Mientras realizaba mi trabajo diario como Senadora y pacifista, me he enterado nuevamente a través de los medios de información de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituirme e inhabilitarme por el término de 18 años para el ejercicio de mis funciones públicas.
Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.
Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación.
Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social.
Expreso mi gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional
Piedad Córdoba Ruíz Senadora de la República Partido Liberal Colombiano
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, FARC. www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6490
Senadora Piedad Córdoba inhabilitada por Procuraduría General de Colombia
Septiembre 27 de 2010 | 01:09 PM. | Noticias
La Procuraduría General de Colombia asegura que Piedad Córdoba "colaboró" con las FARC y que la mencionada "Teodora Bolívar" en los correos de Raúl Reyes corresponde a la senadora liberal.
La Procuraduría General de Colombia inhabilitó por 18 años a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la Procuraduría General colombiana, Piedad Cordoba, quien forma parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, "colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010".
"La congresista incursa en la falta gravísima" de "fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos", según reza el Código Disciplinario Único de la nación suramericana.
Según un medio local, la senadora liberal ya fue notificada de la decisión del organismo.
Asimismo, el diario colombiano informó que "la investigación tuvo su origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias Raúl Reyes" en el año 2008 en territorio ecuatoriano, cuando el Ejército colombiano bombardeo ilegalmente un campamento clandestino de la FARC.
"En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario", dijo el Ministerio Público.
Señaló que "se tuvo en cuenta salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, Alias Mincho".
Agrega que "por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos"
Piedad Córdoba "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo", dijo la Procuraduría.
La corresponsal de teleSUR, Tatiana Pérez informó que el falló contra la senadora colombiana lo realizó la Procuraduría General "quien tomó la decisión de destituir e inhabilitar a la senadora", quien forma parte de un grupo que se formó en torno a la necesidad y deseo de personas de buscar la paz en Colombia.
Señaló que se prevé que la Procuraduría General de la nación suramericana dé una rueda prensa en horas de la tarde de este lunes.
La senadora Piedad Córdoba es integrante del grupo Colombianos y Colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace casi medio siglo.
Asimismo, ha sido artífice de las misiones para llevar a cabo las liberaciones unilaterales de varios retenidos a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008.
La activista colombiana ha defendido intensamente un acuerdo humanitario entre las FARC y el Estado, razón por la cual ha sido duramente criticada por el Gobierno de su país y acusada de tener relaciones con el grupo rebelde.
En la foto: Piedad Córdoba con Moncayo ha encabazado varias misiones humanitarias para la entrega de los uniformados retenidos por las FARC.- Foto:VOZ
teleSUR/caracolradio.com-minuto30.com - El Tiempo/kg - FC
Piedad Córdoba podrá apelar decisión que la destituye e inhabilita
La senadora liberal, destituida e inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación por 18 años para ejercer cargos públicos, por tener nexos con las Farc, podrá apelar la decisión, debido a que es un fallo de primera instancia.
El proceso de apelación será resuelto por la Sala Disciplinaria del Ministerio Público, quien confirmará o dejará sin efecto disciplinario la decisión tomada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en el que argumentó nexos de la congresista con la guerrilla de las Farc.
La Sala Disciplinaria deberá resolverá si en verdad en el fallo proferido por Ordóñez Maldonado se evidencian los posibles nexos que habría tenido la congresista con el desaparecido jefe guerrillero alias “Raúl Reyes”.
foto via internet:images.search.yahoo.com Hace poco más de un mes, desde un número de teléfono perteneciente a un call-center en el que tiene intereses la alcaldía de Manizales*, llamaron a muchas casas de manizalitas, diciendo que el Polo Democrático Alternativo estaba organizando una manifestación contra la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC y contra su gerente, quien era el responsable del cobro de altas tarifas a los usuarios. Dado que el Polo no estaba organizando manifestación alguna contra la CHEC ni contra su gerente, nos sorprendió que se estuviera abusando del nombre del partido y suplantándolo. Es extraño, por decir lo menos, el abuso cometido y más aún que sea desde un centro de llamadas telefónicas ligado con la alcaldía de Manizales.
