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miércoles, 8 de agosto de 2012

Parlamento europeo urge investigación contra el expresidente Uribe



23 miembros del parlamento europeo firmaron una carta conjunta dirigida al fiscal Armando Montealegre en la que manifiestan su preocupación por el poco avance en las pesquisas sobre los testimonios de paramilitares que han mencionado al expresidente Álvaro Uribe…
También dicen que tanto los testigos como los investigadores están recibiendo amenazas y los procesos que ellos han promovido no avanzan.
En una carta dirigida al fiscal general, el parlamento europeo le solicitó al ente dirigido por Eduardo Montealegre agilizar las investigaciones que cursan en contra del ex presidente Álvaro Uribe por su presunta relación con el grupo paramilitar, Bloque Metro.
Los diputados europeos aseveran que es preocupante la protección y seguridad de las personas que han testificado en el caso, frente al cual parece que la justicia no ha avanzado.
Según consta en una de las misivas, dos ex combatientes paramilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Monsalve, ambos encarcelados y condenados por paramilitarismo, han sido amenazados por sus testimonios.
“Las personas que fungen como testigos como las personas que lideraron la investigación han sido amenazadas. La familia del señor Monsalve se ha visto obligada a desplazarse y el propio Monsalve fue objeto de un intento de homicidio al interior de la cárcel de Cómbita a finales de marzo”.
Tanto Monsalve como Sierra señalaron que los paramilitares participaron en forma activa en la campaña presidencial de 2002 y respaldaron la candidatura de Álvaro Uribe a la presidencia. También aseguraron que tuvo vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas.
En la carta firmada por 23 miembros de 751 del Parlamento Europeo; también asegura que aunque la información proporcionada por Monsalve y Sierra fue entregada a la oficina del Fiscal entre agosto y septiembre del año pasado, las investigaciones no han tenido ninguna evolución.
“En un momento en que personas cercanas y funcionarios del Gobierno del ex presidente Uribe Vélez, están siendo investigados y condenados por graves delitos, consideramos de igual importancia que la justicia colombiana inicie rápidamente las investigaciones”.
Los parlamentarios europeos agregan que es pertinente determinar la veracidad de los hechos y la responsabilidad de los acusados.

martes, 7 de agosto de 2012

SE CUMPLE ESTE MARTES EXTRADICION DE LA CUÑADITA DE ALVARO URIBE


Extraditada hacia EEUU la jefe del cartel de los 'Cifuentes Villa

El gobierno colombiano extraditó este martes festivo hacia los Estados Unidos a Dolly Cifuentes Villa, sindicada de tener vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa y quien tuvo una hija con un hermano del expresidente Álvaro Uribe.

Cifuentes Villa fue entregada a funcionarios de la DEA por miembros de la Policía Nacional que la trasladaron bajo fuerte custodia hasta los hangares de la institución en el aeropuerto de Bogotá.

Dolly Cifuentes Villa, de 48 años, tuvo una hija con el difunto Jorge Alberto Uribe, hermano del expresidente. La hija es Ana María Cifuentes, quien también es buscada por las autoridades de Colombia y Estados Unidos por los mismos delitos. 

Después de un año de estar detenida en la Cárcel Modelo fue entregada a la justicia de EEUU por el envío de 30 toneladas de cocaína y lavado de activos entre 2009 y 2011.

Dolly Cifuentes alias ‘La Meno’ era la menor del clan de los ‘Cifuentes Villa’, una familia de narcotraficantes que ya están detenidos. 
Cuando se conoció el escándalo el expresidente Uribe reconoció que su hermano había tenido una relación extramatrimonial y una hija con Cifuentes. 

