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miércoles, 25 de septiembre de 2013

LA LISTA URIBE




















































                                                                                                Por: Cristina de la Torre

Una cosa es capitanear las derechas, opción que la democracia respeta; otra, mofarse del dolor de un país agobiado por el peso de sus muertos a manos, sobre todo, del narcotráfico con anuencia de políticos. 


 La lista de Uribe al Senado, anunciada como renovación de la patria, es, por el contrario,perpetuación del viejo país con sabor a parapolítica. Mascarada desafiante,rehabilita en la parentela del gamonalismo sus lazos con mafias y ex funcionarios públicos sindicados de corrupción. Todo ello cuando Colombia y la Corte Penal Internacional esperaban respuesta de Uribe a la sindicación del Tribunal Superior de Antioquia sobre supuestos vínculos suyos con el paramilitarismo. Y registran con alarma las amenazas de  muerte que desde entonces se ciernen sobre el autor del pliego, magistrado Rubén Darío Pinilla. Esperaban también claridad sobre acusaciones de asociación con paramilitares que llevaron a la cárcel a Luis Alfredo Ramos, ex-gobernador de ese departamento y el más seguro candidato del uribismo a la Presidencia. Por gracia del destino aparece en la lista de Uribe el hijito de este cacique, sin más mérito que el de llevar el nombre del sindicado, y dudosas posibilidades de devolverle el honor al apellido.
En esta comparsa que sólo innova extendiendo el nepotismo del Ejecutivo al Parlamento, descuella la ex-ministra María del Rosario Guerra. Sucesora de su clan cuasi feudal en Sucre, es esposa del presidente de Fedepalma e hija del senador perpetuo José Guerra Tulena; su tío Julio César, gobernador del departamento, acababa de ratificarle a La Gata negocios teñidos de sangre. A su lado, José Obdulio Gaviria, ideólogo de cabecera de Uribe, no obstante haber recibido regularmente estipendios de su primo, Pablo Escobar, si hemos de creer a su hermano, Roberto Escobar. Dos hermanos de José Obdulio fueron a la cárcel por narcotráfico y a un tercero,Carlos Alberto, se le asocia con el asesinato de Guillermo Cano. No existe en Colombia el delito de sangre. Pero sí avergüenza la desfachatez de Uribe para concederle al narcotráfico el más elevado poder simbólico en los cargos que dio a su amigo.
Mas no es todo. En la lista figura también Honorio Henríquez Pinedo, sobrino del condenado por parapolítica Miguel Pinedo Vidal. Y la esposa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, elementos de cuya organización tuvieron trato y negocios con los Castaño en Urabá. Y Susana Correa, cercana al PIN y miembro de familia poderosa del Valle que resultó beneficiaria de AIS. Y Fernando Araújo, en gracia de ser hijito del ex-canciller de Uribe. Y Paloma Valencia, ficha de Fernando Londoño. Nieta del ex-presidente Valencia e hija de congresista, eleva a categoría de “teorizante” su habilidad para distorsionar hechos y argumentos hasta dar por verdad un absurdo. ¿Se arrepentirá de haber militado en Alas Equipo Colombia, emporio de la parapolítica? Y Alfredo Rangel, que exhibe don retórico parecido al de Paloma. Serán estos dos, parlamentarios aguerridos. Y Ana Mercedes Gómez, parte del notablato conservador en Antioquia, ex-directora de El Colombiano y ficha de FabioValencia Cossio, cuyo hermano, el ex-fiscal, anda preso por vínculos con lamafia. Y...
Con bancada tan pobre y de oscura condición, no dará el uribismo la talla en los debates que el pos-conflicto imponga. Quizá tampoco el propio Uribe, más proclive al agravio personal que a la razonada confrontación de ideas: rezará la oración de los tres huevitos y sus nostalgias de guerra, mientras el país estalla hacia horizontes que desbordaron a Uribe hace rato. Como anacrónica y afrentosa resulta su selección al Senado, cándido remedo de la Lista Clinton.