Hace no más de quince días sucede otro extraño hecho. Enviado, al parecer desde el mismo call-center, a miles de correos electrónicos, llega un escrito que, con un lenguaje soez, afirma que la mafia del transporte municipal se alió con el Polo Democrático Alternativo, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, grupos de delincuentes comunes, sicarios, atracadores y gentes de la más baja calaña para destruir a Manizales e impedir la implementación del sistema integrado de trasporte TIM. En tal pasquín electrónico se afirma que “los politiqueros del Polo” y “los sindicalistas asesinos” al igual que transportadores independientes como “Beto y la empresa Socobuses”, quieren hacer colapsar el sistema e incitan a los manizaleños a “actuar contra estos asesinos, criminales y mafiosos”. Señala este escrito, a manera de temible amenaza, que se castigará a los políticos del Polo, a los sindicalistas, a las empresas transportadoras y a todos aquellos que se opongan al TIM.
Estos dos hechos se suman a otros más que desde la alcaldía municipal vienen cometiéndose contra las libertades individuales y el derecho a la oposición a las decisiones oficiales. Se volvió norma denigrar de quienes se oponen al establecimiento o se atreven a pensar y actuar diferente de quienes gobiernan.
La más reciente demostración de esta antidemocrática actuación se dio en las declaraciones a la radio, el día 14 de septiembre, del alcalde Juan Manuel Llano, quien sin ninguna clase de respeto, afirmó que quienes se oponen al macroproyecto de renovación urbana de San José, son “terroristas urbanos” y otros falsos apelativos.
Claro reflejo de este espíritu totalitario son las actuaciones permanentes de la Policía, que filma o toma fotos de quienes participan en protestas públicas como sucedió el pasado 9 de septiembre, día nacional de los derechos humanos, en las movilizaciones que realizaron el Movice y Educal en la plaza de Bolívar; la apertura de procesos sancionatorios a quienes reclaman a la alcaldía de la ciudad el cumplimiento de las obligaciones laborales, como es el caso de los maestros; la estigmatización a quienes no están de acuerdo o critican las actuaciones de la gerencia de la Licorera de Caldas; el señalamiento de quienes desde escenarios como la Corporación Cívica de Caldas son tratados como indeseables por preguntar sobre el manejo de los recursos públicos. Y estas son apenas algunas muestras.
Estos graves hechos coinciden con las políticas de la alcaldía de Manizales de adelantar proyectos que sirven como negocio exclusivamente a un círculo de allegados a la administración, y cuyos desproporcionados costos se trasladan y trasladarán a los ciudadanos del común, desplazando, por cierto, a otros empresarios. El interés es que los negocios sean buenos para ellos, indepedendientemente de que sean malos para la ciudad y sus ciudadanos.
Las campañas calumniosas contra los defensores del patrimonio público y el acoso a la oposición, son parte del “tapen tapen” que siempre han usado las camarillas de negociantes inescrupulosos para ocultar su enriquecimiento inmoral. Lanzan agravios y actúan arbitrariamente, para desviar la atención y evitar la fiscalización ciudadana.
En efecto, negocios como los del Cable-Vía, el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP o TIM, las concesiones a Infomanizales o Infotic, el manejo del impuesto a la seguridad y la construcción del par vial avenida Colón, son pruebas tangibles de cómo se usa el poder en beneficio de un estrecho círculo de negociantes.
En momentos como este es necesario que los caldenses defiendan las libertades públicas y el derecho a la oposición, y condenen la actuación de aquellos que, sin vergüenza alguna y en defensa de sus mezquinos intereses económicos, violan las más elementales normas democráticas, tanto desde el anonimato como a través de los medios de comunicación.
Exigimos a las autoridades investigar el origen de las campañas calumniosas a través de la Internet y anunciamos nuestra decisión de denunciar penal y disciplinariamente al señor alcalde, por las injurias y calumnias expresadas a través del noticiero Caracol de la ciudad, el día 14 de septiembre, alrededor de las 6:30 de la mañana.
Fraternalmente Polo Democrático Alternativo de Caldas, Sub-directiva Caldas de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, seccional Caldas, Educadores Unidos de Caldas, Educal, Transportadores Independientes de Manizales.
Mitin por el derecho a oponerse y disentir
Lunes 27 de Septiembre 4 y 30 P.M. Plazoleta de la Alcaldía *manizales, capital del departamento de Caldas, habitantes 350.000 aproximadamente.
