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Por Homero Campa, editor internacional Revista Proceso de México
Aunque varios de los hechos que revela esta publicación mexicana son ya de conocimiento público en Colombia, lo novedoso es que ya agencias norteamericanas ante las contundentes evidencias vinculan al cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez con el narcoparamilitarismo.
Este informe de la revista Proceso revela que varios de los colaboradores del expresidente colombiano, como el general Oscar Naranjo, participaron en actividades de tráfico de drogas.
Documentos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), señalan que el general colombiano Oscar Adolfo Naranjo Trujillo -a quien el ex gobernador mexicano, Enrique Peña Nieto anunció como su asesor externo en materia de seguridad en caso de ganar las elecciones presidenciales- tenía relaciones con narcotraficantes y paramilitares de su país y estuvo involucrado en sobornos y otros actos de corrupción.
Los informes de la DEA fueron elaborados a partir de interrogatorios a ex dirigentes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes afirmaron que políticos y funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe (2002-2010) les otorgaron apoyo para sus actividades militares y de tráfico de drogas.
Más aún, uno de los ex dirigentes de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez –responsable de matanzas de civiles y extraditado en 2008 a Estados Unidos por el delito de narcotráfico—dijo a los agentes de la DEA que Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del gobierno de Uribe y actual presidente de Colombia, participó en un complot para derrocar en 1995 al entonces mandatario Ernesto Samper. Explicó que este complot derivó en el asesinato del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado. Afirmó incluso que en ese homicidio “estuvieron involucrados” el general Oscar Naranjo y uno de sus oficiales, Danilo González Gil.
Agentes de la DEA también interrogaron a Rafael García, ex funcionario del Departamento Administrativo y de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia de Colombia. García reveló que Jorge Noguera Cotes, quien fue director del DAS de 2002 a 2005, facilitó el apoyo logístico y la infraestructura de esa institución para que las AUC traficaran drogas a Estados Unidos a través de Venezuela y México y que incluso el propio Noguera “fue responsable de los contactos iniciales” con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva.
Los documentos de la DEA -cuyas copias tiene Proceso- fueron elaborados con el objetivo de obtener información sobre “la corrupción de funcionarios públicos de Colombia”. Están fechados entre marzo de 2010 y marzo de 2011 y tienen como destinatario a Jay Bergman, director regional de la División de los Andes de la DEA, cuyas oficinas se encuentran en Bogotá.
Otro documento más corresponde a un “reporte de investigación” fechado el 4 de agosto de 2009. Fue elaborado por agentes de la oficina de la DEA en Nueva York. En todos ellos aparecen nombres de funcionarios, jefes policiacos y militares, legisladores y empresarios supuestamente vinculados con las actividades de las AUC.
De hecho, cuando los agentes de la DEA preguntaron a Mancuso sobre la corrupción de los políticos en Colombia, este contestó que “según las propias estimaciones de las AUC más de 35% de los congresistas elegidos en 2002 tuvo algún tipo de vínculo, financiero o de otro tipo”, con esta organización.
Los contactos del general
De acuerdo con un memorándum de la DEA fechado el 25 de marzo de 2010, Mancuso relató que en 1997 la Policía lo arrestó junto con Rodrigo Tovar Pupo, comandante del Bloque Norte de las AUC, debido a que se encontraban en posesión de armas automáticas y granadas. La Policía los recluyó temporalmente en una prisión del Departamento de La Guajira. Pidieron ayuda a Carlos Castaño, en ese momento dirigente máximo de las AUC.
“Entonces -apunta el documento- Castaño llamó al (en esas fechas) jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Rosso José Serrano Cadena, y le pidió ayuda. Serrano a su vez llamó a Oscar Naranjo con instrucciones de sacar de la cárcel a Mancuso y a Tovar Pupo. Este por su parte envió al coronel Danilo González Gil, quien rentó un avión que lo trasladó a La Guajira con el propósito de resolver la situación judicial (de los paramilitares). Ambos fueron puestos en libertad después de pagar un soborno”.
