En una auditorio con capacidad para mil personas, que tuvo casi un lleno completo, se cumplió esta mañana en el Hotel Nutibara de Medellín la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, en la que el clamor general fue por el esclarecimiento de la verdad, el rescate de la memoria de las víctimas y contra de la impunidad que reina en Colombia en torno a los crímenes y violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidos por los paramilitares, la fuerza pública y la guerrilla.
Un detalle sobresaliente de la Audiencia fue la ausencia de representantes y voceros de la Fiscalía General de la Nación, de la Fiscalía de Derechos Humanos y de las altas Cortes; ausencia que fue particularmente sensible porque precisamente unos de los objetivos del evento, que reunió víctimas de 17 departamentos del país, era que estos entes judiciales informaran sobre los avances de los 41 casos que el movimiento de víctimas les presentó, debidamente documentados, en el año 2007, en el marco de una audiencia similar.
Conclusiones de la Audiencia
Luego de escuchadas las diversas ponencias y las intervenciones de las delegaciones de las distintas regiones del país, las principales conclusiones que al final entregó esta Audiencia Nacional de Víctimas, fueron las siguientes:
Persiste en el país una situación, de carácter estructural, en la que se privilegia a los victimarios y desconocen los derechos de las víctimas.
Continúan las amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, interceptaciones y homicidios en contra de líderes y liderezas de organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Hay necesidad de transformar las condiciones actuales de las víctimas del conflicto, y eso depende de nuestra capacidad de organización para exigir nuestros derechos y de actuar colectivamente; para afianzar los lazos de solidaridad, pedir que no haya más impunidad y reclamar la verdad. Pero no sólo la verdad frente a los autores materiales de los crímenes, sino que también que se descubra a sus determinadores, financiadores y beneficiarios; que se sepa qué representantes a la cámara, senadores, alcaldes, empresarios, comerciantes, banqueros, narcotraficantes y contratistas se han beneficiado y siguen beneficiándose de estos crímenes de lesa humanidad.
Nos organizamos para construir memoria histórica. Es necesario conocer lo que realmente ocurrió y quiénes están detrás de las violaciones de los derechos humanos. Pero exigimos que los ejercicios de memoria no estén en cabeza de los victimarios. Somos las víctimas las que podemos aportar en la construcción de esa memoria histórica, que muestre el contexto y la dinámica de los hechos.
Debemos fortalecer las organizaciones locales y desde ellas realizar procesos de pedagogía política, para que se entienda que la exigencia de no más impunidad es una lucha de todos y todas, y que las víctimas somos sujetos políticos, sujetos de derechos.
Tenemos la tarea de no callar, de seguir denunciando, de exigirle a los medios de comunicación que no sólo cuenten la verdad de los criminales sino también la de las víctimas.
Debemos propiciar espacios para la discusión y para lograr políticas públicas en contra de la impunidad, que protejan los derechos de las víctimas y la garantía de no repetición.
Esta Audiencia exige que las investigaciones develen la lógica del actuar de los criminales y sus beneficiarios; y que el gobierno no se limite a afirmar retóricamente el respeto hacia los jueces, hacia la independencia judicial y hacia las víctimas. Debe propiciar verdaderas garantías para que podamos seguir exigiendo nuestros derechos.
Pedimos que haya depuración de las fuerzas militares e investigación y juicios, pero por justicia ordinaria.
Exigimos que haya garantías de acceso a la justicia por parte de las víctimas, que éstas cuenten con recursos para que puedan asistir a las audiencias, para que cuenten con más defensores públicos, y con funcionarios que realmente se comprometan a que haya verdad y justicia, y no sigan mancillando la dignidad de las víctimas.
Exigimos que se reconozca que hay delitos de género, que hay violencia sexual.
Exigimos la derogación total de la Ley de Justicia y Paz.
Que nos se sigan amenazando, ni estigmatizando, ni cometiendo crímenes contra las víctimas y sus organizaciones. Para ello pedimos el fortalecimiento de programa de protección de víctimas. Pero que éste sea real y efectivo, y no llegue cuando las víctimas ya estén muertas.