A las 10 de la noche del 17 de septiembre de 2003 terminó el plazo de dos horas que la transnacional NESTLÉ dio a sus 188 trabajadores para que renunciaran a sus contratos de trabajo. Si lo hacían les darían la indemnización que había existido en la convención colectiva, si no, los despedirían aplicándoles la escala que el tribunal de arbitramento había fallado del 7 de mayo de 2003 y que había reducido en un 60% los derechos de los trabajadores. Diez se negaron a “aceptar la propuesta de retiro voluntario”. A los pocos días varios fueron despedidos, hoy solo queda un trabajador.
Antes de ejecutar los despidos fueron preparados 200 trabajadores por el SENA en las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño frente al Batallón la Popa. La selección de personal fue hecha en el hotel TATIVAN y a partir del mes de agosto fueron ingresando por grupos a la empresa 180 ochenta nuevos trabajadores por intermedio de la bolsa de empleo ADECCO de Colombia.
Para esta misión Nestlé desplazó desde Bogotá un equipo de asesores externos apoyados por funcionarios del Ministerio de Protección Social. Después de encerrar a los trabajadores en lujosos hoteles de Valledupar procedieron a cercenarle a uno por uno su contrato de trabajo. Nestlé había utilizado su poder para que el gobierno de Uribe Vélez colocara como viceministra a Luz Stella Arango y a Ludmyla Flórez como Directora de la Unidad de Asuntos Individuales y Colectivos; ambas funcionarias de la compañía.
Pocas horas antes los mandos medios de la empresa habían allanado las casas de los compañeros que estaban en descanso, incapacitados, en vacaciones y enfermos para obligarlos a subir en los buses que los trasladarían al sitio donde debían renunciar.
Nestlé concreto su deseo de aniquilar el sindicato y lograr el retiro de todos los trabajadores en un proceso que inicio el 27 de febrero de 2002 con la denuncia total de la convención colectiva de trabajo por parte de Cicolac y el 7 de mayo de 2003 cuando los árbitros de empresa y gobierno mediante un Laudo Arbitral ilegal arrasaron con el 60% de la convención colectiva de trabajo. Todo este proceso estuvo acompañado de amenazas de los paramilitares como las que se vivieron por la votación de la huelga por parte de los trabajadores.
Otro hecho determinante en este proceso fue el despido de nueve miembros de la dirección del sindicato el 21 de Octubre de 2002, argumentando un paro que nunca existió y que fue declarado ilegal por parte del mismo Ministerio que a los siete meses participaría en la encerrona.
Uno de los dirigentes de Sinaltrainal despedidos fue Luciano Enrique Romero Molina, quien sería asesinado 37 meses después por el Bloque Norte de los paramilitares. Algunos de sus comandantes eran importantes proveedores y transportes de leche de Nestlé como Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40”, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes “La Barbie”, Hernando Molina Araujo, entre otros. A la fecha solo han sido condenados algunos autores materiales (4 personas). Entre los detenidos se encuentran varios miembros del DAS (estado colombiano). No todos los autores intelectuales y determinadores y ningún beneficiario, del crimen contra LUCIANO ROMERO MOLINA se encuentran vinculados al proceso penal. A pesar de que el Juez 2 Penal del Circuito especializado de descongestión OIT ordenó la investigación de los directivos de la Nestlé – CICOLAC, no existen mayores avances en el este sentido a pesar que el paramilitar SALVATORE MANCUSO afirmó en sus versiones libres que la misma financió dichas estructuras criminales. Desde el 22 de julio de 1986 hasta la fecha han sido asesinados 12 miembros de Sinaltrainal que laboraban para Nestlé; los beneficiarios siguen haciendo daño pues las autoridades respectivas aun mantienen estos crímenes en la impunidad.
El 5 de Noviembre de 2002, Álvaro Uribe Vélez envió una carta al Doctor Cesar De Los Ríos Presidente de Nestlé de Colombia S.A., donde la agradece su participación en la campaña ¡Siente tu bandera, cree en tu país! y le manifiesta entre otras cosas: “Es una muestra más de la decidida y entusiasta gestión que ha caracterizado a Nestlé de Colombia, contribuyendo significativamente, a llevar a cabo los compromisos previstos por el Gobierno, para hacer una patria mejor”. “Acepte apreciado Doctor De Los Ríos, mi gratitud personal y la del Gobierno que presido, por todas estas gestiones encaminadas a engrandecer esta Nación”.
