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lunes, 16 de junio de 2014

COLOMBIA: “Nuevos desafíos de los medios de comunicación popular”

¿Cuáles son los encuentros y desencuentros entre los medios de comunicación alternativos y los medios privados, al momento de representar la realidad del Paro Agrario y la movilización campesina de 2013?
Colombia Informa: La relación entre los medios de comunicación alternativos (o populares, o como elijamos llamarlos) y los medios privados, está marcada por un “desencuentro” estructural. Es el mismo desencuentro que se da entre un terrateniente y un pequeño campesino: la existencia del primero implica la condena del segundo. Por ejemplo: está naturalizado que los grandes medios de comunicación privados sean los propietarios absolutos del espectro radioeléctrico que regula las frecuencias de radio y televisión, mientras a las FM vinculadas a las organizaciones populares se las persigue e ilegaliza, y no hay contemplación jurídica para la existencia de proyectos de comunicación popular. El Estado es cómplice y funcional a esta concentración de las vías de comunicación social en mano de los intereses privados.
Pero además de esta correlación de fuerzas brutalmente desproporcional en el plano material, tan importante como eso es el desencuentro entre ambos tipos de comunicación desde el punto de vista político, es decir, del lugar en la sociedad que cada uno ocupa y los intereses que representa. La incidencia ideológica, propagandística y cultural que generan los medios de comunicación en la actualidad es demasiado importante como para subestimar el debate sobre los intereses a los que responde cada medio de comunicación, cada comunicador social o formador de opinión. De la misma forma, consideramos importante desmitificar ideas sobre la “objetividad” de la información e “independencia” de los periodistas. Son nociones mentirosas propaladas por una burguesía que, como clase dominante, se atribuye un rol de supuesta representación de los intereses de toda la sociedad, pretendiendo diluir las contradicciones de clase estructurales en las sociedades capitalistas.
Lo que sucede con los medios de producción en el plano económico también sucede con los medios de comunicación, que no son otra cosa que medios de producción de sentido: los medios hegemónicos son propiedad de esos mismos sectores dominantes, defienden sus intereses, pero predican un discurso que pretende otorgarle al periodismo un lugar neutro, de “obejtividad”. La objetividad no existe de por sí, y menos aún puede existir en una sociedad de clases. Lo que se construye desde los medios (cualquiera que sean) son miradas sobre la realidad, y nuestra responsabilidad es que esas miradas sean honestas, fidedignas, rigurosas… pero nunca “objetivas”, ya que, si esa fuera nuestra propuesta, estaríamos reproduciendo una matriz ideológica de pretendida universalidad e incuestionabilidad de nuestra mirada del mundo, criterios que, o son falsos como sucede en las sociedades burguesas, o conducen a totalitarismos como sucedió en los regímenes (burgueses o no) que se pretendieron portadores de una verdad universal, inamobible, y por lo tanto, inopinable. Nada más lejano de nuestra concepción ideológica de la comunicación. Por eso creemos que, desde el campo popular, también toca reconocer el lugar específico que ocupamos los medios populares de comunicación. No somos neutros, ni “objetivos” ni “independientes” (sí podríamos decir: independientes de los sectores del poder, pero no independientes en sí mismos), porque nuestros medios son parte de un proyecto popular y una ideología popular que busca responder a los intereses de las mayorías oprimidas. He allí el principal antagonismo con los medios privados de comunicación.

Jerarquizar el debate sobre la democratización de la comunicación

En los últimos años, ambos debates: sobre la propiedad material de los espacios y recursos comunicacionales (derechos sobre el espectro radioeléctrico, subsidios o condiciones que debe brindar el Estado para la existencia de medios comunitarios), y por otro lado, el debate sobre el lugar que ocupa la comunicación y la información en la sociedad (como un derecho de los pueblos y no como una mercancía más en manos de intereses privados), se condensaron en proyectos de regulación e intervención estatal a través de Leyes de Radiodifusión o Ley de Medios en algunos países de la región. En Argentina, Ecuador, Uruguay, avanzaron proyectos que, aún con resultados escasos respecto a los derechos de la comunicación popular, sí lograron instalar en la agenda pública masiva estos debates, generando un plano de legitimación y mejores condiciones para la acción de los medios populares. En Venezuela y Bolivia los cambios fueron más profundos, de la mano de gobiernos más decididos en el avance de políticas integrales de empoderamiento popular. En Colombia sería erróneo pensar que, en el corto plazo, el parlamento pudiera asumir una legislación que altere las condiciones actuales de propiedad de los medios. Pero aún así la sola elaboración de un proyecto de Ley de Medios, promovido por las experiencias de comunicación popular y las organizaciones sociales, generaría una corriente de debate y opinión favorable a jerarquizar una temática con la que estamos en deuda desde el campo popular.
Las experiencias a las que hicimos mención permiten algunas enseñanzas: será necesaria una mayor articulación política y organizativa de los proyectos actuales, un mayor empoderamiento popular en el plano específico de la comunicación -que deberá desarrollarse de la mano de la acumulación de fuerzas de otros sectores populares-, antes de esperar que sean los sectores políticos tradicionales quienes den lugar a un debate de estas características. En Venezuela, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos -AMNCLA- se conformó una década antes de que el gobierno diera espacio al debate sobre una Ley de Medios. Lo mismo sucedió en Argentina, donde la Red Nacional de Medios Alternativos -RNMA- nació 15 años antes de que se pusiera en discusión la problemática de la comunicación de cara al conjunto social. En Colombia tal vez haga falta construir ese camino previo de articulación nacional de los proyectos de comunicación popular.
La tarea de jerarquizar el debate público sobre el rol de la comunicación desde el punto de vista de los intereses populares deberá interpelar, además de a los medios comunitarios, a periodistas que trabajan en los medios privados y que aún así manifiestan su disconformidad con el actual estado de las cosas. Esa relación entre medios comunitarios y periodistas profesionales es estratégica, también, a la hora de buscar quebrar cercos informativos que aíslen la protesta social.
Los medios de comunicación popular hoy en Colombia se asumen -nos asumimos- como herramientas al servicio de los procesos sociales, alimentando las estrategias de comunicación de los movimientos campesinos, urbanos, estudiantiles o indígenas. Eso está muy bien. Pero nos debemos aún la tarea de articularnos como sujetos específicos dentro del campo popular, como actores con peso propio de una de las reivindicaciones imprescindibles que el conjunto del campo popular debe abordar, como es la democratización de la comunicación y la información. Asumir ese desafío necesario y urgente será el primer paso para convocarnos, y convocar, a transformar estas condiciones injustas que hacen que las voces de nuestro pueblo tengan dificultades para hacerse oír ante el conjunto de la sociedad.
El contexto del Paro Agrario de 2013, pero sobre todo el contexto de la actual etapa de movilización social en Colombia, brinda excelentes condiciones para avanzar en esos desafíos.

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