INTRODUCCION: JAVIER LOPEZ

ESTA PEQUEÑA NOTA  APARECIDA EN EL PERIODICO EL TIEMPO, EDICION DIGITAL, EN LA QUE SE ABSTIENEN DE MENCIONAR EL PARENTESCO DE LA SEÑORA DOLLY CIFUENTES CON EL NARCOTRAFICANTE No 82, DAN CUENTA DE LA INMINENTE EXTRADICION DE ESTA SEÑORA ACUSADA DE SER SOCIA DEL CARTEL DE SINALOA, PARA COMPLEMENTAR LA INFORMACION ADJUNTAMOS LA NOTICIA APARECIDA EN PERIODICO DIGITAL ALTERNATIVO, Y PUBLICADA POR NOSOTROS EN EL MES DE JUNIO.

Y EL UBERRIMO, BIEN GRACIAS, CALLADITO, SIN RETWITEAR NI MENCIONAR EL TEMA EN MENCION, TRATANDO DE PASAR DE AGACHE Y LOS GRANDES MEDIOS LE HACEN EL JUEGO Y LE SON COMPLICES ..ETICA PERIODISTICA QUE LLAMAN

Señalada socia del cartel de Sinaloa en Colombia será extraditada

Dolly Cifuentes Villa, presa en Bogotá, será enviada este martes a EE. UU.

Cifuentes Villa, recluida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, es señalada por Estados Unidos de tener nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.
Se estima, según información entregada por las autoridades, que Cifuentes Villa parta a las 6 de la mañana de este martes en un avión rumbo a Estados Unidos.
La mujer es señalada de haber usado 35 empresas de su familia para blanquear dinero del 'Chapo Guzmán', jefe del cartel de Sinaloa, donde es conocida como 'la Meno'.
Dolly Cifuentes Villa fue capturada en agosto del 2011 en Envigado (Antioquia).
REDACCIÓN JUSTICIA

PERO QUE FAMILIA, SOBRINA Y CUÑADA DE ALVARO URIBENARCOTRAFICANTES SOLICITADAS EN EXTRADICION POR EEUU

http://elquepiensagana.blogspot.com/2012/06/pero-que-familia-sobrin...
 
http://www.arcoiris.com.co/2012/06/sobrina-y-cunada-de-alvaro-uribe...

Sobrina y cuñada de Álvaro Uribe apresadas en Colombia con fines de extradición a EE.UU. por ser “socias y aliadas estratégicas” del cartel de Sinaloa, según la DEA

