Traductor

jueves, 13 de septiembre de 2018

#Colombia Agresión del #Esmad habría dejado tuerto a joven hincha del Deportivo Pasto.


Aunque las autoridades municipales aseguran que el accidente se produjo tras una riña entre barristas, hinchas aseguran que se trató de un exceso de fuerza pública.

Un joven de 16 años se encuentra hospitalizado luego de que una presunta agresión del Esmad le hiciera perder uno de sus ojos el pasado domingo 9 de septiembre, antes del partido entre el Deportivo Pasto y Atlético Nacional.

Los hechos ocurrieron en la capital nariñense. Según la denuncia de uno de los hinchas del equipo local difundida por Tu Barco, tres aficionados al equipo antioqueño transitaban por una zona en la que tradicionalmente se ubican las barras del Deportivo Pasto.

En ese lugar se desató una riña en la que intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad, y uno de los agentes disparó un perdigón de goma con el fin de disipar el enfrentamiento.

Testigos afirman que el perdigón le cayó en un ojo al hincha de 16 años, quien de inmediato se tumbó al suelo con la cara llena de sangre.

Este impacto le provocó la pérdida de uno de sus ojos. Por el momento, el joven permanece internado en la clínica con cuidados especiales porque la gravedad de la lesión podría causarle la pérdida del otro ojo.

Aunque la Policía de Pasto no ha salido a dar su versión sobre el hecho, la Alcaldía del municipio argumentó que el accidente había sido consecuencia de una riña entre aficionados y no de un abuso de fuerza.

Defensores de los derechos humanos y otros miembros de la comunidad exigieron una investigación para aclarar los hechos.

https://www.publimetro.co/co/cali/2018/09/10/agresion-del-esmad-habria-dejado-tuerto-joven-hincha-del-deportivo-pasto.html

