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7 MUJERES TRABAJADORAS INFORMALES, MADRES CABEZA DE FAMILIA INTERPONE ACCION DE DESACATO CONTRA ALCALDE DE CALI Y DEPENDENCIA DE ESPACIO PUBLICO
El 5 de octubre del presente año el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI del presente año, tutelo “los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y petición” de siete trabajadoras informales que se ubican en la carrera 8 entre calles 11 y 12 luego de que estas compañeras instauraran acción de tutela por los hostigamientos, persecuciones y desalojos de los que fueron objeto en el mes de septiembre por parte de funcionarios de la subsecretaria de Inspección, Vigilancia y control, en el resuelve de la acción interpuesta se orden al subsecretario Jimmy Draguet proceder dentro de los ocho días siguientes de la notificación a revisar procedimientos de bioseguridad que deben aplicar (distanciamiento etc.) , sin embargo a la fecha de publicación de este boletín, 28 de octubre no solo no se ha
cumplido por parte de los funcionarios en mención con dicho resuelve sino que además tantos agentes de policía como contratistas persisten por órdenes superiores a no permitir el trabajo de las compañeras, violando así la orden de un juez de la república, esto obligo a estas trabajadoras a interponer acción de desacato contra la administración local.
En la solicitud de desacato se pide, “Con base en los hechos narrados me permito solicitarle al despacho que en los términos de ley le ordene a la Alcaldía de Cali y en especial al Dr. Jimmy Dranguet Rodríguez – Subsecretario de Seguridad de Cali, el cumplimiento del fallo, o en su defecto se imponga la multa y la orden de arresto que están prescritos en la norma”.
PERO LA ORDEN DADA POR EL JUEZ NO ES LA UNICA VIOLACION DEL ALCALDE Y SUS FUNCIONARIOS
Lamentablemente la presente administración en cabeza del alcalde JORGE IVAN OSPINA, no solo procede a desobedecer una orden de un juez de la república, también con su actitud frente a estas mujeres madres cabeza de familia se violentan otras sentencias de la corte constitucional, tales como:
SENTENCIA C- 211
CONFIANZA LEGÍTIMA
Esta sentencia que responde a una demanda contra el código de Policía, expresa que “cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección ( en este caso mujeres madres cabezas de familia) que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima, no se les aplicara las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos de la dignidad humana, mínimo vital y trabajo”.
MADRES CABEZA DE HOGAR
La especial protección de las mujeres cabezas de familia proviene directamente de la constitución que en el enciso segundo del artículo 43 establece que “el estado apoyara de manera especial a las madres cabezas de familia como sujetos de especial protección constitucional”
ASOVAES –UGTI VALLE DEL CAUCA hacen un llamado al señor alcalde Jorge Iván Ospina y a sus funcionarios a que se respeten los derechos legales y constitucionales de los y las trabajadores informales y en especial en el caso en mención de 7 compañeras que con su trabajo suplen las necesidades básicas de sus familias en un momento en que todos hemos sido golpeados por la pandemia y que durante la cuarentena no se recibieron ningún tipo de ayudas económicas ni alimentarias por parte del estado, a que se les respete la confianza legítima y su condición de población vulnerable, que se les permita seguir laborando como lo ordena la sentencia en mención sin incurrir en desacato.
Vale la pena también observar que estas compañeras mantienen medidas de sus puestos acordes no superiores a 2 X 2 y que en todo momento muestran su absoluta disposición a asumir medidas de bioseguridad para ellas y sus clientes
Lamentable realidad...en Colombia Trabajadores Informales perseguidos más que a los propios delincuentes
https://ugtivalle.blogspot.com/2020/10/Manifestacion-trabajadores-informales-Cali.html
La tasa nacional es del 13,2 %, pero en algunas regiones, como Vaupés, alcanza el 34,7 %.
Esta semana el mundo se escandalizó con la alerta de Médicos Sin Fronteras por la grave desnutrición crónica del 38,3 por ciento que sufren los niños en Sudán del Sur.
Lo que pocos saben es que en Colombia hay departamentos que alcanzan tasas similares, como es el caso de Vaupés, donde la desnutrición crónica afecta al 34,7 por ciento de los menores de cinco años, o en La Guajira, con un 27,9 por ciento. (Lea también:La peor cara de la pobreza).
Y aunque en los casos severos esta situación llega a ser mortal para los menores, la Sociedad Colombiana de Pediatría denuncia que muchos de los decesos de niños en donde la desnutrición es determinante quedan bajo otro diagnóstico. Es el caso de las neumonías, las diarreas y otro tipo de infecciones graves. En otras palabras, dice la sociedad, podría haber un subregistro importante en las cifras de muerte por desnutrición.
De acuerdo con Unicef, la desnutrición crónica, que se diagnostica cuando la talla y el peso no corresponden a la edad de la persona, está asociada a situaciones de pobreza, y tiene un enorme impacto en el desarrollo.