Foto: U.S Departament of the Treasury

MIAMI.- Una cuñada y una sobrina del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fueron apresadas en Colombia con fines de extradición a Estados Unidos, acusadas de tráfico de cocaína y lavado de activos en sociedad con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”, jefe del cartel mexicano de Sinaloa.
El Chapo Guzmán” es el criminal más buscado por Estados Unidos alrededor del mundo y se ofrece una bolsa de US$ 5 millones para quien revele su paradero.
La cuñada de Uribe Vélez, Dolly Cifuentes Villa, apodada “La Meno”, de 48 años de edad, es la madre de la también presa e imputada en la misma causa Ana María Uribe Cifuentes, de 31 años. El padre de esta última, hermano menor del ex presidente Uribe Vélez,  es el difunto agrónomo Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fuera conocido también como “Arepa” ó “El Pecoso”, con cédula de ciudadanía colombiana número 15367461. Murió de cáncer en la garganta  en Medellín el 24 de septiembre de 2001 y sus restos mortales hoy reposan en un osario en la cripta de la parroquia de Santa Teresita, de Medellín.
La extradición de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero fue suspendida en mayo pasado por medio de una resolución del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. No obstante, a la una de la tarde de este jueves se reinició y la Presidencia de la República dijo que será extraditada la semana entrante, posiblemente.
En cambio, una fuente autorizada del alto gobierno en Colombia que pidió no ser identificada sostuvo que el paradero de la sobrina de Uribe Vélez es desconocido a pesar de que se supone está presa en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, de Bogotá.
El expediente de extradición de Ana María Uribe Cifuentes, nacida en Medellín el 1 febrero de 1980, no aparece en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde debería estar radicado. Nadie tiene allí una explicación, pese a que esta sobrina de Uribe Vélez fue arrestada correctamente en Medellín por la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición y a instancias expresas del Gobierno de Estados Unidos.
Ambas mujeres pertenecen al clan familiar Cifuentes Villa que, de acuerdo con la DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
La Presidencia de Colombia dijo este viernes desconocer el paradero de Ana María Uribe y tampoco tuvo una explicación al hecho de que no aparezca su expediente de extradición.
El Instituto Penitenciario de Colombia, INPEC, no respondió a este periodista un pedido de información sobre los antecedentes carcelarios de Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María Cifuentes. Tampoco indicó en qué cárceles se podrían encontrar.
Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María Uribe aparecen en la “Lista Clinton” del gobierno de Estados Unidos. En ella, Washington recoge los nombres de empresas y personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo alrededor del mundo con las cuales los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.
Los apresamientos fueron practicados por la Fiscalía General de Colombia con la cooperación de la Policía Nacional y agentes federales de Estados Unidos.
La extradición a Estados Unidos de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero solamente se podrá conceder cuando, en última instancia, la ordene por decreto el Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
La embajada de Estados Unidos en Ciudad de México indicó que Ana María Uribe operaba con “los colombianos Mauricio Bárcenas Rivera, Omar Mejía Zuloaga y el ecuatoriano-uruguayo Jesús María Castro”.
Jaime Alberto Uribe Vélez, el padre de Ana María, fue apresado en 1986 por tropas de la IV Brigada del Ejército de Colombia porque desde su radio-teléfono la inteligencia militar registró llamadas a Pablo Escobar pero nunca fue juzgado por este caso.
Otro hermano de Uribe, Santiago Uribe Vélez, tiene abierto un expediente en la Fiscalía General de Colombia. Es señalado de haber organizado y liderado el escuadrón de la muerte conocido como “Los Doce Apóstoles”, responsable de al menos medio centenar de asesinatos. El principal testigo de cargo en este caso es el ex mayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien ha confesado su participación en varios de los crímenes del grupo paramilitar que tenía su base de operaciones en la hacienda “La Carolina”, propiedad del ex presiente Uribe Vélez y sus hermanos.
Meneses y otros testigos que dicen haber pertenecido a “Los doce apóstoles” sostienen que en aquella hacienda existen fosas comunes con los restos mortales de víctimas de la organización.
Foto: el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe. / tomadas de Semana.com y pagina12.com.ar
 
 

lunes, 6 de agosto de 2012

CALI, CONSUMO DE DROGAS, EXCLUSIÓN Y MARGINALIDAD SOCIAL: DIEZ BARRIOS VIVEN CON MIEDO


El Cerco

Un corredor ecológico convertido en una de las  “ollas de vicio” más grande de la ciudad.
A las cinco de la tarde, de cualquier día de la semana, en el corredor vial de la calle 26, entre carreras 39 y 45, en la zona de los barrios San Judas y  el Guabal de la Comuna 10 al sur de Cali, o en el sentido sur-norte, del Barrio Jorge Holguín, de la Comuna 17, los vecinos no pueden salir de sus casas por miedo. Ellos viven al lado del “Cerco”, o también conocida como “Patio Siete”. La mayor concentración de indigencia que está proliferando en esta zona de la  ciudad.

Por Óscar López Noguera
Comunicador Social - Periodista de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá,Ganador de 20 premios de periodismo, Corresponsal para NTC Noticias, Noticiero AM PM y Noticias Uno. Jefe de redacción y editor general de Noti 5. También ha trabajado con el noticiero 90 Minutos, Noticias CVN. Fue director de comunicaciones de la Universidad Icesi y asesor actual de la sala de prensa de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali. Productor de vídeos institucionales y documentales.

