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sábado, 26 de febrero de 2011

Colombia; El Polo democratico denunciará al ex presidente Uribe por paramilitarismo


Por Agencias
Así lo anunció la presidente del Polo Democrático Alternativo, PDA , Clara López Obregón, que denunciara a Álvaro Uribe Vélez
Por intermedio de un comunicado de prensa, el Polo Democrático Alternativo cuestionó los "estrechos nexos de colaboración política, económica y electoral" entre el ex presidente Álvaro Uribe y su primo Mario Uribe, condenado a 7 años y medio de cárcel por nexos con grupos paramilitares.

López Obregón, dijo que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió apoyo político para Uribe en el 2002, y que el ex mandatario acogió financiación de alias Enilse López, 'la gata', la cual aportó al menos 100 millones de pesos, a una de las campañas de Uribe Vélez.  “La Gata” está condenada a nueve años de cárcel por formación y financiación de grupos paramilitares.

El Polo advierte que Uribe debe ser juzgado por la justicia ordinaria, ya que los delitos de los cuales es señalado fueron cometidos cuando aún no era presidente. El único partido de oposición suma a lo anterior el hecho de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a siete funcionarios de su gobierno implicados en la estrategia de corrupción conocida como “Agro Ingreso Seguro" (Agro Robo Seguro).
 
 Imagen de muestra

viernes, 25 de febrero de 2011

Juan Pablo II: El santo de los pedófilos y los pederastas

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Escrito por Renan Vega Cantor
El primero de mayo próximo le será concedida la beatificación a Karol Józef Wojtyla, alias Juan Pablo II; este es el paso previo hacia la santificación que le otorgará la iglesia católica. Este proceso de beatificación ha sido verdaderamente relámpago, si se recuerda que antes se necesitaban décadas e incluso siglos para que un miembro del culto católico fuera declarado Santo o, más difícil todavía, Santa, por aquello del machismo congénito de esta religión.
Resulta sintomático de la farsa espiritual de esta beatificación el “milagro” que se le atribuye a Carol Wojtyla: en el 2005, poco antes de morir, se dice que de manera inmediata e inexplicable curó de mal de Parkinson a la monja francesa Marie Simon-Pierre, luego que ésta le pidiera un remedio para su enfermedad. Es paradójico o cómico que este papa curaba el parkinson a otra persona, pero no fue capaz de curarse el parkinson a sí mismo. Tal paradoja sólo puede explicar los insondables misterios de los padres de la iglesia católica.
Aparte de esa singular contradicción, la beatificación tiene objetivos no tan santos para el Vaticano y la Iglesia Católica, en la actualidad inmersa en un interminable rosario de escándalos por pederastia y violencia contra los niños por parte de curas, obispos y cardenales católicos en los cinco continentes. Al respecto se pueden mencionar varios hechos. En Irlanda, miles de niños pobres, que eran enviados a las escuelas y reformatorios porque sus padres no los podían atender ni educar, fueron objeto de abusos sexuales y torturas física y sicológicas en las instituciones escolares regentadas por sacerdotes católicos, abusos en los que, según una comisión que investigó estos crímenes, están involucrados unos 800 sacerdotes. En los Estados Unidos, en el 2010 se dio a conocer una lista de 117 sacerdotes católicos responsables de violación a niños y niñas en varios lugares del país, principalmente en la Arquidiócesis de Boston.
En Brasil circula un “manual del cura pedófilo”, escrito por el sacerdote Tarcísio Sprícigo, en el que se dan instrucciones de cómo proceder por parte de los “violadores del señor”: seleccionar niños de la calle, pobres y desamparados, como forma de favorecer la impunidad. El autor de tal best seller católico, que de seguro compite con la Biblia como el libro más leído por los curas pedófilos, señaló que escribió su magna obra inspirado por una especie de revelación divina, convencido que “Dios perdona los pecados, pero la sociedad nunca”. El autor de esta macabra guía de la violación de niños es un teólogo muy reputado en Sao Paulo; lleva un diario con sus fechorías sexuales, en donde alguna vez escribió: “Me preparo para salir de caza con la certeza de que tengo a mi alcance a todos los garotos (chicos) que me plazca”.
Las altas jerarquías de la Iglesia Católica, desde el Papa, máxima autoridad de la misma, siempre se han hecho los de la vista gorda frente a la pederastia de muchos de sus sacerdotes, aun más, la encubren de múltiples maneras, como lo ha hecho el cardenal colombiano Darío Castrillon. Juan Pablo II fue, entre los últimos papas, el más encubridor de todos, porque nunca realizó nada para propiciar que fueran juzgados los criminales. Los amparó y protegió, procediendo a trasladarlos de parroquia, sin hacer caso de las denuncias que continuamente se hacían sobre la pedofilia de los siervos de Dios.
Incluso, Juan Pablo II llegó a felicitar a uno de los pedófilos más connotados de las jerarquías católicas, al mexicano Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. En un discurso público dirigido a los legionarios de Cristo, con el fin de conmemorar el 60 aniversario de ordenación de Marcial Maciel, el 30 de noviembre de 2004 Juan Pablo II afirmó: “Mi afectuoso saludo se dirige ante todo al querido padre Maciel, al que de buen grado acompaño con mis más cordiales deseos de un ministerio sacerdotal colmado de los dones del Espíritu Santo (…) Con estos sentimientos y deseos, imparto de corazón al querido padre Maciel y a todos vosotros, aquí presentes, una especial bendición apostólica”.
Esta apología a un comprobado cura pedófilo fue hecha personalmente por Juan Pablo II cuando ya sabía ante quién estaba hablando, porque en 1997 ocho ex miembros de la Legión de Cristo, en una carta abierta dirigida al Vaticano acusaron a Maciel por haber abusado sexualmente de ellos: “Quienes ahora Os escribimos somos varios hombres cristianos, doblemente víctimas en dos claras épocas de nuestra vida: primero durante nuestra adolescencia y juventud y, luego, en nuestra madurez, por parte de un sacerdote y religioso muy allegado a Vos, que repetidamente abusó, antaño, sexualmente y de otras maneras de nosotros, indefensos, lejos de nuestros padres o tutores, en países diversos y lejanos del nuestro”. Lo que hizo el papa ante estas denuncias fue proteger con todo el poder del Vaticano al acusado, lo cual implica encubrimiento y complicidad en los delitos de violación y abuso de menores.
Juan Pablo II es el nuevo beato de la Iglesia Católica, arrogante y autoritario. El mismo que durante su largo papado de 26 años se alió con los sectores más retardatarios del mundo para destruir proyectos revolucionarios y anticapitalistas. El mismo que persiguió a los teólogos de la liberación y respaldó dictaduras criminales, como la de Raoul Cédras en Haití en la década de 1990. El mismo que canalizó dineros de la CIA de los Estados Unidos hacia los disidentes anticomunistas de Polonia. El mismo que con sus condenas al cristianismo de los pobres auspició ideológicamente el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador y el asesinato de seis jesuitas en ese pequeño país en 1989. El mismo que se alió con sectores de la mafia a través del Banco Ambrosiano, con el objetivo de financiar actividades anticomunistas en Polonia y América Central. El mismo que desató una campaña retardataria contra el aborto y la anticoncepción y que llevó al Opus Dei hasta las entrañas del mismo Vaticano.
Ese es el mismo que ahora proclaman como beato y pronto como santo. Por su historial, pronto se va a convertir, después del próximo primero de mayo –un día que no ha sido escogido por puro accidente, como la fecha de beatificación de Carol Wojtyla, sino que ha sido escogido para eclipsar la fiesta laica y universal de los trabajadores- en el beato y santo de los pederastas, pedófilos, abusadores y violadores (lo cual no es de extrañar, pues la iglesia tiene santos para todo), que en lo sucesivo le pedirán amparo y protección para encubrir sus fechorías y crímenes contra los niños pobres del mundo. Tendrán para él su propia oración, que reza textualmente: “Oh Señor que nos diste la oportunidad de disfrutar de la carne fresca de los niños, te rogamos que por vuestro conducto nos permitas continuar con el goce infinito que proporciona el vicio y el placer de violar niños y niñas inocentes -la gracia de comer del verdadero árbol de la vida-, que todo se hará para serviros, pues nunca nos alcanzamos a saciar con el cuerpo y la palabra de Dios, y que siempre seamos protegidos por la potestad del Vaticano. Que así sea. Amén”.