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miércoles, 4 de septiembre de 2013

TENER UNA SEMILLA ES UN DELITO: LA NUEVA DICTADURA ALIMENTARIA


 Por: Dharmadeva
Hace ya décadas estaba pronosticado que llegaría el momento en que tener una semilla sería un crimen. Parecía ciencia ficción imaginar que un campesino no podría guardar semillas para la próxima cosecha, como lo había venido haciendo por milenios. Sin embargo, es un hecho.
Después de la firma del TLC con los Estados Unidos y de la expedición de normas como la Resolución 970 del ICA, la Policía Nacional, siguiendo las instrucciones de los funcionarios del ramo azuzados por las multinacionales dueñas de las semillas, ha comenzado a maltratar a campesinos y agricultores, a arrojar toneladas de comida al basurero y a penalizar a quienes no sirvan los intereses de los nuevos dictadores de la alimentación. El documental de Victoria Solano en youtube, que me impulsó a escribir esta columna, es una denuncia aterradora. Si el campesino enfrenta el monopolio de las corporaciones y guarda sus semillas «patentadas», se va para la cárcel o paga enormes multas. Estamos en las manos de las multinacionales y de lo que quieran meternos a la boca, a los precios que quieran.
 Nuestros dirigentes, ciegos codiciosos, optaron por proteger una docena de semillas extranjeras genéticamente modificadas antes que proteger el patrimonio de miles de semillas que habían sido descubiertas o adaptadas y amadas por siglos en América. Y nunca les contaron a los campesinos que esto les sucedería a menos de un año de la firma del TLC, ni los prepararon para la catástrofe.
 Y después pretendemos que haya paz en un país que deja a sus cultivadores en la inopia. Un exembajador con rabo de paja se atreve a decir que «Hay actores que sueñan con una Colombia sujeta a un modelo económico arcaico que impondría restricciones que limitarían severamente el desarrollo agropecuario». Ese modelo “arcaico”, sin embargo, ha logrado en la historia de la agricultura cientos de miles de semillas que los neoliberales querrían convertir en tres o cuatro: maíz de los matones de Monsanto, arroz, algodón y soya de Syngenta o Dupont. Con estas simientes y sus inseparables agrotóxicos, quisieran sembrar sus tierras de la altillanura, como le está pasando a la «República Unida de la Soja» en el Cono Sur. Nunca la humanidad había arrojado al agua y a las tierras tantos venenos juntos, ni deforestado así las selvas en nombre del “desarrollo agropecuario”.
Y esta sacrílega manera de patentar la vida se escuda en la mentira que nos venden de la seguridad alimentaria. Los medios se encargan de seguir diciendo que las nuevas semillas «mejoradas» dan más rendimiento y podrán alimentar a la creciente población del mundo. Pero estudiando la revolución verde vemos que la aseveración es falsa y hay granjas de agroecología que demuestran que rinden más las semillas colectivas logradas a pulso por los conocedores de la tierra y sus frutos en milenios de trabajo con la tierra, que las semillas privadas de los nuevos dictadores. ¡Hay que pelear de nuevo por las semillas libres!

martes, 3 de septiembre de 2013

CAMPESINADO = “BLANCOS LEGÍTIMOS”




Debemos exigir castigo a los responsables de los asesinatos y atropellos cometidos por la fuerza pública, así como la libertad inmediata de los detenidos y judicializados en la defensa de nuestros derechos. El ESMAD no puede seguir entrando como un ejército de ocupación en las comunidades. Desde hace años hemos exigido el desmonte del ESMAD, que debe ser inmediato.

