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lunes, 27 de febrero de 2012

Sindicalista colombiano da su testimonio en Suiza




Por Sergio Ferrari, swissinfo.ch

Solifonds advierte sobre la necesidad de dar a conocer en Europa la situación de los derechos laborales en Colombia, ante el actuar de las multinacionales en ese país.

Esta organización helvética que respaldó seminarios de formación para sindicalistas en ese país, invitó a Alvaro Vega de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia a Suiza.


El afán de las multinacionales por adquirir empresas estatales, controlar territorios y explotar recursos naturales genera una crisis en los derechos laborales y las garantías sindicales: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.

En la actual realidad colombiana, el apoyo de la comunidad internacional es esencial para “acompañar y reforzar la vigencia de los derechos humanos, laborales y sindicales”, enfatiza el dirigente sindical Alvaro Vega en entrevista conswissinfo.ch, durante su reciente visita a Suiza .

Vega denuncia también las prácticas de las multinacionales que al priorizar sus intereses económicos, desconocen la legislación interna y los convenios suscritos por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como  el 87 y 98 referidos a los derechos de asociación y negociación colectiva.

“Queremos que se conozcan a nivel internacional situaciones que requieren de la solidaridad externa dada la falta de garantías en mi país”, expresa el dirigente sindical.

La organización helvética Solifonds, que reúne en su seno a una decena de sindicatos, asociaciones de cooperación y solidaridad con los pueblos del Sur, el Partido Socialista Suizo, entre otros, invitó al sindicalista sudamericano a participar en actividades públicas en Ginebra y Zúrich.

“Es esencial hacer conocer en Europa la realidad cotidiana de las organizaciones sociales colombianas que sufren una enorme presión en detrimento de sus derechos”, enfatiza Yvonne Zimmermann, una de las responsables de Solifonds


Dos violencias superpuestas

A pesar del discurso más político del nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente, el ex sindicalista Angelino Garzón, “padecemos una realidad cotidiana cada vez más complicada para ejercer nuestros derechos sindicales”, afirma Alvaro Vega.

Vega, ingeniero mecánico de profesión, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la seccional del Valle del Cauca –con 38 mil afiliados-, una de las regiones más importantes del país y más afectadas por la acción de los distintos actores armados.

Un primer tipo de violencia, explica Vega, es el resultado de una “política global antisocial impuesta por muchas de las multinacionales instaladas en el país. Desconocen sistemáticamente el derecho a la sindicalización; cierran empresas nacionales para desarticular asociaciones gremiales y bajar costos; promueven la criminalización de la protesta social”.

La segunda manifestación “es la violencia social cotidiana en aumento, producto de la agudización de la crisis económica y el impacto de las políticas oficiales contra los sectores económicamente más frágiles del país, entre ellos los trabajadores”, explica.

Sobre su propia experiencia personal dice: “era trabajador de la multinacional de capital brasilero GERDAU. Fui afectado por el cierre arbitrario y posterior liquidación de su filial SIDELPA en el 2009”.

En el proceso contra la clausura del centro productivo, inicialmente, participaron 256 trabajadores, pero debido a presiones de la multinacional y del Estado, “finalmente terminamos la lucha solo dos, que éramos los dirigentes sindicales en la firma”.

Luego de complicados procesos jurídicos y mediaciones internacionales, los dos delegados sindicales lograron obtener una pensión anticipada. “Pero lo más importante es que la empresa debió pagar una indemnización reparativa a los sindicatos que defendieron la causa. Fue una forma de reconocer su arbitrariedad y constituyó una victoria simbólica, aunque limitada, de los derechos laborales”, explica.


Realidad deteriorada

Más de 50 dirigentes sindicales fueron asesinados en 2011 en toda Colombia. Cuatro de ellos en la región del Valle del Cauca.

En los últimos meses “se han disparado los índices de amenazas contra activistas y dirigentes sindicales en mi región”, explica Vega. Quien fue víctima de un hostigamiento a su residencia el 25 de noviembre pasado y de presiones crecientes en los últimos tres meses.