No podía ser otro el resultado del conflicto.
1. Nestlé se beneficio de las acciones de los paramilitares.
2. Tuvo Viceministra y Jefe de Asuntos Individuales y Colectivos al momento de resolver el conflicto, primero a través de la ilegalidad de un paro inexistente y posteriormente mediante la emisión ilegal del laudo arbitral.
3. Recibió el espaldarazo del Presidente Uribe Vélez a través de su amable carta que cínicamente fue publicada por Nestlé en su revista el Desafío. Sinaltrainal fue aniquilado y el 99% de los trabajadores despedidos.
Desde el 1 de julio del 2004 Nestlé en sociedad con Fonterra, ahora a través de DPA, continua fabricando los mismos productos que durante muchos años elaboraron los trabajadores con Cicolac. Hoy esos nuevos trabajadores apenas han logrado algunas reivindicaciones aún muy lejanas de las que gozaban los obreros antiguos. Un número importante se encuentra afiliado a Sinaltrainal.
Y para que conozcan algo más del comportamiento de Nestlé…Cicolac sigue existiendo con más utilidades que antes…DPA es tan solo una maquila de la transnacional…no es la única vez que Nestlé realiza este tipo de acciones fraudulentas, también lo hizo con los trabajadores de Purina, hoy Nestlé Purina Pet Care.
Ante estas políticas de la transnacional solo nos queda fortalecer la unidad, organizarnos y continuar luchando para que se nos respete la vida y la soberanía alimentaria, los derechos adquiridos y para que se conozca la verdad y haya justicia y reparación integral por los crímenes de que hemos sido víctimas y por los que hoy los responsables intelectuales continúan libres y haciendo daño.
Francisco Valderrama Mutis, Bogotá septiembre 9 de 2010
A los Kirchner de Argentina no les perdonan su independencia en política y sus medidas en defensa de la nación, tales como su reticencia a participar en TLC’s que liquidarían su industria nacional y pondrían en peligro su agricultura; o haber sido los anfitriones del entierro de tercera a la política recolonizadora norteamericana del ALCA; o su autonomía frente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, léase el Departamento del Tesoro de Washington, después de pagar en un solo contado la deuda que todavía la mantenía atada a sus mandatos; o la nacionalización de los fondos privados de pensiones, cuyo manejo le daba gigantescas comisiones a las multinacionales financieras sin necesidad de trabajar; para citar sólo unos ejemplos. Desde luego los Kirchner no han podido solucionar todo el cúmulo de desigualdades y crímenes que los períodos de la dictadura militar y de Menem, el genio del neoliberalismo de ese país (¡porque aquí tenemos los propios!), dejaron como herencia nefasta.
La empresa Papel Prensa, que suministra papel monopólicamente a los diarios argentinos, pertenecía a la familia Graiver, acusada por la dictadura argentina de connivencia con el grupo Montoneros. Basándose en esta acusación de la cual fueron luego exonerados, la dictadura argentina se apoderó de las acciones que tenía en la empresa Papel Prensa, las congeló, y luego mediante maniobras intimidatorias obligó a su venta de la cual fueron beneficiarios los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Desde 1984 la Fiscalía argentina llegó a la conclusión de que la venta de la empresa había sido realizada mediante coacción y comprada por estos tres diarios a precio vil aprovechándose de las vicisitudes y la persecución intimidatoria que sufrían los herederos de David Graiver.
Los hechos son escandalosos. Cinco días después de que Lidia Papaleo, esposa sobreviviente de David Graiver, acudió coaccionada a una notaría para firmar los papeles de la venta de las acciones, fue encarcelada por la dictadura argentina junto con gran parte de su familia y sus colaboradores, mantenida en aislamiento, violada y torturada brutalmente. Los mismos diarios argentinos que participaron en este hecho criminal reconocieron en comunicados de la época que la compra de las acciones se realizó “previa consulta y conformidad de la junta de Comandantes en Jefe”. Además reconocen que esta transacción les permitió conformar un monopolio vertical de prensa y que “controlar el papel es controlar la información”. Fin último de estos periódicos y de la dictadura militar en toda esta maniobra delincuencial.