Todos han vivido la impotencia de pasar de habitar unos barrios, en los que siempre que llegaban las olas invernales terminaban  inundados por el desbordamiento del río  Cañaveralejo, a vivir hoy en medio de la desesperación por la “inundación” de una zona verde, por más de 150 habitantes de la calle, que la han convertido en su sitio de vivienda y un entorno,  en que se  mezclan la  drogadicción, el consumo indiscriminado de licor adulterado  y todo tipo de manifestaciones, de una sociedad en decadencia. Y lo más grave, sin que se adopten medidas de fondo para enfrentar esta situación.
Muchos de los moradores de estas cuadras tuvieron que reforzar sus puertas y ventanas con rejas dobles. Otros no tuvieron más opciones que vender sus viviendas por la mitad del precio. A muchos les han robado desde electrodomésticos hasta las materas. Mientras que en una avenida aledaña, han aumentado los locales de chatarrerías y compra ventas de hierros y otros materiales, que a su vez, son surtidos por los habitantes y dueños de “el Cerco”.
Hoy, la gran mayoría de los tradicionales habitantes de San Judas o el Guabal que no se han marchado, pues les quieren pagar hasta la mitad del precio lo que valen sus viviendas, han tenido que aprender a convivir con los olores que llegan desde este separador, de marihuana y bazuco. También a  estar obligados  a escuchar  los gritos desgarradores en las medias noches, cuando las mujeres que habitan el “temido” separador, pelean con sus compañeros, evitando desde una violación, hasta un robo. En otros casos los sonidos que se escuchan son de disparos, entre los habitantes de este “cerco”, en algún ajuste de cuentas.
Para los habitantes de estos barrios, la situación ha empeorado desde hace años y medio. Primero fueron grupos reducidos que se fueron tomando el separador. Después llegaron otros más grandes. Y hoy se pueden evidenciar en esta zona verde, seis grupos bien establecidos, que a su vez, tienen sus propis compradores de droga.
Y así se ha venido configurando esta invasión de un corredor ecológico aledaño al Canal  CVC sur. Incluso todos los habitante de la calle, que habitualmente ocupaban los puentes de la autopista suroriental, y que en una iniciativa del Gobierno Municipal, al instalarse una serie de controles, fueron obligados a abandonar estos sitios, según algunos de los vecinos de  los barrios afectados, llegaron a este separador a vivir a sus anchas.