miércoles, 11 de julio de 2018

#Colombia Cambio de mando, no de orientación



Antes del mediodía del pasado 21 de junio, el presidente electo Iván Duque, tuvo su primer pronunciamiento desde la Casa Nariño, tras la primera reunión de empalme con el saliente mandatario Juan Manuel Santos. La reunión se mantuvo a lo largo de tres horas con los vicepresidentes salientes y entrantes y los jefes de empalme. “Hablamos de temas de coyuntura, hablamos de temas importantes de la agenta nacional y después sostuvimos una reunión con el equipo que el señor Presidente ha designado para acompañar al Gobierno entrante en este ejercicio del empalme”, explicó Duque.
Los temas que se debatieron en el primer encuentro no son de fondo. No hay asuntos diametrales, fue un empalme “tranquilo”, dice Duque; y es que no hay aspectos que marquen diferencias, las visiones de Estado frente a cuestiones económicas y sociales son las mismas.
Los asuntos de grueso calibre que pueden generar ruido en la transición no se trataron. La médula del proceso de paz, los objetivos y procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz, la política de justicia de drogas del punto cuarto de los acuerdos de paz, la participación política de los excombatientes y la reforma de tierras, no estuvieron en la agenda de diálogo.
Materia económica
En materia económica, el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y los ajustes fiscales y sociales, tampoco generarán ruido en la transición. Los mercados internacionales emitieron parte de tranquilidad para sus capitales, no cambia nada con el nuevo gobierno.
La política minero energética tendrá una leve modificación y es que se vendrá una oleada de entrega de títulos de exploración y explotación de hidrocarburos con métodos tradicionales o no, es decir con fracking. En materia de extracción de hidrocarburos las políticas no van a variar entre Duque y Santos, en cuanto a la desprotección de páramos y fuentes de agua potable para la ciudadanía. La prioridad en los recursos naturales se ubica en la utilización de estos para la extracción de petróleo y no para la vida de las comunidades. Los dos gobiernos, el entrante y el saliente, se han mantenido en la idea de abolir las consultas populares sobre la suerte de los territorios con riquezas mineras y lo que seguirá es el recorte de derechos constituciones sobre el suelo y el subsuelo de la nación.
Defensa
En materia de seguridad se habla de nombres muy polémicos para ocupar la cartera de Defensa. Pero en cualquier caso, la política de seguridad democrática en tiempos de Duque no se separa de su antecesor: profundización del presupuesto nacional en asuntos militares con la idea de garantizar la entrada del país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, profundizar la política anti insurgente y la doctrina del enemigo interno en los territorios del país.
Los futuros planes militares se enfocarán en contra de las “nuevas amenazas terroristas” atrincheradas en las disidencias de las exguerillas, como lo anunciara en campaña la hoy vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. El diálogo de paz en La Habana entre la insurgencia del ELN y el gobierno quedará en suspenso, dicen en las toldas uribistas a cambio de que esa guerrilla asuma una especie de derrota histórica y entregue sus armas por un acuerdo judicial.
Política exterior