Ahora, el gobierno de Cristina Kirchner ha sacado a la luz este episodio trágico para la familia Graiver y ha propuesto crear una comisión bicameral y un Consejo consultivo federal que democratice el acceso igualitario al insumo básico de los diarios manejado desde la década del setenta monopólicamente por los diarios Clarín y La Nación, que le cobran a los demás diarios hasta un 40% de sobreprecio sobre el que ellos pagan por el mismo papel.
¡Y quien dijo miedo! Todos a una se le han venido encima con condenas del Departamento de Estado de Estados Unidos, de los monopolios periodísticos gringos y de toda América Latina. El diario El Tiempo en editorial del pasado sábado 28 de agosto nos da su propia versión de los hechos y obrando como juez y parte exonera a los diarios Clarín y La Nación, poseedores entre ambos del 71% de las acciones de Papel Prensa. Sin contar los pormenores del negocio realizado durante la dictadura pasa a señalar que los Kirchner “eleva(n) a un nivel casi delirante su pelea con la prensa al acusarlos de crímenes de lesa humanidad contra los Graiver”; y los declara inocentes contra toda evidencia al señalar que “los registros muestran que la transacción comercial nos solo fue legal y pública, sino que se llevó a cabo cinco meses antes de que los militares desataran su persecución contra los empresarios”. Y concluye que “Semejante movilización del poder ejecutivo argentino es una amenaza profunda a la libertad de prensa en toda América Latina”.
Esta solidaridad entre monopolios que lleva a El Tiempo a sentar su protesta frente la justa posición del gobierno argentino ignorando los tenebrosos métodos utilizados para hacerse al control de la empresa papelera, es una muestra más de cómo se comportan los consorcios de prensa en toda la región, convencidos arrogantemente de que la libertad de prensa está íntimamente ligada a los intereses económicos de las corporaciones que los regentan. Por eso, en los países en los que mantienen una colaboración cercana con los gobiernos por su identificación ideológica, se muestran zalameros e incondicionales hasta la lambonería, como la que por ejemplo padecimos aquí en el gobierno de Uribe y ahora en el de Santos. Pero en los países cuyos gobiernos se apartan del fundamentalismo neoliberal se convierten en feroces opositores aprovechando su posición privilegiada y echando mano de cualquier recurso por rastrero que sea para solidarizarse incluso con los crímenes que sus colegas de la SIP han cometido en la colaboración con las dictaduras de sus países.
Los intereses de la nación son sustituidos por los intereses de los negocios de sus grupos empresariales, con la complicidad del gobierno de turno. Razón tiene Vladdo cuando en su caricatura semanal del Palacio de Nariño trueca la bandera nacional por las banderas de El Tiempo y del Grupo Planeta. La libertad de prensa se cambia por la libertad de hacer negocios al precio que sea, como vimos aquí con las maniobras sucesivas con que el gobierno de Uribe pretendió adjudicarles el tercer canal de televisión abierta.
Es justa la pretensión del gobierno argentino de deshacer el oscuro negocio que permitió a los diarios Clarín y La nación apoderarse de la empresa productora de papel, garantizar a todos los diarios argentinos el acceso en condiciones de igualdad y precio de este insumo básico y garantizar que sus justos dueños sean resarcidos por los crímenes que contra ellos se cometieron. Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co/, http://www.senadorrobledo.org/ y http://www.deslinde.org.co/
En una auditorio con capacidad para mil personas, que tuvo casi un lleno completo, se cumplió esta mañana en el Hotel Nutibara de Medellín la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, en la que el clamor general fue por el esclarecimiento de la verdad, el rescate de la memoria de las víctimas y contra de la impunidad que reina en Colombia en torno a los crímenes y violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidos por los paramilitares, la fuerza pública y la guerrilla.
Un detalle sobresaliente de la Audiencia fue la ausencia de representantes y voceros de la Fiscalía General de la Nación, de la Fiscalía de Derechos Humanos y de las altas Cortes; ausencia que fue particularmente sensible porque precisamente unos de los objetivos del evento, que reunió víctimas de 17 departamentos del país, era que estos entes judiciales informaran sobre los avances de los 41 casos que el movimiento de víctimas les presentó, debidamente documentados, en el año 2007, en el marco de una audiencia similar.
