún no se explican lo ocurrido. El sólo hecho de que un agente del Esmad portara una pistola es inaceptable para ellos, pues los integrantes del Esmad reciben instrucciones claras y permanentes de no ir armados.
“Nuestro trabajo es prevenir acciones vandálicas o terroristas”, exclama el coordinador nacional de los Esmad, coronel Jorge Enrique Cartagena. Aunque el oficial precisa que los agentes son requisados cada vez que se presenta algún disturbio, en este caso, al menos tres patrulleros testificaron ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que tal requisa no se efectuó antes de ir a la universidad.
Contrario al entonces capitán Gabriel Bonilla, cabeza del escuadrón que fue a la Univalle ese día, quien aseguró bajo juramento que él, personalmente, verificó que el personal no portara armas de fuego. “(Bonilla) no hizo nada en colaboración con la justicia”, manifiesta la Fiscalía en su documento.
Silva, quien tenía 21 años de edad, estaba en la universidad cuando comenzaron las protestas. Hacia las 2:00 p.m., los estudiantes bloquearon la Avenida Pasoancho y la Calle Quinta, las dos vías principales sobre las que se ubica la Universidad del Valle; y en menos de una hora, los policías, quienes ya estaban alertados de posibles disturbios, llegaron al claustro
universitario. Con el paso del tiempo, la jornada se convirtió en un enfrentamiento con la Fuerza Pública en el que reinaron los gases lacrimógenos. Los estudiantes no mermaban en sus pretensiones y los agentes del Esmad procuraban que la protesta no pasara a mayores.
Hacia las 6:15 de la tarde, un grupo de agentes cortaron un pedazo de alambre y, en medio de la oscuridad que se empezaba a asomar, ingresaron a la institución, en contravía de la orden impuesta por el entonces comandante de la Policía Metropolitana, el general (r) Jesús Antonio Gómez Méndez. Entre las 6:20 y las 6:45 p.m., estudiantes y vigilantes, incluso de edificios cercanos a la universidad, vieron a los uniformados dentro del campus, sintieron un par de disparos y minutos después, escucharon un grito: “¡Hay un estudiante herido!”. Era Johnny, quien no había logrado huir, como el resto de jóvenes que vieron a los agentes, por una enfermedad congénita en sus piernas.
Uno de los dos disparos, realizado a 23,7 metros de distancia, alcanzó la nuca de Silva y segó su vida cuando una ambulancia lo trasladaba a la sala de Urgencias de la Clínica Valle del Lili, que se encuentra a pocos minutos de la Univalle. Al menos 19 testimonios fueron oídos por la Fiscalía para reconstruir este episodio.
Por su parte la Policía, en la voz del entonces comandante metropolitano Gómez Méndez, nunca dejó de negar el ingreso de sus hombres en el claustro. La muerte de Johnny subió los ánimos en la ciudad, y los estudiantes se lanzaron a las calles, e incluso se tomaron la catedral de La Ermita, para exigir que se investigara la muerte de Silva y se sancionaran a los responsables.
La discusión continúa
Lo insólito de la decisión de la Fiscalía es que, si bien se determinó la participación del Esmad en la muerte de Silva, el ente se abstiene de dictar medida de aseguramiento contra el hoy mayor de la Policía Gabriel Bonilla y los dos suboficiales que estaban cerca del lugar donde Johnny fue herido. Es decir, en este proceso, el Esmad es responsable, pero individualmente nadie lo es. Wilman Silva le aseguró a El Espectador que en la Fiscalía le dijeron que nadie sería castigado por tratarse de oficiales con carreras promisorias. “Estoy seguro de que la justicia colombiana no va a actuar. Esperamos lograr algo con la Comisión Interamericana, a donde ya pasamos el caso”.
En su pronunciamiento, la Fiscalía es enfática al manifestar que la autonomía universitaria no exime a ninguna institución de ser objeto de operativos de la Fuerza Pública. Afirmación que alimenta la polémica de los últimos días, luego de que se divulgaran unos videos de encapuchados dentro de la Universidad Distrital de Bogotá.
Recientemente, Cecilia María White, ministra de Educación, aseveró que la Policía seguirá ingresando a las universidades si es necesario, que ése es el mandato del presidente Álvaro Uribe desde antes del incidente con los videos. El coronel Cartagena también aclara que no es decisión de la Policía, sino de las autoridades civiles (alcaldes, gobernadores), permitir el ingreso de los uniformados a los claustros.
“Es que los estudiantes no son ningunas palomas. Yo tengo hombres a los que han herido, hasta los quemado con ácido”, dice el coronel Cartagena, quien afirma que los agentes del Esmad son capacitados por Cruz Roja, Personerías y Defensoría en cuanto al respeto por los Derechos Humanos. No obstante, éstas son las tesis que en los ámbitos estudiantiles son rechazadas con vehemencia.
“¿Por qué la Policía pide que se individualice en casos como los de Silva, pero en cambio, ni ésta ni agencias como el DAS dudan en generalizar cuando se trata de los estudiantes? En Colombia se está cercenando ese escenario natural del debate que es la universidad”, expresa Jaime Arévalo, vocero del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep).
La presencia de Fuerza Pública en las universidades, así como la de encapuchados, no son discusiones de hoy. Son temas que llevan mucho tiempo sobre la mesa, en espera de que las partes lleguen a algún acuerdo. Carlos Ossa, director de la Universidad Distrital, que tanto ha sido cuestionada por el tema de los encapuchados, opina: “La misión de los Esmad es ofrecer garantías durante las protestas, y para eso se debe coordinar con las autoridades universitarias, para que los jóvenes tengan seguridad. Pero cuando, por ejemplo, el DAS señala a toda una organización estudiantil, lo que se está haciendo es abrir camino para intervenir militarmente las universidades, o para asegurar que éstas son focos de terroristas.
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