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domingo, 16 de septiembre de 2012

Colombia:Emisoras comunitarias tienden a desaparecer


Cuando se habla de participación es importante tener en cuenta a las emisoras comunitarias, aquellos espacios que permiten que los ciudadanos se informen y den sus opiniones sobre temas cotidianos de su total incumbencia, esto como un derecho humano fundamental. Un caso exitoso se encuentra en el municipio de Líbano (Tolima). Allí, la emisora comunitaria Café 93.5 FM Estéreo ha impulsado desde 1997 un proyecto comunicativo significativo y que estuvo en cabeza de un personaje fundamental para la radio de nuestro país: Miguel Marín (1995 – 2009).
En este municipio, caracterizado por un fuerte movimiento político y cultural, se dio origen en los años 20 al movimiento de artesanos, campesinos y obreros conocido como los Bolcheviques del Líbano y, junto con éste, La Comuna, espacio caracterizado por su fuerte componente cultural y donde se formaron grandes pensadores críticos del país, según lo expresa José Gutiérrez, profesor de la Institución Educativa ‘Isidro Parra’.
Estos antecedentes permitieron que en el Líbano se dieran condiciones para una emisora que abriera “espacios para la cultura, a través de programas de poesía, teatro, danza, rock al aire, música campesina, exposiciones de fotografía, resistencia civil y no violencia”, según lo comentó su fundador Miguel Marín, en una entrevista realizada para el programa radial “Cultura para todos, cultura con aroma de café”, realizado por el Ministerio de Cultura y RTVC en 2006.
Esta emisora es sólo un ejemplo de la importancia de los medios de comunicación alternativos y comunitarios, donde se abren espacios a los niños, jóvenes, adultos, campesinos, indígenas, etc., para que opinen sobre temas de su diario vivir, de sus intereses y, así mismo, se generen debates sobre temas públicos municipales, departamentales e incluso nacionales. Son espacios de la gente y para la gente.
Panorama actual de las emisoras comunitarias en Colombia
La emisora Café 93.5 FM Estéreo del Líbano es una experiencia exitosa en cuanto a emisoras comunitarias. De hecho fue la primera que emitió cumpliendo todos los requisitos exigidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sin embargo, el pasado 13 de abril, le fueron decomisados los equipos de transmisión por orden de ese ministerio por una vieja deuda que no se había podido saldar respecto a sus pagos por el uso del espectro electromagnético y que ya habían negociado el año anterior, según indicó el profesor Gutiérrez.
Este hecho es sólo uno de muchos que ocurren con los medios comunitarios en el país, que evidentemente se encuentran en crisis y, lo más preocupante, tienden a desaparecer.
Desde el Estado, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) tiene como uno de sus objetivos “prestar el servicio y actividades de habilitación y vigilancia de los servicios de telecomunicaciones en forma oportuna y eficaz, cumpliendo con los requisitos de la normatividad legal vigente”, por lo tanto, este ente es el encargado de regular a los medios de comunicación ya sean comerciales, de interés público o comunitarios.