martes, 22 de febrero de 2011

COLOMBIA; PROSPERIDAD DEMOCRATICA ¿ PARA QUIEN?





Para animar la la reflexión y discusión nacional sobre el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Juan Manual Santos para los próximos 4 años, compartimos con ustedes los siguientes documentos: "La agricultura" en el Plan de Desarrollo de Santos del equipo de curul

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO REFORMA LA LEY 160 DE 1994  
 El gobierno de Juan Manuel Santos, comenzó presentándole al país la iniciativa de restituir a las víctimas con las tierras que les fueron arrebatadas producto del conflicto.
 Muchos sectores recibieron con buenos ojos el proyecto, pero han dejado de lado lo que para nosotros resulta ser la intención de fondo: formalizar la propiedad de la tierra en Colombia, a exigencia del Banco Mundial. Es decir, tras la presentación de la primera iniciativa de restitución de tierras, y tal como lo señalamos en los debates adelantados el 18 de agosto y 30 de noviembre de 2010, se escondía la verdadera intencionalidad, la cual es implementar una reforma patrimonial que legitimará la concentración de tierras en manos de grandes empresarios, cerrando cualquier posibilidad de que en el país se lleve a cabo una reforma agraria democrática. En la propuesta 69 del Plan electoral  “Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática 110 Iniciativas para Lograrla”, dice lo siguiente:
 NO MÁS LIMITACIONES DE ESCRITORIO A LOS AGRICULTORES: Permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF), respetando las características económicas de los mismos y de la tierra.
 ¿A los campesinos? Por supuesto, en período electoral hacer promesas y esconder los verdaderos propósitos son la constante de ciertas candidaturas, que cuando se instalan en Palacio de Nariño agencian exclusivamente sus reales intereses. La UAF como límite a la concentración de la propiedad rural, junto a su informalidad (que funge como obstáculo a su “movilidad”), han sido los principales dolores de cabeza o “cuellos de botella” (como lo define el gobierno) de grandes empresarios, nacionales y extranjeros, para hacerse a grandes extensiones de tierra para el cultivo de alimentos y commodities agropecuarios, producción cuyo destino serán los mercados internacionales. Al campesino en esta visión del campo que el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, ha denominado Gran Agricultura del Siglo XXI, se le denota como trabajador rural o como “asociado”, mediante la anexión de su propiedad o del uso del suelo a la actividad económica del gran empresario, de allí el interés del gobierno y empresarios de promover las conocidas alianzas productivas.
 ¿Cómo eliminar los cuellos de botella a la Agricultura del Siglo XXI?
 La UAF ha estado en los últimos años en el ojo del huracán, se han presentado propuestas para su desmonte, así como para reformar la Ley 160 de 1994. Hacerlo a través de la Ley de Desarrollo Rural puede traer un costo político importante y “dilaciones” incómodas, así que la propuesta hoy es hacerlo por la vía del Plan Nacional de Desarrollo. Esto lo anunció el propio Ministro de Agricultura en entrevista radial, señalando que:

“(…) Por el contrario si lee también el Plan Nacional de Desarrollo, que fue radicado el pasado viernes en el congreso por el gobierno Santos, verá que allí estamos dando un paso gigantesco para desarrollar el empresariado agrícola de gran aliento y de gran porte con vocación empresarial, removiendo las restricciones de la UAF que han impedido el desarrollo agropecuario en gran escala en la Orinoquía y en los llanos orientales, cosa que no se hizo durante la anterior administración.”[1]
 ¿Consulta previa?... Claro, pero sólo a los grandes empresarios agrícolas nacionales y extranjeros
 El proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo al incluir una modificación de la esencia misma de la UAF definida en la ley 160 de 1994, sólo considera las necesidades y requerimientos de los grandes empresarios, entre ellos los extranjeros. La denuncia realizada, sobre el fraccionamiento en la compra de grandes globos de tierras y el posterior favorecimiento (adicional) de recursos de Agro Ingreso Seguro a empresas extranjeras como el grupo brasilero-boliviano Mónica Semillas, ahora con el nuevo esquema de la UAF ampliada hallan total legitimidad, y con ello el fenómeno de extranjerización de la propiedad de la tierra, además de recibir consagración jurídica, en adelante será la forma de despojo legal por excelencia, de las tierras que son y serán objeto de restitución. Fenómeno que se sumará a la cesión de propiedad (o uso, mediante extensos contratos de leasing también autorizados en el Plan de Desarrollo) de los baldíos, no a campesinos sino a grandes empresarios, que complacidos, recibirán un factor de producción que escasea a escala orbital y que moviliza colosales recursos transnacionales: la tierra.
Tal como lo ha dicho el Ministro en la citada entrevista: “(…) Y los empresarios, repito, con los cuales yo me he reunido en muchas ocasiones, varias de ellas en la región de Villavicencio y de la Altillanura, que están muy complacidos con la política agraria de Colombia, y están aplaudiendo que este gobierno haya tenido el coraje como lo tenemos en el Plan de Desarrollo de haber presentado las leyes que flexibilizan la figura de la UAF, que ha sido un disuasivo del desarrollo empresarial de la agricultura. Colombia es un país muy grande. Colombia es un país que tiene muchas tierras, y aquí tienen que caber, tienen que caber, la agricultura empresarial, de empresarios honestos, grandes, de exportación, de valor agregado, con la pequeña agricultura campesina, y ambas van a ser defendidas por el actual gobierno, y tanto más si en la segunda hay que incorporarle el elemento de justicia que implica la devolución de tierras a los injustamente despojados.”
 ¿Hacia dónde va el sector rural y el campo colombiano?
 En un evento académico y de socialización de la política agropecuaria del gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Reyes, principal asesor del Ministerio de Agricultura en estos temas de tierras, mencionó que según estudios rigurosos elaborados por el propio gobierno, 4/5 partes de las personas que van a ser objeto de restitución, no van a regresar a sus tierras, pero se les garantizará el patrimonio de las mismas. Así mismo, el director del INCODER, Juan Manuel Ospina, ha dicho que los campesinos se tienen que convertir en empresarios y asociarse con los grandes agricultores[2], porque de no hacerlo será el mismo mercado el que los va a sancionar sacándolos de actividades no competitivas. Curiosa afirmación del director de una entidad que ha estado en la mira de la opinión pública y los organismos de control por adjudicaciones de baldíos (tierras de la nación) que revocó a los campesinos, para entregárselas con posterioridad a paramilitares. Curioso igualmente que ese ignominioso despojo se esgrima hoy como una especie de analogía convertida ahora en política de Estado, ya no al servicio de paramilitares sino en beneficio de grandes empresarios (por supuesto, incluidas las grandes multinacionales agropecuarias), como queda estipulado en el artículo 45 del Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo.
 Con las distintas determinaciones y políticas contempladas en los artículos 45, 46 y 47 del Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo radicado por el gobierno de Juan Manuel Santos, y el ideal de desarrollo pretendido por éste gobierno para el campo colombiano, todo parece apuntar a una dinámica rural y de la agricultura para los próximos años influida por los siguientes factores:
 1.       La restitución de tierras (una política por la cual Juan Manuel Santos ha sido considerado todo un revolucionario) bajo las condiciones que impone este gobierno, parece más que el pago de una deuda histórica, una forma para despojar a posteriori legalmente a los restituidos, y con ello profundizar la concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes empresarios (nacionales y extranjeros), pues son los únicos que tendrán la posibilidad de ser eficientes en el sector rural.
 2.       La visión de la Agricultura del Siglo XXI, consistente en una política del Banco Mundial, según la cual es fundamental la “flexibilización” del mercado de tierras, de modo que pueda utilizarse en actividades más productivas y por usuarios más eficientes[3]; convertirá progresivamente a la agricultura de gran plantación en la única forma de producción en el campo, y quedarán en el pasado formas de desarrollo rural hasta ahora “convencionales” (subsistencia familiar, agricultura campesina, etc.). 
 3.       Con esta reforma incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, el campo ya no tiene por núcleo distributivo y enfoque socioeconómico a la familia sino a la empresa; la supervivencia no dependerá o se medirá en ingresos (medido en salarios) sino que dependerá de la escala de producción; el interés no es la demanda interna y la producción nacional sino abastecer mercados externos de alimentos y commodities agroindustriales, el sujeto de identificación social no será el campesino sino el empresario o “el socio” (del gran inversionista); en otras palabras, como lo pretendía el ex presidente Álvaro Uribe, hoy se impone Una Revolución Total, una “revolución” del sector rural que es netamente funcional al aumento progresivo de la riqueza y la rentabilidad de los grandes inversionistas agropecuarios nacionales y extranjeros.
                                                                                                          Febrero 18 de 2011
 EQUIPO DE CURUL



[1] Entrevista realizada por la W Radio al Ministro Juan Camilo Restrepo y a José Obdulio Gaviria el lunes 7 de febrero de 2011. Mayores detalles, escuchar el archivo de audio disponible en el siguiente vínculo Web:
http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=1422276 (Revisado por última vez: 8 de febrero de 2011, 09:00 am)
[2] Intervención del Director del INCODER en el foro “Altillanura” realizado en Puerto Gaitán (Meta) el día 3 de diciembre de 2010.
[3] BANCO MUNDIAL (2007). “Colombia 2006-2010: Una Ventana de Oportunidad”. Pp. 228

ANEXO:
¿QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO?
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 Artículo 45. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo:
 “Artículo 72 A. Proyectos Especiales Agropecuarios y Forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada para la Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario y forestal que justifique la operación.
Artículo 46. Adiciónese la Ley 160 de 1994 con el siguiente artículo:
 “Artículo 72 B. Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal. Créase la Comisión de Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con el objeto de recibir, evaluar y aprobar, los proyectos especiales agropecuarios y forestales, autorizar las solicitudes de los actos o contratos de estos proyectos, cuando con éstos se consolide la propiedad de superficies que excedan de 10 UAF, y hacer el seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo aprobado y autorizado. En aquellos casos en los cuales la superficie sobre la cual se consolida la propiedad sea igual o inferior a 10 UAF la autorización no requerirá de la aprobación previa por parte de la comisión.
 La Comisión estará integrada por los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo, el Director del Departamento Nacional de Planeación Nacional y el Alto Consejero(a) para la Gestión Pública y Privada de la Presidencia de la República. El Gerente del INCODER ejercerá la Secretaría técnica. 

Al considerar los proyectos, la Comisión dará preferencia a los casos en los cuales se configuran alianzas o asociaciones entre pequeños, y/o medianos campesinos con grandes productores.
 Las solicitudes que se presenten a consideración de la Comisión, deberán incluir la descripción del proyecto que se desarrollará en el predio consolidado, con la identificación precisa de los predios para los cuales se solicita la autorización.
 La Comisión incluirá dentro de sus criterios de aprobación el porcentaje de predios aportados al proyecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
 En caso de terminación o liquidación anticipada del proyecto, los adjudicatarios y/o beneficiarios del subsidio integral de tierras que hayan aportado la propiedad al proyecto tendrán la primera opción para recuperar la propiedad del predio aportado.
 El Gobierno Nacional al reglamentar la materia tendrá en cuenta los criterios para la aprobación de los proyectos sometidos a consideración de la Comisión, incluyendo la generación de inversión y empleo y su aporte a la innovación y transferencia tecnológica. 
 ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así:
 “Artículo 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional.
Tal autorización se hará efectiva previa presentación y aprobación del proyecto a desarrollar en los terrenos baldíos y mediante contrato celebrado con el Instituto. En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones del contrato celebrado dará lugar a la reversión de la autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos.
 La autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expedirá el Gobierno Nacional.”