Conclusiones de la Audiencia
Luego de escuchadas las diversas ponencias y las intervenciones de las delegaciones de las distintas regiones del país, las principales conclusiones que al final entregó esta Audiencia Nacional de Víctimas, fueron las siguientes:
Persiste en el país una situación, de carácter estructural, en la que se privilegia a los victimarios y desconocen los derechos de las víctimas.
Continúan las amenazas, persecuciones, estigmatizaciones, interceptaciones y homicidios en contra de líderes y liderezas de organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Hay necesidad de transformar las condiciones actuales de las víctimas del conflicto, y eso depende de nuestra capacidad de organización para exigir nuestros derechos y de actuar colectivamente; para afianzar los lazos de solidaridad, pedir que no haya más impunidad y reclamar la verdad. Pero no sólo la verdad frente a los autores materiales de los crímenes, sino que también que se descubra a sus determinadores, financiadores y beneficiarios; que se sepa qué representantes a la cámara, senadores, alcaldes, empresarios, comerciantes, banqueros, narcotraficantes y contratistas se han beneficiado y siguen beneficiándose de estos crímenes de lesa humanidad.
Nos organizamos para construir memoria histórica. Es necesario conocer lo que realmente ocurrió y quiénes están detrás de las violaciones de los derechos humanos. Pero exigimos que los ejercicios de memoria no estén en cabeza de los victimarios. Somos las víctimas las que podemos aportar en la construcción de esa memoria histórica, que muestre el contexto y la dinámica de los hechos.
Debemos fortalecer las organizaciones locales y desde ellas realizar procesos de pedagogía política, para que se entienda que la exigencia de no más impunidad es una lucha de todos y todas, y que las víctimas somos sujetos políticos, sujetos de derechos.
Tenemos la tarea de no callar, de seguir denunciando, de exigirle a los medios de comunicación que no sólo cuenten la verdad de los criminales sino también la de las víctimas.
Debemos propiciar espacios para la discusión y para lograr políticas públicas en contra de la impunidad, que protejan los derechos de las víctimas y la garantía de no repetición.
Esta Audiencia exige que las investigaciones develen la lógica del actuar de los criminales y sus beneficiarios; y que el gobierno no se limite a afirmar retóricamente el respeto hacia los jueces, hacia la independencia judicial y hacia las víctimas. Debe propiciar verdaderas garantías para que podamos seguir exigiendo nuestros derechos.
Pedimos que haya depuración de las fuerzas militares e investigación y juicios, pero por justicia ordinaria.
Exigimos que haya garantías de acceso a la justicia por parte de las víctimas, que éstas cuenten con recursos para que puedan asistir a las audiencias, para que cuenten con más defensores públicos, y con funcionarios que realmente se comprometan a que haya verdad y justicia, y no sigan mancillando la dignidad de las víctimas.
Exigimos que se reconozca que hay delitos de género, que hay violencia sexual.
Exigimos la derogación total de la Ley de Justicia y Paz.
Que nos se sigan amenazando, ni estigmatizando, ni cometiendo crímenes contra las víctimas y sus organizaciones. Para ello pedimos el fortalecimiento de programa de protección de víctimas. Pero que éste sea real y efectivo, y no llegue cuando las víctimas ya estén muertas.
Que la construcción de la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras tenga en cuenta nuestras necesidades, que sean consultadas con nosotros.
Finalmente, rendimos un homenaje a todos los hombres y mujeres que alzaron sus voces para denunciar los crímenes de lesa humanidad. Hoy queremos recordarlos y por la dignidad de ellos nos seguiremos organizando, soñando por construir en este país la justicia social.
Reflexiones del padre Giraldo
Al final del evento el padre jesuita Javier Giraldo, caracterizado líder defensor de los derechos humanos en Colombia, tomó la palabra para expresar los puntos que, en su opinión, son los más relevantes y los retos más importantes del movimiento de víctimas; no sin antes manifestar su satisfacción por el desarrollo de la Audiencia y la manera como el movimiento de víctimas se va constituyendo en una fuerza organizada.