Uno de los grandes problemas de las emisoras comunitarias son los exagerados cobros que se les imponen por el uso del espectro electromagnético y por los derechos de autor de la música que utilizan, que deben cancelar a Sayco y Acinpro, situación que podría ser más compleja con la llegada de la recién impuesta Ley Lleras. A esto se suman las prohibiciones tales como el no cobro de pauta en las elecciones regionales, porque según la Ley Anticorrupción, los medios comunitarios deben prestar su servicio de manera gratuita.
La encrucijada en la que se encuentran las emisoras comunitarias es compleja, dado que no tienen condiciones dignas y de igualdad con la radio comercial para la realización de su trabajo. Esto hace que su sostenibilidad económica se origine prácticamente de sus propios recursos y de la venta de la pauta, pero esto, entonces,  lleva en algunos casos a que se llenen de publicidad para sobrevivir. Sin embargo, su misión es diferente: las emisoras comunitarias se diferencian de las comerciales porque están al servicio de su comunidad y no tienen ánimo de lucro.
Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado con las emisoras comunitarias si su problema no es solo de contenidos apropiados y contextualizados para su región sino también económico? ¿Hasta qué punto es éste un asunto de corresponsabilidad, donde las posibles formas organizativas que soportan a estas radios deben elaborar diferentes formas de adquirir recursos para lograr mayor sostenibilidad?
Callar al mensajero
Otro agravante es la censura por medio de la violencia. En lo corrido del año han sido asesinados dos radialistas que cumplían con la tarea de informar. En Colombia, líderes de la radio comunitaria, en ejercicio de su profesión de comunicadores, han sido perseguidos por diferentes grupos a los que les incomoda que se cuenten ciertas noticias y se informe a las comunidades sobre problemáticas de diferente índole, como los megaproyectos, el paramilitarismo, las condiciones de desigualdad en las que se encuentran ciertos grupos, entre otras.
Uno de los radialistas asesinados fue Argemiro Cárdenas Agudelo, fundador y director de la emisora comunitaria Metroradio: la Red Radial Cafetera y representante de la región occidente ante el comité consultivo de radio del Mintic. El hecho ocurrió en Dosquebradas (Risaralda), el pasado 15 de marzo, luego de recibir seis disparos por parte de un sicario que iba a pie. Dos semanas después de este hecho, el periodista Jesús Martínez Orozco fue asesinado por el parrillero de una moto, quien le disparó en varias ocasiones. El comunicador estaba vinculado a la emisora comunitaria La Nueva de Sabanalarga Atlántico.
En 2011 la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe (Amarc-ALC) realizó una investigación en la que evaluó la situación de libertad de prensa de las emisoras comunitarias en Colombia. El panorama no fue favorable: de acuerdo al informe, las emisoras comunitarias afrontan amenazas, persecuciones ilegales, interceptaciones telefónicas y muchos periodistas tuvieron que exiliarse.
Las radios comunitarias se encuentran en crisis, de un lado, porque desde el Estado no se dan las condiciones para que se ejerza el derecho a la información y a la comunicación de manera equitativa; y, por otro, porque las amenazas y persecuciones a las que son sometidos los periodistas en nuestro país limitan la libertad de prensa. Sólo la solidaridad de las y los ciudadanos hacia estos medios comunitarios que construyen democracia desde la base podría revertir esta situación.