Fernanda Espinosa
Fuente: www.publimetro.co
Sobra hablar de lo justo del paro por el que atraviesa actualmente Colombia. Protagonizado por el campesinado que hoy no tiene cómo mantenerse. Pasado un año de la firma del TLC con Estados Unidos y Europa, importantes sectores agropecuarios se están quebrando debido a la importación de productos como la leche y el café. Y ni hablar de la semillas, pues desde la Resolución 970 del ICA no pueden sembrar sus propias semillas, sino deben comprarlas certificadas casi siempre a transnacionales. Y eso que aun no hemos entrado a temas estructurales como la propiedad de la tierra1 o el cambio del uso del suelo con la embestida de la locomotora minero energética.
Ya son más de 40 vías afectadas a nivel nacional, y crece la movilización en Nariño, Cauca, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Putumayo, Caldas, Tolima, Caquetá, Valle, Meta, Antioquia, Santander. A esto se suman los cacerolazos de la solidaridad con el sector agrario en ciudades como Tunja, Bogotá, Armenia, Samacá, Sogamoso, Cali, Bucaramanga, Medellín, Pasto, Paipa, Ibagué, Ipiales y Neiva, entre otras, que se hacen escuchar hasta los más apartado de nuestra geografía nacional2.

Por dignidad y supervivencia el campesinado colombiano se levanta hoy en el paro. Con tres pliegos de peticiones y propuestas para discutir. Tres pliegos se han presentado como sustento del Paro Nacional Agrario. Uno es suscrito por el Coordinador Nacional Agrario CNA y el Congreso de los Pueblos. Otro pliego es firmado por las “dignidades”: cafetera, arrocera, papera, cacaotera y organizaciones que están por la “defensa de la producción nacional”, y uno más es presentado por la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos (MIA Nacional)3. Adicionalmente, el gobierno ha decidido dialogar con los sectores y regiones de manera separada, como estrategia para fraccionar la movilización social. Es desafortunado que no haya una sola mesa de diálogo y pliego de peticiones, pero es gratamente sorprende evidenciar cómo el paro se ha concentrado en sectores y regiones que usualmente no se movilizaban.
El desconocimiento del campesinado como ciudadano y sujeto político del país se reafirma una vez más con las declaraciones del presidente que, en dos ocasiones, ha salido a negar la existencia del paro. Los ministros y el mismo Santos han advertido a quienes están participando en los “disturbios” que serán capturados y judicializados, lo cual parece una amenaza que busca que la gente no participe por miedo a las secuelas.
Aun más desafortunado ha sido la represión con la que se ha tratado a la protesta tanto por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD como del Ejército. El grave balance de los primeros diez días de paro son dos campesinos asesinados por la fuerza pública y cientos de heridos, judicializados y estigmatizados por el gobierno de Santos. El 26 de agosto al joven campesino Juan Camilo Acosta de la vereda Buenas Tardes, en Fusagasuga, le dispararon un gas a muy corta distancia y éste lo golpeó en el pecho, causándole la muerte. La fuerza pública atacó indiscriminadamente a campesinos de las veredas de Pasca, Arbeláez y Cabrera quienes se encontraban en movilización pacífica. En pocos instantes la policía bloqueó el ingreso a prensa y defensores de DDHH, impidiendo el acompañamiento y verificación del levantamiento del adolecente asesinado.
En redes sociales han circulado videos e imágenes de la brutalidad con la cual el ESMAD ha tratado a los y las campesinas. Hubo denuncias en varias de las concentraciones del Paro Nacional en donde la policía estaba decomisando comida (en realidad se trata de viles robos) a campesinos y campesinas. Desde el 19 de agosto en alto de Daza, en Nariño, la policía les quitó los víveres a los manifestantes e impidió su participación en el Paro Nacional.

