Juan Manuel Santos Calderón, el Presidente de los colombianos, manifestó en su alocución del pasado 20 de Julio de 2012, en donde se habría de conmemorar una nueva fecha de la independencia de la nación, frente al yugo del imperio español, hace ya más de 200 años, y de lo cual, no parece haber cesado. De igual manera para ratificar una institución altamente permeada por la corrupción, por el favorecimiento al capital privado extranjero, y por ser una guarida de delincuentes de cuello blanco, provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo, que dicho sea de paso, ya la clase popular está asteada de tanta infamia e ingobernabilidad desde esa instancia de poder legislativo.
“…Que el país, no se explicaba el por qué del maltrato de los integrantes del movimiento indígena, frente a los soldados de la patria, que lo único que hacían era defender la democracia en Colombia, que tanta humillación no era pertinente para con quienes lo han dado por la paz, la seguridad y el bienestar de los colombianos…”
Lo anterior, refiriéndose a las escenas manipuladas por los grandes medios de desinformación y que el mismo régimen controla, cercenando una vez más, al pueblo colombiano del derecho a ser informado de manera clara e imparcial, pero claro, con esa maniobra se logran afianzar varios intereses de parte de la oligarquía nacional e internacional.
Primero, intencionalmente se oculta la verdad bajo la perspectiva de mantenerse incólumes en el poder social y político, o como ellos mismos lo califican, “es la democracia más antigua del continente”, y desde ya les pregunto, eso si será cierto?.
Segundo, invisibilizar las acciones de resistencia de un sector social amplio e influyente, como lo es el indígena, y con ello, poner una venda sobre los ojos de los colombianos, sobre la realidad agraria, económica, campesina, cultural, educativa, laboral, de salud, saneamiento básico, vivienda urbana y rural; que no son más, que el producto de la aplicación de políticas capitalistas a favor de la clase dominante, a través del “Congreso de la República” –que ironía, bajo el sofisma de democracia- y que han venido de manera paulatina pero segura, despojando de bienes, derechos, garantías y pertenencias a la clase popular.
Tercero, impera desde el régimen un sentimiento de valor y respeto a la patria, los héroes –soldados- de la patria; pero cabe preguntarnos, ¿la patria de quiénes y para quiénes?, porque los que estamos bajo el rasero infame de sobrevivir con menos de los escuetos tres salarios mínimos legales mensuales, no tenemos el poder adquisitivo para adquirir alimentos, pagar arriendo, estudio de nuestros hijos ni para superación profesional personal; mucho menos, para movilizarnos en sistemas transportes masivos de carácter privados. En este orden de ideas, ni que decir, de aquellos colombianos considerados por el DANE como los pobres y en condición de pobreza absoluta o extrema, ellos si deben ser catalogados como verdaderos “héroes” puesto que están obligados a sobrevivir con menos de 400 mil pesos mensuales, de los cuales deben pagar arriendo en cinturones de miseria, alimentación, transporte, educación y lo hacen con grandes dificultades.
Frente a otros que se ganan más de 25 millones de pesos mensuales, y no tienen con qué pagar el tanqueo de combustible de su carro, o de otros que a pesar de ganar millonarias sumas, reciben pensiones, auxilios y otras dadivas por parte del Estado, personalidades que se pensionan con montos estrafalarios que no se compadecen con el valor de la pensión mínima para más del 65% de los colombianos que actualmente están laborando y aportando al sistema general de seguridad social en pensiones, eso, si la alcanzan o se hacen merecedores de ella, con el requerimiento de la edad, tasada por el actual modelo pensional.
Cuarto, los grandes terratenientes que han forjado su patrimonio con el desplazamiento forzado de los pequeños propietarios colindantes, con fraudes de escrituras públicas ante las notarias, por el desarrollo de mega proyectos u obras civiles que se trazan pero no se ejecutan, con el auspicio del narcotráfico y paramilitarismo quienes siembran terror en territorios y luego inciden para la proliferación de monocultivos que no se compadecen de la crisis alimentaria y nutricional por la que está atravesando la nación colombiana, con tal de que a ellos, eso si, a unos pocos, esos “negocios o inversiones” les den rendimientos económicos, status social y político en cada región del país.