En materia diplomática la línea del nuevo gobierno será Washington. Ha dicho Duque que tendrá relaciones cercanas con el gobierno norteamericano y eso tampoco será nada nuevo con su antecesor, Juan Manuel Santos. El papel del presidente Duque en este nuevo contexto latinoamericano será de constante agresión a gobiernos democráticamente elegidos, y una política diplomática de asfixia política, económica y militar contra Venezuela principalmente desde la Organización de Estados Americanos.
“El problema de fondo es que hasta que no termine esa dictadura el éxodo no va a parar”, dijo a CNN Duque, quien agregó que no va nombrar embajador de Colombia para el vecino país. Así las cosas, el más probable escenario de Colombia en el continente será de provocación constante al vecino país, con elementos nuevos en favor de dicha política: la entrada de Colombia a la OTAN y la alianza militar con bases norteamericanas en nuestro territorio.
Congreso colombiano
En la política local, el gobierno de Duque tendrá el reto de alimentar la burocracia, la rapiña de todas las fuerzas políticas clientelares del país. La preguntas surge es sí tendrá la capacidad de reducir el Estado, como lo ha dicho con sus consignas. La repartija burocrática del Estado incluye a los aliados del Centro Democrático como el Mira y las fuerzas cristianas independientes que les dieron su apoyo desde el inicio de la campaña. Además de mantenerles a los conservadores sus cuotas de poder, al Partido Liberal nuevos nombramientos, como al Partido de la U y a sus propios militantes.
La mayoría aplastante que se conformó entre las fuerzas políticas que han acompañado la campaña de Duque va a reflejar que el poder legislativo quedó en manos del ejecutivo. Ernesto Macías, un dirigente huilense y María del Rosario Guerra, una escudera de tiempo atrás del exmandatario Álvaro Uribe, van a disputar en la interna del Centro Democrático, la presidencia del Senado. Aunque Uribe es el senador más votado, este va preferir debatir desde su curul y no desde la presidencia al contradictor por excelencia, Gustavo Petro, jefe de la bancada Decentes y de la oposición en el parlamento.
Desde la presidencia del Senado se van dirigir los debates neurálgicos para la legislatura que comienza el 20 de julio con temas como la implementación de los acuerdos de paz y la reforma al sistema electoral colombiano, la reforma al código minero, reforma tributaria, reforma pensional, reforma laboral.
Otros sectores
Las prioridades del gobierno Duque en materia legislativa serán en función de modificar el estado para sus propios intereses. Ya se prepara la reforma a la justicia que dejará al país en una especie de monarquía judicial bajo el control del Ejecutivo y con los poderes limitados. La teoría del control de poderes pasará al estado de opinión, un viejo anhelo del primer mandato del gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002. Y por supuesto acabar con la competencia de la JEP sobre terceros involucrados en el conflicto y los militares de alto rango involucrados en crímenes de Estado y de guerra.
La salud de los colombianos quedará ajustada a una regla de utilidad privada de las empresas prestadoras de salud que irá de la mano con las reformas de ajuste fiscal que propiciarían una modificación a los planes de aseguramiento en salud que podrían ofrecer las EPS. Es decir, la reforma a la salud quedará solamente con el visto bueno de los dueños de los emporios empresariales del sector salud.