Sorprende cómo el ESMAD destruye viviendas: en varios municipios fueron atacadas las casas de campesinos rompiendo vidrios, incluso entrando a la fuerza4. El ingreso arbitrario en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos es ilegal.
La mayoría de los abusos de autoridad y excesos del ESMAD tienen que ver con el uso de violencia indiscriminada contra manifestantes indefensos. Algunos ejemplos de esto ocurrieron en Tibasosa donde golpearon campesinos indefensos5. Igualmente hemos visto cómo golpean niños, niñas y jóvenes menores de edad6, e incluso ancianos y ancianas, como por ejemplo en Sogamoso donde el ESMAD atacó a una mujer de la tercera edad7. De igual forma se han denunciado armas de uso no convencional contra las protestas. Tal es el caso del uso de las “recalzadas” que son hechas con cartuchos usados de gases lacrimógenos, rellenos de pólvora y canicas que se disparan desde las mismas pistolas Trufly. También se denunció el uso de explosivos del ESMAD contra manifestantes, por ejemplo en la ciudad de Pasto, donde Rober Elio Delgado, líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano, perdió su ojo derecho.
Se conocieron casos de disparos indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales contra la población, causando varios heridos, como por ejemplo en los sectores de Germania, Altos de Moral y Puente Boyacá. Heridos con arma blanca y elementos contundentes se presentaron en hechos en que se involucra a agentes del ESMAD. Además actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años, lo mismo que el uso de estos elementos que se lanzan y aplican de manera directa al cuerpo de los pobladores. También ataques contra jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios. De igual forma, el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos desde helicópteros, en lugares de concentración de los campesinos8.
En hechos como estos se reportaron 5 personas heridas por balas de cristal disparadas por el ESMAD en el Pilón, Nariño el 21 de agosto. El 19 de agosto, en Chocontá, la policía atacó brutalmente a 600 manifestantes y realizó detenciones arbitrarias, y en Ubaté la policía golpeo y retuvo al campesino José Cristóbal Casas. En el municipio de Marmato fueron agredidos manifestantes el día viernes 23 agosto, efectivos de la policía amenazaron con arremetida por parte del ESMAD. Hubo 12 manifestantes heridos por la policía en la vía Sogamoso- Tibasosa, en una movilizácion de campesinos y defensores de la salud.
De igual forma, el ejército ha participado en estos desmanes. En el Valle del Cauca, como en el resto del país, la represión ha sido feroz. Los campesinos denuncian que el 19 de agosto, mientras se realizaba el bloqueo de la vía San Pedro-Tulua, congregando a unos 2,800 campesinos, cafeteros, lecheros y mineros a la altura de Chambimbal, llegó el ejército a disipar la manifestación con violencia desmedida. El Ejército desde las lomas que conducen a Buga, disparó hacia donde se encontraban fundamentalmente menores de edad, mujeres y ancianos (los jóvenes estaban ocupando la carretera). Dispararon con fusiles de asalto indiscriminadamente a los campesinos, les bombardearon con gases, con los resultados de un herido de bala, Alejandro Vargas Niño, de 17 años, y 40 detenidos que fueron llevados a Buga, donde les iniciaron procesos judiciales. Varias ciudades del país se encuentran militarizadas, con presencia de aviones y helicópteros que intimidan a la población. Además han ubicado tanques cascabel sobre las carreteras. Es increíble que a una protesta ciudadana el Estado responda con aviación y operaciones militares.
Adicionalmente se han denunciado empadronamientos e incluso toma de huellas a quienes se movilizan. Algunos de estos casos se han dado en las carreteras mientras los campesinos se dirigían a participar en las protestas. En Guaviare detuvieron 4 buses y empadronaron a sus ocupantes el 19 de agosto. En Villavicencio el ejército detuvo buses que transportaban campesinos, tomaron cédula y huella dactilar. En Huila la policía amenazó e inmovilizó 10 chivas. En Chachagüí, Nariño, el ESMAD y policías de civil estuvieron tomando fotografías a manifestantes y detuvieron injustificadamente 2 personas. En Llorente, Nariño, la policía fotografió y empadronó a los campesinos movilizados. En Guayabal la policía empadronó a 3 chivas con 500 campesinos, en balsillas. En el Cauca hubo hostigamientos del ejército en balboa, en el municipio de Argelia y señalamientos de infiltración a los manifestantes.