Quinto, la guerra es un verdadero negocio, que deja inmensas ganancias a los que participan activamente del tráfico de armas, los datos oficiales sobrepasan los 3.5 billones de pesos anuales en el mercado negro de la guerra, y por tal motivo, la paz no le conviene a estos personajes siniestros y lo más patético es que el modelo que todos los gobernantes quieren imitar –norteamericano- es el que aporta el mayor número de armas ilegales en el actual conflicto interno que se desata en Colombia. Los planes de expansión y control del hemisferio por parte del consenso de Washington, Congreso estadounidense, el Pentágono, CIA, FBI, DEA entre otras agencias que disponen de millones de dólares en los proyectos conocidos como: Plan Colombia, Plan Puebla Panamá, Plan Patriota, e incluso el TLC; que no son más que el escalonamiento de conflictos bajo la perspectiva de la guerra prolongada, de baja intensidad, o de cuarta generación que incita a la delación, al sapeo entre la clase popular para combatir supuestamente al enemigo interno u oculto como se le denomina militarmente.
De este último factor, se desprenden entonces las aspiraciones de Álvaro Uribe Vélez al consolidar como efectivamente lo hizo bajo sus mandatos como gobernador en Antioquia y presidente de Colombia, al espectro paramilitar, cuya misión esencial no era como se ha afirmado ante la comunidad internacional, de una propuesta anti subversiva, sino que por el contrario, se proponen controlar militar, social y políticamente zonas geográficas en donde se presenten vestigios de resistencia social frente a las políticas antipopulares de parte del Establecimiento, y en el mejor de los casos, posicionarse en tierras apetecidas por el capital transnacional para la implementación de sus inversiones que se traducen en despojo integral para la clase popular, viabilizando a través del terror, lograr el desplazamiento de grandes capas humanas desde el campo colombiano hacia los cinturones de miseria en las medianas y grandes ciudades. En fin se trata ante todo de “Eliminar resistencias, a como de lugar”.
Pero a quien le cumple ordenes, este “pacificador”, el mayor mercenario con que cuenta la historia criminal de Colombia – Uribe Vélez, pues justamente, es a ese capital transnacional extractivo de nuestras riquezas naturales –agua, hidrocarburos, maderables y minerales; a aquellos pulpos económicos que se benefician de los créditos hipotecarios, de los empréstitos públicos y privados, de la privatización de los servicios públicos esenciales como la educación, salud, servicios domiciliarios, telefonía fija y móvil, de la tercerización y precarización laboral y prestacional.
Empresas o grupos como: Morgan PG, Citigroup, Glencore, Drummond, Oxi, BP, MPX, Nestlé, Xtrata, Anglogold Ashanti, Chiquita Brands, Pacific Rubiales, Cosego Resources, Smurfit Kappa Cartón de Colombia, Oro Cauca – Greystar, Coca Cola, Colgate Palmolive, Kraft Foods – Cadbury Adams, Emgesa, Endesa, Gerdau, Unión Fenosa, Gas Natural, Argos, Grupo Económico Antioqueño, Ardila Lule, Grupo Santodomingo, Sarmiento Angulo, son las personas jurídicas económicas que de una u otra forma han auspiciado desde hace muchos años, la desigualdad social y por ende el escalonamiento sistemático del conflicto social y armado en Colombia; y de las cuales el anterior mandatario obedecía al pie de la letra todas sus imposiciones de flexibilización legislativa para poder venir o continuar invirtiendo en nuestro país, aún en contra de la Carta Política de 1991, justamente por ello, es su brutal arremetida reformista en contra del modelo constitucional colombiano, por ser considerado excesivamente proteccionista.