“Se trata de criminalizar al movimiento sindical, a las organizaciones sociales en general. Por eso, a pesar del discurso oficial del respeto de derechos humanos, la realidad cotidiana contradice tal argumento”, enfatiza.

Para responder a tantas presiones, “tratamos de impulsar alianzas y apoyo mutuo entre los sindicatos, organizaciones sociales como la minga indígena, el sector de la cultura, el movimiento estudiantil que se ha movilizado fuertemente el segundo semestre del año pasado y algunas comunidades desplazadas de zonas marginales”.  


Solidaridad suiza con las mujeres sindicalistas

Minoritarias en las instancias dirigentes de los sindicatos colombianos las mujeres exigen mayores cuotas de participación.

Solifonds apoyó un proyecto de seminarios de formación para las sindicalistas de la CUT Valle del Cauca. Aunque originalmente se preveía un centenar de inscritas, “finalmente participaron 130 mujeres de doce sindicatos sectoriales” explica Yvonne Zimmermann de la organización solidaria helvética.

La representante de la entidad suiza ratifica la necesidad de reforzar el apoyo a los sindicatos y organizaciones sociales del país sudamericano, “para asegurar un ejercicio real de los derechos sindicales”.


Sergio Ferrari, swissinfo.ch

“Las multinacionales en Colombia atentan contra los derechos sindicales”


*La criminalización de los movimientos sociales
*Sindicalista colombiano pide solidaridad internacional activa

Sergio Ferrari*.- El afán insaciable de las multinacionales en Colombia por adquirir empresas estatales, controlar territorios y explotar recursos naturales, conlleva a una crisis creciente de los derechos laborales y de las garantías sindicales.


En la actual realidad colombiana, el apoyo de la comunidad internacional es esencial para “acompañar y reforzar la vigencia de los derechos humanos, laborales y sindicales”, enfatiza el dirigente sindical Alvaro Vega, durante su reciente estadía en Suiza.

Respetar convenios de la OIT

Vega además denunció las prácticas de las multinacionales que priorizando sus intereses económicos, desconocen la legislación interna y convenios suscritos por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como el 87 y 98 referidos a los derechos de asociación y negociación colectiva.

“Queremos que se conozcan a nivel internacional situaciones que requieren de la solidaridad externa dada la falta de garantías en mi país”, expresó el dirigente sindical.

Llamado retomado por la organización helvética SOLIFONDS, que reúne en su seno a una decena de sindicatos, asociaciones de cooperación y solidaridad con los pueblos del sur, el Partido Socialista Suizo etc. SOLIFONDS invitó al sindicalista sudamericano para participar en actividades públicas en Ginebra y Zúrich.

“Es esencial hacer conocer en Europa la realidad cotidiana de las organizaciones sociales colombianas que sufren una enorme presión en detrimento de sus derechos”, enfatiza Yvonne Zimmermann, una de las responsables de SOLIFONDS.

Dos violencias superpuestas

A pesar del discurso más político del nuevo gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente el ex sindicalista Angelino Garzón, “padecemos una realidad cotidiana cada vez más complicada para ejercer nuestros derechos sindicales”, afirma Alvaro Vega.

Vega, ingeniero mecánico de profesión , es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la seccional del Valle del Cauca –con 38 mil afiliados-, una de las regiones más importantes del país y más afectadas por la acción de los distintos actores armados.
Un primer tipo de violencia, explica Vega, es el resultado de una “política global antisocial impuesta por muchas de las multinacionales instaladas en el país. Desconocen sistemáticamente el derecho a la sindicalización; cierran empresas nacionales para desarticular asociaciones gremiales y bajar costos; promueven la criminalización de la protesta social”.

La segunda manifestación, “es la violencia social cotidiana en aumento, producto de la agudización de la crisis económica y el impacto de las políticas oficiales contra los sectores económicamente más frágiles del país, entre ellos los trabajadores”, explica.

Sobre su propia experiencia personal dice: “era trabajador de la multinacional de capital brasilero GERDAU. Fui afectado por el cierre arbitrario y posterior liquidación de su filial SIDELPA en el 2009”.