En el “Cerco” una vicha de marihuana se consigue desde dos mil pesos. Y  el “fanor” o el “vendies”, aguardiente adulterado, mezclado con  cocaína, se puede comprar desde los diez mil pesos el porrón, que equivale a unos dos litros.
¿Por qué el fanor? Ese es el nombre del supuesto mayor propietario de alambiques clandestinos de la zona, y ese nombre quedo en el ambiente cuando de adquirir trago ilegal se trata.
Y es que uno de los barrios en donde más se produce licor adulterado de Cali es en San Judas Uno. Según algunos de los vecinos, lo producen en alambiques, que se rotan de casa en casa, para despistar los operativos de las autoridades. Y lo cual ha generado que, en “el Cerco”, sus nuevos habitantes, se roten este licor, sin importarles, los niveles de adicción que les genera.
“El Cerco” además está dividido por zonas, dedicadas en cada espacio al microtráfico de drogas. Uno de los grupos más temidos, es el de los denominados “Piolines”. Y de acuerdo con los vecinos afectados, en días anteriores tras el asesinato de un de los líderes de este sector, a quién conocían con el alias de  “el Cacique”, se presentaron luchas por el poder, y por ende, enfrentamientos con grescas a cuchillo, y disparos, entre los invasores del espacio ecológico y  que generaron, entre los tradicionales vecinos del sector temor, y especialmente el tener que resguardarse en sus viviendas, con la zozobra de poderse convertir en víctimas de una bala perdida.
También insisten los vecinos de barrios aledaños al “Cerco”, que el aumento en el número de habitantes de la calle, está propiciando, que salgan a la avenida aledaña a atracar a los automovilistas y motociclistas, que por esta transitan, y después corren esconderse  con sus “botines”, en medio de esta zona verde, que se está transformando en una de las “guaridas” más grandes de la ciudad.
Un vecino desconsolado insiste en que mientras que en el centro de Cali, por décadas, se ha mantenido en el barrio el Calvario, la ocupación de sus calles, por recicladores y habitantes de la calles, en los últimos dos años, su sector, se convirtió en un “calvario en vida”.
Un corredor ecológico  invadido y descontrolado
Este corredor ecológico de la calle 26, y en el que supuestamente se iba a adelantar la mayor obra de infraestructura urbana, denominada la “Autopista del Bicentenario”, por la anterior alcaldía de Jorge Iván Ospina, y que termino siendo una utopía urbana y para los habitantes de esta zona de Cali en otra  fuente de promesas incumplidas, sobre todo, porque guardaban el anhelo de que con la construcción del viaducto, se le podría solución al problema del “Cerco” y a las otras invasiones que afectan este sector.
Porque no solo el corredor de la 26 está invadido de indigencia, también de negocios particulares que usufructúan desde hace varios años este separador vial, con el visto bueno e varias administraciones municipales anteriores.
De manera sistemática, en cuanto termina la zona conocida como "el Cerco”, se privatizó el corredor, con la ocupación de parqueaderos públicos y compraventa de vehículos.
Uno de los parqueaderos, el más grande,  tiene el nombre de  Los Colores y se ofrece servicio las 24 horas del día. En el área, que es de aproximadamente 500 metros, se encuentran desde contaniers de exportación, hasta busetas y carros particulares.
Metros más adelante hay otro parqueadero, llamado Granada Estación. Y en la misma zona, una compra venta de carros, que tiene una sede principal en el margen derecho de la vía, y en pleno separador han armado una alterna, en la que permanecen, en promedio, veinte vehículos en exhibición.
Esta ocupación de un área, que bien podría ser un sendero  ecológico, se ha  fomentado en un corredor, que le pertenece a la Nación, y que hace parte del área que ocupó  la carrilera de ferrocarril ,  que le fue entregada por una patronato al  Municipio de Cali, pero antes de este proceso y dentro de la liquidación de los Ferrocarriles Nacionales, de acuerdo con fuentes consultadas por  Caliescribe.com, algunas de estas  zonas verdes fueron entregadas por uno de los liquidadores a sus propios familiares para que las utilizaran. En los últimos quince años se han utilizado los terrenos en estas actividades, que les brindan beneficios a los propietarios de parqueaderos, pero que  perjudican al medio ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes de los barrios aledaños, que no cuentan con parques para su entretenimiento.
De acuerdo con líderes  de la Comuna 10 de Cali, en este corredor, además de las invasiones de habitantes de la calle, parqueaderos y compraventas de carros, en solo cuatro kilómetros, además se ha incrementado el número de familias que han establecido su vivienda ilegal, en el extremo sur de una franja del mismo. De treinta casas subnormales iniciales se pasó a más de ciento cincuenta. Todas levantadas a un lado de la cuenca del río Cañaveralejo y precisamente en la parte en que este afluente arrastra todas la secuelas  de un paso “inclemente” por una ciudad que lo contamina y que en su último tramo recibe, todas las aguas residuales de esta invasión.
Por más que los vecinos de la Comuna 10 han insistido que se revisen la invasión,  así como ocurre con el caso de “el Cerco”, siempre se han encontrado, con ofrecimientos de parte de las Autoridades y durante varios gobiernos, de que tomarán cartas en el asunto, pero pasa el tiempo y ahí continúan estos flagelos,  por el contrario incrementándose el temor y la zozobra entre los  habitantes de estos barrios. Como anota un vecino, que pidió reserva de su identidad: “Aquí es más fácil que sean los del Cerco, los que llamen y de pronto hasta nos saquen a nosotros de nuestras casas las autoridades”
En aras del equilibirio periodístico, la redacción de la revista virtual Caliescribe.com le envío al Secretario de Gobierno Carlos Jose Holguín,seis preguntas sobre la temática planteada en esta investigación desde el lunes 30 de julio y hasta el día de cierre de edición de esta revista, es decir el 04 de agosto y no obtuvimos respuesta alguna.