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Venezuela en el centro del debate entre el socialismo y el capitalismo



Análisis Político y Social Nacional e Internacional de Venezuela y el Resto del Mundo
 Director: Diego Olivera. Jefe De Redacción: Miguel Guaglianone
La oposición sustenta su campaña electoral en falsas promesas
Venezuela en el centro del debate entre el socialismo y el capitalismo
 Por Diego Olivera
 Venezuela sigue viviendo intensamente su campaña electoral, ni la temporada de lluvia ha podido detener los actos políticos, en esta nueva contienda se  ha generado un intenso debate ideológico en la sociedad venezolana, el Plan de Gobierno del candidato Chávez para el 2013–2019, plantea  la construcción de una vía socialista, sustentada en los logros sociales derivados de las decenas de misiones, como la Misión Salud que va desde la atención medica a nivel primario a través de los barrio adentro, hasta centros de atención de alta tecnología, donde se realizan exámenes computarizados, operaciones de alto riesgo, también operaciones de cataratas y otras síntomas en el área  de la visión. Esta misión a beneficiado a millones de ciudadanos de escasos recursos, ya que todas estas atenciones son de carácter gratuito.

Sería imposible en un artículo de prensa poder mostrar el trabajo de otras misiones, que contemplan varias aéreas sociales, que abarcan los centros de alimentación con precios solidarios, la elevación de la educación hasta vencer el analfabetismo, las miles de viviendas entregadas a damnificados y sectores populares, el apoyo a la agricultura a través de asesoramiento y créditos, o la Misión AmorMayor que le ha otorgado a miles de ciudadanos una pensión ajustada al salario mínimo y que aumenta anualmente. Es bueno significar que ninguna de estas garantías existen en ningún país de América Latina y el Mundo.   
 La oposición sustenta su campaña electoral en falsas promesas
 Ante un programa coherente de gobierno, la oposición a través del candidato de la denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, se ha  dedicado a ocultar su verdadero plan de gobierno.  Sus discursos ha sido orientados a buscar los errores del gobierno bolivariano en áreas de seguridad, vialidad, alimentación, producción agrícola y otras áreas, pero no ha mostrado como resolverán estas dificultades, ya que en el estado de Miranda donde Capriles es Gobernador, en el Zulia estado emblemático de la oposición, en el Táchira y Carabobo también con gobernadores de la oposición, las estadísticas reflejan los niveles más altos de violencia, los mayores problemas de infraestructura y aseo urbano del país. Además en Zulia y Táchira se han instalado decenas de bandas de paramilitares colombianos, que cobran a los comerciantes un seguro, al mejor estilo de las mafias italianas.
 Esta  realidad tangible no la quiere ver la oposición, solo disparan ideas organizadas en laboratorios mediáticos, como un “camino”, “progreso”, “centro izquierda”, “candidato joven contra viejo”, o las promesas de una sociedad de consumo. Todas esta promesas no son nuevas, las propusieron los candidatos del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), en la décadas del 60 a 80 en la denominada Venezuela Saudita, donde el 60 por ciento de los venezolanos vivía en la pobreza y más del 20 por ciento de manera crítica. Tampoco recuerdan el Caracazo, el levantamiento social en el 1998, como tampoco hablan del golpe del 2002 y el paro petrolero, como si ellos no hubieran sido sus protagonistas, y la agresión a la embajada de Cuba del candidato Capriles, fuera meramente una aventura juvenil de un antiguo miembro de la derecha del Opus Dei.
 También es importante señalar que en una carta enviada por  Capriles vía mail, que fue dirigida a todos los funcionarios estatales, el afirmar que “Yo reconozco y valoro el trabajo que los empleados públicos hacen en todos los rincones del país. Y como próximo presidente de todos los venezolanos, hay algo que tengo muy claro: el empleado público debe estar y estará al servicio de la gente, no al servicio de un gobierno”. En esa misiva agrego que “Cuando me eligieron Gobernador de Miranda asumí tres compromisos con nuestros funcionarios: respetar su forma de pensar, valorizar su función y trabajar unidos con un solo objetivo: mejorar los servicios para nuestros ciudadanos”.
 Pero esta oferta de campaña se contradice con el despido injustificado de mil funcionarios en la Gobernación de Miranda por ser partidarios del gobierno bolivariano, lo que demuestra la falsedad de su promesa, de la misma manera ocurrió con los funcionarios que apoyan a Chávez en el Táchira, como la Alcaldía de Maracaibo estado Zulia. Ante esta “mentira” es necesario precisar que en ninguna de las instituciones venezolanas en manos del Gobierno Bolivariano, se ha despedido trabajadores de la oposición, como tampoco se agredieron a golpistas, porque el candidato de la MUD se olvidó de las golpizas y detenciones arbitrarias en el 2002 contra los funcionarios del gobierno.   
 Lo grave de la campaña de la oposición es la falta de un verdadero plan político económico, la persistencia en defender el modelo capitalista sin decirlo, es el miedo a mostrar la crisis en Europa y EEUU, porque ellos apoyan al modelo neoliberal, sus socios internacionales son la derecha, pero además apoyan un plan desestabilizador porque no aceptarán los resultados de las elecciones. Atacan al Consejo Nacional Electoral (CNE), organizan un sala situacional con resultados a boca de urna (prohibidos por el CNE), para gritar horas antes del resultado su triunfo, desconociendo el parte oficial y denunciar fraude (igual al 2004), porque no tienen lo votos para ganar este 7 de octubre.


Publicación Barómetro  27-08-12
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domingo, 9 de septiembre de 2012

“Uribe no debe responder por twitter, sino ante la justicia por nexos con paramilitarismo”, Alexander López de PDA



De Polo Democrático Alternativo (Página Oficial), el El miércoles, 22 de agosto de 2012 a la(s) 21:42 ·