Un primer aspecto sobre el que llamó la atención, es el papel de los medios masivos de comunicación, que calificó como un problema neurálgico de la democracia en Colombia. “En este país la información no se concibe como un servicio público sino como una mercancía, y está en manos de grandes conglomerados económicos y multinacionales. Todos los días los medios nos tratan de sensibilizar con las 70 víctimas del secuestro por parte de la guerrilla, pero silencian completamente las miles de víctimas del Estado y los paramilitares. Los desplazados, los falsos positivos, las ejecuciones, los torturados y los desaparecidos no aparecen en esos grandes medios. Necesitamos transformar y democratizar, así sea en una mínima parte, la comunicación y al información pública”, puntualizó el padre Giraldo.
El otro reto tiene que ver con la estigmatización de los líderes de los movimientos sociales, aspecto que guarda profunda relación con el derecho a la no repetición de los crímenes. Al respecto el jesuita señaló:
“Mientras se estigmaticen como insurgentes y permanentemente se les estén abriendo procesos judiciales a los inconformes y a quienes no son afectos al Estado, creo que la repetición de las desapariciones, los falsos positivo y los montajes judiciales van a seguir hasta el infinito. Por eso me parece importante que el movimiento de víctimas insista en suprimir las estigmatizaciones”. Agregó que es necesario que en la legislación se revise el concepto de delito político, porque hoy en día a los líderes sociales se les está aplicando el delito de rebelión. “Si eso no se regula y se reconoce el derecho a la oposición política, vamos a seguir sometidos a crímenes de lesa humanidad por muchos años”, puntualizó el padre Giraldo.
Hizo un llamado a estar alertas para que dentro de la Ley de Víctimas que el gobierno se comprometió a presentar de nuevo al Congreso, no se les recorten otra vez los derechos a las víctimas, como hizo el Gobierno del Presidente Uribe.
Asimismo, a estar vigilantes de la reforma a la justicia que planea el gobierno Santos, porque los anuncios que a este respecto ha hecho no son, en su concepto, nada halagadores. “Se habla del recorte de la acción de tutela, de una coordinación entre las cortes, de la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, pero nada se anuncia de que se vaya a abordar en esta reforma el problema de la impunidad institucionalizada”, dijo, y agregó que el movimiento de víctimas tiene el reto de incidir en esta reforma a la justicia, para que no se deje por fuera el problema de la impunidad.
Frente a la Ley de Justicia y Paz recogió el consenso planteado en todas las intervenciones que se escucharon a lo largo de la Audiencia, en el sentido de que esta ley ha sido un fracaso, una norma de impunidad en la práctica. Señaló que es una ley que no ha condenado a nadie, no ha frenado el desplazamiento forzado ni el paramilitarismo, ni los crímenes de lesa humanidad. “Como el Gobierno ha anunciado su prorroga, el reto es oponerse a ella”, advirtió.
Asimismo, el movimiento de víctimas debe seguir insistiendo en que los crímenes de lesa humanidad en Colombia constituyen un problema sistemático. “En la experiencia que en muchos años he tenido frente a organismos de justicia, siempre se ha negado que estos crímenes sean investigados y juzgados como de lesa humanidad, sabiendo que cumplen con la característica de serlo, porque son sistemáticos, no aislados”, puntualizó.
Entre las preocupaciones centrales que expresé en el debate sobre víctimas, desplazamiento y modelo de desarrollo rural (plenaria Cámara de Representantes, 18.08.2010), se ubicaron, aparte del pleno restablecimiento de derechos de las víctimas, la seguridad y la soberanía alimentaria, la pobreza y la concentración de la propiedad de la tierra, tanto como el uso que se le está dando, en cumplimiento de directrices del Banco Mundial obedecidas activamente por el gobierno anterior, denominadas agenda interna, y que tienen como objetivo el impulso de los Tratados de Libre Comercio y como líneas de desarrollo: la promoción de la agroexportación; la mayor dinámica en los mercados de factores y productos agrícolas, y los esfuerzos hacia una mayor liberalización comercial.