Asimismo se han dado detenciones arbitrarias y masivas, según los medios se reportan más de 100 detenidos y detenidas. En Sogamoso hubo una detención ilegal y arbitraria del joven Camilo Marín en la vereda Crucero. Retuvieron arbitrariamente a 300 campesinos de la Plata, Huila, que iban a las concentraciones del paro Nacional. En el Pilón, Nariño, hay once personas detenidas, quienes fueron judicializadas en los centros de El Bordo. Allí la fuerza pública no respetó el derecho a la protesta, la libre expresión y movilización. Continúa la presión de trescientos miembros del ESMAD y tres tanquetas que ingresaron al casco urbano, lanzaron granadas aturdidoras afectando a niños y niñas, personas de la tercera edad y a médicos de la cruz roja, teniendo en cuenta que son personas protegidas por el DIH. El caso más reconocido de detenciones es el de Huber Ballesteros líder sindical y miembro de la junta de la Marcha Patriótica. Según la fiscalía el líder sindical aparece relacionado en los computadores mágicos de ‘Alfonso Cano’, ‘Mono Jojoy’ e ‘Iván Ríos’.
Supremamente graves son las denuncias de abuso sexual a hombres y mujeres por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas provenientes de estos funcionarios de agredir sexualmente a las mujeres, esposas e hijas de los campesinos. Es común que, en las manifestaciones, el ESMAD amenace con “violar a sus hijas y esposa” si no se retiran del paro.
También se han denunciado la identificación, señalamiento, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro Agrario. En los departamentos de Caquetá, Meta y Huila se ha llegado, incluso, a que el gobierno ofrezca recompensas hasta de $10 millones de pesos por información para identificar a los líderes del paro.
Otra de las denuncias más frecuentes es la infiltración de miembros de la fuerza pública, sin identificaciones visibles, que se hacen pasar como pobladores del territorio con el fin de identificar a los líderes sociales, tomar fotos, grabar videos de las reuniones de las organizaciones con el objetivo de generar señalamientos y evitar el legítimo derecho de protesta. Esto se ha denunciado en muchas partes, pero se ha evidenciado en el Cauca. En el municipio de Rosas se encuentran concentrados aproximadamente 200 campesinos y campesinas en donde el ejército, la policía y el ESMAD realizan hostigamientos permanentes en los lugares de concentración y en las viviendas de los pobladores. En el municipio de El Cairo se han presentado durante los cuatro días que completa la jornada desalojos violentos, agresiones físicas y verbales. Sin embargo los campesinos y campesinas siguen ejerciendo el derecho a la protesta, a pesar de los sobrevuelos en helicóptero, las acciones violentas del ejército y del ESMAD en tanquetas y las constantes y ya sistemáticas amenazas. En la vía Unión-Pasto, en Nariño, el día 26 de agosto aproximadamente a las 5 pm, miembros del SIJIN se infiltraron en la movilización, fueron descubiertos por parte de los campesinos y expulsados de la zona. Algunos líderes organizadores del Paro Nacional Agropecuario han recibido amenazas por parte del grupo paramilitar "Los Rastrojos". Entre los amenazados se encuentran el Senador Jorge Enrique Robledo, el Director de la CUT y el Líder de la dignidad Cafetera Oscar Gutiérrez.
Se ha reportado el irrespeto a los medios alternativos que han denunciado estos abusos. Los medios de comunicación alternativos e independientes intentan mostrar la información. Sin embargo, parece que hubiera órdenes en el Gobierno para detener y atacar a los medios alternativos a nivel nacional. Además, los reportes de medios de comunicación alternativos han hablado de una gran cantidad de enfrentamientos entre campesinos y el ESMAD. Enfrentamientos que han traído abuso por parte de las autoridades y que no han sido mostrados ante la televisión nacional.