Que la persona encargada de la seguridad del Presidente admita haber tenido relaciones con paramilitares es algo que Álvaro Uribe debe explicar, pero no por twitter, sino ante la justicia”, sostuvo el senador por el Polo Democrático Alternativo Alexander López Maya.
 Tras manifestar ante la plenaria del Senado de la República su preocupación ante el gravísimo hecho de que el General Santoyo haya aceptado nexos con grupos paramilitares, López Maya dijo que el expresidente tenía la potestad de saber quiénes eran sus servidores públicos.
 Pero, adicionalmente dijo, existe un hecho aún más grave, quien firmó el Decreto 2635 de 2006 que ordena el reintegro provisional a la fuerza pública del General Santoyo, fue el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por lo que el senador del Polo indicó que “la responsabilidad no sólo recae sobre Uribe”.
 “¿Qué más le hace falta conocer al país sobre el expresidente Uribe? Me da vergüenza como colombiano haber tenido como presidente a Álvaro Uribe”, enfatizó el congresista López Maya.
 Constancia Pública
 Igualmente, en la sesión del pasado 21 de agosto de la Cámara alta, el senador Alexander López dejó la siguiente constancia:
 Las Confesiones del General Santoyo
 Dejo  constancia en esta plenaria del Senado de la República en torno a las declaraciones del ex General de la Policía Nacional Mauricio Santoyo que confirman de forma  dramática y certera las peores denuncias que hiciéramos como Partido POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO en torno a  los vínculos al más alto nivel del Gobierno del Presidente Uribe con sectores al margen de la ley. Tal como sucediera en el caso del ex director del DAS, el Dr. Jorge Noguera, tan solo fue cuestión de tiempo para que las investigaciones judiciales, no solamente aquellas realizadas por las autoridades en Colombia sino además aquellas efectuadas en otros países, confirmaran que altos funcionariosdel Presidente Uribe, estuvieron al servicio de los más peligrosos intereses criminales, al tiempo que fungían con altas responsabilidades de Estado.
 En el caso del General Mauricio Santoyo, quien hiciera parte del más alto círculo presidencial en época de la administración Uribe, no solamente no fue derrotado en juicio, sino que por iniciativa propia, en búsqueda de beneficios y prebendas personales de tipo judicial, el alto oficial de la Policía Nacional confiesa ante las autoridades norteamericanas sus servicios prestados al crimen organizado en Colombia, mientras fungía como alto servidor y responsable de la Seguridad en Palacio de Nariño. Este es un hecho, que ni el Congreso de la República, ni la Policía Nacional, ni el propio Presidente Uribe pueden desestimar y coloca en tela de juicio, no solamente la idoneidad, la decencia y el decoro mínimo que deben asistir a las altas autoridades del Estado en ejercicio de sus funciones, sino que comprometen la presunción de legalidad y de legitimidad en torno a todo lo actuado en torno a la presencia y las actuaciones del General Santoyo en el Gobierno del Presidente Uribe. Lo cual deberá ser investigado hasta sus últimas consecuencias por las autoridades y tal como lo denunciamos en su oportunidad, por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para quien la confesión de parte de Mauricio Santoyo, tiene que ser un grave indicio en torno a una serie de hechos ocurridos durante este periodo, que son de competencia de la tutela del  derecho penal internacional a cargo de la Corte.
 Tal como aconteciera con el caso de las desapariciones forzadas de ASFADES en Medellín, crisis de derechos humanos en el 2000;   en la cual se denunció la suerte de los activistas de derechos humanos, Ángel Quintero y Claudia Monsalvequienes fueron objeto de desapariciones forzadas, luego de un seguimiento de organismos de seguridad a la organización ASFADES,  en Medellín,  en los cuales se interceptaron más de 3000 líneas telefónicas en la ciudad de Medellín. Por estos hechos fue sancionado el entonces Coronel  Mauricio Alfonso Santoyo, Comandante del grupo Jaula, en Medellín por la Procuraduría General de la Nación. Este oficial  sin embargo fue ascendido a General por el Senado de la época y nombrado sin vacilaciones como  jefe de seguridad del presidente Uribe, en su primer periodo de Gobierno.El Gobernador de Antioquia, de la época,  Alberto Builes igualmente fue cuestionado por sus vínculos con Guillermo Quintero, como su segundo renglón  en una lista al Senado  en el  2006, presuntamente apoyada por el comandante paramilitar conocido como  Freddy Rendón, EL ALEMAN.
 Este hecho que evidencia las más tenebrosas intenciones criminales para cometer graves violaciones de los derechos humanos desde los servicios de seguridad del Estado y una manifiesta voluntad política específica de la administración Uribe para encubrirlas, con el apoyo de su bancada en el Congreso de la República, no fue la única vez que se presentaran tan nefastos hechos de agresión y concierto agravado para delinquir en el caso que nos ocupa.