Nada va a cambiar, señalan voceros de la bancada de oposición Decentes en el Congreso de la República. “No podemos esperar un cambio de timón brusco cuando hay dos gobiernos, uno entrante y otro saliente, que representan los mismo intereses y que aspiraran a continuar en el poder político y económico que solo favorece a los ricos”, señala Aída Avella, senadora decente.

http://semanariovoz.com/cambio-mando-no-orientacion/

martes, 10 de julio de 2018

#Colombia El modelo de impunidad de las élites

Generalmente, el fenómeno de la impunidad está asociado con la ausencia de sanción o investigación; para los organismos internacionales existe impunidad cuando el aparato judicial no actúa o cuando se expiden normas tendientes a sustraer de la acción judicial a los responsables. Sin embargo, esta impunidad puede llegar a ser de carácter político, como en el caso de la élite política colombiana que a propósito de la JEP, tomó la decisión de realizar un pacto para no rendir cuentas por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Negar las reformas económicas y políticas dispuestas en el Acuerdo Final de Paz, haciéndolas “trizas”, son también una forma de profundización de la injusticia social, es decir de la impunidad.
En la opinión pública, solo se ha advertido la modificación de lo acordado en los temas de justicia, lo cual tal vez se deba a la herencia santanderista, al fetiche de la norma para resolver los conflictos. Sin embargo, es preciso señalar que de las 34 medidas prioritarias dispuestas en el Acuerdo durante el primer año, solo se han cumplido 12. Significa que menos de un 30% de las medidas tempranas que debieron realizarse se han ejecutado. A ese ritmo, no alcanzarán los tres periodos presidenciales previstos para implementar. En síntesis, los avances en la implementación del Acuerdo Final fueron más contundentes con relación a la “terminación del conflicto armado” y la dejación de armas por parte de las FARC que la contribución del gobierno a la “construcción de una paz estable y duradera”. Pese al panorama, es ese 30% de implementación temprana el que tendremos que defender en esta nueva etapa, a través de la movilización ciudadana y la acción parlamentaria.
En esta última etapa del gobierno saliente, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación le apuntó a la aprobación en el Congreso dela República, de normas clave, a saber: la Ley de Tratamiento Penal Diferencial para campesinos cultivadores, medidas de tratamiento penal diferencial para mujeres, la reforma a la Ley 152 necesaria para la financiación de la Paz, y finalmente, las normas procesales de la JEP. Por lo visto, el Congreso y los partidos políticos no le cumplieron al país y a la historia.
Hacer trizas el Acuerdo no es pasarlo por una trituradora de papel. Es el modus operandi de la no implementación y dilación de los aspectos nodales requeridos en el Plan Marco de Implementación diseñado por las partes; es la utilización del Congreso para realizar modificaciones vía normativa que desvirtúan lo pactado en La Habana; es la aplicación de un Acuerdo Político entre élites para no implementar y mantener el statu quo de su impunidad. Este será el combustible de un nuevo ciclo de la acción social, no conocida en Colombia
Las normas procesales de la JEP en su versión actual y la intención de que sean discutidas en una nueva legislatura son un plan sistemático para acabar con el Acuerdo de Paz. Se retardará su trámite para exigir con la nueva correlación en el Congreso los cambios que el Centro Democrático propuso. Por esta razón, no basta con que se aprueben las normas procesales, sino que se debe respetar el contenido esencial de lo acordado. Los objetivos del uribismo para iniciar el desmonte de la JEP con sus nuevos mejores amigos son claros: introducir modificaciones al modelo de otorgamiento de verdad y responsabilidad; limitar el sometimiento de los mal llamados terceros; profundizar la idea de un tribunal únicamente para las FARC; eternizar los procedimientos en contra de los derechos de las víctimas. En síntesis, realizar una copia del fallido procedimiento de Justicia y Paz.
Nuevamente las elites políticas no rendirán cuentas quienes nunca han respondido y mayor responsabilidad tienen en este conflicto.
http://semanariovoz.com/modelo-impunidad-las-elites/