Una conclusión que comparte Clemencia Mayorga, miembro de la junta directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría, quien confirma la gravedad de las cifras. Según la especialista, desde el punto de vista médico, la desnutrición crónica impacta de manera prolongada la salud general y el desarrollo de los niños, principalmente el crecimiento cerebral y, por ende, su capacidad cognitiva y de aprendizaje, lo cual se traduce en más pobreza a largo plazo.
Pero en Colombia la desnutrición no solo pasa factura en términos de desarrollo. Distintas voces señalan que los niños literalmente mueren por problemas de salud asociados al hambre.
Hace apenas una semana, el obispo de Istmina (Chocó), Julio Hernando García, advirtió que el departamento, donde la desnutrición crónica alcanza el 15,7 por ciento, pide una intervención estatal a gritos: “La alegría se ha perdido. Se llora demasiado. Allí se vivía en abundancia de comida, ahora la gente aguanta hambre. Los niños se mueren por causas asociadas a la desnutrición y los ancianos no tienen comida”.
En La Guajira, los casos de desnutrición más extremos han llevado a 278 niños a la muerte entre el 2009 y el 2013, según cifras del Dane. Hace un par de meses, el entonces director de Planeación de La Guajira, César Arismendi Morales, denunció penalmente a las instituciones encargadas de la atención a la niñez por la muerte de 30 niños durante el 2013, según él, por “física hambre”. De las muertes en este departamento, el 98,5 por ciento corresponden a niños indígenas, y más de la mitad eran menores de un año.
Gonzalo Araújo Daza, secretario de Salud del departamento, dice que en lo corrido del 2014 van 15 casos de mortalidad por desnutrición. Ante las insistentes denuncias, hace dos meses el senador de La Guajira Jorge Ballesteros citó a un debate de control político. El congresista advirtió que la morbimortalidad infantil (mortalidad y enfermedad) en La Guajira ha sido un problema histórico. “Falta articulación entre las entidades que manejan la seguridad, falta focalización y la población está dispersa”, asegura el senador.
Ballesteros recordó que los indígenas sufren mayores complicaciones en nutrición porque son nómadas, con un complejo acceso al agua, que se consume de pozos sin tratamiento, y que, además, ya no cultivan.
¿Un problema residual?
Para el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, en Colombia el problema de desnutrición aguda se ha venido reduciendo de forma importante desde 1995.
“El problema que nos queda es un poco más residual. La desnutrición crónica tiene que ver con el uso de los alimentos, pero también con la producción, la disponibilidad, el transporte de los alimentos, el agua y los recursos económicos. Para eso se creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, dice el funcionario.
Según el Ministerio, también existe un Observatorio de Seguridad Alimentaria que pretende hacer seguimiento de los casos particulares a nivel regional, y el Viceministro insiste en que se han hecho esfuerzos por suplir las necesidades con mercados y alimentos, entre otras acciones.
Colombia viene presentado muy buenas cifras en cuanto a la disminución de la desnutrición, dice, y cree que el asunto no se puede evaluar por puntos focales, sino por la tendencia a lo largo del tiempo, concluye. No obstante, las mismas estadísticas evidencian la existencia de graves brechas.
Las acciones
Ana María Ángel, directora de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuenta que en el 2012, partiendo de las estadísticas, decidieron priorizar 48 municipios donde la desnutrición, la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas son más graves.
Se trata de un programa de recuperación nutricional, que en los casos más extremos se hace en centros del Instituto durante 30 días, hasta que los niños salen de riesgo. Allí se atendió a 25.000 niños en el 2013.
“A nosotros nos duele que muera un niño –insiste Ángel–, no somos indolentes; tratamos de evitarlo al máximo, porque somos los garantes de los derechos de las niñas y los niños, pero estamos haciendo el esfuerzo y lamentablemente no podemos escapar a que se presente una situación de esas. Tenemos un territorio muy grande, con difícil acceso y con recursos tan limitados”, señala.
A otras familias, el ICBF les brinda educación sobre el cuidado que deben tener con sus hijos y sobre actividades básicas, como hervir el agua antes de tomarla, o proyectos de autosostenimiento. En alimentación, además de la tradicional bienestarina –que ya reciben mejor en La Guajira y Chocó que en Cauca–, se les entrega un mercado para los niños con alimentos básicos y la llamada ‘leche para la prosperidad’.
Desde la región, Alicia Soto, coordinadora de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de La Guajira, cuenta que tienen un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional para familias en pobreza extrema que cubre al 63 por ciento de todas ellas; es decir, a 10.631 hogares.
“Estamos atendiendo a las familias en extrema pobreza. Son 1.620 niños de cero a cinco años que deben ser atendidos en estrategias de recuperación nutricional con enfoque comunitario, acompañados por Unicef”, dice Soto.
fuente: https://scp.com.co/notas-destacadas/el-dramatico-mapa-de-la-desnutricion-infantil/