domingo, 5 de agosto de 2012

ATROPELLOS DEL ALCALDE DE CALI RODRIGO GUERRERO CONTRA LOS VENDEDORES AMBULANTES Y EL RECHAZO DE LOS CIUDADANOS (VER VIDEO)


http://vendedoresambulantescali.over-blog.es
















foto: centro de Cali, carretilla de vendedor volteada
por funcionarios de la alcaldia, con las frutas lanzadas al suelo
Por: Javier Lopez B
coordinador veeduria   
Algo no debe funcionar bien en el sistema, mientras  que los yupis neoliberales  anuncian grandes crecimientos económicos, la población  se empobrece cada día mas  y el desempleo y la marginalidad crecen a un ritmo más alto que el tan cacareado y promovido crecimiento, para el caso de Cali, la situación es
preocupante ya que siendo esta una ciudad de más de 2.500.000 habitantes, 507000 se dedican al rebusque, la mayoría sin seguridad social de ningún tipo.
y mientras el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco solo encuentra  en la represión la forma de "disminuir" esa informalidad,  ya se empezaron a presentar síntomas de malestar y rechazo no solo de los vendedores ambulantes y/o estacionarios, sino también de la ciudadanía en general (ver video) a esta represión, por lo que la administración caleña tendrá que sopesar si sigue apretando el cinturón o, como debería ser, busca soluciones sociales a una problemática igualmente  social

desgraciadamente con lo que ocurrió con la discusión del Plan de Desarrollo presentado  en  el Concejo Municipal, no guardamos muchas esperanzas de que así sea, allí el alcalde rechazo una propuesta de esta veeduría  y respaldada por la concejala Patricia Molina Beltrán en el sentido de realizar un censo socioeconómico el cual tenía como objetivo  replantear su política frente al gremio, identificando las necesidades más sentidas de quienes  laboran en este gremio, al contrario de ello  el plan de desarrollo busca la reubicación de 1500 vendedores estacionarios en un plan de "emprendimiento" que solucionaría a medias un problema que va mas allá de una simple reubicación.


 VIDEO DE ABUSOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALI Y EL RECHAZO DE LOS CIUDADANOS DE BIEN



4.4.1 Programa, generación, Adecuación y Apropiación  del Espacio Público
En audiencia  de Participación Ciudadana, Mayo 22 y 23 del 2012, Concejo Municipal-Cali.
Propuesta  presentada  por la Veeduria Ciudadana de Vendedores Ambulantes, Estacionarios y Artesanos de Santiago de Cali.
Veedor Ponente: José Paul Benavidez

NOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA
LINEA DE BASE 2011
META 2012-2015
RESPONSABLES
Realización del censo  de Vendedores  Ambulantes y Estacionarios  del centro de Cali
Numero
0
1
Secretaria de gobierno, subsecretaria de gobierno, oficina  de seguridad, orden y espacio publico