En el proceso contra la clausura del centro productivo, inicialmente, participaron 256 trabajadores. Pero debido a presiones de la multinacional y del Estado, “finalmente terminamos la lucha solo dos, que éramos los dirigentes sindicales en la firma”.

Luego de complicados procesos jurídicos y mediaciones internacionales, los dos delegados sindicales lograron obtener una pensión anticipada. “Pero lo que es más importante, que la empresa debió pagar una indemnización reparativa a los sindicatos que defendieron la causa. Fue una forma de reconocer su arbitrariedad y constituyó una victoria simbólica, aunque limitada, de los derechos laborales”, explica.

Realidad deteriorada

Más de 50 dirigentes sindicales fueron asesinados en 2011 en toda Colombia. Cuatro de ellos en la región del Valle del Cauca.

En los últimos meses “se han disparado los índices de amenazas contra activistas y dirigentes sindicales en mi región”, explica Vega. Quien fue víctima de un hostigamiento a su residencia el 25 de noviembre pasado y de presiones crecientes en los últimos tres meses.

“Se trata de criminalizar al movimiento sindical, a las organizaciones sociales en general. Por eso, a pesar del discurso oficial del respeto de derechos humanos la realidad cotidiana contradice tal argumento”, enfatiza.

Para responder a tantas presiones, “tratamos de impulsar alianzas y apoyo mutuo entre los sindicatos, organizaciones sociales como la minga indígena, el sector de la cultura, el movimiento estudiantil que se ha movilizado fuertemente el segundo semestre del año pasado y algunas comunidades desplazadas de zonas marginales”. 

Solidaridad con las mujeres sindicalistas

Minoritarias en las instancias dirigentes de los sindicatos colombianos las mujeres exigen mayores cuotas de participación.

SOLIFONDS apoyó un proyecto de seminarios de formación para las sindicalistas de la CUT Valle del Cauca. Aunque originalmente se preveía un centenar de inscritas, “finalmente participaron 130 mujeres de doce sindicatos sectoriales” explica Yvonne Zimmermann de la organización solidaria helvética.

Quien ratifica la necesidad de reforzar el apoyo a los sindicatos y organizaciones sociales del país sudamericano, “para asegurar un ejercicio real de los derechos sindicales”, a la base de todo derecho humano esencial.

*Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER y swissinfo



sábado, 25 de febrero de 2012

¡No en nuestro nombre!...Cinismo sin límites en la casa de Narquiño















"Las clases dominantes de Colombia y sus representantes políticos se han caracterizado históricamente por una increíble muestra de criminalidad y cinismo. Criminalidad extrema que nos ha hecho perder la cuenta de todas las infamias que han cometido y siguen cometiendo; cinismo sin par, porque no solamente exhiben sin pudor alguno sus crímenes como si fueran hechos perfectamente normales, sino que, además, le dan tal vuelta de tuerca a la realidad que resultan formulando los postulados más inverosímiles que uno pueda imaginar, los cuales únicamente se pueden explicar por la impunidad que los cubre y los protege".

Una muestra reciente de ese cinismo lo encontramos en la declaración formulada por Juan Manuel Santos a propósito de la ratificación, por parte del Tribunal Superior de Bogotá, de la condena a treinta años de prisión al ex coronel Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de dos personas durante la retoma del Palacio de Justicia, acontecida el nefasto 7 de noviembre de 1985 y por la orden dada al Ejército de pedirle perdón público a las víctimas y sus familiares por esos hechos.

A raíz de esta sentencia, el inquilino de la Casa de Nariño, como en los mejores tiempos del ordinario verdulero que lo antecedió, salió lanza en ristre a condenar la decisión del tribunal y llegó a afirmar que en este caso “yo más bien le pido perdón al Presidente Betancur a nombre de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”. Así mismo agregó que “más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire”.

Una afirmación de este calibre, aparte del cinismo que conlleva, supone un atrevimiento de marca mayor, cual es pedirles perdón a personajes de dudosa credibilidad, comprometidos en delitos de lesa humanidad, a nombre de todos los colombianos. Con esto se reafirma el proyecto de las clases dominantes colombianas, del Estado, de las Fuerzas Armadas y de un importante sector de violentólogos y de memoriólogos enquistados en la oficiosa y recién creada Comisión de la Memoria Histórica, que están en proceso de revisar la historia contemporánea del país.