  Cali, Colombia
Wilson Arias Castillo
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
del Polo Democrático Alternativo
Cel: 311 635 20 65

infowilsonarias@gmail.com
Visita: http://www.wilsonarias.com/

sábado, 19 de febrero de 2011

Encuentro Regional de Solidaridad con los Sectores en Conflicto en el Valle del Cauca, en la Glorieta del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón


jSantiago de Cali, Febrero 17 de 2011.

COMUNICADO PÚBLICO






Le anunciamos a la comunidad social y sindical a nivel nacional e internacional que en la mañana de hoy, jueves 17 de Febrero de 2011, a las 7:00 am, logramos instalar la carpa del Encuentro Regional de Solidaridad con los Sectores en Conflicto en el Valle del Cauca,  en la Glorieta del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que presta sus servicios a la ciudad de Cali, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, subdirectiva Valle del Cauca, los Departamentos de Derechos Humanos, Lucha Contra Transnacionales y el Comité del Solidaridad, en el objetivo de socializar y denunciar públicamente los atropellos de las patronales nacionales e internacionales para con los trabajadores colombianos en esta región del país.
A pesar de que desde muy tempranas horas del día, se ubicó un piquete de policías del ESMAD a un lado de la Glorieta, y que otras instancias de inteligencia y seguridad del Estado y del capital privado nos han fotografiado, filmado, continuamos con nuestra tarea sin contratiempos.
A la carpa han llegado delegados de Sintracolpa, Sintraime Yumbo, Sutimac Candelaria, Sutimac Yumbo, Sutimac Nacional, Sinaltrainal Bugalagrande, Sinaltrainal Cali, Sinaltrainal Palmira, Sintradit, Sindess Palmira, Sintrametal, Sintraicollantas, Sintraincapla, Uneb, Sintraunicol Cali, Sintrareonáutica, Sintramunicipio Yumbo, Sintratitan, miembros del comité ejecutivo de la CUT regional, del equipo de derechos humanos y del comité de solidaridad. 
Hemos denunciado mediante equipo de sonido las embestidas del capitalismo salvaje para con los obreros colombianos, como el cierre intempestivo de las plantas de Sidelpa S.A. – Gerdau, Kraft Foods, los traslados de la empresas como Bavaria ó Cervecera del Valle, Industria de Licores del Valle, Sharp, Gillette, los cierres económicos de Proaves, Titán, Quintes, Icolapiz, Industria Metálica de Palmira, entre otras.
Multinacionales que vienen desmontando la planta de personal como Centelsa, Nestlé, Argos, Coca Cola – Femsa. Otras que desconocen y violentan las convenciones colectivas de trabajo como Michelin, Goodyear, EPSA S.A ESP, BSN Medical, Recking Benckinser, JGB. Y la gran mancha del siglo XXI como lo son: el proceso de esclavitud para con los corteros manuales de caña de azúcar por parte de los 13 ingenios azucareros que existen en la región del rió cauca, y su similar en la capital del cielo, con los compañeros transportadores del Masivo Integrado de Occidente – Metrocali.
Caso muy peculiar el que se presenta con la Caja de Compensación Familiar COMFANDI, que desconoce reiterativamente el derecho de asociación sindical de sus trabajadores y ha optado por echar los trabajadores sindicalizados con procesos fraudulentos montajes, chantajes, sin levantamiento de fuero, violentando la legislación laboral individual y colectiva.
Los procesos de privatización que aún se ciernen sobre empresas del Estado como EMCALI EICE ESP, UNIVALLE, ACUAVALLE, RED PÚBLICA HOSPITALARIA, entre otras, y los ya ejecutados como EMSIRVA ESP, CALISALUD entre otras.
Levantamos nuestro grito de resistencia, solidaridad y unidad con los compañeros camioneros que hoy están inmovilizando el transporte de carga en el país y defiende hasta sus últimas consecuencias su justo y merecido pliego de peticiones, con los compañeros de Arauca que lucha por la dignidad de un pueblo, con los compañeros del CRIC que están próximos a cumplir 40 años de organización y lucha contra este régimen, con los compas despedidos de Emcali que a pesar de haber ganado sus demandas la empresa se niega a reintegrarlos. A todos ellos les expresamos nuestro abrazo solidario, combativo y revolucionario. Decirles hermanos de clase que estas son las acciones que engrandecen las luchas del pueblo y abren para el bienestar del los colombianos, los caminos de unidad.
Abrazo revolucionario,

DIEGO ESCOBAR CUELLAR
Dpto. Lucha contra ETN’s
CUT – Valle del Cauca
llegado via e-mail

jueves, 17 de febrero de 2011

COMUNICADO DE TRABAJADORES KRAFT-FOOD

imagen:tvpts.tv

Compañeros
CUT VALLE,
 SINDICATOS FILIALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES

Fraternal Saludo.
Por medio de la presente queremos ponerlos al tanto de los últimos acontecimientos en el conflicto de la Multinacional Kraft Foods con sus trabajadores organizados en Sinaltrainal:
El día 31 de enero de 2011, Kraft Foods citó a los trabajadores a una reunión en las instalaciones del estadio Rivera Escobar de Palmira a las 11:00 Am, en dicho recinto procedió nuevamente a presentar como ya es costumbre un panorama nada alentador para los trabajadores sobre la situación de la planta, además de agregar en dicha exposición que la Empresa está haciendo todos los trámites pertinentes ante el Gobierno para solicitar permiso para despido colectivo por cierre definitivo, ya que las máquinas fueron declaradas como pérdida total y que para el proceso de arranque con maquinaria nueva se tiene estimado un periodo de un año y por último rafirmó su macabra propuesta de arreglos Voluntarios agregando además en forma tajante y amenazante que el plazo para acceder a dicho plan tiene como fecha límite el 31 de marzo de 2011. Con lo cual dio a entender que los trabajadores que no se acojan a dicha propuesta de todas formas serán despedidos.
Posterior a la reunión, en horas de la tarde a las casas de los trabajadores fue enviado por parte de Kraft un comunicado firmado por la Gerente de Planta Simone Knorr y el Vicepresidente de Latinoamerica Antonio Vasquez, en la que ratifican lo expresado en la reunión de la mañana, además en forma intimidatoría y amenazante manifiesta que los trabajadores tenemos plazo máximo hasta el 31 de marzo para acogernos al plan de retiros voluntarios, dando a enteder que esta es la única salida para los trabajadores al servicio de Kraft.
No esta por demás resaltar que con esta práctica de arreglos voluntarios y de comunicados a las casas de los trabajadores, Kraft ratifica su política anti-sindical, pues la intención de la carta en las casas es generar terror psicologíco en el grupo familiar de los trabajadores a su servicio.
Nos dirijimos a ustedes compañeros de clase, y a su espíritu solidario solicitando apoyo moral y económico necesario para afrontar la crisis provocada por esta Multinacional, para que la misma no continue con sus medidas de persecución, aniquilamiento de Sinaltrainal y poder continuar resistiendo está política arrasadora. El número de cuenta corriente a nombre de Sinaltrainal Palmira es 458088309 del Banco de Bogota.

Fraternalmente,
JUNTA DIRECTIVA
SINALTRAINAL SECCIONAL PALMIRA
LLEGADO via e-mail

Trabajadores de la Multinacional Kraft Foods, Permanecen Encadenados en Huelga de Hambre en la Plaza de Bolívar en Bogotá



Trabajadores de la empresa Norte Americana Kraft Foods, permanecen encadenados en huelga de hambre, en la plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, desde las 6:00 A.M. del 8 de Febrero de 2011, en protesta porque el 1 de Febrero de 2011, la Gerente Simone Knorr de Oliveira y Antonio Vázquez – Vicepresidente Latinoamérica, convocó a los trabajadores y los encerró en el Estadio Municipal de Palmira, en medio de un gran dispositivo de seguridad contratado con una empresa privada y personal de inteligencia del Estado, apoyados por paramédicos y ambulancias, informaron que el 31 de Enero de 2011, solicito al Ministerio de la Protección Social, autorización para despedir los trabajadores, por el cierre definitivo de la factoría ubicada en la Zona Franca del Pacífico en el municipio de Palmira, afectando a 400 familias.


Simultáneamente, la administración de Kraft Foods, con el fin de crear pánico y presionar a las familias para que los trabajadores renuncien a sus contratos, ha realizado una sucia campaña de acoso a las casas, haciendo llamadas, enviando cartas notificando la decisión de cierre de la factoría y despido colectivo.


Kraft Foods usó la inundación que desde el 29 de Diciembre de 2010, no existe en la Zona Franca del Pacífico, para suspender los contratos de trabajo desde el 8 de Diciembre, mientras que las otras empresas ubicadas en esa Zona, enviaron a sus trabajadores a vacaciones, les respetaron sus derechos y desde finales de Diciembre reiniciaron sus laborales.


Kraft aprovechó la parálisis de la producción en la Zona Franca del pacífico, para abastecer el mercado andino que incluye a Colombia, desde fábricas ubicadas en otros países y recibe millonarias sumas por el cobro de seguros y el lucro cesante.


La Multinacional, se ha negado a dialogar con las autoridades y Sinaltrainal como representante de los trabajadores, no ha querido participar de la mesa de trabajo conformada desde hace meses, con el propósito de establecer el tiempo y los procedimientos para el reinicio de las actividades, la multinacional dejo pasar intencionalmente el tiempo, impidió el inicio de labores de verificación, sanitización y mantenimiento, para justificar que la maquinaria no está en condiciones de funcionar y ha informado que si fuera posible iniciar operaciones con maquinaria nueva, sería aproximadamente en un año, esto indica, que efectuado el despido de los trabajadores, piensa abrir nuevamente la fabrica, con salarios más bajos, aprovechando otras ventajas que le ofrece el gobierno nacional, con leyes como la 1429 del 29 de Diciembre de 2010, llamada de formalización del trabajo, entre otras.


Kraft Foods, no tiene consideración con los damnificados por la ola invernal, dejará sin trabajo a 400 familias, afectando a proveedores, transportadores, consumidores y al país, generando más desempleo, sometiendo al hambre a miles de familias y dañando su futuro.


Contrario a todo principio ético, la multinacional Norte Americana Kraft Foods, solicita ser exonerada del pago de impuestos y el gobierno anuncia beneficios para los empresarios con los decretos de Emergencia Social y permite que Kraft Foods siga inundando a Colombia con productos que ingresa de otros países.


No permita que los Norte Americanos de Kraft Foods Pisoteen la Dignidad Nacional


CAMPAÑA EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DAMNIFICADOS POR LA MULTINACIONAL KRAFT FOODS EN COLOMBIA


Sinaltrainal Presente

martes, 8 de febrero de 2011

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DAMNIFICADOS POR LA MULTINACIONAL KRAFT FOODS EN COLOMBIA ( II )





nota: no basta solo con leer la denuncia, tambien solicitamos el envio de cartas de protesta, tanto al gobierno colombiano, como la empresa en mencion, con copia al sindiacato, los correos esta al final del texto,,,gracias, " la solidaridad es la ternura de los pueblos" ..che