jueves, 2 de agosto de 2012

COLOMBIA: LA NUEVA GUERRA DEL ORO

foto via internet


Por JUAN JOSÉ HOYOS
A las guerras que vive Colombia, hay que sumarle una más: la guerra del oro. Ella está provocando la muerte de trabajadores, dirigentes sindicales, pequeños mineros y líderes de las regiones que se oponen a los atentados contra el hombre y la naturaleza cometidos por los mineros ilegales y hasta por algunas compañías multinacionales.
Antioquia, por desgracia, es uno de los epicentros del conflicto. El viernes 27 de julio, a pocos pasos de la mina Providencia, en Remedios, fueron atacados a balazos los trabajadores Jaminson Adrián Amaya y Nelson Cadavid Jaminson. El primero murió horas más tarde en una clínica de Medellín. El hecho sucedió en momentos en que setenta trabajadores de una empresa contratista de Gran Colombia Gold están en paro protestando por lo que califican como un despido colectivo. Gran Colombia Gold es el consorcio minero que administra las más grandes minas de la antigua Frontino Gold Mines, liquidada por el gobierno hace dos años contra la voluntad de sus trabajadores activos y jubilados. La llegada a Segovia de la multinacional en 2010 desató un paro cívico en protesta por el despido de más de 1.400 mineros.
Después del atentado del viernes, varios trabajadores sobrevivientes se vieron obligados a huir de la región para salvar sus vidas, según informaron los directivos del sindicato Sintramienergética Nacional, que agrupa a los mineros.
Los dos trabajadores víctimas del atentado participaron el 25 de julio en un programa difundido por el canal regional Teleantioquia en el que hablaron del conflicto entre los trabajadores y la empresa contratista que opera la mina Providencia.
Este no es el primer episodio de la nueva guerra del oro en Antioquia. El 26 de julio de 2011 fue asesinado Rafael Tobón, uno de los fundadores del sindicato de los mineros de Segovia. Tobón era uno de los líderes más reconocidos de los pequeños mineros. El 5 de junio de 2010, también en Segovia, fue herido a balazos el dirigente sindical John Jairo Zapata Marulanda, quien trabajó durante más de 15 años en la Frontino Gold Mines. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros en el lugar del atentado y luego trasladado a un hospital de Medellín, donde los médicos lograron salvarle la vida.

miércoles, 1 de agosto de 2012

Colombia, neoliberales en acción: Prórroga al contrato de Cerro Matoso dejaría perdidas por 9 millones de dólares semestrales




La renovación del contrato de CERRO MATOSO hasta el año 2029, como señaló recién el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, desconoce los llamados de atención de la Contraloría General de la Nación y las conclusiones de varias consultorías contratadas entre el 2008 y 2010 por Ingeominas, en el sentido de que su prorroga es altamente inconveniente para los intereses de la Nación.

El anuncio fue hecho durante un evento organizado por la Presidencia de la República, “Vuelta a Colombia”, el 24 de julio de 2012 en la ciudad de Cartagena, según el cual BHP Billinton, propietaria de la firma CERRO MATOSO S.A., tiene asegurada su permanencia para la explotación de la mina hasta el 2029, gracias a un acuerdo suscrito en 1996, e incluso la operación podría ir hasta el 2044.

CERRO MATOSO S.A., (CMSA), suscribió en 1996 el contrato 051-96M con el entonces ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, el cual contiene cláusulas que benefician exclusivamente los intereses de dicha compañía.

Varias cláusulas van más allá de lo que las normas mineras permiten, pero en particular dos de ellas son altamente inconvenientes para el país y lesivas para el fisco nacional, pues amarraron al Estado y lo dejaron sin ninguna posibilidad de disponer libremente de sus recursos naturales no renovables y a obtener mejores beneficios en nuevas alternativas de desarrollo minero.

Se trata de la cláusula que ordena que al vencimiento de los contratos 0866 de 1963 y 1727 de 1971, sus áreas pasaban automáticamente al nuevo contrato de aporte minero 051 suscrito en 1996, modificando las condiciones en que originalmente fueron suscritos.

El periodo original de los contratos 0866 y 1727 es de 30 años y vence el 30 de septiembre de 2012. No es exacto señalar que CMSA tiene derechos hasta el 2026, pues ni la normatividad vigente a la fecha de la firma de los contratos lo permite y la empresa misma, conocedora de esta circunstancia, solicitó el 10 de diciembre de 2007 a Ingeominas formalizar una nueva prórroga. Luego la compañía sí está esperando que la autoridad minera prorrogue estos contratos.