Como parte del llamado Proceso de Justicia y Paz -que permitió la desmovilización de los paramilitares a cambio de reducir sus sanciones por los delitos que cometieron, entre ellos masacres de civiles- Mancuso compareció en 2006 y 2007 ante fiscales colombianos. Según el memorándum de la DEA, Mancuso afirmó que cuando inició estas comparecencias, Naranjo lo calificó ante los medios de comunicación como “un mentiroso” y que el propio general “instruyó a Diego Murillo Bejarano (narcotraficante, jefe de la organización criminal El Envigado y posteriormente uno de los voceros de las AUC) para que callara” a Mancuso.
En ese entonces Murillo, alias Don Berna, y Mancuso se encontraban en la misma prisión en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia. Según el documento, el primero le dijo al segundo “que guardara silencio sobre la corrupción en la Policía o ellos podrían herir a su familia”. Mancuso afirmó que como consecuencia de sus declaraciones, “hubo intentos de asesinatos contra su familia, al mismo tiempo que el gobierno colombiano retiró los dispositivos de seguridad que protegían” a esta.
Macuso dijo a los agentes de la DEA que el coronel de la Policía Danilo González -al que calificó como “el hijo favorito de Naranjo”- “solía ser visto en reuniones con miembros del cartel Norte del Valle”, a las que incluso acudía “con su uniforme de policía”.
El coronel Danilo González era subalterno de Naranjo en la Policía Nacional de Colombia y colaborador cercano de la DEA. Fue asesinado en marzo de 2004 en una oficina de abogados de capos del narcotráfico. Para esas fechas el gobierno de Colombia lo había dado de baja en la Policía y las autoridades de Estados Unidos lo habían incriminado por sus relaciones con el cartel del Norte del Valle.
El documento señala que cuando los agentes de la DEA le preguntaron a Mancuso “quién más podría verificar sus afirmaciones sobre la corrupción de la Policía”, este respondió que tanto Don Berna, como Luis Gómez Bustamante, alias Rasguño -otro ex dirigente de las AUC, también extraditado a Estados Unidos- “eran conscientes de la extendida corrupción del general Naranjo”. Incluso mencionó que “la relación entre Gómez Bustamante y el general Naranjo inició cuando ambos estaban afiliados a Los Pepes, el grupo paramilitar creado con el objetivo de asesinar a los socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria”.
Según este documento, Mancuso recordó que en 2003 la Policía arrestó en Bogotá al narcotraficante Alberto Agredo. Dijo que mientras este se encontraba en custodia de la Policía, Murillo Bejarano envió a su entonces subalterno Carlos Aguilar Echeverri con el general Naranjo “y le pagó a este 500 mil dólares como soborno para que lo dejara ir (a Agredo)”. Afirmó que “Agredo fue arrestado en otras dos ocasiones con el solo propósito de extorsionarlo”.
Otro memorándum de la DEA, también fechado el 25 de marzo de 2010, reseña el interrogatorio a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex integrante del cartel Norte del Valle, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC de 1998 a 2006 y también extraditado a Estados Unidos en 2008 por el delito de narcotráfico.
Macaco dijo a los agentes de la DEA que Wilber Varela, jefe del cartel del Norte del Valle, alias Jabón, estuvo “largamente asociado” con el general Naranjo. Afirmó que el propio Varela “una vez le dijo que había comprado ocho celulares con dispositivos de intercepción y que le dio tres de ellos a la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) para que los usara el general Naranjo”.
Varela fue asesinado en la ciudad de Mérida, Venezuela, en enero de 2008. Tras su muerte -y en medio de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Álvaro Uribe y de Hugo Chávez-, Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, ofreció el 4 de marzo de ese año una conferencia de prensa en la que acusó al gobierno colombiano de ser el autor de este asesinato.
El funcionario mostró una computadora que los investigadores venezolanos encontraron en el lugar que murió Varela y que habría pertenecido a este. Sostuvo que en dicha computadora hay información que establece “lazos de afinidad consanguíneos y, más que eso, de negocios” entre el narcotraficante y el general Naranjo. Y añadió que Varela “fue asesinado antes de que lo capturáramos para que no revelara información importante” (Proceso Nº 1859).
Revista proceso, agosto de 2012.
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Por Óscar López Noguera