La declaración de Juan Manuel Santos no es aislada, sino que forma parte de un proceso sistemático y planeado desde el Estado, con la participación directa de sus intelectuales orgánicos de la derecha –muchos de los cuales siguen posando de ser “progresistas”- de borrar de la memoria los crímenes del Estado y de sus cuerpos represivos. Ello se ha visto recientemente en los casos de Mapiripan y Las Pavas, y con la promulgación de una publicitada Ley de Víctimas, en la cual el Estado aparece no como el principal responsable de la violencia, sino como una pobre víctima.

En este contexto, se explica la gritería de Santos, pretendiendo anular por la vía mediática una decisión judicial que condena a uno de los responsables directos del Palacio de Justicia y llama a que otro, el expresidente Belisario Betancur, sea juzgado por una corte internacional, en vista de la inoperancia de la “Comisión de Absoluciones” del Congreso colombiano. Al hacerlo no sólo absuelve, como si fuera un juez, a los criminales,  ligados al Estado, sino que escupe sobre los cadáveres de las personas asesinadas y desaparecidas y ofende su dignidad.

A nombre de todos nosotros, los que hemos nacido en este país o tienen la nacionalidad colombiana por adopción, les pide perdón a unos criminales. Con esta lógica, y es lo que está en curso de suceder, el orden de la realidad se va invirtiendo de una manera perversa. En lo sucesivo, y sólo para dar unos cuantos ejemplos, las gacelas le tendrán que pedir perdón a los leones porque éstos se las devoran; las gallinas le deben pedir perdón a los zorros que se las engullen; las palomas le deben solicitar perdón a los gavilanes cuando éstos las atacan y las matan.

Este cambio en el orden de cosas, algo así como el mundo al revés, tiene profundas implicaciones para entender y explicar la historia de Colombia. Con la “brillante” solicitud de Santos, a nombre de todos nosotros, sobre la que su pomposa Comisión de la Memoria histórica no ha dicho ni pío, podemos entonces hacer fila para empezar a pedir perdón: Que Belisario Betancur nos perdone por los obreros de Santa Bárbara (Antioquia) que asesinó cuando fue Ministro de trabajo, en febrero de 1963; que el general Carlos Cortés Vargas, nos perdone por las centenas de obreros que mató durante la masacre de las bananeras, en diciembre de 1928; que el Ejército colombiano nos perdone por los estudiantes que masacró en las calles bogotanas en junio de 1954; que los padres de los estudiantes mexicanos asesinados en Ecuador en 2008 le pidan perdón al Estado colombiano por los hijos que les mató, cuando incursionó ilegalmente en ese país vecino; que Alfonso López Michelsen nos perdone por los jóvenes que murieron por obra de los cuerpos represivos del Estado durante el paro cívico de septiembre de 1977; y para no ir tan lejos, que Juan Manuel Santos nos perdone por los falsos positivos, miles de jóvenes asesinados, cuando se desempeñó como Ministro de Defensa durante el gobierno ilegal del arriero paisa. Así podríamos seguir con una lista casi infinita, que nos llevaría a llenar libros enteros y a revisar dos siglos de la historia nacional.

Es un abuso que a nombre de los colombianos se proteja y se excuse a los crímenes y a los criminales, amparándose en el alto cargo que desempeña un individuo de la rancia aristocracia bogotana. Al respecto, tenemos que decir con toda convicción, que la impunidad y el crimen no pueden ser avalados y bendecidos a nombre de todos los colombianos. Por eso, tenemos que afirmar con determinación: NO EN NUESTRO NOMBRE.


miércoles, 22 de febrero de 2012

Panamá, al borde de la insurrección popular + revelador video con imágenes MUY FUERTES...los crímenes de MARTINELLI


ojo..video MUY FUERTE..jovenes quemados vivo en carcel, bajo la complasencia de la policia, video revelador sobre los crímenes de martinelli, el "amigo" de alvaro uribe 