Kraft Foods Anuncia Cierre Definitivo para Despedir los Trabajadores
En carta de fecha 31 de Enero de 2011, la Multinacional Norte Americana Kraft Foods, notificó que ha solicitado al Ministerio de la Protección Social, autorización para el despido colectivo de los trabajadores, por el cierre definitivo de la factoría ubicada en la Zona Franca del Pacífico en el municipio de Palmira Valle del Cauca.
Anuncia que por la parálisis de dos meses, el mercado andino que incluye a Colombia está siendo abastecido por otras fábricas y los dineros que recibe por seguros están destinados a cubrir gastos de la supuesta insolvencia por perdidas.
Kraft Foods, se ha negado a conversar con Sinaltrainal y las autoridades, no participa de la mesa de trabajo que buscó desde hace meses establecer el tiempo y los procedimientos de reinicio actividades, pero Kraft Foods, premeditadamente dejo pasar el tiempo, impidiendo el inicio de labores de verificación, sanitización y mantenimiento, para ahora justificar, que la maquinaria no está en condiciones de funcionar en ninguna Empresa de alimentos y que si fuera posible reiniciar operaciones con maquinaria nueva, sería aproximadamente en un año.
Kraft Foods aprovechó la inundación que ya no existe en la Zona Franca del Pacífico desde el 29 de Diciembre de 2010, para suspender los contratos de trabajo desde el 8 de Diciembre, por ello anuncia a los trabajadores que hasta el 31 de Marzo de 2011 mantiene el ofrecimiento para que los trabajadores renuncien a los contratos de trabajo a cambio de una indemnización y simultáneamente solicita al Ministerio el despido colectivo.
Kraft Foods, ésta contribuyendo a dejar más damnificados de los que puso la ola invernal, al anunciar que pretende cerrar la planta de Zona Franca, con lo cual quedarán sin trabajo 400 trabajadores y sus familias sin el sustento, agravando el problema social, que se expresa en aumento del desempleo y hambre, que a su vez repercutirá en mayor violencia y afectará el ingreso de los municipios y la nación; lo que no es coherente con esta situación y resulta muy contradictorio es que mientras el Gobierno anuncia beneficios para los empresarios afectados por el invierno y le permite a Kraft seguir saturando el mercado nacional con sus productos traídos de otros países, ésta solicite ser exonerada del pago de impuestos por cinco años y haga los trámites para despedir a los trabajadores. No cabe duda que su macabra intención es acabar con la organización sindical y abrir la planta nuevamente con personal temporal, mal remunerado y sin las mínimas garantías de ley, como siempre ha pretendido.
No hay duda que la ola invernal en Colombia, ha sido un gran fortín para los empresarios, a quienes el Gobierno les entregará el negocio y la dirección de la reconstrucción de las zonas afectadas, que representa 28.7 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación y que serán ejecutados como inversión en el 2011, los cuales serán invertidos para el beneficio de unos pocos y no de la inmensa mayoría del pueblo, quienes hemos sido los más afectados con los estragos que dejó el invierno y las inundaciones.
Santiago de Cali, Febrero 1º de 2011.


NO SE DETIENEN LAS AGRESIONES
HACIA LOS TRABAJADORES POR PARTE DE LA ETN KRAFT FOODS COLOMBIA S.A.S.


DENUNCIA PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL


El Departamento de Lucha Contra Empresas Transnacionales – ETN’s – de la Subdirectiva CUT – Valle del Cauca, informa, denuncia y rechaza públicamente la decisión expresada por la multinacional norteamericana Kraft Foods Colombia S.A.S. a través de su Gerente de Planta Simone Knorr de Oliveira y Antonio Vazquez – Vicepresidente Latinoamérica, quienes encerraron a los trabajadores en la tribuna occidental del Estadio Municipal de Palmira – Rivera Escobar, con un gran dispositivo de seguridad compuesto por más de 30 guardas de seguridad de la firma Atlas y personal de inteligencia del Estado, con apoyo de paramédicos y ambulancias.
En tal campus deportivo y recreativo Simone Knorr de Oliveira anuncia sínicamente que el día inmediatamente anterior - Enero 31 de 2011, radicaron ante el Ministerio de la Protección Social, la solicitud para despido colectivo por cierre definitivo de la planta ubicada en la Zona Franca del Pacífico, en el Municipio de Palmira, Km 6 de la vía Yumbo – aeropuerto. Y que la planta sólo estará hasta el 31 de Marzo del presente año, es decir, hoy una multinacional es peticionaria, juez y parte, pues eso es justamente lo que refleja Kraft Foods, ni siquiera Minprotección Social ha delegado a uno de sus funcionarios para que haga el estudio socio económico correspondiente y ya la tirana de Knorr de Oliveira decretó el presunto cierre de la empresa.
Luego y de manera inmediata hacer llegar a las casas de los trabajadores aprovechando su ausencia, una carta en la que enuncia con falsos y mayores pormenores la nefasta decisión empresarial, gestando con ello un gran colapso emocional en quienes recibieron la misiva – progenitores, conyugues, hermanos e hijos de los trabajadores - ésta figura de generación de pánico ha sido propia de la administración de la transnacional norteamericana, que al ver que sus esfuerzos por manosear y timar la férrea voluntad de sus subordinados, éstos no se han prestado para acercarse y claudicar ante el Plan de Retiro Voluntario promovido por sus directivas, tal como ella misma lo plasma en dicho documento. Ahora cambia la táctica y opta por incrementar los niveles de terror y pánico colectivo, haciendo llegar tales panfletos amenazantes e intimidatorios desde la perspectiva que los miembros del núcleo familiar incidan negativamente en la postura ética proletaria de los trabajadores.
Las noticias dan cuenta de crisis nerviosas en las personas adultas, consultas ante los médicos correspondientes por fuertes dolores de cabeza – migrañas, insomnio, llanto excesivo y depresión en los menores ante la posible pérdida del puesto de trabajo de su único y exclusivo dependiente económico.
Kraft Foods no puede hacer uso de argumentaciones triviales y vanas de carácter comercial, diplomática y/ó política entre países hermanos – Colombia y la República Bolivariana de Venezuela – las cuales se caen por su propio peso. Pues si bien es cierto, éstas naciones tuvieron fisuras o fraccionamientos fue en el anterior período presidencial colombiano, siendo más preciso entre Álvaro Uribe Vélez y Hugo Rafael Chávez Frías.
Situación que con la actual administración colombiana de Juan Manuel Santos Calderón, nos hemos podido enterarnos por los medios masivos de información que en otrora agenciaron y avivaron tales confrontaciones, que hoy hay otras perspectivas no sólo comerciales, económicas y financieras dentro del plano binacional, sino de cooperación militar y de inteligencia en la lucha contra el terrorismo que es un tópico más complejo políticamente hablando.
Por tanto no es aceptable tal premisa empresarial, como tampoco lo es la continuidad de una política de suspensión de los contratos laborales con ocasión de una “fuerza mayor o caso fortuito” que evidentemente si existió pero que jamás, fue declarada por la autoridad competente – juez de la república. Atributo natural indeterminado e impredecible que ha sido el caballito de batalla, el caballo de Troya de ésta sanguinaria multinacional norteamericana.
De manera extraña vemos con total asombro, afortunadamente para los trabajadores que justo hoy Kraft Foods reconoce abierta, consciente y públicamente, que los efectos de la ola invernal, es decir, la inundación ha cesado y ahora se está en la ejecución de labores o trabajos tendientes a la remoción de escombros y limpieza de la planta.
Evidentemente el daño se causó, pero éste fue producto no de la naturaleza aunque se le atribuye como factor determinante, sino que éste se presentó por la negligencia y desidia de las mismas directivas de la planta de Kraft Foods en la Zona Franca del Pacífico – Palmira Valle, toda vez que nunca actuó con criterios de preservar su patrimonio e intereses. Sino que por el contrario, su respuesta fue paquidérmica por no decir que nula para direccionar u orientar el salvamento de materia prima, producto terminado, maquinaria, equipos y enseres.
En igual sentido denunciamos que las instancias gubernativas a las que hemos recurrido tanto organización sindical – Sinaltrainal como CUT Subdirectiva Valle del Cauca como lo son: Alcaldía y Personería Municipal de Palmira, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Protección Social y Gobernación del Valle, no hicieron nada en lo absoluto por obligar a la gerencia de la multinacional a sentarse frente a las directivas sindicales como representantes legítimos del grueso de los trabajadores y exponer tanto la problemática, como la toma de decisiones conjuntas para superar la supuesta crisis.
En este sentido la organización sindical envió documentos ante la Gerencia de Planta, para involucrar a los trabajadores en las tareas de remoción y limpieza de “escombros” pero la multinacional responde contratando a una tercera empresa – BSNK - para ejecutar tal labor. Que obrase con más sentido y responsabilidad social empresarial sacando a los trabajadores a vacaciones anticipadas o colectivas, pero arremetió con la ratificación de suspender los contratos laborales. Que le respetará las condiciones contractuales, laborales y salariales a sus subalternos, pero agredió con el Plan de Retiro Voluntarios.
Ahora esgrime la falsa y temeraria tesis, de que como arrendataria tiene conflictos con los propietarios de la infraestructura respecto de los “destrozos”, si estamos hablando de espacios amplios, ventilados, descubiertos – bodegas – cuál es el impacto para con una estructura de concreto y ladrillo, sólida por parte del estancamiento del agua por espacio de cuarenta – 40 – días tiempo que perduró la inundación de la planta?. O es que ellos, en el ánimo de agravar y hacer ver ante el Ministerio de la Protección Social, ejecutaron u ordenaron imprimir daños graves en las edificaciones y ahora van a responsabilizar a la madre naturaleza de ello?.
De qué insolvencia nos habla?. Si por todos es plenamente sabido que estamos ante la globalidad y movilidad no sólo de mercancías, sino de mano de obra barata y por sobre todo de capitales. Cuando en una corporación, multinacional o transnacional o el nombre que se quiera adoptar como Kraft Foods, de inmediato la casa matriz procede a inyectarle recursos para no perder el posicionamiento geográfico, político y comercial a nivel regional y mucho menos global ante las empresas similares que le generan dificultades económicas en razón de la libre competencia. Igualmente se orienta a las subsidiarias cercanas para que subsidien a la que se encuentra deficitaria, en términos de productos para mantener el nivel de ventas interno; situación que está aconteciendo actualmente con la planta Kraft Foods Palmira – Zona Franca del Pacífico.
Invitamos a todos los trabajadores sindicalizados o no, para que no cesen en su postura de luchar por el restablecimiento de sus condiciones contractuales, laborales y salariales para con la multinacional Kraft Foods, que se abstengan de acudir ante el “deshuesadero o matadero” dispuesto por la patronal en el Centro Integral de Servicios Comfandi, ni hacer uso del correo “sepulturero” dispuesto por la empresa para desarticular la unidad de los trabajadores.
Ahora que el imperio ha dispuesto de la lucha mundial contra el “terrorismo”, entonces que las cortes norteamericanas juzguen a su multinacional por el constreñimiento y acoso laboral en detrimento de sus trabajadores, por su política antisindical y por generación de pánico con su práctica terrorista en los familiares, acreedores y habitantes en general del municipio de Palmira.
El Departamento de Lucha contra Empresas Transnacionales de la CUT – Valle del Cauca, exige a las directivas de Kraft Foods Colombia S.A.S. el respeto por las leyes y la constitucionalidad colombiana, y les exhortamos para que no se sigan cometiendo ésta clase de arbitrariedades e injusticias al interior de sus factorías.
Igualmente les hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y sociales de la región así como a nivel nacional e internacional para que se pronuncien solidariamente a favor de los trabajadores y de su organización sindical, y de igual manera para recriminar y repudiar la aptitud antisindical de la patronal y sus representantes.