 Tales elementos sistemáticos de conspiración criminal se tuvieron que haber presentado en los hechos denunciados de manera solitaria por nuestro partido, el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO y por quien suscribe esta constancia,   a lo largo de la última década y que contaron con la presunta anuencia, complicidad, colaboración y abierta participación de altos funcionarios del gobierno del Presidente Uribe y que la justicia está en mora de develar, (sin perjuicio del derecho de defensa que les asiste a sus autores y a quienes corresponda procesar por estos hechos, al más alto nivel del Gobierno y de sus cómplices en las organizaciones y grupos armados al margen de la ley de la época).
 Denuncias tales como;
 El computador de Jorge 40 en el 2005;
 - Tal como lo reseñan los medios de comunicación  y las organizaciones de víctimas en la Costa caribe,  se da un reagrupamiento de la operación paramilitar en la Costa Caribe y así lo certifican los más de 60 asesinatos de Jorge 40 En Barranquilla en el 2005, de un listado que llega a 50O, según lo denunciado en los hallazgos de la Fiscalía en el caso de Don Antonio, Edgar Fierro Flores,  jefe militar del Bloque Norte.
- Según el testigo Rafael García, a comienzos del 2004, funcionarios adscritos a la Dirección General de Inteligencia del DAS,  Tenían conocimiento sobre la existencia de “ listados de líderes sindicalistas, activistas de izquierda, profesores y estudiantes universitarios, los cuales eran entregados a grupos de autodefensas del Bloque Norte para que atentarán contra ellos”
 El caso de Alfredo Correa de Andreís, el 17 de Septiembre de 2004
  En la fecha anotada en la ciudad de  Barranquilla fue asesinado el profesor Correa de Andreís. Su caso ha sido denunciado como una presunta ejecución extrajudicial,  a manos de paramilitares y con la estrecha colaboración de funcionarios del DAS, según las denuncias del Testigo Rafael García, y declaración juramentada  del paramilitar Jorge Palacio, “El Gato”  ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos. En este caso se presentaron seguimientos de organismos de seguridad a la víctima,  que conllevaron al  operativo de su asesinato.
 Caso Operación Dragón, Junio – Agosto 2004  –
 - Seguimientos por parte de un oficial activo del Ejército Nacional, TC. Julián Villate Leal,  mediante empresas fachadas a líderes de la oposición política y social de la región del Valle del Cauca, cuyo principal objetivo fue el Senador Alexander López
  El caso deviene en investigaciones por Concierto para delinquir e intento de homicidio, tanto de orden penal como disciplinario en contra el Coronel Julián Leal y la SSPD Eva María Uribe, en el contexto de muy graves denuncias  por el desarrollo de una conspiración criminal en contra del movimiento social, sindical y político. Se utilizaron en este caso, informes de inteligencia militar, que han sido aportados a las investigaciones.
 La persecución ha continuado y en el año 2008
  El Presidente de la República, exigió públicamente en Consejo Comunitario celebrado en el municipio de Florida, Valle del Cauca el 31 de Mayo del 2008, al entonces Comandante de la Policía Valle – la captura sin orden de autoridad judicial competente del Senador Alexander López, en una evidente provocación ilegal al fuero de senador de la República del anterior.
 Persecución contra los trabajadores durante la administración del Binomio Uribe - Santoyo
- 518 ASESINATOS  en el periodo de la administración Uribe, periodo en el cual solo han sido investigados con éxito 44 procesos, en los cuales se ha producido 16 fallos de la justicia  –                             Fuente CUT- 3400 amenazas contra sindicalistas- 138 Desapariciones forzadas  Fuente; ENS – amnistía internacional- 382 violaciones a a la vida e integridad personal en el  2006
allanamientos ilegales, amenazas, atentados, desapariciones, desplazamientos,  detenciones arbitrarias, hostigamientos, secuestros, torturas
 Desafío y señalamientos reiterados del Alto Gobierno en contra del movimiento sindical; casos de Arauca y los sindicatos Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos, en Junio del 2007, Sindesena
 Cobra más vigencia que nunca, lo planteado en mi constancia pública en contra de la aprobación de la llamada ley de Justicia y Paz, en junio de 2005; cuando por estos hechos y su legitimación en el Congreso señalaba la necesidad de intervención de la Corte Penal Internacional en un periodo, en el cual el General Santoyo colaboraba activamente con grupos armados ilegales desde el Palacio de Nariño; (según sus propias declaraciones)
 “elevo petición pública a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que inicie investigaciones judiciales formales, conforme a las facultades y competencias legales conferidas por el derecho internacional y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con el fin de establecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar por  la comisión de delitos de lesa humanidad, para el caso de los involucrados en el proceso de negociación,  llamado “de paz” del Gobierno Nacional  con los grupos armados irregulares en Colombia.
 Responsabilidad penal a establecerse por hechos cometidos durante el periodo de vigencia de la jurisdicción del Estatuto de Roma para el caso de Colombia y que en materia de crímenes de lesa humanidad, entró en vigencia en el año 2002 por reforma constitucional en Colombia.”
 Constancia contra la ley de Justicia y Paz, HR. Alexander LópezCámara de Representantes, Junio de 2005
 Firmado.
 H.S. Alexander López
 22 de agosto de 2012