jueves, 3 de mayo de 2018

El aporte del Manifiesto a la teoría de las clases



Álvaro Oviedo

El aporte teórico de Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista a la teoría de las clases sociales, no es el reconocimiento de su existencia, ni su expresión mediante la lucha. Ni mucho menos como se afirma desde la derecha, que la lucha de clases sea una invención de ellos y los marxistas. El concepto de clases sociales ya es planteado por J.B. Vico en el siglo XVIII, y se había posesionado en el pensamiento social del siglo XIX, y la expresión misma de lucha de clases ya era reconocida por otros historiadores y pensadores sociales antes y contemporáneamente de Marx.
Lo que ellos aportan es la afirmación rotunda de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, luego aclararían a pie de página, desde la superación de la sociedad comunista primitiva, privilegiando los actores colectivos como gestores de la historia, a diferencia de la corriente que concibe la historia como obra de los grandes hombres. Y después de ilustrar cómo se han desarrollado en diferentes formaciones económicas sociales las luchas de clases, entre esclavistas y esclavos, patricios y plebeyos, siervos y señores feudales, entre burgueses y proletarios. Establecen que esta lucha ha llegado a un momento en que la clase oprimida, el proletariado, no puede liberarse sin liberar a las demás.
El proletariado, fuerza social decisiva en los cambios revolucionarios
El proletariado es una clase que se caracteriza por solo poseer su fuerza de trabajo, la cual se ve obligado a vender para poder subsistir con su familia, ha sido desposeído de la propiedad sobre los medios de producción (fábricas, minas, tierra, etc.), para liberarse de la explotación debe abolir la propiedad privada sobre los medios de producción. La explotación, en las diferentes formaciones económicas sociales que conoce la historia, consiste en apropiarse del producto del trabajo de los demás, con base en la propiedad privada de los medios de producción. Al desaparecer esta, desaparece toda posibilidad de reclamar el producto del trabajo de los demás con el argumento de ser los dueños de los medios de producción. Así el proletariado al liberarse, libera a los demás.
Y para ello debe establecer la dictadura del proletariado, su dominación de clase, organizarse en el Estado, y reorganizar las relaciones de producción y con ello a la sociedad, en la dirección de abolir la explotación. Cuando Marx en otro texto alude a Suiza como la democracia más avanzada y afirma que solo expresa la dictadura de la burguesía, nos llama a la reflexión en el sentido que el trasfondo de su conceptualización alude ineludiblemente a la dominación de clase, tome la forma que tome, dictadura o democracia, lo esencial es la clase que asume el control del Estado.
Superar la etapa actual en la que el móvil de la producción es la ganancia, y colocarla sobre el eje de la satisfacción de las necesidades que, según su propia opinión, son crecientes, demanda un aparato productivo altamente eficiente. Este objetivo del comunismo, la satisfacción plena de las necesidades de toda la población, es la lucha por alcanzar la igualdad real, que descansa en la igualdad de posibilidades para satisfacer necesidades, que además son distintas, a diferencia de la igualdad formal, expresada en la igualdad frente a la ley, que solo sirve para enmascarar la desigualdad social, frente a las posibilidades reales de satisfacción de las necesidades. Lo cual supone la producción suficiente de bienes de uso.
Teoría revolucionaria
Esto es lo que hace del marxismo una teoría revolucionaria, una teoría que no plantea el mejoramiento de las condiciones en que se realiza la explotación sino la abolición de la misma. La necesidad de reorganizar la sociedad de una manera cualitativamente nueva. Que permita la abolición de las clases, y con ellas la extinción del Estado como organización de una clase para la defensa de sus intereses.
Así pues, que no solo no es cierto que los marxistas se hayan inventado la lucha de clases, estas existían siglos antes de la aparición en escena de los marxistas, sino que la lucha de los marxistas es por abolirlas y con ellas al Estado, en función de la satisfacción plena de necesidades crecientes, que garanticen el pleno desarrollo del ser humano, en armonía con la naturaleza de la cual forma parte. Ni el papel de los marxistas es el de expropiar casas, carros, muebles, vestidos, alimentos, es decir bienes de uso, su lucha es por garantizarlos para la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la organización de la producción, distribución y consumo.
Los que arrebatan casas y ahorros con la modalidad de “dación en pago” son los grupos financieros, los que empujan a cada vez más amplios sectores de la población a condiciones de miseria, son los capitalistas para aumentar sus tasas de acumulación, los que arrebatan tierras son los beneficiarios de la acumulación por despojo.
Vigencia del legado del Manifiesto
La vigencia del Manifiesto se expresa con más fuerza hoy, cuando el móvil de la ganancia empuja la crisis ecológica que afronta la humanidad, cuando la defensa de la maximización de las ganancias ha colocado a la mitad de la sociedad ante el hecho de no poder satisfacer sus necesidades básicas, y coloca al conjunto de la población ante la posibilidad de ser destruida mediante la guerra. La reorganización de las relaciones de producción son hoy una necesidad de supervivencia de la sociedad en su conjunto, que entra en contradicción creciente con los sectores más expoliadores y agresivos del gran capital financiero.
No es marxista quien simplemente reconoce que hay clases, incluso quienes reconocen que la forma actual de existencia de la sociedad es la de estar dividida en clases y que estas están en lucha, esto lo reconocían antes y después de Marx varios autores, ser marxista es reconocer que la lucha de clases lleva a la dominación del proletariado y que esta es necesaria para la abolición de las clases mismas, y con ellas del Estado.