Ahora los iconos de la democracia, a los que le brindan todo el despliegue desinformativo a nivel nacional e internacional, son los militares “llorones”, que vergüenza, si, claro, porque son los mismos que han atropellado a la población colombiana de manera constante y permanentemente con requisas que violentan la intimidad personal principalmente de las mujeres en todas las carreteras y vías del país; los mismos que primero disparan y luego preguntan de quién se trata o para dónde se dirige; aquellos que limitan adrede la libre locomoción de los colombianos; pero por supuesto, hablamos es de esos uniformados oficiales que protegen y vigilan las instalaciones e infraestructura del gran capital.
Pero en gracia de discusión, por qué llora el sargento segundo Rodrigo García Amaya adscrito al Batallón de Alta Montaña No. 8, será porque salió derrotado por una masa popular sin armas, que solo la acompañaba el sentimiento ancestral de administración y control territorial contemplado en el Derecho Mayor y, el afán incansable, de ubicar caminos prácticos para la paz entre los colombianos; óigase bien, ambos preceptos no son ajenos a la vida democrática de Colombia, puesto que se encuentran contemplados en la Constitución de 1991.
Llora a pulmón rajado García Amaya, porque lo sacaron del Cerro Berlín, un cerro estratégico para el ejército nacional, pero que es escarpado, sin agua, sin vegetación en su falda y donde estaban era para proteger justamente las dos antenas de empresas multinacionales de comunicación o telefonía móvil, que berraquera, que chimba de héroes. Ellos nunca protegieron a la población de Toribio de la amenaza subversiva, para las fuerzas castrenses y el gobierno nacional, no habían compatriotas en esa región del país, solo unas torres de metal y tornillos; en tal virtud, les preguntamos a los lectores, será esa, la verdadera función de las fuerzas militares en Colombia?.
Si la función constitucional es proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, por qué entonces construyen fortificaciones militares en zonas de conflicto al pie de los bienes públicos como escuelas o colegios, iglesias, puesto de salud u hospitales, de la plaza de mercado, o en el parque central de la población, será para protegerse con escudos humanos del enemigo, o por qué en su recorridos de control territorial utilizan las escuelas y viviendas de las comunidades como bases temporales, determinando de contera, una suspensión arbitraria de clases para los niños y jóvenes rurales de toda Colombia, quebrantando el principio del DIH del principio de distinción al interior del conflicto, para no involucrar a la población civil en la dinámica de la guerra. Por qué los batallones de alta montaña se ubican en inmediaciones de los predios de los mega proyectos orientados por el gobierno y la burguesía internacional?.
O será que berreaba el suboficial, porque ya no cobraría un salario de guerra al ser sacado de la región catalogada como “zona roja” o de “alto conflicto” y que le generaba un considerable incremento económico sobre su mesada ordinaria, para él y su grupo familiar en aras de vivir dignamente.
Pero entonces nos angustian otras preguntas tan simples y populares, como las siguientes: Por qué el establecimiento si se conduele de un miembro de la fuerza pública que está y debe estar, habituado al fragor de la guerra, de las consecuencias que de por sí, un enfrentamiento generan en la humanidad del combatiente como la amputación de sus miembros o extirpación de órganos, e incluso pérdida de un amigo o compañero.
Más, no lo hace cuando las madres de los jóvenes que fueron asesinados por los “héroes” de la patria, suplicaban justicia frente a los que les colocaron prendas militares y los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate, en los mal llamados “falsos positivos”. O las lagrimas de los familiares de los menores ultrajados, abusados sexualmente en Arauca, Choco y Nariño por parte de estos mismos “héroes”; y de manera extraña, esos famosos medios de desinformación tampoco hacen una remembranza de las injusticias y vejámenes que cometen a diario los miembros de las fuerzas castrenses, ni siquiera el Estado se acoge los fallos de la justicia ordinaria, sino que defiende a ultranza lo indefendible, por el simple hecho de tratarse de un uniformado oficial.
Iguales o peores son los crímenes de estado, auspiciados y apoyados por los mega héroes de la patria, los altos mandos del ejercito y la policía nacional, que han brindado colaboración eficaz y efectiva al espectro paramilitar en todo el territorio nacional, para que le den rienda suelta a toda su demencial barbarie plasmada en asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento y torturas.
