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Por: Omar Vera – diciembre 14 de 2011
Una delegación de 83 desplazados de la
finca Las Pavas, junto a otros campesinos y mineros del sur de Bolívar,
el Movimiento Nacional de víctimas de Crímenes de Estado y defensores de
derechos humanos, hizo presencia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el
pasado 14 de diciembre, para exigir al gobierno que respete la verdad
sobre el desplazamiento forzado que vivió esta comunidad en 2003, cuando
los paramilitares reunieron a los pobladores para decirles que debían
irse si no querían ser asesinados.
La protesta se dio mientras representantes de las cuatro principales plataformas de defensa de los derechos humanos en Colombia y Misael Payares, uno de los voceros de los campesinos de Las Pavas, se reunían con el gobierno para exigir claridades ante las declaraciones del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien señaló, el pasado 1 de diciembre, que dentro de estos campesinos se encontraban unas falsas víctimas que habían usado argumentos “fraudulentos” y que estaban “fabricando víctimas de desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones del Estado”.
La protesta se dio mientras representantes de las cuatro principales plataformas de defensa de los derechos humanos en Colombia y Misael Payares, uno de los voceros de los campesinos de Las Pavas, se reunían con el gobierno para exigir claridades ante las declaraciones del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien señaló, el pasado 1 de diciembre, que dentro de estos campesinos se encontraban unas falsas víctimas que habían usado argumentos “fraudulentos” y que estaban “fabricando víctimas de desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones del Estado”.
Las acusaciones ocurrieron después de
que el polémico grupo Daabon denunciara penalmente a los campesinos por
el delito de despojo de tierras, luego de su retorno a Las Pavas en el
pasado mes de abril, y la fiscal Myriam Martínez, de Cartagena, emitiera
un informe en el que señalara que en la zona no hubo presencia
paramilitar ni desplazamientos forzados por esta causa, y que varios de
los líderes de la comunidad de las Pavas tendrían vínculos con la
guerrilla. Sin embargo, las declaraciones de varios jefes paramilitares
confirman que no sólo han operado en esta región desde inicios de los
años 90 sino que instalaron una base de operaciones allí. Para las 123
familias de Las Pavas estas acusaciones sólo aumentan la persecución que
han sufrido durante los últimos años por el simple hecho de reclamar su
tierra y han exigido protección por el grave riesgo que corren sus
vidas.
Al grupo Daabon, de propiedad de la
familia Dávila Abondano de Santa Marta y beneficiario de millonarios
subsidios de Agro Ingreso Seguro, las denuncias por el caso de Las Pavas
ya le había costado uno de sus principales negocios en 2009, cuando la
oficina principal de The Body Shop, multinacional productora de
cosméticos, le cancelara los contratos como proveedor del aceite de
palma usado en sus productos, pues según diferenes campañas
internacionales esta sustancia provenía de cultivos ubicados en terrenos
usurpados por acción de los paramilitares o reclamados por campesinos
desplazados en el norte de Colombia, como es el caso de Las Pavas, que
Daabon había comprado en 2007.
Este caso hizo que la Corte Constitucional ordenara al Incoder adelantar un proceso de extinción de dominio
que, debido a problemas en el trámite por parte de funcionarios de esa
entidad, aún no ha sido llevado a cabo. Actualmente, Las Pavas son
explotadas por la empresa Aportes San Isidro, coopropietaria de Daabon,
que ha extendido los cultivos de palma aceitera sobre algunas de las
tierras que los desplazados reclaman como propias y ha pedido la
intervención de las autoridades para expulsar a los campesinos
retornados.
Para Eliud Alvear Cumplido, un labriego
que además es educador y uno de los líderes de Las Pavas acusados por la
fiscal Martínez, los señalamientos del grupo Daabon, la Fiscalía de
Cartagena y el ministro Vargas Lleras ponen en gran riesgo a la
comunidad de campesinos desplazados y “son como si nos pusieran una
lápida en el pecho”, pues “en los alrededores todavía hay algunos grupos
al margen de la Ley”. Agrega que el informe de esa Fiscalía “hace
referencia a un caso de 2009, que es diferente a lo que nosotros estamos
reclamando” y que, por ello, los campesinos no se explican las
acusaciones que contra ellos formuló el ministro del Interior. Por su
parte, la fiscal general de la nación, Viviane Morales, visitó Las Pavas
el pasado 8 de diciembre, donde escuchó a la comunidad y pudo comprobar
la situación en la que se encuentran. Sin embargo, aclaró que la
Fiscalía General de la Nación se encargaría sólo de investigar si en el
caso de 2009 la fiscal de Cartagena había realizado una investigación
adecuada y que no se encargaría de los anteriores desplazamientos, donde
la justicia ya ha fallado a favor de los desplazados.
A este respecto, Etni Torres, criador de
ganado a pequeña escala desde hace veintiún años y otro de los líderes
de Las Pavas señalados por el informe de la fiscal Martínez, señala que
lo que buscan es. precisamente, que se investiguen estos hechos “para
que se llegue a la verdad y para que la opinión pública, tanto nacional
como internacional, se dé cuenta de que los campesinos de Las Pavas son
campesinos reales y que son víctimas de la violencia en Colombia”. Por
eso, inisite, “estamos aquí, mostrando la cara para que el país se dé
cuenta de que no nos estamos escondiendo: no tenemos miedo ni tenemos
por qué tenerlo y estamos pidiendo que el gobierno rectifique las
palabras que han dicho en contra de nosostros”.
Entre los datos que fueron revelados a la luz pública por los citados documentos está que el Gobierno colombiano acordó con los paramilitares dejarlos ”defenderse” en zonas que aún no controlaban del todo. 
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