Portavoces de la empresa.
Gustavo H. Abelenda - gabelenda@kraftla.com,
Ronald De Ruiter - ronald.deruiter@kraftla.com,
Mario Alejandro Chavez - marioalejandro.chavez@kraftla.com,
Alberto Mascarenas - amascarenas@kraft.com
Simone de Oliveira Knorr - simone.knorr@kraftla.com,
Irene Rosenfeld – irene.rosenfeld@kraft.com,
encontacto@kraftla.com,
a éste correo les solicitamos inundarlo con comunicados de denuncia y rechazo ante la actitud antiobrera y antisindical de Kraft Foods; fue el que dispuso la multinacional para difundir el plan de retiro voluntario.


Sindicato Sinaltrainal
Javier Correa – javier@sinaltrainal.org,
Edgar Páez – areainternacional@sinaltrainal.org
Edinsón Bonilla – edboni962@hotmail.com,
Sinaltrainal Palmira – palmira@sinaltrainal.org,


Abrazo combativo y revolucionario,

DIEGO ESCOBAR CUELLAR
DPTO. DE LUCHA CONTRA ETN’s
CUT – VALLE DEL CAUCA

miércoles, 2 de febrero de 2011

Colombia:Trabajadores pobres: los más castigados por el costo de vida

llegado via e-mail
Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical

En el 2010 el costo de vida de la población pobre fue mayor que para el resto de la población. Según el DANE, en el 2010 el índice de precios al consumidor (IPC), que mide la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios finales que conforman la canasta familiar, fue de 3.17% para todo el país, pero para la población de ingresos bajos (el 80% de la población trabajadora) fue de 3.58%. Una diferencia de 0.41 puntos.
El IPC que nos entregan los medios de comunicación es el IPC promedio de la población de ingresos bajos, medios y altos, cada uno de los cuales tiene un indicador distinto: 3.58% la de ingresos bajos, 3.22% la de ingresos medios y 2.09% la de altos. Y es también el IPC promedio nacional de las 24 ciudades y de cada una de las poblaciones por ingreso que la componen. Valledupar, por ejemplo, presentó el indicador promedio más alto, con 4.2%, y Tunja el más bajo, con 1.93%. Pero la población de ingresos bajos de Bucaramanga fue la más golpeada, con un IPC del 4.69%, seguida de la de Valledupar (4.68%) y Medellín (4.44%).
En estos tres casos los trabajadores de salario mínimo no tuvieron un incremento real en su ingreso, lo que significa que el decreto del gobierno no se ajustó a la sentencia de la Corte Constitucional (C-815/99), que ordena incrementos salariales que por lo menos tengan en cuenta la inflación causada en el año anterior. Dice la sentencia: “El Gobierno está obligado a velar porque el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo contrario, vulnera el artículo 53 de la Constitución".