Las élites de Panamá y Colombia se parecen cada vez más: son sumisas a los Estados Unidos de América, tienen gobernantes devotos, multimillonarios que amparan los empresarios y las transnacionales, albergan en su suelo a criminales extranjeros, destrozan el medio ambiente con políticas mineras y energéticas y asesinan a su propio pueblo en resistencia. En lo que va corrido del año Panamá ha estado al borde varias veces de insurrecciones populares por cuenta de la indignación de las organizaciones sociales, sindicales y grupos étnicos unidos en el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso.
 Los sectores populares están cansados del cinismo del gobierno de Martinelli, que dicho sea de paso es una radiografía del anterior gobierno colombiano de Uribe: mafia, narcotráfico, corrupción, escándalos, persecución  y judicialización de la protesta social y abyección total ante los gringos. Todo ante el silencio cómplice de los medios masivos de comunicación, de la clase dirigente y de la “famosa” comunidad internacional.

Huelga del Canal
En la primera semana de enero de 2012 los obreros del canal iniciaron una huelga en contra de las transnacionales que dirigen las obras de ampliación del canal de Panamá, que estuvo en manos gringas por más de 100 años y que ahora, en los últimos 10 años, ha reportado mayores ganancias que las que obtuvo durante un siglo en manos norteamericanas, con todo y la corrupción de la oligarquía panameña.
Sin embargo, los obreros protestaron entre otras cosas por el trato irrespetuoso y los maltratos del personal directivo extranjero que labora en la obra, contra los nacionales panameños. También porque los salarios son, como siempre, mayores para los extranjeros que para los panameños. Esta Huelga, que duró dos semanas, obligó al gobierno de Martinelli a sentarse a negociar con Suntracs, el sindicato de obreros de la construcción, el más grande de centro América. Producto de esa negociación se expidió un decreto que incrementó el costo de la hora de trabajo a favor de los obreros; tal salida, sin embargo, no fue satisfactoria para los obreros y los mantienen en pie de lucha. Las retaliaciones del gobierno no se hicieron esperar y a finales de enero de 2012 arrestó de manera ilegal a 33 obreros, ingresando a las áreas de trabajo en donde desarrollaban su labor.

Estas protestas son la apertura a una serie de  movilizaciones que se dan en todo el país contra el régimen de Martinelli, la corrupción y el crimen que maneja su gobierno.

Protestas contra la minería y las hidroeléctricas en el territorio Ngäbe Buklé
El Estado se había comprometido a no tocar el territorio de la comarca Ngäbe Buklé para construir Hidroeléctricas ni explotar minería, pero no sólo no ha cumplido sino que incentiva su construcción y ataca criminalmente al pueblo que defiende su territorio. Panamá no necesita producción de energía hidroeléctrica porque con 700 MW que produce actualmente es suficiente; los proyectos que se quieren imponer, sólo en la región de Chiriqui, planean más de 700MW.

También en esa región se encuentra una conocida empresa colombiana, los directivos de Hidroecológica del Teribe, S.A., filial de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., dieron luz verde a la construcción de los caminos y puentes que darán acceso al sitio de las obras principales del proyecto hidroeléctrico Bonyic, en Panamá. EPM, igual que en Colombia, se comporta como una multinacional que arrasa sin contemplación lugares sagrados y de alta biodiversidad. Toda la energía producida en Panamá, como en Colombia, será para la exportación y no para solventar necesidades de sus pueblos.

Por esta y otras razones, desde el 5 de febrero de 2012 el pueblo Ngäbe Buklé paralizó la carretera interamericana que conecta a Panamá con Centro América, y fue violentamente reprimida con el siguiente saldo: En San Félix la policía y los militares, para reprimir a los manifestantes, entraron violentamente a los hospitales, a las viviendas, desnudaron a una señora para requisarla y secuestraron durante dos días a una niña de 13 años para después violarla. Se utilizaron helicópteros, aviones y gases, torturas y armas de fuego. En medio de estas protestas, Gerónimo Rodríguez, indígena de 26 años de edad, fue asesinado por la policía el 5 de febrero de 2012 de un balazo que le atravesó el corazón. También el joven Mauricio Méndez, de 16 años, fue asesinado por la policía de un disparo que le destrozó el rostro, mientras participaba en una vigilia en solidaridad con el pueblo indígena Ngäble Buklé. El hecho ocurrió el 7 de febrero en el sector de las Lomas, provincia de Chiriquí.