La otra clausula establece que los bienes que revierten a la Nación el 30 de septiembre de 2012, serán arrendados inmediatamente a CMSA a una tasa equivalente al 1,25% sobre la ganancia neta semestral, después de impuestos, obtenida por esta compañía. Se trata de un porcentaje mínimo, amarrado a la incertidumbre de las ganancias de la compañía y al riesgo moral de unos estados financieros que el gobierno no puede verificar, y que equivale apenas al 0,83% de las ganancias netas antes de impuestos.

En otras palabras, hace 16 años se tomaron las decisiones más importantes del contrato que ahora el ministro Cárdenas dice va hasta el 2026, sin que medie ningún estudio sobre la conveniencia técnica y económica de contratar nuevamente con el mismo concesionario.

Llama la atención que el Ministro, desconociendo conceptos y estudios contratados por Ingeominas, haga este tipo de pronunciamientos, aferrándose a la letra de un contrato lesivo que satisface en cada clausula el interés particular de CMSA y que no refleja el interés general de la Nación, más allá de tener unos ingresos por regalías e impuestos.

Un análisis interno de Ingeominas, consignado en el acta 04 de la Junta Directiva del 28 de marzo de 2008, señala que el Estado no está en la obligación de conceder la prórroga del contrato minero, pues si bien CMSA puede solicitarla, la autoridad minera debe estudiar la viabilidad y conveniencia de la misma.

Agrega que “dado que el contrato 866 prevé la reversión gratuita de todos los bienes en el año 2012 y su entrega en comodato a CERRO MATOSO S.A., por un canon estipulado contractualmente, con la prorroga se estarían vulnerando expectativas económicas del Estado a partir de ese año por un valor aproximado a los nueve millones de dólares semestrales, por lo cual no resulta conveniente conceder la prorroga solicitada”.

Varias consultorías contratadas por Ingeominas entre el 2008 y 2010, entre ellas una con el actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, expresan la inconveniencia para el país de prorrogar las concesiones con CERRO MATOSO S.A.

Analizadas las consecuencias de la prórroga, el Procurador advierte que el “concedente debe ponderar las circunstancias técnicas y económicas en que se daría la prorroga evitando cualquier efecto económico negativo para el estado”.

El estudio de Luis Jorge Ferro Casas concluye que “no es conveniente para la Nación proceder a una prorroga inmediata de la concesión con los términos vigentes”, y hace un llamado para redefinir el canon de arrendamiento de los bienes revertidos a la Nación, pues una tasa de 1,25% apenas cubre las expectativas de inflación.

También la consultoría contratada con Carlos Antonio Espinosa Pérez concluye que las modificaciones hechas a los contratos 866 y 1727 de CMSA son altamente inconvenientes para el Estado ya que las mismas entran en contravía con la normatividad existente y aplicable. En el mismo sentido y en diversas oportunidades, la Contraloría General de la Nación ha llamado la atención sobre el grave daño que se causaría a la Nación la prórroga de este contrato en las condiciones establecidas en 1996.

La organización Colombia Punto Medio convoca a la autoridad minera para que presente públicamente los análisis y estudios que soportan la prorroga a los contratos de concesión 866 de 1963 y 1727 de 1971, y a que abra al país una discusión que hasta ahora se ha adelantado a puerta cerrada.

Igualmente, invita a estudiar otras alternativas para el uso y aprovechamiento de la única mina de níquel del país, lo que la hace estratégica para el desarrollo de la industria nacional y el manejo soberano de los RNNR.

Dado que no es obligación del Estado renovar el contrato con BHP Billinton / CMSA, existen otras posibilidades, como operarla mediante un contrato de operación con terceros, sacarla a licitación pública para maximizar los ingresos de la Nación e incluso renegociar el contrato lesivo con el actual concesionario, mejorando radicalmente las condiciones económicas para el país.

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