Que la construcción de la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras tenga en cuenta nuestras necesidades, que sean consultadas con nosotros.
Finalmente, rendimos un homenaje a todos los hombres y mujeres que alzaron sus voces para denunciar los crímenes de lesa humanidad. Hoy queremos recordarlos y por la dignidad de ellos nos seguiremos organizando, soñando por construir en este país la justicia social.
Reflexiones del padre Giraldo
Al final del evento el padre jesuita Javier Giraldo, caracterizado líder defensor de los derechos humanos en Colombia, tomó la palabra para expresar los puntos que, en su opinión, son los más relevantes y los retos más importantes del movimiento de víctimas; no sin antes manifestar su satisfacción por el desarrollo de la Audiencia y la manera como el movimiento de víctimas se va constituyendo en una fuerza organizada.
Un primer aspecto sobre el que llamó la atención, es el papel de los medios masivos de comunicación, que calificó como un problema neurálgico de la democracia en Colombia. “En este país la información no se concibe como un servicio público sino como una mercancía, y está en manos de grandes conglomerados económicos y multinacionales. Todos los días los medios nos tratan de sensibilizar con las 70 víctimas del secuestro por parte de la guerrilla, pero silencian completamente las miles de víctimas del Estado y los paramilitares. Los desplazados, los falsos positivos, las ejecuciones, los torturados y los desaparecidos no aparecen en esos grandes medios. Necesitamos transformar y democratizar, así sea en una mínima parte, la comunicación y al información pública”, puntualizó el padre Giraldo.
El otro reto tiene que ver con la estigmatización de los líderes de los movimientos sociales, aspecto que guarda profunda relación con el derecho a la no repetición de los crímenes. Al respecto el jesuita señaló:
“Mientras se estigmaticen como insurgentes y permanentemente se les estén abriendo procesos judiciales a los inconformes y a quienes no son afectos al Estado, creo que la repetición de las desapariciones, los falsos positivo y los montajes judiciales van a seguir hasta el infinito. Por eso me parece importante que el movimiento de víctimas insista en suprimir las estigmatizaciones”. Agregó que es necesario que en la legislación se revise el concepto de delito político, porque hoy en día a los líderes sociales se les está aplicando el delito de rebelión. “Si eso no se regula y se reconoce el derecho a la oposición política, vamos a seguir sometidos a crímenes de lesa humanidad por muchos años”, puntualizó el padre Giraldo.
Hizo un llamado a estar alertas para que dentro de la Ley de Víctimas que el gobierno se comprometió a presentar de nuevo al Congreso, no se les recorten otra vez los derechos a las víctimas, como hizo el Gobierno del Presidente Uribe.
Asimismo, a estar vigilantes de la reforma a la justicia que planea el gobierno Santos, porque los anuncios que a este respecto ha hecho no son, en su concepto, nada halagadores. “Se habla del recorte de la acción de tutela, de una coordinación entre las cortes, de la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, pero nada se anuncia de que se vaya a abordar en esta reforma el problema de la impunidad institucionalizada”, dijo, y agregó que el movimiento de víctimas tiene el reto de incidir en esta reforma a la justicia, para que no se deje por fuera el problema de la impunidad.
Frente a la Ley de Justicia y Paz recogió el consenso planteado en todas las intervenciones que se escucharon a lo largo de la Audiencia, en el sentido de que esta ley ha sido un fracaso, una norma de impunidad en la práctica. Señaló que es una ley que no ha condenado a nadie, no ha frenado el desplazamiento forzado ni el paramilitarismo, ni los crímenes de lesa humanidad. “Como el Gobierno ha anunciado su prorroga, el reto es oponerse a ella”, advirtió.
Asimismo, el movimiento de víctimas debe seguir insistiendo en que los crímenes de lesa humanidad en Colombia constituyen un problema sistemático. “En la experiencia que en muchos años he tenido frente a organismos de justicia, siempre se ha negado que estos crímenes sean investigados y juzgados como de lesa humanidad, sabiendo que cumplen con la característica de serlo, porque son sistemáticos, no aislados”, puntualizó.
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