viernes, 7 de septiembre de 2012

NEOLIBERALES TRAS EMCALI, LA CONTRALORIA ADVIERTE ESCINDIR TELECOMUNICACIONES ES DEJAR SIN AGUA Y ENERGIA A LA CIUDAD




el dia martes en horas de la noche  ( 8 p.m.) la Concejala Patricia Molina acompañO a los trabajadores de EMCALI en la planta de colon... allí expreso su compromiso con la defensa de EMCALI
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA CONTRALORIA CALI

LA CONTRALORÍA DE SANTIAGO DE CALI ADVIERTE QUE LA  DECISIÓN DE ESCINDIR EL COMPONENTE ESTRATÉGICO DE TELECOMUNICACIÓN, QUE PRETENDE IMPONER LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIO, DEJARÍA A EMCALI EICE ESP EN UNA GRAVE SITUACIÓN PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES A LA CIUDAD.

advierte el documento que,  "...si se excluye a la unidad de telecomunicaciones el valor total  del activo corriente  sera negativo imposibilitando  el pago de los pasivos  en el corto plazo  de las tres unidades  restantes, especialmente  por el valor  negativo  que presenta  la unidad estratégica  de energía"

Por lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio  de las acciones  que se puedan derivar  de las mismas y del ejercicio  del control fiscal asignado constitucionalmente  y legalmente  a  la contraloria de Cali,....me  permito remitirle  la presente Función de Advertencia para que se adopten  las medidas institucionales  que sean necesarias  para efectuar  los estudios y avaluos técnicos para determinar  la viabilidad de la escisión de la unidad estratégica de telecomunicaciones y que garantice  la viabilidad   financiera de los componentes de acueducto, alcantarillado, energía, la conservación del patrimonio publico y la prestación  continua  de estos servicios públicos para  la comunidad caleña.
Por lo anterior le solicito informar a este despacho  las acciones que tome la Entidad a su cargo, sin perjuicio del control posterior
cordialmente
Gilberto Hernan Zapata
Contralor Cali 

para leer documento completo  vaya a este enlace y allí abra archivo
http://bloguerosrevolucion.ning.com/profiles/blogs/cali-la-contraloria-advierte-escindir-telecomunicaciones-es-dejar


VIDEOS:

Trabajadores de telecomunicaciones de Emcali realizán Plantón y pide retiro del gte de Telco.




Jubilados de Emcali se muestra preocupados por el futuro de Telecomunicaciones.




sintraemcali
NOTA: 24 horas de protesta trabajadores de Emcali, exigen renuncia Gerente Edwin López Bousas.

Los Trabajadores de Telecomunicaciones, luego de finalizada la Asamblea que se realiza en la Planta de Teléfonos de Colon, se quedaron toda la noche en las instalaciones de la misma, exigiendo la renuncia del gerente de Telecomunicaciones Edwin López Bousas.

En el día de hoy 6 de Septiembre, continuarán con el Plantón en la Planta de Colón, hasta que el gerente Ramiro Tafur, no tome la decisión de sanear a Telecomunicaciones de la Corrupción y la Mala Administración.

Jorge Iván Vélez
Presidente SINTRAEMCALI

SINTRAEMCALI
BOLETÍN DE PRENSA
Santiago de Cali, Septiembre 6 de 2012.

Continúa Plantón de Telecomunicaciones en EMCALI, se cumplen 24 horas
TRABAJADORES DE EMCALI, PIDEN LA RENUNCIA
DEL GTE. DE DE TELEFONOS EDWIN LOPEZ BOUSAS


Pese a las protestas de los trabajadores de Telecomunicaciones, la Administración de Emcali, no se ha pronunciado a pesar de la sumatoria de lostrabajadores de la Plantan Peñón, quienes se unieron al Plantón.

Son cientos el número de quejas que los trabajadores han reportado por toda la antigestión que se viene presentando, la falta de materiales, los vehículos varados por repuestos de bajo costo, los Contratistas haciendo de las suyas a tal punto que han logrado que el número de usuarios de Telecomunicaciones que se han retirado, aumente desproporcionadamente generando adicionalmente una mínima respuesta en la adquisición de nuevos usuarios.

La Junta Directiva de Sintraemcali, ha advertido al gerente de Emcali, Sabas Ramiro Tafur, sobre todas estas anomalías, pero no se ha tomado ninguna directriz para parar estos hechos que hoy demuestran que históricamente pasamos por el peor momento en Telecomunicaciones. Por esoSINTRAEMCALI, exige la Renuncia del Gerente Edwin López Bousas.

Los Trabajadores de Teléfonos Peñón, encargados de los Usuarios Corporativo o grandes empresas, se suman a las denuncias y dan como ejemplo lo acontecido hoy donde se pretendía ingresar un número de contratistas, para realizar el trabajo de ellos, cuando se tienen vehículos en mal estado y los problemas con el sistema Open, siguen generando cualquier cantidad de anomalías.

Sintraemcali, hace el llamado a los Organismos de Control, a los Concejales de Cali, a los Medios de Comunicación y comunidad en general, para que se apersonen de esta situación a la que ha llevado la mala administración deEmcali, que lo único que busca es generar el caos para abrirle la oportunidad a la competencia de continuar arrebatándole usuarios a nuestra empresa.