Frenadeso señala al presidente Martinelli, al director de la policía Gustavo Pérez y al ministro de seguridad José Raúl Mulino como responsables por estos crímenes y por los que se han cometido en los dos últimos años, por no hablar de las decenas que provocaron los anteriores gobiernos. Por ejemplo, el 7 de julio de 2010 se perpetró la masacre de Bocas del Toro; allí fueron asesinadas 10 personas, entre ellos los dirigentes Antonio Smith y Virgilio Castillo y varios menores de edad. 716 manifestantes resultaron heridos, lo que muestra lo nutrido de la manifestación y el enojo de la población que se movilizaba contra la ley 30 que prohibía el derecho a la huelga y le daba libertades a la policía para atropellar a los manifestantes.

Las escenas son aterradoras
Las imágenes de los asesinatos y agresiones de la policía contra los manifestantes que protestan son estremecedoras. Pero esta es la reiteración de la política del primer mandatario y sus militares, quienes ya habían mostrado su nivel de crueldad. El 9 de enero de 2011, por ejemplo, en el centro de cumplimiento de menores de Tocumen, la policía quemó vivos a 5 jóvenes en una celda: Erik Alexis de 17 años, Benjamín Mojica de 16 años, Víctor Jiménez, José Frías y Omar Ibarra; en el video se puede observar el sadismo de los militares que les gritaban a los jóvenes que se estaban quemando vivos: “¿agua? ¿no son muy hombrecitos, muéranse?” Estas imágenes desgarradoras se pueden observar en la página www.periferiaprensa.org y en www.frenadesonoticias.org. Advertimos sobre el alto grado de brutalidad y sadismo, por lo que recomendamos observarlas con precaución y responsabilidad.

Los medios masivos de comunicación panameños y colombianos, y los organismos internacionales como ONU y OEA, han guardado silencio ante estos terribles actos de barbarie contra la población en resistencia y llaman al “diálogo civilizado”.

Panamá es un pequeño país con un pueblo grande y digno que le quiere mostrar al mundo no sólo las crueldades de su régimen, sino el valor y la dignidad de los panameños más pobres.

lunes, 20 de febrero de 2012

TOÑITA, UNA LUCHADORA INCANSABLE...SU POEMA PREFERIDO...UNA FOTO, UN BELLO Y PERDURABLE RECUERDO

un bonito recuerdo con dos intrañables compañeras que ya no estan con nosotros, toñita y estella altamirano…1 de mayo de 1997 (cali-Colombia)
EL POEMA PREFERIDO DE TOÑITA



Yo no vengo a decirles
que dos mas dos son cuatro
ni que con A se escribe Amor, paz y Asesinato.


Vengo a contarles


que en Colombia la tierra asesina
al campesino 7 días a la semana
y al obrero le dan dos almuerzos de metralla.


Vengo a contarles
como libertad muere encadenada

porque democracia se sintió ofendida
el día que palabra quiso salir a borbotones
que los niños duermen en las calles
y las prostitutas inundan el mercado
que el amigo yanqui
nos envía asesores militares
y a cambio se lleva lo de encima y lo de abajo.
Vengo a contarles
que en nuestra patria todo se arregla fácilmente
que si el frio y el hambre
asesinan mil infantes
nos dan aviones supersónicos
que a cambio de las huelgas
nos ofrecen los mejores festivales
para que todo el mundo
guarde silencio y compostura
no faltan las cárceles modernas
además, los fusiles oficiales
garantizan la paz
en las universidades y en la parcela.

Yo no traigo soluciones
pero si ustedes deciden vestirse
uniforme de fatiga
y quitarse
la venda de los ojos
díganme cuando y a que horas
nos encontramos
en la lucha.

Alfonso Marín*

*Poeta Pereirano



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