Valga la pena advertir que todos los sectores sociales que estamos realizando oposición política al régimen oligárquico colombiano, justamente por el desequilibrio social y político direccionado desde él mismo, entre los que nos encontramos: obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, comunidades negras, sectores populares; hemos sido victimas de la guerra sucia existente en Colombia, impuesta a través de amenazas escritas, telefónicas, mensajes de texto, desplazamiento, hostigamientos, persecuciones. Pero también, hemos sido victimas del conflicto en si mismo, ante la muerte selectiva y masacres a manos de miembros de la fuerza pública y de hordas paramilitares a las que se les suministro información precisa de líderes y dirigentes por parte del DAS particularmente, fuerzas paramilitares a las que de manera extraña el establecimiento desconoce como tal, por el contrario las invisibiliza y minimiza su accionar, no solo considerándolas sino que las presenta ante la comunidad nacional e internacional, como grupos emergentes o bandas criminales.
Todo lo anterior en el ánimo de desenmascarar a los autores intelectuales de todos los crímenes cometidos por el establecimiento colombiano y sus agentes o aliados, en más de sesenta (60) años de guerra fratricida, que lo único que ha logrado es el desangre inmisericorde de miles hogares colombianos, representado en: muertos, viudas, huérfanos, discapacitados, secuestros, retenciones, torturas, tratos crueles, prisioneros, deserción escolar y demás.
Finalmente, el Departamento de Lucha Contra Empresas Transnacionales y Solidaridad de la Subdirectiva Valle del Cauca, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, sostiene, que si el Estado y la burguesía colombiana, quieren terminar la guerra, deberán mínimamente implementar políticas de bienestar general para los colombianos, o de lo contario es continuar posando ante la comunidad nacional e internacional como los pastorcitos mentirosos, o con buenas intenciones, pero sin la voluntad política de efectuarlas; por lo tanto propone el siguiente temario para ser tenido en cuenta, en la eventualidad de habilitar algún escenario de paz en el suelo colombiano o porque no fuera del país, jalonado por organismos multilaterales:
A). En lo laboral: Abrir empresas y puestos de empleo para las personas en edad de producir, recuperar las empresas entregadas vilmente por debajo del precio real al capital privado, derogar la legislación sobre seguridad social, derogar el actual sistema pensional,
B). En lo minero energético: Nacionalizar los recursos minerales e hidrocarburos, elevar el agua como derecho fundamental para la humanidad, derogar todas las licencias o concesiones mineras otorgadas desde el 2002 por el anti gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
C). En lo Agrario: Reverdecer nuevamente el campo colombiano con una reforma agraria que albergue la problemática de la tenencia, propiedad, uso de suelos, seguridad alimentaria, acompañada con políticas de créditos, abonos, semillas, insumos y herramientas, sustitución de cultivos,
D). En lo Educativo: Recuperar como función pública y de carácter estatal la educación, eliminando la política de cobertura que ha demostrado ser ineficaz y foco de corrupción en el sector, ratificar la gratuidad y universalidad de la educación en todo el territorio nacional y en todos los niveles educativos, cubrir los pasivos de la universidades públicas y ampliar sus programas que redunden en la investigación, informática, y demás ciencias del conocimiento.
E). En la salud: Recuperar el Seguro Social y las redes públicas departamentales y municipales de salud, cumplir los pasivos financieros de los hospitales, dotar los centros y puestos de salud asi como los hospitales con instrumentos y equipos modernos de alta tecnología que beneficien el estado de salud de los colombianos y compitan con las instituciones privadas en igualdad de condiciones.
F). En Vivienda: Brindar verdaderas soluciones de viviendas tanto en lo urbano como en lo rural, habilitar los bancos de tierras en los entes territoriales para beneficiar a la vivienda de interés prioritario y/o de interés social, recuperar del sector privado la política de vivienda oficial.