¡Unidos por la defensa de una Emcali Publica!

Jorge Iván Vélez
Presidente
Junta Directiva Sintraemcali.

Mayores Informes
Jorge Iván Vélez, Pte Sintraemcali Cel. 314 794 3488
James Figueroa; Sec. Comunicaciones Cel. 314 771 2196.
Albert Quintero, Vicepresidente Cel. 314 794 3452.









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miércoles, 5 de septiembre de 2012

Colombia: de nuevo en busca de la paz



http://elturbion.com/?p=5097

Los movimientos sociales han venido exigiendo un proceso de paz en el que no sólo participen Estado y guerrillas sino que incluya a todos los actores, incluídas las organizaciones sociales, para atacar las verdaderas causas de la guerra: la pobreza y la exclusión - Foto: Andrés Monroy GómezAgosto 28 de 2012
El anuncio público sobre la firma de un acuerdo de acercamiento entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) para adelantar un eventual díalogo de paz no sólo confirma lo que ya se venía rumorando en los corrillos cercanos a la Casa de Nariño sino que cambia el panorama político nacional, redefiniendo de qué manera se desenvolverán los sucesos por venir en los próximos meses.
La alocución presidencial del pasado lunes corrobora lo anunciado el viernes 24 por el Canal Capital y posteriormente por Telesur: desde hace varios meses se venía negociando en secreto un acuerdo entre el gobierno Santos y la guerrilla más antigua del mundo para iniciar negociaciones. El documento, firmado en La Habana bajo el auspicio de varios gobiernos amigos del proceso de paz –en particular Venezuela, Cuba y Noruega– aún no se ha revelado ni se conocen los puntos definidos por los negociadores de ambas partes, sin embargo, ya ha trascendido que las conversaciones iniciarán el 5 de octubre en Oslo (Noruega).
En su escueta intervención ante los medios nacionales, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que se vienen adelantando estas “conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto”, aunque no hizo mención a la existencia del documento y planteó como “principios rectores” para los acercamientos que “primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos; segundo; cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación; [y] tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional”.
El mandatario colombiano aseguró también que el “el ELN ha manifestado a un medio de comunicación internacional su interés en participar en conversaciones dirigidas a poner fin a la violencia. A ese grupo guerrillero le digo que, dentro del marco de estos principios rectores, ellos también podrían ser parte de este esfuerzo por terminar el conflicto”, aunque no mencionó si existían contactos con otros grupos armados, como el EPL.
Enemigos de la paz
No será fácil para el gobierno ni para las FARC llevar a cabo estos diálogos. Múltiples han sido los intentos, desde el surgimiento de las guerrillas actuales, a mediados de los años 60, para llevar a cabo negociaciones de este tipo: todos y cada uno han sido saboteados por sectores de ultraderecha de las clases dominantes y el alto mando militar que, de manera pública o a través de una violencia sin recato en contra de negociadores y bases sociales de la insurgencia, han evitado que el anhelo de paz se convierta en realidad.
Y esto resulta particularmente evidente en la actualidad, cuando distintos sectores de las clases dominantes sostienen una fuerte lucha entre sí para definir el dominio sobre el aparato estatal y el rumbo del país. El expresidente Uribe, hasta la semana pasada, había venido usando la posible existencia de estos diálogos como arma política contra Santos, denunciando que el actual mandatario, quien fuera su ministro de Defensa, había abandonado la seguridad como prioridad para el crecimiento económico del país, a través de la inversión extranjera.
Luego del anuncio presidencial, Uribe ha guardado un curioso silencio en las redes sociales y sólo se conocen sus declaraciones en un evento en Barranquilla, donde calificó como una “ofensa a la democracia” al acercamiento entre el gobierno de Santos y las FARC, y una entrevista que dio a El Heraldo, unas horas antes de la alocución televisiva de Santos, donde se pregunta: “¿qué puede negociar una democracia con el terrorismo? Van a negociar la elegibilidad de terroristas”.
Ambos sectores de las clases dominantes, representados en Uribe y Santos, tienen relativa unidad en que deben terminar la guerra para facilitar la inversión extranjera y el dominio de las empresas transnacionales, principalmente del sector minero energético, y en que implementando la estrategia de copamiento militar que han aplicado durante más de una década, con el Plan Colombia financiado por EE.UU., pueden llevar a las guerrillas a la rendición o a una mesa de diálogo.
