"Las clases dominantes de Colombia y sus representantes políticos se han caracterizado históricamente por una increíble muestra de criminalidad y cinismo. Criminalidad extrema que nos ha hecho perder la cuenta de todas las infamias que han cometido y siguen cometiendo; cinismo sin par, porque no solamente exhiben sin pudor alguno sus crímenes como si fueran hechos perfectamente normales, sino que, además, le dan tal vuelta de tuerca a la realidad que resultan formulando los postulados más inverosímiles que uno pueda imaginar, los cuales únicamente se pueden explicar por la impunidad que los cubre y los protege".
Una muestra reciente de ese cinismo lo encontramos en la declaración formulada por Juan Manuel Santos a propósito de la ratificación, por parte del Tribunal Superior de Bogotá, de la condena a treinta años de prisión al ex coronel Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de dos personas durante la retoma del Palacio de Justicia, acontecida el nefasto 7 de noviembre de 1985 y por la orden dada al Ejército de pedirle perdón público a las víctimas y sus familiares por esos hechos.
A raíz de esta sentencia, el inquilino de la Casa de Nariño, como en los mejores tiempos del ordinario verdulero que lo antecedió, salió lanza en ristre a condenar la decisión del tribunal y llegó a afirmar que en este caso “yo más bien le pido perdón al Presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”. Así mismo agregó que “más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire”.
Una afirmación de este calibre, aparte del cinismo que conlleva, supone un atrevimiento de marca mayor, cual es pedirles perdón a personajes de dudosa credibilidad, comprometidos en delitos de lesa humanidad, a nombre de todos los colombianos. Con esto se reafirma el proyecto de las clases dominantes colombianas, del Estado, de las Fuerzas Armadas y de un importante sector de violentólogos y de memoriólogos enquistados en la oficiosa y recién creada Comisión de la Memoria Histórica, que están en proceso de revisar la historia contemporánea del país.
La declaración de Juan Manuel Santos no es aislada, sino que forma parte de un proceso sistemático y planeado desde el Estado, con la participación directa de sus intelectuales orgánicos de la derecha –muchos de los cuales siguen posando de ser “progresistas”- de borrar de la memoria los crímenes del Estado y de sus cuerpos represivos. Ello se ha visto recientemente en los casos de Mapiripan y Las Pavas, y con la promulgación de una publicitada Ley de Víctimas, en la cual el Estado aparece no como el principal responsable de la violencia, sino como una pobre víctima.
En este contexto, se explica la gritería de Santos, pretendiendo anular por la vía mediática una decisión judicial que condena a uno de los responsables directos del Palacio de Justicia y llama a que otro, el expresidente Belisario Betancur, sea juzgado por una corte internacional, en vista de la inoperancia de la “Comisión de Absoluciones” del Congreso colombiano. Al hacerlo no sólo absuelve, como si fuera un juez, a los criminales, ligados al Estado, sino que escupe sobre los cadáveres de las personas asesinadas y desaparecidas y ofende su dignidad.
A nombre de todos nosotros, los que hemos nacido en este país o tienen la nacionalidad colombiana por adopción, les pide perdón a unos criminales. Con esta lógica, y es lo que está en curso de suceder, el orden de la realidad se va invirtiendo de una manera perversa. En lo sucesivo, y sólo para dar unos cuantos ejemplos, las gacelas le tendrán que pedir perdón a los leones porque éstos se las devoran; las gallinas le deben pedir perdón a los zorros que se las engullen; las palomas le deben solicitar perdón a los gavilanes cuando éstos las atacan y las matan.
Este cambio en el orden de cosas, algo así como el mundo al revés, tiene profundas implicaciones para entender y explicar la historia de Colombia. Con la “brillante” solicitud de Santos, a nombre de todos nosotros, sobre la que su pomposa Comisión de la Memoria histórica no ha dicho ni pío, podemos entonces hacer fila para empezar a pedir perdón: Que Belisario Betancur nos perdone por los obreros de Santa Bárbara (Antioquia) que asesinó cuando fue Ministro de trabajo, en febrero de 1963; que el general Carlos Cortés Vargas, nos perdone por las centenas de obreros que mató durante la masacre de las bananeras, en diciembre de 1928; que el Ejército colombiano nos perdone por los estudiantes que masacró en las calles bogotanas en junio de 1954; que los padres de los estudiantes mexicanos asesinados en Ecuador en 2008 le pidan perdón al Estado colombiano por los hijos que les mató, cuando incursionó ilegalmente en ese país vecino; que Alfonso López Michelsen nos perdone por los jóvenes que murieron por obra de los cuerpos represivos del Estado durante el paro cívico de septiembre de 1977; y para no ir tan lejos, que Juan Manuel Santos nos perdone por los falsos positivos, miles de jóvenes asesinados, cuando se desempeñó como Ministro de Defensa durante el gobierno ilegal del arriero paisa. Así podríamos seguir con una lista casi infinita, que nos llevaría a llenar libros enteros y a revisar dos siglos de la historia nacional.