lunes, 23 de abril de 2018

#Colombia : El latifundio y los problemas sociales

José Ramón Llanos
El problema agrario, sin lugar a dudas, constituye el elemento generador de los conflictos sociales del país a lo largo de la historia republicana. Dada la forma como el Gobierno ha afrontado el desarrollo del primer punto del Acuerdo Final de Paz, las dilaciones, las interpretaciones discutibles y las expresiones normativas como la ley que crea las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural (Zidres), hemos considerado necesario elaborar algunas reflexiones sobre esta cuestión.
El Acuerdo Final de Paz, a pesar de que considera que la solución de los problemas del sector rural es la base para lograr una “paz estable y duradera”, no vemos la voluntad del gobierno para afrontar las soluciones o acciones que conduzcan a resolver la alta concentración de la tierra y los problemas de exclusión y extrema pobreza del campo colombiano. El Gobierno está comprometido porque incluso caracterizó la problemática rural, la transformación del campo y su importancia para garantizar la paz, así: “Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.” Pero pasado más de un año de la firma del documento, no se ven las políticas adecuadas para “la transformación del campo”.
Los opositores a las reformas
En parte, las indecisiones para desarrollar la normativa que inicie la aplicación del contenido de los acuerdos pactados con la insurgencia, están determinados por el saboteo legislativo y las amenazas de los expropiadores de la tierra con el uso de la violencia paramilitar para evitar la restitución de las propiedades a los campesinos desplazados.
También está la influencia de los inversionistas rurales que pretenden apropiarse de baldíos o mantener los ya apropiados, para incrementar la explotación del campo. No desean que haya medianas y pequeñas unidades de producción campesina, sino expropiados campesinos, convertidos en asalariados explotados. Como se ve, la cuestión es de cobardía frente a los latifundistas y complacencia con los inversionistas rurales: azucareros, palmeros, ganaderos, etc.
Recordemos que ya desde los años veinte del siglo XX, los sectores progresistas, la academia y liberales como Jorge Eliécer Gaitán, habían identificado la tenencia de la tierra, el latifundio ocioso y su consecuente el minifundio improductivo, no solo como una cuestión injustificable, económicamente, factor de atraso, sino algo peor, causa de la violencia. Eso explica por qué desde esa época se introdujo en el lenguaje político-social y en las propuestas de los movimientos progresistas la concepción de reforma agraria.
A lo largo del siglo pasado es tal vez la propuesta más discutida, tanto entre los partidarios de la reforma, como entre sus opositores. Incluso a raíz de la Revolución Cubana, por el temor a que efectivamente la Sierra Maestra se extendiera por los Andes latinoamericanos, hasta los Estados Unidos, impusieron a los gobiernos continentales sumisos reformas agrarias de pacotilla.
Latifundio y rémora social
No es que las dilaciones, vueltas y revueltas del presidente Juan Manuel Santos, están justificadas porque la situación inequitativa e irracional del campo ha cambiado positivamente de súbito. Acudamos a los datos del reciente Censo Agropecuario Nacional, pero veamos no solo las cifras sobre tenencia de la tierra. Examinemos también las secuelas de ese reparto excluyente de la propiedad del suelo y de las consecuentes formas del gobierno local y la ausencia de la aplicación regional de algunas políticas nacionales positivas para corregir los entuertos del latifundismo y la omnipotente oposición de los barones de la tierra, quienes impiden a sangre y fuego, por ejemplo, la legal restitución de las tierras expropiadas.
Los datos del Censo Nacional Agropecuario
Los resultados del reciente Censo agropecuario 2016, muestran los datos de la concentración del suelo rural: propiedades de mil hectáreas o más son el 0,2 por ciento del total y concentran el 73.8 por ciento del total área rural. Las propiedades que tienen menos de 5 hectáreas, son un millón 669.287 unidades, poseen apenas el dos por ciento del área rural. Esta concentración de la tierra, no solo tiene consecuencias económicas, sino también condiciona el malestar social, el mal vivir.
Es absurdo, por ejemplo que en el siglo XXI haya en las zonas minifundistas un 16,1 por ciento de analfabetismo; un 94 por ciento de las zonas residenciales carezcan de alcantarillado; el 17,1 por ciento de las viviendas carezcan de electricidad el 57,5 de los habitantes de estas zonas usan agua impotable, con las consecuentes altas tasas de morbilidad producto de ese consumo de agua insana. Tan deplorable como la calidad de los servicios públicos, son la naturaleza y los materiales utilizados en la construcción de sus viviendas: solo el 49,1 por ciento de las viviendas censadas tienen paredes y pisos de materiales adecuadas, el resto tienen paredes y pisos como guaduas, madera burda, tablón, cartón, bahareque y vegetales, incluso un 3,1 por ciento, sus paredes son de latas, plásticos y algunas carecen de paredes.
Siendo esa la deplorable y dolorosa situación del campo colombiano y existiendo unas pautas y compromiso en el Acuerdo de La Habana para resolver ese problema, una vez más por encima de la solidaridad y las razones de humanidad, infortunadamente se imponen los interes clasistas del Gobierno nacional.
Fuente:

https://desarrolloinclusivo.com/2015/01/03/campo-colombiano/

miércoles, 11 de abril de 2018

#Colombia: ¿Gaseosas Postobón experimenta con niños?



Este experimento es afín a los ensayos nazis con judíos durante la Segunda Guerra Mundial”, señala el médico pediatra” Lucho Gómez