Sin embargo, el hecho de negociar con la insurgenca alrededor de los temas fundamentales, de las causas de la guerra, hoy aumenta la división entre ellos, pues para la ultraderecha liderada por Uribe parece más viable el aniquilamiento militar de los alzados en armas o su rendición que tocar, en el espacio privilegiado para una solución política, rápida y que reduzca los costos de la confrontación, asuntos como el modelo agrario imperante en Colombia, la extrema pobreza, la crisis humanitaria, la desbocada violencia estatal, los derechos fundamentales de la mayoría de la población y los mecanismos de participación política existentes en el país, todos ellos parte de los motivos que llevaron hace 48 años a algunos campesinos a empuñar las armas para defender su vida y plantearse otro modelo de nación y a que hoy sean miles los combatientes de las fuerzas irregulares.
Así, la apuesta de las clases dominantes por la paz, independientemente de las intenciones de Santos o Uribe, no busca resolver los problemas fundamentales de la nación o traer bienestar a la población sino permitir que la industria de la extracción funcione a su máxima capacidad, situación que la ‘seguridad democrática’ no logró y que la guerra tampoco permite: como señaló Santos, ‘es fundamental terminar el conflicto’, pero las clases dominantes buscan que esto se dé con acomodo a sus intereses, sin responder a las necesidades del pueblo colombiano y generando máximos beneficios a la inversión extranjera.
A la ultraderecha representada por Uribe Vélez, si es que quiere beneficiarse del cambio que implica el anuncio de estas negociaciones, le quedan dos opciones: mantenerse en oposición a unos diálogos de paz que el país reclama a gritos desde hace años o plegarse al proceso de paz para luego sabotearlo. Esta última opción la tomaron miembros de la cúpula militar, terratenientes, narcotráficantes y algunos de los más importantes empresarios del país cuando, a mediados de los años 80, construyeron un moderno aparato paramilitar para perpetrar el genocidio político de más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica (UP) y evitar así cualquier posibilidad de participación política de gentes con otra propuesta de país o de los mismos insurgentes. La reorganización de los múltiples grupos paramilitares, la aparición del grupo anti restitución y la campaña de propaganda negra contra quienes, desde las organizaciones sociales, promueven una solución política al conflicto armado no parecen buenos augurios en la situación actual.
Con esperanza en el diálogo con todos
De otra parte, los acercamientos entre gobierno y FARC se hacen públicos en una época en que diversas organizaciones sociales han hecho más sentido el llamado a abrir los diálogos de paz y vienen rechazando que el presidente de la República tenga el monopolio para convocar a negociaciones, como se plantea en el Marco Jurídico para la Paz, cuando los verdaderos efectos de la guerra los sienten los pobladores de las regiones en las que la contienda se vive con mayor intensidad, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los afrocolombianos y, en general, todos los pobres del campo.
La exigencia de los campesinos y los pueblos originarios del norte del Cauca para que los actores armados salgan de sus territorios ancestrales, recientemente puesto en evidencia con la expulsión de militares y guerrilleros de los resguardos en Toribío por parte de la guardia indígena, y su propuesta de realizar diálogos regionales de paz con todos los grupos vinculados en la confrontación armada marcan un camino para el país.
Así lo vienen reconociendo e impulsando las principales plataformas de articulación de los movimientos sociales, especialmente el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, que además plantean un factor clave para un proceso de paz efectivo: en la mesa de negociación deben participar las organizaciones sociales y los sectores populares, planteando cambios de fondo en la estructura económica y social de Colombia que permitan enfrentar la desigualdad imperante y resolver, por ejemplo, la profunda descomposición social que ha traído consigo el narcotráfico y que podría, a mediano plazo, generar un fenómeno criminal y mafioso mucho peor que el existente en Centroamérica.
Si bien es cierto que unos encuentros entre gobierno y guerrilla por fuera del territorio nacional y con una elevada discreción son indispensables, éstos no conducirán a nada sin que se realicen estos diálogos regionales y sin que se garanticen espacios para la participación de toda la sociedad, sin exclusiones y en igualdad de condiciones, en la definición de un nuevo proyecto de Estado y nación.
Si la llamada ‘sociedad civil’ no puede proponer nada sobre asuntos como el modelo económico, empleo, tierras, derechos humanos, víctimas, presos políticos y sociales, etc., y se permite que sean sólo los voceros de las partes contendientes las que definan un giro de estas proporciones para el rumbo del país o si las conclusiones de este proceso apuntalan aún más el caduco modelo económico de las clases dominantes, ¿qué garantizará que la paz en Colombia no siga siendo una quimera?

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