Una situación particularmente grave es la que se vive en el departamento del Cauca, donde los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento, los campesinos enfrentan un cerco militar del ejército y la fuerza pública. En esos dos puntos, en El Cairo (Cajibío) y en El Pilón, corregimiento de Galindez (Patía), se está cercando militarmente a los campesinos, mientras se les agrede, se les queman los cambuches que han improvisado, los soldados les roban los alimentos y les botan el agua.
Los abusos por parte de la autoridad "encargada de la protección de la población civil" se ven reflejados en el Paro Nacional. Con todos estos hechos queda la pregunta de si la fuerza pública está cumpliendo sus funciones. El Ministro de defensa ha salido a respaldar sus acciones, indicando que estas acciones no son un par de hechos aislados, es una política sistemática y planificada para reprimir y usar la violencia de manera desmedida contra el campesinado. El ESMAD, la policía y el ejército no actúan como asesinos por error o abuso de autoridad; es la orientación de comportamiento que reciben por parte de los mandos, llegando hasta el nivel presidencial. El comandante del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, coronel Rafael Méndez, dijo que los policías “hacen un curso de control y manejo de multitudes”, que no actúan por voluntad individual sino que siguen órdenes de la cadena natural de mando.
Para el próximo martes 3 de septiembre el Teniente Coronel Rafael Alberto Méndez, quien dirige desde hace más de diez años el Escuadrón Antidisturbios, está citado a la Cámara de Representantes a responder por los desmanes. Muchas quejas deberían ser judicializadas. Además es preocupante que no estén actuando y cumpliendo su deber las instituciones del Estado que deben vigilarlos como la procuraduría y la instancia interna de vigilancia de la policía. Asimismo el Defensor del Pueblo debería acompañar y evitar los atropellos del ESMAD ¿Donde han estado estas instituciones?
Debemos exigir castigo a los responsables de los asesinatos y atropellos cometidos por la fuerza pública, la libertad inmediata a los detenidos y judicializados en la defensa de nuestros derechos. El ESMAD no puede seguir entrando como un ejército de ocupación en las comunidades. Desde hace años hemos exigido el desmonte del ESMAD, que debe ser inmediato.
Aun más grave es que con la implementación de la reforma al fuero militar, en especial al artículo 10, se abre la posibilidad a los uniformados de abrir fuego a civiles que consideren “blancos legítimos”. En junio de 2013, la Cámara de Representantes aprobó los 100 artículos de la reforma al fuero militar, en este momento el país espera la respuesta de la corte constitucional. En caso de que ésta sea afirmativa, todos estos casos de abuso del ESMAD, de la policía y del Ejército podrían pasar a la justicia penal militar y ya se conocen las prebendas e impunidad en estos casos. En todo caso, los y las campesinas ya están siendo tratadas como “blancos legítimos”.

1Actualmente el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra.
2Comunicado del Coordinador Nacional Agrario https://www.facebook.com/CNACOLOMBIA1
3Pliego de las “dignidades”: http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5992-el-19-de-agosto-todos-a-la-movilizacion-nacional-cafetera-y-agropecuaria; Pliego del CNA: http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/49-ultimas-noticias/346-el-cna-convoca-al-paro-nacional-agrario-del-19-de-agosto; Pliego de la Mesa Nacional de Interlocución y
Acuerdo MIA: http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5145:pliego-nacional-de-peticiones-agropecuarias-y-populares&catid=34:comunicados&Itemid=190

4Tibasosa-Esmad arremete contra familias inocentes http://youtu.be/9XrG1tZ3_Pc 5http://youtu.be/U4XCPk2EMDA
6ESMAD en Santa Teresa -Tibasosa ataca a hijo de campesino http://youtu.be/N1bzNrD4l08
7http://youtu.be/m-hOwGjvSPc
8Primer informe Misión de verificación de situación de derechos humanos en Boyacá. 24 de agosto de 2013 http://www.colectivodeabogados.org/Primer-informe-Mision-de


http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/campesinado-blancos-legitimos

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