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada 

Desde el año pasado, cuando se conoció el interés desde la empresa de bebidas Postobón por suministrar una bebida a 3.130 niños y niñas en La Guajira, que no contaba con las exigencias del Ministerio de Salud, las ambigüedades de la empresa sobre el contenido del producto y su verdadero interés en suministrarlo a los niños, abrió la polémica por los verdaderos intereses de esta empresa.
Algunas entidades y organismos de vigilancia indicaron que las bebidas podrían ser nocivas para la salud de los menores, y contrario a lo que afirmaba la empresa, estas no contenían ningún suplemento nutricional que ayudara a la salud de los infantes.
La Liga Contra el Silencio, el colectivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y varios medios de comunicación adelantaron una investigación que se pubicó en Vice Colombia. Allí señalan que la bebida Kufu, llegó a La Guajira desde el 7 de julio del 2017, en el marco de un evento de “estrategia social” en la institución etnoeducativa Laachón-Mayapo. En este espacio hizo presencia la junta directiva de Postobón en cabeza de su presidente, Miguel Fernando Escobar Penagos.
También se informó que en el marco de este evento, la empresa señaló que 3.130 menores en condición de vulnerabilidad de Nazareth, Uribia, Manaure y Riohacha, recibirían esta bebida de forma gratuita durante seis meses, “como parte de su dieta diaria, dos unidades de Kufu que complementarían sus planes alimentarios” con el objetivo aparente de atacar el hambre oculta.
Sin embargo, para septiembre del año pasado, por medio de un comunicado, la Sociedad Colombiana de Pediatría advirtió que dichas bebidas, a pesar de tener algunos nutrientes, no contienen ninguno que mejorara la nutrición de las niñas y niños. Es decir, carece de elementos como el calcio, el hierro, las proteínas o calorías. También mostraron su preocupación por los exámenes que se le adelantaron a los niños con el fin de evaluar efectos de dichos líquidos.
¿Qué está detrás de las bebidas Kufu?
Según denunció el médico pediatra, Lucho Gómez, el escándalo se conoce gracias al comunicado de la Sociedad Colombiana de Pediatría, difundido a través de redes, y el activismo de la médica Esperanza Cerón, quien ha sido amenazada por sus denuncias sobre los riesgos de bebidas azucaradas.
Lucho, quien es un líder social de la región, y ejerce un papel importante con las comunidades para la protección de sus derechos en salud, en diálogo con VOZ, señala que este producto contiene selenio y cinc, elementos que al consumirlos en grandes cantidades afectan la salud. “El selenio incrementa la incidencia de caries y altera la síntesis de proteínas, causando graves síntomas nutritivos, y el cinc trastornos gastrointestinales”, afirma el pediatra y alerta que es imposible que las entidades de salud y educación tanto departamentales como regionales de Manaure no conocieran “que más de 3.000 niños estaban consumiendo Kufu, dos veces al día durante seis meses. Además que, a excepción de Uniguajira Stereo, los demás medios del Caribe han ocultado la información”.
Para este pediatra que ha estado vinculado a diversas investigaciones sobre temas de salud y nutrición, es inconcebible que sucedan estas situaciones que ponen en riesgo la vida de los menores en medio de un silencio cómplice desde las instituciones de la región.
Experimentación con humanos
Lucho asegura que este procedimiento con niños, cobijado con un falso programa social, es “gravísimo porque antes de adicionar oligoelementos a bebidas y comidas debe cuantificarse su contenido en agua y suelos para evitar excesos, y el suministro y/o aplicación de un elemento a niños y la observación, cuantificación o valoración de sus efectos, se llama experimentación en humanos”.
También afirma que es necesario denunciarlo ante la comunidad internacional. “Las denuncias se puede instaurar ante organismos internacionales, que protejan poblaciones indígenas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef. Este experimento es afín a los ensayos nazis con judíos durante la Segunda Guerra Mundial”, señala el médico pediatra.
Desde diversos espacios que instan al cuidado y la protección de los niños y niñas, se exige una investigación exhaustiva en contra de la empresa Postobón, y las instituciones regionales que conociendo la situación, no actuaron y por el contrario, a pesar de los escándalos generados por algunos medios nacionales gracias a las indagaciones hechas por terceros y la comunicación de la Federación Colombiana de Pediatría, desde el año pasado, el silencio reina en la región.

Datos personales

Archivo del blog

#Colombia Agresión del #Esmad habría dejado tuerto a joven hincha del Deportivo Pasto.

Aunque las autoridades municipales aseguran que el accidente se produjo tras una riña entre barristas, hinchas aseguran que se trató...

Etiquetas

Buscar este blog

Follow by Email - sigueme por correo electronico