Estas directrices tienen como beneficiarios a los grandes inversionistas Nacionales y extranjeros que contaron con el esmero gubernamental por colmarlos de favores, que obtuvieron incentivos para la producción de agrocombustibles y recursos de Agro Ingreso Seguro llegados a las arcas de los grandes capitalistas agrarios.
El debate intentó llamar la atención en el proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se adelanta en la Altillanura Colombiana, y sobre el cual leemos en un diario nacional, se anuncia que la altillanura es "una despensa con claro acento extranjero” y, corroborando lo denunciado en el debate, agrega que los inversionistas agrupados en Fundallanura demandan del Gobierno Nacional la remoción de "obstáculos" para el desarrollo de sus inversiones, a saber:
· Las limitaciones legales que tiene la propiedad de la tierra a través de la Unidades Agrícolas Familiares, UAF para legalizar la gran concentración de la tierra y
· La gran Inversión nacional en infraestructura, que “reclaman las empresas” de la zona, especialmente “Mónica Semillas”, para hacer sus regadíos, movilizar sus camiones varados y sacar la producción.
Leyendo de otra manera, no responden estas demandas al desarrollo integral de la región, no forman parte de las demandas de los pobladores locales.
Preocupa además que estas empresas han adelantado procesos similares en otros países de América Latina, develándose sus pretensiones: concentración de la tierra y los recursos naturales, en manos extranjeras, en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, con las siguientes consecuencias:
· DISMINUCIÓN DEL TRABAJO Y DE LA POBLACIÓN RURAL: desaparecieron el 52% de los trabajadores y el 58% de la población rural entre 1951 y 2000, la migración de jóvenes rurales provoca una “brecha generacional” en la población del campo.
· CAMBIOS EN EL USO Y EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA: asociada a la expansión de cultivos agrícolas (arroz, soja), a la forestación, y a fondos de inversión especulativa.
· CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: desaparecen más de 30.000 unidades productivas entre 1950 y 2000, avance de la “agricultura empresarial” en detrimento de la agricultura familiar.
· DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: erosión hídrica de los suelos, pérdida de diversidad biológica autóctona y grave afectación de recursos hídricos.
· CONCENTRACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN DE COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES: en sectores como la lechería, la cadena cárnica, la industria forestal y de granos.
El Gobierno entrante, en cabeza del Ministro de Agricultura, manifestó en el debate, el interés de avanzar en la formalización de la propiedad rural, en agilizar los procesos legales de tenencia de la tierra, la pregunta es ¿esto apunta a modificar la UAF? ¿Apunta a desarrollar la política de eficiencia en los mercados de factores productivos, y el principal es la tierra? ¿Está dispuesto el gobierno a frenar el proceso de concentración y extranjerización?. Partiendo de la información del diario (la respuesta de los funcionarios del Ministerio de Transporte, para quienes "la agilidad de las obras dependería del cabildeo que hicieran con los políticos de la región”), pareciera que la respuesta a la última pregunta es ¡NO!. Y por esta vía se abriría paso el Embajador de China y su grupo de empresarios para cumplir con su misión, “solo comprar 400.000 hectáreas en la Altillanura” porque lo demás, mano de obra, insumos, maquinaria, lo traen ellos y la producción sería exportada en su totalidad a China. ¿Cabildeo con los políticos y miseria para nuestras comunidades? ¿Pérdida del carácter nacional de la tierra colombiana y anexión de la misma al mercado Chino?
En ese sentido, la “prosperidad democrática” anunciada por el gobierno, tendría que ser leída de la misma forma que la “seguridad democrática”, pues esta no actuó en beneficio de las víctimas del desplazamiento y el despojo, al contrario la padecieron por omisión y por acción a través de los falsos positivos. La prosperidad y su calificativo democrática, es restringida, solo para el gran capital y la inversión extranjera, no habrá prosperidad para el campesino, solo miseria y pobreza. Ni soberanía económica, requisito de la verdadera seguridad alimentaria para los colombianos.
Nota: por considerarlo de utilidad, adjuntamos la presentación de diapositivas sustentadas por el Representante a la Cámara Wilson Arias en el debate sobre tierras.
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Cali, Colombia
Wilson Arias Castillo
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
del Polo Democrático Alternativo
Cel: 311 635 20 65 infowilsonarias@gmail.com
Visita: www.wilsonarias.com