G). Servicios Públicos: Nacionalizar nuevamente las empresas prestadoras de servicios públicos, cubrir todos los municipios del país con servicios domiciliarios óptimos y de calidad, implementar nuevamente el subsidio de los estratos altos para con los bajos.
H). Endeudamiento: Decretar la moratoria sobre los intereses de la deuda externa, y por ende el congelamiento de pago hasta por un período de 20 0 30 años. Colombia es el único país que paga puntualmente este concepto ante la banca multilateral. Los endeudamientos que se adquieran deben propender por beneficiar a la población y no para obras de infraestructura, cesar la política de concesión en obras civiles.
I). En lo Comercial: Derogar los tratados de libre comercio en donde Colombia no tenga oportunidad de competir con los volúmenes de mercaderías provenientes de las potencias industriales y comerciales del mundo, debe imperar un comercio justo y equilibrado entre las partes.
Finalmente recordarle al gobierno nacional, al establecimiento en general, que la paz es un derecho fundamental de rango constitucional, por demás consagrado en la carta de 1991 y convenios internacionales de los cuales Colombia es estado parte, y por ende, el presidente de la república, no se puede abrogarse per se, la facultad de ser el único animador de la paz en Colombia, esa llave de la cual habla, debe ser entregada a las organizaciones de los sectores sociales que interactúan jurídica y válidamente en el país, para que la propuesta sea discutida desde la soberanía popular - constituyente primario, y luego ser presentada ante el Estado y las partes entreveradas en el conflicto.
Pero de igual manera, precisamos que los empresarios o sus agremiaciones –Fenalco, Andi, Fedegan, ministros, entre muchos otros- no pueden posar de representantes legítimos del pueblo, en virtud a que ellos, han sido en gran parte, los generadores de las desigualdades con las que se ha agitado el mismo conflicto durante más de seis décadas, por tanto serán o deben ser considerados como aliados del establecimiento, como en idéntica categoría ha de mirarse a las hordas paramilitares que han sido financiadas por unos y otros.
En este orden de ideas, considero que en la gran mesa nacional de la paz, deben estar sentados por un lado: Gobierno y empresarios, la insurgencia, la clase popular representada en organizaciones sociales y delegados de organismos internacionales a título de veedores del proceso.
De igual manera, somos del criterio que la paz no se puede pactar con el tableteo constante de las balas, no estamos propendiendo por despejes territoriales de zonas determinadas, sino que estos escenarios se hagan de manera abierta y de cara al país, en la plaza pública, con la utilización de medios virtuales para aquellos actores que no consideren el pleno de sus garantías de seguridad y permanencia para discutir frente a su adversario. Entonces se propone:
- En primer lugar debe pactarse un cese al fuego y de hostilidades por las partes combatientes,
- Designación de los compromisarios por las partes,
- Frecuencia y disponibilidad de Skipe para aquellos que no puedan llegar al escenario de manera presencial o puntual,
- La designación y ubicación de unas mesas regionales que permitan recoger las expectativas de gran parte del pueblo colombiano y luego si, serán objeto de análisis, discusión y desarrollo por una mesa nacional,
- Se deben colocar o fijar tiempos para el desarrollo metodológico y programático de la propuesta.
- Con los veedores, fijar unos términos prudenciales para el seguimiento y verificación de lo pactado antes, durante y después de la mesa nacional de la paz.
Finalmente, expresarles que si el establecimiento no quiere asumir su papel constitucional y legal de explorar escenarios de paz, hacemos una convocatoria a todas las organizaciones sindicales y sociales a nivel nacional para que desde abajo, iniciemos este ejercicio, estructuremos los documentos pertinentes y posteriormente hagamos uso de las herramientas jurídicas para obligar al Estado a actuar, frente al tema de la paz de los colombianos.
Abrazo revolucionario,
(Firmado original)
DIEGO ESCOBAR CUELLAR
DPTO. LUCHA CONTRA ETN’s Y SOLIDARIDAD
SUBDIRECTIVA CUT – VALLE DEL CAUCA
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