Como hemos visto, la variación de los precios afecta de manera distinta a cada una de las poblaciones según sus ingresos. Esto tiene que ver con la composición del gasto de los hogares, con la incidencia que cada grupo de gastos tiene en la canasta familiar de cada grupo, y con la variación de los precios que a lo largo del año presentan los bienes y servicios que componen cada grupo de gastos. Por ejemplo: en la población de ingresos bajos tiene una mayor incidencia la carestía de los alimentos que en la población de ingresos altos, pues mientras para ésta representa sólo el 18.24% de su canasta, para los pobres representa casi el 35%.

 Para un trabajador o trabajadora de salario mínimo esto supondría que de su salario debería destinar cada mes: $186.197 para alimentación ($46.549 semanal); $158.395 para vivienda; $30.145 para vestuario ($361.742 al año); $10.865 para salud; $25.032 para educación; $12.409 para diversión; $58.746 para transporte ($74.400 valen al mes dos pasajes diarios en Transmilenio durante 6 días a la semana, 4 semanas); $16.724 para gastos en comunicaciones, y $35.098 para “otros gastos”.

 Como vemos, con estas sumas un hogar no puede vivir jamás en condiciones de dignidad, pues el salario mínimo apenas cubre la mitad del valor de la canasta familiar para la población de ingresos bajos, o el 40% del valor de la línea de pobreza por hogar. Y resulta que el 78% de la población trabajadora colombiana tiene unos ingresos que son inferiores a dos salarios mínimos. Según el DANE, menos de un salario mínimo son los ingresos del 45.34% de la población que trabaja, entre uno y menos de dos salarios mínimo se ubica el 32.63% de la población, el 9.13% tiene ingresos entre 2 y menos de 4, el 4.85% tiene ingresos de 4 y más salarios mínimos, y el 8.04% no informa. Por lo que se necesitarían más de dos personas por hogar para cubrir la línea de pobreza por hogar, que según Departamento de Planeación Nacional equivale a 2.46 salarios mínimos, una condición muy difícil de cumplirse en el país por las altas tasas de desempleo (11%), de subempleo (34%) y de informalidad (58%).

 El boletín del DANE en enero 5 de 2011 da a conocer los grupos de bienes y servicios que más incidencia tuvieron en el crecimiento del IPC de 2010: “en los últimos doce meses cinco grupos se ubican por encima del promedio nacional, que fue de 3.17%: salud (4.31%), alimentos (4.09%), educación (4.01%), vivienda (3.61%), y otros gastos (3.18%)”.

 En cuanto al comportamiento de los precios de algunos subgrupos de productos, el DANE también nos ilustra: en alimentos sobresalen hortalizas y legumbres (15.32%), frutas (10.89%), alimentos varios (7.93%) y comidas fuera del hogar (4.52%). En vivienda sobresale gas y servicios públicos (6.75%). En transporte, transporte público (4.03%).

 Un dato significativo de la naturaleza de las políticas que se impulsan desde el Estado, lo representa el crecimiento de los precios de algunos bienes y servicios, como la energía eléctrica, el gas, el azúcar y el combustible para vehículos, que presentaron un crecimiento del 9.22%, 8.04%, 20.86% y 10.36% respectivamente. En estos sectores existe la presencia de compañías transnacionales, nacionales y extranjeras que presentan niveles de rentabilidad que les permitirían mantener congelados los precios de la energía y aún así mantener niveles de rentabilidad por encima del promedio nacional . En el caso del azúcar, la producción está dominada por dos grandes empresas de propiedad de Ardila Lulle y Sarmiento Angulo, a quienes además de permitirles incrementos en los precios superiores a los de la inflación proyectada por el Banco de la República, reciben cada año millones de dólares como subsidio para la producción de etanol.

 Y respecto de la variación de los precios de los bienes y servicios “regulados” (servicios públicos, transporte urbano-intermunicipal y gasolina), el reporte del DANE en su boletín de enero 5 de este año, es bastante elocuente: “En los últimos doce meses la variación del IPC de los precios de los bienes y servicios regulados fue de 6.64%. Esta tasa es superior en 4.06 puntos a la registrada en diciembre de 2009 y superior en 3.47 puntos porcentuales al IPC total (3.17%) de diciembre de 2010”. Lo que quiere decir que la tal “regulación” opera sólo a favor de ciertos grupos económicos, lo que nos acerca más al concepto de una plutocracia que al de una democracia que reivindica la constitución de 1991.

 Estos resultados deben promover una fuerte deliberación pública que permita construir consensos con relación a las políticas que el país debe promover en materia de precios y de seguridad alimentaria, de tal manera que se preserve el interés general de tener una mejor calidad de vida y la defensa del poder de compra de los ingresos y salarios. Esto se lograría, por ejemplo, a través de un control efectivo de precios en alimentos, educación, transporte, servicios públicos y salud, un asunto que las centrales obreras siempre reivindican cada vez que se discute el incremento del salario mínimo, asunto frente al cual los patronos permanecen indiferentes, y que el gobierno olvida una vez define el incremento del salario mínimo por decreto, como está ocurriendo en estos momentos, pues la mayoría de las alzas autorizadas no sólo superaron el 3.17% del IPC promedio nacional con que terminó el 2010, sino el propio 4% de crecimiento del salario mínimo.

 Así las cosas, resulta clave el diseño de una política salarial que de cuenta no sólo de la capacidad del salario mínimo para garantizar un nivel de vida digno a la población que lo devenga, sino que tenga en cuenta las diferencias regionales que se presentan en cuanto al incremento del costo de vida y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios, y la capacidad que tienen secciones económicas específicas para garantizar niveles de remuneración diferenciados, no sólo al nivel del salario mínimo, sino también para las categorías técnicas, tecnológicas y profesionales.

[1] En el 2009, la rentabilidad operacional de EPM fue del 24.8%, 20.03% la de CODENSA,  31.86% la de Energía del Pacífico, 49.11% la de EMGESA,  30.55% la de ISAGEN, 58.03% la de la Empresa de Energía de Bogotá, 55.97% la de ISA y 51.7% la de TRANSELCA . (Fuente: SUPERSERVICIOS).

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