Es un abuso que a nombre de los colombianos se proteja y se excuse a los crímenes y a los criminales, amparándose en el alto cargo que desempeña un individuo de la rancia aristocracia bogotana. Al respecto, tenemos que decir con toda convicción, que la impunidad y el crimen no pueden ser avalados y bendecidos a nombre de todos los colombianos. Por eso, tenemos que afirmar con determinación: NO EN NUESTRO NOMBRE.
A raíz de esta sentencia, el inquilino de la Casa de Nariño, como en los mejores tiempos del ordinario verdulero que lo antecedió, salió lanza en ristre a condenar la decisión del tribunal y llegó a afirmar que en este caso “yo más bien le pido perdón al Presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”. Así mismo agregó que “más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire”.
Una afirmación de este calibre, aparte del cinismo que conlleva, supone un atrevimiento de marca mayor, cual es pedirles perdón a personajes de dudosa credibilidad, comprometidos en delitos de lesa humanidad, a nombre de todos los colombianos. Con esto se reafirma el proyecto de las clases dominantes colombianas, del Estado, de las Fuerzas Armadas y de un importante sector de violentólogos y de memoriólogos enquistados en la oficiosa y recién creada Comisión de la Memoria Histórica, que están en proceso de revisar la historia contemporánea del país.
La declaración de Juan Manuel Santos no es aislada, sino que forma parte de un proceso sistemático y planeado desde el Estado, con la participación directa de sus intelectuales orgánicos de la derecha –muchos de los cuales siguen posando de ser “progresistas”- de borrar de la memoria los crímenes del Estado y de sus cuerpos represivos. Ello se ha visto recientemente en los casos de Mapiripan y Las Pavas, y con la promulgación de una publicitada Ley de Víctimas, en la cual el Estado aparece no como el principal responsable de la violencia, sino como una pobre víctima.
En este contexto, se explica la gritería de Santos, pretendiendo anular por la vía mediática una decisión judicial que condena a uno de los responsables directos del Palacio de Justicia y llama a que otro, el expresidente Belisario Betancur, sea juzgado por una corte internacional, en vista de la inoperancia de la “Comisión de Absoluciones” del Congreso colombiano. Al hacerlo no sólo absuelve, como si fuera un juez, a los criminales, ligados al Estado, sino que escupe sobre los cadáveres de las personas asesinadas y desaparecidas y ofende su dignidad.
A nombre de todos nosotros, los que hemos nacido en este país o tienen la nacionalidad colombiana por adopción, les pide perdón a unos criminales. Con esta lógica, y es lo que está en curso de suceder, el orden de la realidad se va invirtiendo de una manera perversa. En lo sucesivo, y sólo para dar unos cuantos ejemplos, las gacelas le tendrán que pedir perdón a los leones porque éstos se las devoran; las gallinas le deben pedir perdón a los zorros que se las engullen; las palomas le deben solicitar perdón a los gavilanes cuando éstos las atacan y las matan.
Este cambio en el orden de cosas, algo así como el mundo al revés, tiene profundas implicaciones para entender y explicar la historia de Colombia. Con la “brillante” solicitud de Santos, a nombre de todos nosotros, sobre la que su pomposa Comisión de la Memoria histórica no ha dicho ni pío, podemos entonces hacer fila para empezar a pedir perdón: Que Belisario Betancur nos perdone por los obreros de Santa Bárbara (Antioquia) que asesinó cuando fue Ministro de trabajo, en febrero de 1963; que el general Carlos Cortés Vargas, nos perdone por las centenas de obreros que mató durante la masacre de las bananeras, en diciembre de 1928; que el Ejército colombiano nos perdone por los estudiantes que masacró en las calles bogotanas en junio de 1954; que los padres de los estudiantes mexicanos asesinados en Ecuador en 2008 le pidan perdón al Estado colombiano por los hijos que les mató, cuando incursionó ilegalmente en ese país vecino; que Alfonso López Michelsen nos perdone por los jóvenes que murieron por obra de los cuerpos represivos del Estado durante el paro cívico de septiembre de 1977; y para no ir tan lejos, que Juan Manuel Santos nos perdone por los falsos positivos, miles de jóvenes asesinados, cuando se desempeñó como Ministro de Defensa durante el gobierno ilegal del arriero paisa. Así podríamos seguir con una lista casi infinita, que nos llevaría a llenar libros enteros y a revisar dos siglos de la historia nacional.
Es un abuso que a nombre de los colombianos se proteja y se excuse a los crímenes y a los criminales, amparándose en el alto cargo que desempeña un individuo de la rancia aristocracia bogotana. Al respecto, tenemos que decir con toda convicción, que la impunidad y el crimen no pueden ser avalados y bendecidos a nombre de todos los colombianos. Por eso, tenemos que afirmar con determinación: NO EN NUESTRO NOMBRE.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada